lunes, 9 de diciembre de 2019

SONORA YA NO ES EL ESTADO MÁS SEGURO DE LA FRONTERA



Feminicidios y la masacre LeBarón, hundieron la propaganda del gobierno

Priscila Cárdenas/Proyecto Puente
Referirse a Sonora como “el estado más seguro de la frontera” ya no funciona para mantener una percepción de tranquilidad, pues en la entidad —como en otras de la República Mexicana— el tema de seguridad pública quedó rebasado.

La masacre de la familia LeBarón en el municipio de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre, desnudó a nivel internacional la inseguridad que acontecía en el estado.

Sin embargo, tanto las cifras oficiales como otros hechos ocurridos desde principios de año en el estado venían revelando que los crímenes de alto impacto ocurrían y estaban fuera de control.

La aparición de grupos de mujeres —como las Guerreras Buscadoras de Sonora, Rastreadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora— que se organizaron para escarbar y localizar ellas mismas las osamentas de sus esposos, hijos y seres queridos, visibilizó que el estado no estaba exento de fosas clandestinas.

En una sola jornada uno de los colectivos llegó a encontrar más de veinte cadáveres, hecho que puso al descubierto la necesidad de que el estado se activara en cuestión de personas desaparecidas.

Las constantes balaceras, homicidios y aparición de cuerpos sin vida abandonados en los municipios costeros de Guaymas y Empalme apresuraron la llegada de la Guardia Nacional al estado y la conformación de una Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora.

Incidentes atípicos, como el que sucedió en septiembre de este año, donde un comando de hombres armados prendió fuego a una vivienda en el municipio de Empalme, Sonora, ocasionando la muerte de un niño siete años de edad, fue uno de ellos.

Entre las medidas implementadas hubo de todo, desde suspensión de clases, hasta alertas emitidas por el Consulado General de Estados Unidos, instancia que llamó a sus connacionales a no visitar esa región del estado.

Además, a lo largo del año también hubo asesinatos de policías de diferentes corporaciones policiacas en municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y San Luis Río Colorado.

El endurecimiento de la violencia no sólo abarcó hechos relacionados al crimen organizado, sino también feminicidios.

El crimen de Ámbar Dolores, una joven de 20 años de edad, estudiante de arquitectura, que fue violada, apuñada y calcinada en su domicilio en Hermosillo, trascendió a mitad de año y derivó en protestas y manifestaciones de mujeres.

La exigencia femenil de justicia se debió también a que, por primera vez, cuatro municipios sonorenses entraron en la lista que emite la Federación de las 100 ciudades con más crímenes de este tipo.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado y Hermosillo registraron más asesinatos con estas características.

En la visita del 1 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora se abordó el tema de la violencia.

Tanto el mandatario como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coincidieron en que la entidad se encontraba por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, sin embargo reconocieron un incremento en el número de asesinatos.

Cuando se abordó el tema durante la “conferencia mañanera” —que se llevó a cabo en Hermosillo— ambos identificaron que había que trabajar de manera coordinada para atender la problemática.

Previeron que el año cerraría con mil 800 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la entidad y que las acciones emprendidas rendirían frutos positivos.

Independientemente de las medidas efectuadas por los tres niveles de gobierno para contener la violencia armada, las cifras oficiales siguieron sin mejorar en el estado de Sonora.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios ocurridos el presente año supera a la totalidad de muertes violentas registradas el año anterior.

El documento señala que de enero a diciembre de 2018 se registraron mil 317 crímenes y que durante el presente año —hasta el mes de octubre— la cifra cerró en mil 405 asesinatos.

Los números oficiales también dan un panorama de qué es lo que está ocurriendo con otros delitos que anteriormente tenían una incidencia baja y que hoy están disparados.

Por ejemplo, en cuestión de secuestros durante 2018 hubo únicamente dos y hasta octubre de 2019 el registro nacional indica 29 casos documentados.

Con un total de 617 expedientes por delitos sexuales como violación, abuso y acoso, el estado también cerrará el año a la alza, pues en todo el 2018 este rubro cerró con 558.

Este incremento ha fomentado que colectivos de mujeres alcen la voz para exigir la creación de una Alerta de Género, propuesta ciudadana que ha sido desechada por las autoridades.

En la “lluvia de ideas” sobre qué se puede hacer para resolver la problemática de inseguridad de Sonora también ha habido ofrecimientos que buscan atender las distintas problemáticas de manera diferente.

Se han creado desde aplicaciones para teléfonos celulares por parte del Gobierno del Estado para que sea más fácil reportar al 911 situaciones de violencia intrafamiliar, hasta propuestas de empresarios que sugieren llevar al Congreso del Estado una iniciativa de aumentar el impuesto sobre nómina y que el dinero recaudado sea destinado exclusivamente para atender el tema de seguridad.

El preocupante panorama con el que cierra el 2019 inicia lo que será el último año de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, quien en caso de irse sin atender el problema de manera eficiente y contundente, abonará votos que favorecerán a los partidos y propuestas de sus adversarios.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / REDACCIÓN ZETA/ DOMINGO, 8 DICIEMBRE, 2019 09:38 AM)

ALERTA POR LLUVIA ACIDA


“Nuestra calidad del aire va en decadencia, tenemos concentración 241 días del año de dióxido de nitrógeno, el cual proviene de dos fuentes: las móviles, que es el transporte, y las fijas, que es la termoeléctrica; pero también tenemos una presencia importante de 41 días de azufre, sobre todo en la estación que está más cerca de las fijas, que es la del Pedregal. Tenemos 38 días también en Estación Morelos”, advierte Jacqueline Valenzuela, directora de CERCA

Por vía aérea, sobre el municipio de La Paz son visibles las emisiones de ceniza que realiza el Centro de Combustión Interna (CCI) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) en Baja California Sur ya lleva a cabo el monitoreo de la calidad del aire, comentó su titular Jacqueline Valenzuela.

“Tenemos tres estaciones, una está en la Preparatoria Morelos, otra en la Primaria ‘3 de Mayo’ en El Pedregal y otra en el CETMAR. Las colocamos ahí porque son las ubicaciones estratégicas, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Por la ruta los contaminantes, empezamos a monitorear de manera formal ininterrumpida, y presentamos nuestros resultados que conocemos”, agregó.


En 2017 fue la única ocasión que se le vio a la PROFEPA actuar en contra de la termoeléctrica de CFE por carecer de la Licencia Ambiental Única, desde entonces tienen carta abierta.

De acuerdo con los primeros datos, La Paz se encuentra entre fuentes emisoras de cenizas tóxicas, que en un breve periodo podrían generar graves problemas de salud a sus habitantes.

“Nuestra calidad del aire va en decadencia, tenemos concentración 241 días del año de dióxido de nitrógeno, el cual proviene de dos fuentes: las móviles, que es el transporte, y las fijas, que es la termoeléctrica; pero también tenemos una presencia importante de 41 días de azufre, sobre todo en la estación que está más cerca de las fijas, que es la Estación del Pedregal. Tenemos 38 días también en Estación Morelos”, afirmó Valenzuela.

