Dos semanas antes que Raúl Hernández
Macías declarara contra una de dos agentes de la Policía Estatal Preventiva, a
quienes había denunciado por amenazas, fue asesinado en su negocio de vidrios.
El hombre había sido acosado durante dos años y a pesar de las intimidaciones,
continuaba con la denuncia ante la Procuraduría, con la queja ante Derechos
Humanos e incluso solicitó medidas cautelares
A Raúl Hernández Macías lo
mataron de un disparo en la espalda cuando salía de su negocio, la vidriera
Glas en el Ejido Valle de Puebla en Mexicali, el 15 de agosto de 2018. El
ataque fue directo y detrás del crimen parecen estar involucrados agentes de la
Policía Estatal Preventiva (PEP), a quienes la víctima había denunciado por
amenazas y contra quienes declararía en una audiencia a celebrarse en dos
semanas.
Precisamente el 15 de agosto,
pero dos años antes, el hombre acudió ante la Subdelegación de Procedimientos
Penales “B” de la Procuraduría General de la Republica (PGR), ubicada en
Mexicali, para presentar una denuncia por hostigamiento, amenazas y extorsión
por parte de dos agentes de la PEP.
Según un relator que se
acercó a ZETA, quien decidió permanecer en el anonimato, la ahora víctima había
intentado interponer denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y en la PGR, pero ésta no había sido admitida.
Finalmente acudió al cuartel
de la II Región Militar, donde le entregaron un escrito con el cual finalmente
aceptaron su denuncia en la PGR, abriendo el expediente FED/MXLI/0000410/2016.
Fue atendido por el agente
del Ministerio Público Federal, José Ángel Álvaro Vázquez Amador, ante quien
señaló a los agentes estatales Edna Carolina Montoya Gaxiola y a Manuel Gabriel
Guerrero.
Hernández Macías cumplió con
todo el proceso de la denuncia, aportó pruebas, estuvo pendiente del
seguimiento del caso, solicitó medidas de protección, presentó una queja ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, identificó y señaló a sus agresores e
incluso presentó testigos.
HOMICIDIO
Al mediodía del miércoles 15
de agosto, una patrulla de la Policía Municipal llegó al Hospital Arce
Quiñonez, ubicado en la colonia González Ortega, para atender el reporte de un
hombre que había sido ingresado con una herida de arma de fuego.
Se trataba de Raúl Hernández
Macías, de 48 años de edad, quien fue declarado sin vida al llegar el centro
hospitalario. La causa de muerte, según consta en el informe de la necropsia,
fue por heridas penetrantes de tórax y abdomen producidas por proyectil de arma
de fuego.
Ya en el lugar, los agentes
entrevistaron a la esposa de la víctima, quien señaló como presunta responsable
a una mujer con quien su esposo mantenía una deuda por un préstamo.
Explicó que la mujer, de
nombre Bertha Alicia Guerrero Gutiérrez, le exigía más dinero de lo que le
había prestado y, a partir de ello, lo había amenazado. Los hechos ya habían
sido denunciados bajo el Número Único de Caso 0202/2018-14131 por el delito de
amenazas.
Por tal motivo, Hernández
Macías contaba con una medida de protección emitida el 2 de julio de 2018, la
cual prohibía a la señora Guerrero Gutiérrez realizar conductas de intimidación
en contra del hombre.
Sin embargo, el propio Raúl
contaba con nueve averiguaciones previas abiertas entre los años 2000 y 2001
por los delitos de administración fraudulenta, fraude, fraude procesal, despojo
de cosas inmuebles o de aguas y falsedad ante la autoridad.
Respecto al homicidio, el
subprocurador de Justicia del Estado en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, señaló
que se trató de un ataque directo contra Hernández Macías, ya que no intentaron
robarle. En el lugar se encontraron cuatro casquillos de arma 9 milímetros,
pero no la marca de la bala.
“Es propietario de un negocio
tipo vidriera, estaba a punto de cerrar las puertas del negocio cuando
lamentablemente recibe los disparos de arma de fuego. Fue un ataque directo,
llegó una persona, desciende de un vehículo, realiza las detonaciones y se da a
la fuga” explicó el funcionario estatal.
Desde el homicidio, ni la
familia ha sido vista en su hogar ni la vidriería ha vuelto a abrir. Un vecino
del local declaró que a los días llegaron familiares de la víctima, se llevaron
algunas cosas y no volvieron a abrir el negocio.
Aunque los investigadores no
han dado con testigos del crimen, un establecimiento cercano cuenta con cámaras
de seguridad que podrían brindar una pista sobre el responsable y el vehículo
que utilizó.
ANTECEDENTES
El 15 de noviembre de 2017,
Raúl Hernández presentó una ampliación de denuncia ante la PGR, allí mencionó
que el 20 de junio de 2016, alrededor de las 6:00 pm, la señora Bertha Guerrero
acudió a su domicilio en el fraccionamiento Valle de Puebla.
Según el informante, la mujer
le había prestado 30 mil pesos a Hernández Macías con un interés mensual de 5
mil pesos, éste los había aceptado y al mes le saldó 35 mil pesos.
Posteriormente Guerrero le
ofreció un préstamo de 100 mil pesos a cambio de 9 mil pesos, pero el hombre
solo aceptó un préstamo por 30 mil pesos.
Sin embargo, en esa ocasión
Guerrero intentó cobrarle un 85 por ciento de interés por los 30 mil pesos que
le había prestado un mes antes, según la declaración ministerial de Hernández
Macías.
Ya que las condiciones del
préstamo se fijaron solo de manera oral y no por medio de un documento de por
medio, el hombre se quejó de que el cobro era superior al pactado.
