MÉXICO,
D.F. (apro).- El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reveló que autoridades
municipales del pasado y del presente tendrán que rendir cuentas por
autorizar indebidamente la construcción de desarrollos urbanos en zonas
de alto riesgo, particularmente en el puerto de Acapulco.
En
entrevista con Noticias MVS primera emisión, el funcionario federal,
comentó que en la parte que le toca realizar sobre la investigación que
encargó el presidente Enrique Peña Nieto sobre las inundaciones, y cuyos
resultados deberán estar listos a más tardar el 20 de octubre, ya hay
un “avance significativo”.
Con la información recabada hasta
ahora, dijo, se ha podido establecer la forma en que tierras ejidales
pasaron a manos de particulares que, luego fueron obteniendo permisos
de construcción.
“Tenemos evidencias hoy de los primeros
asentamientos desde 1994, por una intensificación enorme. De 1994 a 2001
había unas mil casas en esa zona y de 2001 a la fecha se establecen más
de 19 mil. Fuera de toda proporción”, acusó.
Lo peor, apuntó, es
que no se puede decir que las viviendas son irregulares “porque no se
le puede llamar así a una casa que construye el Infonavit o el Fovissste
y hay en esa zona afectada más de 20 mil viviendas que tienen la
condición de haber sido financiadas por el gobierno. Ahí tiene que
haber, sin lugar a dudas, una responsabilidad compartida”, afirmó.
Además,
sostuvo, en 2001 existió un plan de desarrollo urbano de Acapulco, cuyo
plano es una modificación de un original de 1998, producto de la
catástrofe del huracán Paulina.
Dicho plan, señaló el titular de la Sedetu, considera una serie de reservas que “evidentemente” no se cumplieron”.
Agregó:
“Hay
una serie de contradicciones en las autorizaciones que se otorgaron
posteriormente sin respetar lo que establecía el plan de desarrollo de
Acapulco.
“Desde 2003 el atlas de riesgo de la Sedesol, que en
aquel entonces era la responsable de la integración de estos atlas que
no tienen vinculación, pero tienen la función de hacer este
señalamiento, ya decía que era una zona de riesgo por inundación, y si
bien no señalaba un grado, fue lo que abrió la posibilidad de otorgar un
permiso, pero con la salvedad de que se construyeran obras que pudieran
amortiguar o aminorar el riesgo que existía”.
A ello, dijo, se
suma que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(Corett) ordenó dentro de la zona más de 20 expropiaciones y hoy se
investiga para determinar si esa tierra que se expropió se convirtió en
lotes individuales o efectivamente sirvió para constituir reservas que
después sirvieran a empresas desarrolladoras.
Ramírez Marín afirmó
que en todo el estado de Guerrero –el más afectado por Ingrid y Manuel–
51 mil viviendas resultaron afectadas, 32 mil de ellas inundadas, mil
200 destruidas por completo en Acapulco, y se van a tener que
reconstruir más de cinco mil.
En total, en Guerrero hay mil 358
localidades establecidas a menos de 250 metros de ríos que son
permanentes, lo que afecta a 164 mil personas y pone en riesgo casi a 50
mil casas, precisó.
A esas mil 358 localidades que son
permanentes se suman mil 597 que inclusive están en lechos y arroyos que
en temporada de lluvias ponen en riesgo a 186 mil personas.
“En
total tenemos a unas 400 mil personas en riesgo sólo en Guerrero, y sólo
son las que están por los ríos, faltan las que están en cerros y
laderas de cerros”, alertó.
Ramírez Marín apuntó que la
reconstrucción de viviendas se hará con recursos del Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden), Secretaría de Gobernación, Fondo Nacional
de Población (Fonapo) y de programas de Sedatu como Hábitat.
En el caso de La Pintada, Guerrero, donde murieron unas 70 personas, la comunidad se va a reubicar en un lugar cercano y seguro.
“Hemos determinado tres probables (lugares)” para reubicar esa comunidad, refirió el funcionario.
En
cuanto a la investigación en curso para deslindar responsabilidades de
los destrozos ocasionados por Ingrid y Manuel, gira en torno a tres
aspectos: qué causó la inundación o qué la agravó, cuál es el daño de la
inundación y cuáles son las responsabilidades de esto.
En segundo
término se investiga quienes propiciaron o dieron lugar a estas causas
y, finalmente, se indaga la participación de particulares y autoridades
de todos los niveles de gobierno que pudieran estar involucradas y
dieran lugar a tal situación.
De acuerdo con el funcionario
federal, la investigación quedará a cargo de tres dependencias
principalmente. Primero la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la
que le corresponde “hacer la autopsia de la inundación”.
A la
Sedatu, abundó, le tocan las cuestiones del suelo. “¿Qué tipo de
propiedad era? ¿Quién autorizó que esa propiedad se transformara? ¿Qué
licencias se otorgaron? ¿Qué permisos se dieron? ¿Qué requisitos sí se
cumplieron y cuáles no?”.
Por su parte, Protección Civil deberá
definir quiénes son los que están en riesgo, cuántos son efectivamente
los afectados y “qué consecuencias va a tener –en términos de
responsabilidades, de acuerdo a lo que establece la ley en esta materia
de riegos y de asentamientos– que se establezcan en zonas irregulares,
calificadas como riesgosas”.
En lo que se refiere a la parte
legal, Ramírez Marín detalló que ésta “tendrá que construirse en función
de lo que determinen estas tres instancias respecto de qué causó la
inundación, quiénes son los involucrados y quiénes de esos involucrados,
particulares o autoridades, tienen responsabilidad”.
Indicó,
asimismo, que las autoridades municipales, del estado y federal, a
través de la Procuraduría General de la República (PGR), serán las
responsables de interponer las denuncias correspondientes en caso de que
se comprueben ilícitos.