La principal fuente generadora, es decir, las plantas termoeléctricas, queman el combustóleo de mala calidad utilizado para generar electricidad y, en tanto sigan lanzando toneladas de ceniza tóxica al ambiente, la población está expuesta a tóxicos como dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, además de partículas PM10 y PM2.5.

“Azufre se está emitiendo a través de la generación de energía eléctrica y está viajando por la ciudad,  tenemos una presencia de dióxido nitrógeno casi la mayor parte del año, y por su ubicación del aparato de medición, sabemos que es por las fuentes móviles, las fijas o ambas”, refirió la experta.

Los estatutos nacionales e internacionales marcan que urge acción inmediata, ya que ni siquiera la CFE está tomando medidas, pues alguna de las cinco  chimeneas del CCI no cuentan con precipitadores electrostáticos, lo cual genera que partículas contaminantes se incorporen al ambiente sin un filtro.

Además, la ceniza se ha colocado en un depósito al aire libre, no cuenta con medidas suficientes para protegerlas del clima, vientos o lluvias, algo que ni la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) toman en cuenta.

“Existen normas ambientales, Normas Oficiales Mexicanas que nos dicen los límites máximos permisibles concentrados en el aire de una ciudad, son para evitar daños a la salud. Estamos superando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también a Normas Oficiales Mexicanas en un 15%, aparte esta normatividad establece que se tienen que iniciar acciones de prevención, y no las estamos tomando”, argumentó la funcionaria del CERCA.

Inspectores de la Profepa confirmaron que no hay medidas necesarias, y en consecuencia, “tenemos 241 días de presencia de dióxido nitrógeno, y eso está vinculado con problemas respiratorios; tenemos presencia de azufre, un contaminante que tiene efectos en la salud también respiratorios, pero digamos que al ser más agresivo, al momento que se pueden cruzar en los pulmones, tiene mayores daños. Estamos hablando hasta de un cáncer de tráquea y pulmón”, lanzó Jacqueline Valenzuela.


Existe una alerta en la ciudadanía por la posibilidad de lluvia ácida, no hay estudios que lo comprueben, pero tampoco que desmientan el hecho

LLUVIA ÁCIDA Y AIRE TÓXICO

Pedregal del Cortez, Navarro Rubio, Colina de la Cruz y Agustín Olachea, son colonias populares en el punto rojo de contaminación por la ceniza tóxica que arrojan las termoeléctricas, el CCI de libramiento y la planta de Punta Prieta.

Además, colonias de mayor plusvalía se encuentran en la zona roja: Lomas del Palmira, Pedregal de La Paz, Puerta Cortés y Costa Baja.

“Ahí tenemos la mayor concentración de azufre, es la parte más alta del Pedregal, y es la parte más cercana a la central de combustión interna y la termoeléctrica de Punta Prieta, ahí tenemos mayores días de concentración de azufre. Consideramos que puede estar en riesgo, para eso vamos a hacer el año que viene,  estudios epidemiológicos con la población que está cercana y expuesta a estas concentraciones”, adelantó la especialista del CERCA.

Los estudios preliminares apuntan que, mientras más cercanos a las termoeléctricas, es mayor el índice de contaminación al que están expuestos los pobladores. El Pedregal del Cortez, donde se encuentra la estación de monitoreo del Centro, es más lejano que las colonias de mayor plusvalía, por lo cual están más expuestos a la ceniza tóxica.

La zona roja se ubica justo en medio de ambas plantas, donde el alcance de los tóxicos varía con relación a la intensidad del viento.

“La contaminación de las plantas de generación de electricidad, el rango de alcance es de 4.7 kilómetros, ahí estudiamos el rango de contaminación de ambas plantas”, dijo Valenzuela.

Pero hay otro fenómeno que se pudiera estar dando, sobre todo en estos tiempos de lluvias registradas: las partículas de ceniza flotante que se mueven más de cuatro kilómetros a la redonda, pero no hay autoridad que haga labor monitora. Al no existir el estudio debido, solo es especulación, “pero cuando ya hablamos de lluvia ácida, hablamos del cambio climático, desde el cambio climático se monitorea la lluvia ácida de los ecosistemas, porque afecta los mantos acuíferos, los suelos, las especies en el mar”, citó la consultada. Cuando hablamos de concentración de dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre, y resulta que son los mayores precursores para una lluvia ácida, pues a + b = c, entonces lo que tenemos es que dióxido nitrógeno y dióxido de azufre, es igual a lluvia ácida”, ejemplificó.

“No es tan sencillo, realmente es un fenómeno complejo y necesitamos monitorearlo, al igual que monitoreamos los gases en el aire y su concentración. Necesitaríamos una red de pluviómetros para las próximas lluvias para comprobar que en muestras de agua tenemos precisamente concentración de ácido sulfúrico y ácido nítrico, y con esos resultados podríamos hablar de la presencia de lluvia ácida en La Paz”, remató la titular del CERCA.

VIENTOS CAMBIARON EN CONTRA

El clima de La Paz cambió y con ello sus vientos: anteriormente empujaban el material particulado fuera de la ciudad y ahora se queda dentro, lo que implica un riesgo aún mayor.

Previamente, los ciudadanos se quejaban de los apagones por la sobrecarga del sistema eléctrico, lo que hacía trabajar aún más la planta termoeléctrica, y ahora es más visible la nube café o amarillenta, como si en este periodo de invierno se recurriera en mayor medida a la quema de combustible.

“La mancha es más visible, nuestra hipótesis es algo que tenemos que comprobar: mayor presencia de material particulado, y como los vientos han cambiado, los contaminantes se quedan estacionados, de todas las áreas de la ciudad son visibles. Todo esto lo hemos documentado para presionar en el Senado para que se tomen acciones, estos puntos de acuerdo van con recomendaciones y peticiones puntuales. A la CFE, por ejemplo, un sistema de control de emisiones, también hay recomendaciones para la Semarnat y la Profepa, para que haya una verdadera supervisión de contaminantes”, es la conclusión del CERCA.

El llamado se ha hecho a diversas instancias de gobierno, congresos y ayuntamientos para hacer un frente por la salud del viento de La Paz. Hay dos solicitudes importantes desde la sociedad civil, ambas dependen de servidores públicos, una está en manos de diputados de Baja California Sur; de ellos depende que el Gobierno del Estado destine el recurso necesario.

“Es la primera vez que el Congreso del Estado, el Senado de la República, los ayuntamientos, el Gobierno el Estado y ciudadanía, estamos en un momento de pedir acciones concretas. Hicimos gestiones con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, encargado de distribuir estaciones de monitoreo por todo México, haciéndole la solicitud para una campaña aquí en La Paz .También estamos gestionando con el Congreso local que se destinen recursos para que se adquiera una caseta de monitoreo fija, avalada con todos los controles necesarios, validados por Semarnat y por el Instituto Nacional”, afirmó Jacqueline Valenzuela desde el CERCA.

Para el próximo año, la sociedad civil prepara otro instrumento de estudio epidemiológico para determinar si hay afecciones a la salud. Por ello, exhortan a los ciudadanos a denunciar no solo a través de redes sociales, sino de manera anónima en el portal de la Profepa.