La denuncia indica que la
señora Guerrero se molestó y le dijo que no sabía con quién se estaba metiendo,
ya que ella tenía el suficiente dinero para comprar “en kilos” a la gente y
tenía un sobrino policía estatal preventivo que se encargaba de cobrar sus
deudas e incluso hacía “levantones”.
Al día siguiente, 21 de junio
de 2016, Raúl Hernández acudió al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
para pedir asesoría, por lo que le requirieron citar a la mujer para aclarar la
situación. Allí le dieron un citatorio que él tuvo que entregar personalmente a
la señora Bertha.
Cuando le entregó el
documento, la mujer lo amenazó diciendo que no la anduviera citando con la
Policía y que se atuviera a las consecuencias para él y su familia.
Al día siguiente, una mujer
que se identificó como trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) llegó a la casa de Hernández Macías para informarle que sus hijas
habían obtenido becas. Después se supo que se trataba de Edna Carolina Montoya
Gaxiola, agente de la PEP.
Para poder recibir las becas,
la mujer pidió a Hernández Macías que le respondiera preguntas como nombres
completos, la hora en que sus hijas entraban y salían de la escuela, sus
edades, cuáles eran los nombres de los profesores, así como su situación
financiera.
Cuando Hernández Macías
comenzó a sospechar que no se trataba de una empleada de Sedesol, le pidió una
identificación, pero ella le dijo que aún no le daban gafete, por lo que le
solicitó credencial de elector o alguna otra identificación para saber con quién
había hablado.
En ese momento, la mujer dijo
no llevar cartera consigo y se levantó de la silla donde estaban conversando
para caminar hacia el patio, del otro lado del cerco de la casa, se encontraba
un hombre que le dijo a la mujer algo en clave, ésta, respondiendo que todo
estaba bien. Fue cuando Hernández le pidió a una de sus hijas que grabara con
un celular sin que se dieran cuenta.
El hombre, quien después fue
identificado como Manuel Gabriel Guerrero, también agente de la PEP y sobrino
de la señora Bertha, se percató que estaban siendo grabados, por lo que caminó
hacia un automóvil tipo pick-up Nissan doble cabina con número de matrícula
AN48331 para estacionarlo en la esquina.
Hernández Macías lo siguió
con un celular grabando con el fin de tomar las placas del vehículo, cuando lo
alcanzó finalmente la persona se identificó verbalmente como policía estatal,
en eso sacó algo de su cintura y lo guardó en el vehículo; al ver la acción,
Hernández decidió regresar a su casa y alertar a su familia que se trataba de
policías estatales, incluso hablo al teléfono de Emergencias 066 y pidió ayuda,
pero nadie acudió.
Por su parte, la agente,
quien aún seguía en el domicilio, cubrió su rostro y salió corriendo hacia el
vehículo para entonces huir del lugar.
Luego de intentar comunicarse
en una segunda ocasión con el número de Emergencias, informaron a Hernández que
el vehículo pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE),
por lo que no podían acudir.
Ante esta situación,
Hernández tomó el vehículo y condujo hasta las instalaciones militares en
Mexicali para pedir apoyo, por lo que le recomendaron acudir a la PGR.
También se presentó en la
PGJE, donde le levantaron una carta de derivación en la cual se declaraban no
competentes y finalmente lo remitieron a Asuntos Internos de la SSPE.
El 23 de junio del mismo año,
la PGR lo canalizó al cuarto piso de la PGJE, ya que supuestamente ellos eran
los competentes para la denuncia.
Luego de varias vueltas, el
hombre fue atendido en Asuntos Internos de la SSPE por Luis Eduardo Garza
Matus, quien tomó la denuncia y le pidió cinco copias del video que había
tomado, el primero para Asuntos Internos, otro para la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, donde se levantó la queja 197/16 con número de folio 117292.
Acerca de la queja, en la
CEDH informaron que no podían compartir mayor información debido a que la
investigación se encontraba en proceso de integración.
De igual manera, la SSPE
informó que el expediente en Asuntos Internos se concluyó, por lo que fue
enviado en junio de 2017 como procedente a la Comisión de Desarrollo Policial.
La misma dependencia afirmó
que ninguno de los agentes se encuentra suspendido por el momento, ya que la
Comisión está en fase de desahogo de pruebas.
Fue precisamente en Asuntos
Internos que Hernández Macías y dos testigos identificaron en el Libro de la
Policía Estatal, hoja 66, foto 247, a Edna Carolina Gaxiola y en la foto
marcada con el número 569 a Manuel Gabriel Guerrero Larios como elementos de la
corporación.
El 15 de noviembre de 2017,
la victima presentó una ampliación de denuncia, ya que la señora Bertha
Guerrero nunca se presentó ante el CEJA, además, siguió recibiendo amenazas.
Dijo que lo seguían en vehículos, cuando iba manejando le presionaban el claxon,
se le emparejaban, le gritaban “Quita la demanda. hijo de tu chingada madre, si
no lo haces, no te la vas a acabar”.
También en esa declaración
señaló que Manuel Gabriel Guerrero era sobrino de la señora Bertha y vivía
cerca de donde tenía su negocio de ventanas, los domingos en el Ejido
Tecolotes.
“Manifiesto que si algo
llegara a suceder en mi perjuicio o de mi familia, haga responsable a los
imputados Manuel Gabriel Guerrero y Edna Carolina Montoya”, finalizó Raúl
Hernández Macías su declaración.
Según una fuente cercana a la
investigación, Manuel y Bertha Guerrero no fueron sujetos a procesos penales
por el delito de amenazas e intimidaciones.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:00 PM)