“Ya no tenemos tiempo, la ciudadanía ya tomó conciencia, a través de las denuncias debemos conjuntar todas las acciones, requiere una gran estrategia de comunicación. Como Centro tenemos que pasar a esa parte en 2020, las denuncias que se hicieron en redes sociales, las vamos a enfocar a Profepa”, reiteró Jacqueline Valenzuela.

NO MÁS CONTAMINACIÓN: SENADO

El llamado ha sido general, desde todas las trincheras: se debe hacer algo en contra de la contaminación que está generando la CFE, ya que los paceños están recibiendo energía eléctrica al costo más caro con un entorno plagado de sustancias altamente tóxicas.

Inspectores de Profepa han externado a ZETA la nula la intervención de la  procuraduría, al no efectuar las verificaciones por instrucciones “de arriba”, incluso Petróleos Mexicanos ha hecho lo pertinente para tener mayor libertad.

“Exigen que se ponga atención al tema de grave de contaminación que está generando la planta termoeléctrica de La Paz, nosotros no estamos conectados a la red nacional, por lo tanto, se produce la electricidad ahí mismo en el Estado con la quema de combustóleo, lo cual provoca daños severos a la salud de la población de nuestra Capital; esos contaminantes son sumamente peligrosos debido a su elevada toxicidad para la salud humana, afectaciones a la función pulmonar, irritación ocular, inflamación del sistema respiratorio, secreción mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica, entre otros”, indicó Lupita Saldaña Cisneros, senadora del Partido Acción Nacional.


Lupita Saldaña Cisneros, Senadora del PAN se pronunció en contra de la contaminación que genera CFE, solicitó se haga un análisis.

Además de los dióxidos de azufre y nitrógeno, hay más contaminantes a los que están expuestos los habitantes de los alrededores de las plantas, así como flora y fauna.

En cuerpo humano, se comprobó que sustancias como el vanadio es altamente tóxico, con severos daños al sistema nervioso, cáncer y otros más padecimientos.

“El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar) del Instituto Politécnico Nacional ha realizado estudios que revelan que las cenizas que emite esta planta, están cargadas entre otros componentes con vanadio, un elemento que causa severos daños a la salud: problemas cardiovasculares, inflamación estomacal, alteración del sistema nervioso, sangrado de hígado, irritación de piel, temblores y parálisis; sangrado de nariz y cáncer pulmonar”, advirtió la senadora.

En diversas ocasiones, los ciudadanos han exhibido el nivel de contaminación generada por la planta termoeléctrica, solo una de sus cinco chimeneas cuenta con filtro. El resto está emitiendo toneladas de ceniza tóxica a las colonias de La Paz.

Las imágenes circulan en las redes sociales, pero basta con asomarse por una ventana y apreciar las nubes amarillentas.

“Se pueden observar claramente las emisiones contaminantes que expele cada día esta planta de generación de energía eléctrica, lo cual permite darnos una idea del nivel de contaminación en la atmósfera en nuestra ciudad”, comentó Saldaña Cisneros.

Otra de las inconsistencias reveladas por inspectores de la Profepa a ZETA, es que la planta Punta Prieta cuenta con una bitácora de emisiones, el CCI de libramiento ni siquiera dispone de una, hay omisiones y por consiguiente, las instancias de medio ambiente tendrán que pagar por ello, al permitir que los desechos tóxicos se sigan lanzando al aire.

Una alternativa sería cambiar las prácticas de generación eléctrica, sin embargo, el Gobierno Federal parce tener otras prioridades, como un mayor impulso al beisbol.

“La cantidad de emisiones no está controlada por los sistemas reconocidos por la legislación nacional, como son la licencia funcionamiento y la licencia ambiental única, esto es más grave aún, ya que según algunas fuentes, el combustible utilizado por la CFE es de pésima calidad, lo que genera se concentren varios contaminantes adicionales. Se ha propuesto cambiar la fuente de generación de energía eléctrica, mediante energías limpias”, apuntó la legisladora panista.

Y emitió un fuerte señalamiento al Gobierno Federal, dejando en claro que la política de la nación tiene sumidos en contaminación a los paceños, de allí la urgencia de una nueva alternativa de generación eléctrica,  que no solo reduzca los costos de producción y las tarifas, sino la emisión de contaminantes a la atmósfera.

“Nos preocupa que la política en materia de generación de energía eléctrica del Gobierno Federal esté basada en los combustibles fósiles, los sudcalifornianos demandamos energías limpias y exigimos que la CFE controle sus emisiones contaminantes en la entidad para evitar las terribles consecuencias de salud, que ya está provocando este problema en niños, adultos y personas vulnerables. Solicitamos un informe del control de emisiones de contaminantes a la atmósfera que está llevando a cabo en La Paz respecto a los gases de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno que genera la planta termoeléctrica, para que se hagan públicos los datos generados”, concluye el punto de acuerdo de la senadora.

Para determinar oficialmente la alta emisión de sustancias tóxicas contenidas en la ceniza, la CFE debería informar sobre los desechos tóxicos que arroja al aire, pero tal acto sería “como darse un tiro en el pie”.


(SEMANARIO ZETA BCS/ EDICIÓN IMPRESA / ANTONIO CERVANTES/ MARTES, 3 DICIEMBRE, 2019 01:00 PM)

245 ASESINATOS POR MES EN BC CON LÓPEZ OBRADOR


Andrés Manuel López Obrador le falló a Baja California en su primer año en el tema de seguridad. La presencia de la Guardia Nacional no contribuyó a incrementar el número de aprehensiones de criminales y los 6 mil 048 millones de pesos entregados en programas sociales tampoco impactaron. Siendo 2018 el año récord en  homicidios violentos, 2019 presentó una reducción marginal del apenas el 7% en una entidad federativa donde siguen acribillando a 85 personas por cada 100 mil habitantes

El primer año de gestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será recordado como el de la mayor tasa de homicidios dolosos, feminicidios, robos a negocio, trata de personas y narcomenudeo, con fallas en un tema de seguridad en el que prevalece un recorte de presupuesto excepto para las Fuerzas Armadas, afirma Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad.

“El homicidio sigue creciendo, ellos hablan de un punto de inflexión, nosotros corrimos modelos econométricos y lo que encontramos es que hubo un punto de inflexión hacia el final sexenio pasado, que fue la que hizo que el homicidio empezara a crecer menos. No fue en este sexenio, si lo cacarean, están cacareando algo de Enrique Peña Nieto y también están dando el dato falso de que ya está contenido, cuando no lo está”, enfatizó el titular del organismo.

Los factores para que este primer año no fuera exitoso en el tema de seguridad, consistieron en que la estrategia implementada no estuvo sustentada, además, los recortes presupuestales y el desmantelamiento institucional no fueron favorecedores. Sobre este último punto, Rivas señaló que no es solo un desmantelamiento con la desaparición de la Policía Federal, sino en referencia a la poca presencia y resultados de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, definió como “una brutalidad” la disminución que la Federación aplicó a estados y municipios, principalmente en recursos como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortaseg) a 33 por ciento, sobre todo ahora que las entidades federativas tendrán un costo extra con la presencia federal, toda vez que la Ley establece cuánto debe pagar cada una a la Guardia Nacional.

MÁS MUERTOS  POR MES CON AMLO
En Baja California, durante el primer año del sexenio de López Obrador, asesinaron a 245 personas por mes. A lo largo de toda la gestión de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la media mensual fue de 127 homicidios. Mientras que con Felipe Calderón Hinojosa la mensualidad mortal promedió 59 víctimas.

Las 3 mil 160 muertes violentas registradas en BC durante 2018 quedaron plasmadas como la cifra récord en el conteo oficial que se ha realizado en la entidad durante 14 años: 836 asesinatos más que en 2017. Reducirla fue el reto que recibió la Presidencia de AMLO.

Para combatir la inseguridad y la violencia homicida, la primera semana de febrero, el gobierno morenista envió a Baja California a 200 elementos de la Guardia Nacional que se concentraron en Tijuana. Posteriormente, el 1 de noviembre llegaron otros 200 agentes federales comisionados a la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI). Y de acuerdo a lo anunciado por el delegado federal único Alejando Ruiz Uribe, en Baja California se entregaron 504 millones de pesos mensuales en programas sociales.

Como resultado, los homicidios durante 2019 han registrado una reducción marginal de apenas el 7.6% al comparar con el año pasado, de 2 mil 890 a 2 mil 668 muertos (estadísticas del 1 de enero al 30 de noviembre).

“La tasa mundial de homicidios es de 6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, pero en Baja California actualmente asesinan a 85 personas por cada 100 mil ciudadanos”, expuso Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo.

“Siguen siendo demasiados muertos, además el mismo número representa un incremento del 30% si se compara contra la media histórica de los últimos tres años. Por ello es la segunda entidad con mayor incidencia homicida en México, solo por debajo de Colima”, enfatizó el analista.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla, consideró que hablar de una tendencia marginal a la baja, “es meramente consecuencial”.

Y complementó:

“Realmente no ha habido una estrategia relacionada al tema de los homicidios por parte de la Federación, y generar 150 o 180 muertos mensuales es una incidencia extremadamente alta, comparada con cualquier estándar”.

Adicionalmente, durante el presente año los homicidios culposos en Baja California aumentaron un 20%, de 317 en los primeros diez meses de 2018, a 399 en el mismo lapso de 2019.

“Que de repente te incrementen los homicidios culposos, que tienden a ser muy consistentes, no se ve natural, no se explica, porque rara vez los accidentes aumentan o disminuyen dramáticamente. Esto provoca sospecha de la existencia de un sub-registro”, manifestó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

ALTA INCIDENCIA EN TRES DE CINCO MUNICIPIOS

Para analizar el movimiento de la incidencia municipal, ZETA comparó 2018 y 2019 en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre:

* En Tijuana, considerada la ciudad más violenta del mundo el año pasado -de acuerdo a un estudio de 50 ciudades realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal-, se siguen perpetrando la mayoría de los crímenes en BC. Entre el 72 y 77% de los homicidios durante 2019, dependiendo del mes.
En esta ciudad los asesinatos bajaron de 2 mil 296 a 2 mil 047, es decir, 249 muertes menos, lo que significa una reducción del 11%. Aun así, en el municipio asesinan a 132 personas por cada 100 mil habitantes. Mientras que los homicidios culposos crecieron 30%, de 114 en 2018, a 164 en 2019.

* En Rosarito aumentaron las muertes violentas de 113 a 149; esos 36 cadáveres adicionales significaron un aumento del 32%, y, por su menor densidad geográfica, el municipio contabiliza 163 homicidios por cada 100 mil habitantes. Las muertes culposas se mantuvieron estables.

* En Ensenada los homicidios crecieron de 240 a 253 cuerpos (5%), los culposos de 98 a 111 víctimas (13%) y registra una tasa de 52 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.

* En Tecate ha habido ocho muertos menos que el año pasado, al reducir su incidencia en 8% y, dada su poca población, registra 84 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

* Por último, Mexicali sería la ciudad más segura en Baja California, ya que las muertes bajaron 10%to, de 146 a 132 víctimas, cuenta apenas 15 homicidios cada 100 mil habitantes. Pero tratándose de muertes culposas, cuenta el más extraño y gran aumento de un año a otro: de 41 durante 2018, subió a 74 en 2019, lo que significa un 45% más que significaría un sub-registro.

LA GUARDIA NACIONAL Y LA ESTADÍSTICA

Más de  diez meses tienen en Baja California los primeros 200 elementos de la Guardia Nacional enviados por la Federación, la inmensa mayoría concentrados en Tijuana, donde su presencia solo ha destacado por la intervención para controlar a los grupos de migrantes, y esporádicamente, brindando apoyo acordonando zona donde otras corporaciones realizan operativos.

Su colaboración en la ejecución de órdenes de aprehensión ha sido tan marginal que el número de órdenes concretadas no subió entre febrero y octubre, sino que se mantuvo entre 100 y 120 mensuales (ver gráfica).

En lo especifico, Tijuana registró un leve decremento los primeros dos meses del arribo de estas fuerzas federales: de 220 muertos en enero, bajó a 145 y 152  en febrero y marzo, pero volvió a los 217 en junio, cuando la Guardia Nacional se ocupó de la retención de las caravanas de migrantes y no volvió a tener una reducción significativa hasta octubre, cuando llegaron nuevos mandos de seguridad con los gobiernos municipales y sumaron 156 muertos.

La incidencia homicida de los otros cuatro municipios no se vio impactada por la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, sí tuvieron leves reducciones en los homicidios, primero en octubre con el cambio de gobiernos municipales, y después con el de Gobierno del Estado.

En el caso de Ensenada, de 45 muertos en octubre

2 mil 062 ejecutados en 2019; 213 víctimas son mujeres 

A semanas de que culmine el año, en Tijuana se han perpetrado 2 mil 062 homicidios.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, del total de las víctimas 213 eran mujeres. En los primeros cinco días de diciembre se registraron 25 ejecuciones, cinco de estas contra féminas.

De acuerdo a un investigador, el móvil del crimen de Rubí Esmeralda López López fue pasional. Los familiares de la mujer de 32 años de edad, la reportaron como desaparecida el 25 de noviembre. Siete días después, su cadáver apareció en la cajuela de su vehículo en la colonia Obrera segunda sección. Médicos legistas señalaron que la causa de muerte fue anoxemia por estrangulamiento.

Según testigos, el vehículo de la mujer -un Volkswagen Jetta 2007- tenía por lo menos nueve días estacionado sobre la calle María Díaz y de la unidad despedían olores fétidos, por lo que residentes de la zona denunciaron, pero no les hicieron caso. Fue hasta el lunes 2 de diciembre que se descubrió el cuerpo sin vida.

Una fuente confió a ZETA, que la mujer vivía en el fraccionamiento Ke Casas y se dedicaba a la venta de seguros. Según pesquisas, Rubí Esmeralda mantenía una relación sentimental con dos hombres.

El lunes 2, Guadalupe Arroyo González fue asesinada junto a Silvestre Santa Cruz Sánchez “El Chivo”, de 53 años, a bordo de una camioneta Mercedes Benz  en el fraccionamiento Las Huertas cuarta sección.

Al día siguiente, en el interior de una mochila negra se localizó la cabeza cercenada de una mujer de entre 50 y 55 años, así como dos piernas y dos manos. El hallazgo tuvo lugar en un tramo de terracería en la Ruiz Cortines. El mismo martes 3 de diciembre, en la calle Guadalupe Victoria, frente al número 6030 de la colonia Altamira, se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años dentro de la cajuela de un vehículo Honda color negro; presentaba lesiones por arma de fuego en cuello y espalda.

Más tarde, en la Zona Norte, fue asesinada Magaly Guadalupe Bush Flores, de 19 años. Recibió dos tiros en la cabeza.

Solo en el crimen de esta última se detuvo a un presunto responsable, identificado como José Pedro Tadeo Zamora, de 37 años.

LOS CRÍMENES DE LA SEMANA
Domingo 1 de diciembre. Envuelto en una sábana y una lona, fue encontrado el cadáver de un hombre. En Natura se localizó el cuerpo calcinado de otro masculino. Omar Alejandro Barrera Jiménez, de 42 años, pereció en el Hospital General tras ser baleado y golpeado. En Valle Redondo se hallaron restos humanos calcinados (cabeza, pierna y dorso) dentro de una maleta color rojo. En Mariano Matamoros Sur fue encontrado muerto Juan Alfonso Ruiz Morales, de 46 años.

Lunes 2. En Los Altos fue hallado el cadáver de un masculino de 45 años, con doce lesiones por proyectil de arma de fuego en rostro, espalda y pectoral; en la escena se localizaron ocho casquillos calibre 40 milímetros, una bala y una gorra. Un joven de 20 años fue ultimado a tiros en un predio baldío en Rancho Santa Cruz. Manuel López González, de 47 años, fue asesinado en Infonavit Lomas del Porvenir. En el negocio Ciber House de Villas del Sol III, fue ejecutado Jesús Salvador Rodríguez Rosas, de 40 años. En la colonia Guadalajara fue privado de la vida un masculino de 35 años.

Martes 3.  En un terreno en construcción en Las Torres parte baja, murió un hombre de entre 50 y 55 años por seis tiros en pectoral y espalda. En la canalización del Río, a la altura del Puente México, fue encontrado el cuerpo de un hombre de alrededor de 50 años. En un auto Honda color negro se hallaron los cadáveres calcinados de dos hombres en la colonia Chihuahua.

Miércoles 4. Envuelto en una cobija fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en la Zona Centro.  En el Hospital General falleció Juan José Zambrano Rodríguez, de 52 años, quien recibió un tiro en el abdomen dos días antes. En la recámara de un domicilio en el Ejido Maclovio Rojas, Cristián Mendoza Salgado, de 35 años, fue apuñalado en siete ocasiones. Melquíades Gómez Alarcón, de 36 años, fue ultimado a balazos en Lomas de San Martín.

Jueves 5. En el Hospital General perdió la vida José Manuel Mata Gómez, de 44 años. Fue baleado en el abdomen en la colonia Lázaro Cárdenas.

Hasta el cierre de esta edición, jueves 5 de diciembre, Baja California contabilizó 2 mil 702 homicidios dolosos en el transcurso de 2019.

bajó a 24 en noviembre; Rosarito disminuyó de 24 homicidios en agosto a 11 en octubre; Tecate registró seis en agosto y la misma cantidad en  noviembre; y Mexicali tuvo 18 en octubre para bajar a siete en noviembre. Pero las estadísticas mortales en Baja California continúan siendo muy inestables.

Aun sin resultados tangibles, el 14 de noviembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció que en diciembre llegarían más elementos de la mencionada Guardia, y el 29 de noviembre, el Cabildo de Tijuana aprobó la desincorporación del terreno de 10 mil metros cuadrados en el que se construirá  la estación de la Guardia Nacional en el fraccionamiento El Laurel, en la delegación Presa Este.

NARCOTRÁFICO Y NARCOMENUDEO

Las actividades de los operadores de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) Arellano Félix (CAF) y De Sinaloa (CDS) no han sido mermadas con la presencia de la Guardia Nacional, dedicada en esta primera fase a labores socialización y apoyo a otras corporaciones

Pablo Huerta y Roque García, del CAF; Israel Alejandro Vázquez “Cabo 50”, David López Jiménez “Cabo 20”, Jesús Alfonso Trapero y Alejandro Estrada, del CJNG; Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, Vicente Martínez González “El Güilo”, Luis Alfredo Garibay Félix, Víctor Hugo Mejía “El Griego”, José Luis Mendoza Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, Alfonso y René Arzate, del CDS, han sido identificados como operadores del crimen organizado en Baja California en diferentes niveles.

El problema es precisamente que al igual que sus antecesores, en el primer año de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador ni el Gobierno Federal ni el local, han sido capaces de iniciarles expedientes. Únicamente los Arzate tienen órdenes de aprehensión en su contra por tráfico de drogas… pero en California, Estados Unidos.

“En los homicidios estamos frente a la Ley Pareto” expresó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCS. “El 20% de los criminales generan el 80% de la delincuencia, estamos hablando de los líderes de cárteles, que son los que están ordenando estos homicidios y prácticamente todas las actividades de narcomenudeo. Pero mientras no exista inteligencia, carpetas de investigación y las consecuentes órdenes de aprehensión de estas personas, el tema de los homicidios ahí va estar”.

“En Baja California, Tijuana y todo el país, los homicidios tienen su raíz en el pleito de las bandas por el control territorial para vender drogas, narcomenudistas y narcotraficantes. En los municipios bajacalifornianos la situación se agudiza porque el pleito es también por el control territorial del mercado de exportación, aunque este último es menos violento que el narcomenudeo. La única manera (de reducir los homicidios) es regulando las drogas, lo propuso Andrés Manuel López Obrador, está en su Plan de Paz y Seguridad, pero no ha hecho nada, no hay ninguna iniciativa para regular el cannabis, ya deberían estar regulando hasta el cultivo de la amapola. Aunque no necesariamente bajaría la violencia en Tijuana como en otros lados, porque esta ciudad tiene un pleito de control territorial por el mercado de exportación”.

Acorde con Hernández Niebla, los homicidios no son tema de policías preventivas, “se necesita una estrategia más armada, estamos hablando de fiscalías, la General si hablamos de narcotráfico, y Estatal tratándose de narcomenudeo y homicidio; es muy claro que el tema está relacionado a eso, y, por más policías que tengamos en el Estado, difícilmente ellos van a poder disminuir el número de homicidios”

Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, de la asociación civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, argumentó:

“La política de ‘Abrazos no balazos’ no tiene resultados ni un impacto significativo en los homicidios, porque no está combatiendo la impunidad ni contribuyendo a elevar los índices de justicia”.

HOMICIDIO, EXTORSIÓN Y NARCOMENUDEO, LO PREOCUPANTE

“El problema es que esta autoridad sigue pensando que está dando resultados en temas donde no hay evidencias de que los esté dando. Y no estamos seguros que esta mejora marginal en homicidios sea sostenibles” enfatizó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Los que suben son extorsión un 73%, narcomenudeo  29%. Baja California sigue ocupando el primer lugar nacional en robo de vehículo aunque tiene una reducción del 13%. Además, el Estado está en los primeros lugares nacionales por violaciones, y este año las denuncias registraron un aumento del 5%”,  expresó Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.

“Los programas sociales que supuestamente es la gran apuesta de López Obrador no sirven en la reducción de  incidencia,  porque la violencia no está correlacionada con la violencia homicida o de narcomenudeo. La relación de la violencia es con el desempleo, cuando aumenta crecen los robos nada más. No suben los delitos de alto impacto. Se lo dijimos a la 4T pero no escuchan”, aseguró el analista.

“La pobreza hay que combatirla porque es un tema social, pero no está correlacionada porque hay estados ricos y pobres con violencia. O casos como el de Yucatán, que está ubicado en la tabla media de la riqueza y es tranquilo”.

Roel reclamó el tema clientelar de los programas: “Tienen un carácter más electoral que social, porque todo se lo deben a López Obrador, además, no tenemos contabilidad ni indicadores que nos digan si se están aplicando bien o no, y no se ha observado que tengan algún impacto en la inseguridad”.

LA INSEGURIDAD Y EL PRESUPUESTO

Los analistas y consejeros consultados señalaron que el panorama en el tema de inseguridad para 2020 es muy adverso no solo para Baja California, sino para el resto del país, principalmente por los recortes presupuestales, que tendrán un efecto negativo en la capacidad que tiene los estados y municipios para enfrentar a narcotraficantes y narcomenudistas.

Durante 2019, el plan de egresos mostró una reducción en prevención del delito en 27%; en temas antisecuestro se redujo 33%; en procuración de justicia 17%; búsqueda de personas 50%; y en derechos humanos un 10%. En contraparte, quien está recibiendo mayor recurso es el Ejército por sobre la Guardia Nacional.

La falta de dinero se agrava con la ausencia de una estrategia en el marco de un debilitamiento institucional, con el incipiente proceso de formación de la Guardia Nacional, a la que le están pidiendo cosas que no va a poder hacer, porque no está lista.

Juan Manuel Hernández Niebla, del CCSP, destacó que en Baja California no se ha visto mejoría y, pese al compromiso hecho por el gobernador Jaime Bonilla, sin dinero no se puede.

Agregó que el organismo que dirige ya tuvo oportunidad de presentar sus propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado al recién estrenado mandatario, “estamos hablando primero de un esquema de métricas del desempeño, porque la manera

cómo están estructurados ahorita, no tienen ni la infraestructura ni material, humana o la funcionalidad para poder dar cabida y solución a los altos números de incidencia criminal en el Estado”, declaró Hernández Niebla.

“Los análisis por fiscalías estatales en el país ubican a Baja California en los últimos lugares, el Poder Judicial no está mejor, hacen falta jueces, salas de audiencia, ministerios públicos, lo que no se puede obtener sin recursos”.

Explicó que cuando Bonilla los escuchó, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para mejorar los servicios y  empatar Fiscalía con Poder Judicial para evitar los cuellos de botella y fomentar la justicia expedita.

“Pero entiendo ahora que los presupuestos no se están dando, incluso vienen recortados. Y ese va a ser el gran problema. La Federación nos promete seguridad y no vemos que los dineros vayan a fluir, y las autoridades locales no van a poder hacer milagros”, advirtió, considerando que en los índices de inseguridad, la estrategia financiera no tiene lógica. “Entre 2018 y 2019 se redujo la inversión en este tema en un 10%, este año aún más, y destacan las disminuciones en áreas prioritarias como Poder Judicial y  la Fiscalía General, eso explica por qué México ocupa el nada digno último lugar entre los países integrados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde el promedio de inversión es de 1.7% del recurso, mientras en México es apenas del 0.9%.

Cuestionado respecto a si el CCSP ha manifestado su inquietud ante el Gobierno Federal, Juan Manuel Hernández Niebla indicó:

“Todavía anda muy sesgado, para ellos la participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil en cualquiera de los temas, no la consideran necesaria, ha sido muy poco el juego que nos ha dado. En lo particular, invité dos veces al delegado Ruiz Uribe para explicarle nuestra opinión de la problemática, presentarle nuestra propuesta, pero ni siquiera tuvo la cortesía de contestarnos. Diferente a la apertura del gobernador, que siempre nos ha recibido”.

Entre los días 18 y 19 de diciembre, el CCSP presentará al fiscal estatal, Guillermo Ruiz Hernández, las propuestas que ya le entregaron a Jaime Bonilla, no obstante, Hernández Niebla planteó: “¿Pero cómo le vamos hacer, si no estamos asignando los dineros suficiente? El panorama es desalentador”. (Colaboró con información Uriel Saucedo Ramírez).

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / ROSARIO MOSSO CASTRO/ DOMINGO, 8 DICIEMBRE, 2019 10:00 AM)



LA GRAN DEUDA DE LÓPEZ OBRADOR



Lejos de cumplir la promesa de pacificar al país, bajo el nuevo gobierno incrementa la violencia

El presente trabajo es colectivo, resultado de una conjunción de esfuerzos de medios independientes, con la idea de hacer una evaluación de la violencia en el último año, vista a través de lo que ha ocurrido en las entidades más conflictivas del país.

Se acaba de cumplir un año de que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país. Ningún presidente de la época moderna lo había hecho con tantos instrumentos de poder en sus manos, empezando porque ganó con un porcentaje de votos que nadie había tenido en las últimas décadas desde que empezó la alternancia en México y porque su partido obtuvo, además de la presidencia de la república, las dos cámaras legislativas.

Ha sido un Presidente de claroscuros. Prácticamente sin oposición, ha impuesto en estos doce meses sus criterios en materia económica; no se presentaron las convulsiones económicas que muchos vaticinaban, pero tampoco hubo crecimiento; promovió una reforma laboral sin precedentes, pero la creación de nuevos empleos fue mínima y no alcanzan para reponer los que se han perdido; canceló la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, pero sin licitar entregó la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía al Ejército Mexicano.

Como parte de su lucha contra la corrupción, promovió reformas para establecer ésta como delito grave; con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como punta de lanza, ha enfocado sus baterías contra viejos enemigos políticos, algunos de ellos ya en la cárcel, lo cual mancha acciones que son legítimas con el tufo de la venganza; a pesar de su discurso “pacifista” de “abrazos no balazos”, modificó la constitución para darle más poder a las fuerzas armadas y, a través de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, ha limitado los recursos para los organismos autónomos, entre ellos la CNDH, la FGR y el INE.

El de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno que, como ninguno desde la administración del general Lázaro Cárdenas, ha orientado sus acciones al beneficio de los sectores tradicionalmente marginados, a través de programas sociales para apoyar a las madres solteras, a estudiantes y jóvenes sin empleo y a personas de la tercera edad.

Pero hay un problema que el presidente no ha sabido cómo enfrentar en lo inmediato o la forma en que lo está haciendo ha resultado un fracaso al menos en este primer año: el narcotráfico. Generador de la mayor parte de los homicidios que se cometen en el país, el fenómeno sigue allí, igual de enraizado en la sociedad, con niveles de violencia incontenibles, a pesar de los programas sociales emprendidos por su administración. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, de enero a octubre del presente año se cometieron 28 mil 741 homicidios, 2.4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, 2018.

La incidencia delictiva, sobre todo los delitos de alto impacto, la mayoría de éstos ligados al crimen organizado como son los secuestros, el robo de vehículos, la trata de personas, la extorsión, también han ido a la alza en estos diez meses.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, también se observan incrementos en los rubros de feminicidios, pues en estos diez meses se han cometido 833, contra 744 que se cometieron en el mismo periodo del año anterior; la extorsión creció 36 por ciento según los registros y el secuestro 8.5 por ciento.

En los doce meses de su administración, de acuerdo a un recuento realizado por el semanario ZETA de Tijuana, han ocurrido más de 50 homicidios múltiples —enfrentamientos entre bandas delictivas como la ejecución de 19 personas en Uruapan, Michoacán; entre bandas y fuerzas del gobierno, como el asesinato de 14 policías municipales en Aguililla, Michoacán y la  aprehensión fallida de Ovidio Guzmán López, en Culiacán; o masacres contra la población como la ocurrida en Sonora contra la familia LeBarón. Todos ellos hechos de alto impacto en las zonas donde han ocurrido y algunos de trascendencia nacional e internacional.

Chihuahua, que ocupa de nuevo los primeros lugares en homicidios, vio cómo la violencia se volvió a apoderar de sus pueblos y ciudades; Guanajuato, que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se colocó en el estado más violento en medio de la guerra entre el CJNG y el de Santa Rosa de Lima, se convirtió bajo esta administración en la número uno en crímenes relacionados con el narcotráfico, con 2 mil 856 casos registrados en diez meses, por encima de Baja California, donde un repunte de la violencia ha contabilizado 2 mil 425 casos en el mismo periodo.

A pesar de este trágico marco, el discurso del Presidente se mantiene inalterado, aunque no desprovisto de contradicciones cuando de acciones se trata. Desde la campaña electoral dijo que no usaría la violencia contra la violencia y esgrimió en sus mítines y entrevistas, su frase favorita: “abrazos no balazos”.

Sin embargo, desde el inicio de su Gobierno se propuso, entre otras medidas para combatir la violencia, crear la Guardia Nacional. Fue aprobada en febrero con rango constitucional e integrada principalmente por elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Todos sus mandos son militares. El acuerdo legislativo le dio al presidente la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado hasta el 2023.

Pero esto no ha ocurrido hasta ahora, al menos no con éxito. Ante las presiones de los Estados Unidos para controlar los flujos migratorios que provenían sobre todo de Centroamérica, la recién creada Guardia Nacional se convirtió en muros de contención de las familias migrantes en las fronteras sur y norte, mientras los grupos criminales bañaban de sangre al país.

Para mediados de agosto habían sido desplegados en 30 estados de la república 58 mil 602 elementos de la Guardia Nacional, sobre todo en los estados de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Jalisco, que registran alta incidencia delictiva.

Nada detuvo la violencia. Días antes de que se anunciara el despliegue de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones distribuidas en el país, un grupo de sicarios había asesinado a 19 personas en Uruapan, Michoacán dejando a algunos colgados de los puentes vehiculares y a otros descuartizados. 20 días después del anuncio, fue incendiado un table dance en Coatzacoalcos, Veracruz, causando la muerte de más de 30 personas. El 14 de octubre, 13 policías estatales de Michoacán fueron asesinados en Aguililla, cuando apoyaban la ejecución de una orden de aprehensión. Y se desgranaron enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y delincuentes en  Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato…

No pasaba el impacto de la matanza de policías en Aguililla, cuando la fallida detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, desató la furia del Cártel de Sinaloa, cuyos gatilleros tomaron la ciudad en minutos y doblegaron a las fuerzas de los tres niveles del Gobierno, obligando a éste a entregar al hijo del capo preso en los Estados Unidos.

Este hecho, de resonancia internacional en tiempo real, puso en crisis la “estrategia” de la llamada Cuarta Transformación en materia de seguridad. El mes anterior, durante un acto público en Tamaulipas, donde ya se vivía un recrudecimiento de la violencia, el Presidente mandó al carajo a la delincuencia y ratificó que el “modelo del garrotazo que convirtió al país en un cementerio” no se repetiría bajo su gobierno. “La violencia no se enfrenta con violencia —refrendó—, tenemos que atender las causas”.

Y lanzó lo que se convertiría en parte de la picaresca 4Teísta en materia de seguridad: “En Nuevo Laredo —dijo— hay un grupo que está ahí muy beligerante y lo estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien, ya, al carajo la delincuencia”. En medio de aplausos que lo interrumpieron, remató: “¡fuchi, guácala!”.

Cuando ocurrió lo de Culiacán, los chistes y los dogmas del Presidente se convirtieron en pesadillas para el país entero, que empezó a cuestionar si continuaría con su “estrategia” de seguridad, de no combatir frontalmente a las organizaciones del crimen organizado.

Luis Astorga Almanza, catedrático de la UNAM y coordinador de la cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, va más allá y afirma que López Obrador no tiene siquiera una estrategia, pues “no hay un plan claro ni objetivos, no hay metas, no hay mecanismos de evaluación de lo que se está haciendo, no hay absolutamente nada; lo que sí hemos visto es que reacciona a las presiones del gobierno de los Estados Unidos”.

Lo dice porque justo antes de la fallida Operación Ovidio, tres delegaciones estuvieron en México y en Sinaloa, interactuando con funcionarios federales de alto nivel y con el gobierno de la entidad. Una de ellas fue del estado de Alabama, otra de Nueva Orleans y la tercera de la DEA (DrugEnforcementAdministration). Entre otras cosas, afirma, vinieron a pedir la cabeza de Ovidio.

El Presidente ha esgrimido siempre la soberanía de México cuando habla del tema, pero esto es muy cuestionable al menos para Guillermo Valdés Castellanos, quien fue director del  Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa:

“El gobierno de Donald Trump no logra ponerse de acuerdo en materia de seguridad con el gobierno de López Obrador, pero si necesita imponerse en un tema, lo único que hace es presionar a México y ahí López Obrador tiene que ceder. Es el gobierno más poderoso del mundo, y a México no le queda de otra que cuadrarse con Estados Unidos”.

Cuando Estados Unidos obligó a México —con la amenaza de los aranceles— a reforzar sus acciones en las fronteras para disminuir los flujos migratorios, le advirtieron: ahora estamos hablando de migración, pero el otro tema es el narcotráfico.

Lo dijo el mismísimo Donald Trump en un tuit del 30 de mayo: “México debe vencer a los capos y los carteles del narcotráfico. El arancel tiene que ver con detener las drogas, así como a los ilegales”.

Valdés Castellanos abunda: “La realidad es que López Obrador no tiene una estrategia real de seguridad, como no la tiene su secretario de seguridad, ni su secretario de defensa. Su política de abrazos y no balazos no está funcionando, y la realidad es que tarde o temprano deberá enfrentar al narco con toda la fuerza del Estado.

“Busca erradicar la pobreza y la corrupción, y combatir la violencia y la inseguridad con la prédica moral y el buen ejemplo, pero en el corto plazo no solucionará el problema con su retórica, y lo grave es que, gracias a esas creencias, está impidiendo a las fuerzas públicas actuar como lo que son. La estrategia de seguridad no puede ir más allá de la presencia disuasiva de soldados y policías, ya que prácticamente tienen prohibido usar la fuerza.

“Si López Obrador fuera un predicador no habría problema que pusiera en práctica esas recetas para reducir la inseguridad, pero no es el caso y por lo tanto está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto de las leyes”, observó.

Para Astorga, lo que el Presidente tiene que hacer en el corto plazo “es lo que no se ha hecho nunca, es la creación de una política de seguridad de Estado y ésta pasa por compromisos políticos con todas las fuerzas políticas existentes y la sociedad civil organizada que tiene planteamientos y estudios muy razonables y propuestas que se han hecho en distintos sexenios.

“(Pero) hay un empecinamiento en no querer ceder e insistir en que la realidad no es la realidad y los que estamos equivocados somos el resto del país y no ellos…”.

Y no es que se vaya a proponer lo mismo, sino discutir qué se  podría hacer con las herramientas que se tienen actualmente; ese desprecio a Sicilia demuestra que no hay una mínima voluntad política para escuchar a los demás ya no digas hacerles caso, simple y sencillamente para sentarse a la mesa y entablar un diálogo civilizado. Entonces, el panorama es bastante negativo.

Y aunque el presidente López Obrador ha esgrimido siempre la defensa de la soberanía, el gobierno norteamericano tiene muchos elementos para presionarlo. Por lo pronto, Donald Trump ha decidido no designar a los cárteles mexicanas como terroristas. Pero la amenaza sigue allí, como la espada de Damocles.



                                                                                        

ISMAEL ‘EL MAYO’ ZAMBADA SE MANTIENE INTACTO (EN EL GOBIERNO DEL AMLO)”: ANABEL HERNÁNDEZ


Guadalajara, Jalisco.- Uno de los títulos presentados durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) fue “El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo” de Anabel Hernández, publicado recientemente por el sello Grijalbo de Penguin Random House Grupo Editorial, donde la periodista cuenta la historia tanto de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” como de su padre Ismael “El Mayo” Zambada quien “se mantiene intacto” en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresó a ZETA la autora.

Cuenta Anabel Hernández en “El traidor”, que Fernando Gaxiola, abogado de Vicente Zambada Niebla, un día de 2011 la contactó: “Era un frío y convulsivo mes de enero de 2011 cuando él me buscó. Hacía un mes había publicado ‘Los señores del narco’, que al poco tiempo de salir a la venta ya iba en su tercera reimpresión”. Entonces la periodista y el abogado acordaron algunos encuentros en Chicago.

De aquellos encuentros a partir de 2011 que se prolongaron hasta mayo de 2015, narra Anabel Hernández que Fernando Gaxiola le entregó una serie de documentos y algunos textos del puño y letra de Vicente Zambada Niebla que había escrito en prisión; había sido detenido el 18 de marzo de 2009 en México y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010. Aquellos documentos y escritos de Vicente Zambada son fundamentales en la recreación de la historia tanto del “Vicentillo”, su padre “El Mayo”, Joaquín “El Chapo” Guzmán y, por supuesto, algunos secretos del Cártel de Sinaloa:

“Por medio de esos escritos de Vicentillo se revelan los secretos del Cártel de Sinaloa y algunos de su padre. No era una historia que llegaba sólo a la epidermis, sino que como bisturí, entraba, cortaba y diseccionaba cada parte de la anatomía de la que es considerada la organización de tráfico de drogas más importante del mundo”, manifiesta Anabel Hernández en su nuevo libro y complementa:

“A la par, las narraciones del hijo del Mayo dejaban ver su inteligencia, su tristeza y a veces su ironía mordaz. Su anhelo de ser libre, su conflicto interno de pertenecer al cártel y a la vez repudiarlo. De amar a su padre y querer estar cerca y al mismo tiempo darse cuenta de que cada día se transformaba en un criminal como él. El Mayo decidió convertirse en narcotraficante, mientras que Vicentillo nació cuando su padre era ya el rey de las drogas, más poderoso que ningún otro, por encima del legendario Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos”.

En “El traidor”, Anabel Hernández “se adentra en el Cártel de Sinaloa a través del relato de Vicentillo quien exhibe de manera descarnada cómo funciona el sistema interno que da vida a la organización criminal, la violencia, las mil formas de traficar droga y la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden. Pero sobre todo devela el perfil de quien durante el último medio siglo ha sido el rey del narcotráfico. Quien nunca ha pisado la cárcel y quien desde su trono ha visto caer a amigos, enemigos, socios, competidores, familiares, empleados del gobierno y hasta sus propios hijos, sin que eso haga mella en su poder, el padre de Vicentillo: Ismael El Mayo Zambada”, se lee en la edición.

Aclara Anabel Hernández: “(Fernando Gaxiola” me pidió que no publicara nada de los documentos escritos por Vicentillo sobre el funcionamiento del cártel y sus integrantes y toda la información que estaba soltando al gobierno americano, hasta que él hubiera muerto”.

Total que el abogado Fernando Gaxiola finalmente murió de cáncer en noviembre de 2015, refiere la periodista; asimismo Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019, mientras que su padre, Ismael “El Mayo” Zambada dirige el Cártel de Sinaloa:

– ¿Cuál es la situación de Ismael “El Mayo” Zambada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?, se le inquirió a Anabel Hernández.

“Estamos hablando de un capo que ha acumulado todas estas relaciones con el poder, durante todos estos sexenios, durante 50 años, y donde de una u otra manera estas relaciones con el poder siguen vigentes hasta el día de hoy. En este momento, el gobierno actual, no estoy diciendo que el Presidente de la República, pero lo cierto y los hechos son que funcionarios públicos de este sexenio, funcionarios públicos federales mantienen contratos millonarios con empresas de ‘El Mayo’ Zambada, le subsidian la luz, le permiten tener acceso a pozos de agua, le dan facilidades, le permiten tener una pista de aterrizaje con permiso de la SCT, son los facilitadores de sus negocios criminales, hasta el día de hoy; de este nivel de poder estamos hablando hasta el día de hoy.

“Independientemente de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación esté creciendo o no –que me parece que es muy inflado lo que se dice de ellos–, lo cierto es que ‘El Mayo’ Zambada controla una organización criminal que tiene presencia en 70 por ciento del planeta; ése es el nivel del ‘Mayo’ Zambada, que después de su principal socio pero siempre debajo de él, ‘El Chapo’ Guzmán ahora que fue a prisión, su imperio criminal quedó reducido en una décima parte y esta décima parte la tienen los hijos del ‘Chapo’ después de haberse peleado con Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’”.

Concluyó la autora de “El traidor”: “Y bueno, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se mantiene intacto. Todos los capos caen, todos o se mueren en cirugías como Amado Carrillo Fuentes o terminan asesinados como Arturo Beltrán Leyva, o terminan en cadenas perpetuas como ‘El Chapo’ Guzmán, el único que permanece a lo largo de 50 años es ‘El Mayo’ y está sentado por encima del máximo poder de los cárteles aquí en México, ésa es la situación de ‘El Mayo’”.

(SEMANARIO ZETA/ CULTURA  ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ/DOMINGO, 8 DICIEMBRE, 2019 12:04 PM)