Cuando Alejandro, un policía de
investigación de la Ciudad de México, habla de “resolver” un homicidio se
refiere a tener un culpable a quien presentar ante el juez. Como sea.
“Le voy a ser honesto: en la
escena del crimen me vestía con playerita y me acercaba a la gente, amas de
casa y les preguntaba qué habían visto, qué había pasado”. Si esas personas con
quienes platicaba Alejandro le señalaban a alguien, “violando todo protocolo,
agarraba al fulano y ‘te vas por homicidio’”.
Alejandro, quien pidió usar
un nombre ficticio, es un hombre de 50 años, barrigón, de bigote tupido y con
una experiencia de 15 años en la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México.
“Los detenía con golpes ‘¡ora
cabrón!’… hubo abusos fuertes”, reconoce. Aunque luego matiza y aclara que no
siempre fue necesaria la fuerza. En ocasiones, “solo por ver que yo era
judicial la persona declaraba su crimen”.
Alejandro viste una camisa
verde pistache, un traje oscuro sin corbata y carga un portafolios algo viejo.
Llega a la cita para esta entrevista con prisa, es su horario laboral y para
escaparse de la oficina inventó una diligencia. Pide solo una taza de café al
mesero. Está acostumbrado a malpasarse y ya más tarde comerá algo en la calle,
según dice.
La imagen de Alejandro está
lejos de parecerse a la de algún detective de serie de televisión de Estados
Unidos. Quizá sólo comparte con ellos el desaliño y ese gesto de melancolía y
soledad.
Su trabajo rutinario comienza
a las 9 de la mañana, cuando llega a la Fiscalía a checar reloj, luego va con
el ministerio público que tiene asignado y éste le entrega un paquete de
citatorios, diligencias o entrevistas qué hacer.
Ese es el trabajo que le
corresponde: cumplir con las diligencias del MP, que es responsable de la
investigación. Este último dicta a quién buscar.
Entonces Alejandro se sube a
una patrulla que comparte con otros 4 o 5 policías de investigación y pasa las
8 horas de su jornada laboral recorriendo la Ciudad de México para cumplir
estos trámites. Cuando no hay patrulla o no tienen para la gasolina, Alejandro
hace su repartición en metro. Cuando tiene que escribir un informe, acude a un
cibercafé.
En todo homicidio el MP o
fiscal es la cabeza de la investigación y dirige el trabajo del policía de
investigación. Idealmente, el MP plantea la hipótesis del crimen, define la
estrategia jurídica para llevar al acusado ante el juez y vigila que sea legal
el trabajo del policía de investigación; éste, por su parte, trabaja en calle,
entrevista testigos y sospechosos, recolecta la información, los datos y la
evidencia para llevarla al MP. Pero en el México real, según el diagnóstico
Reforma procesal y Ministerio Público publicado por la UNAM en 2016, esta
coordinación no se da: el MP no tiene capacidad para dirigir al policía y éste
es casi un “ente autónomo” sin controles.
En Nuevo León la policía de
investigación Laura, que tiene diez años de experiencia en el área, usa la
misma técnica de investigación de Alejandro.
“Llegas a hacer cosas que no
debes hacer”, como aleccionar a las familias para que declaren contra una
persona o intimidar y amenazar con cárcel a testigos para que señalen a un
culpable, reconoce Laura. “Hay veces que pega en juicio y hay veces que no. Las
personas llegan a decir en pleno juicio que no sabían (quién era el culpable),
sino que el policía le dijo que dijera que así se llamaba”.
Laura, quien también pidió
usar nombre ficticio, calcula que la gran mayoría de los homicidios los ha
resuelto por confesiones, ya sea de testigos o de familiares que conocían al
culpable.
La estadística de Alejandro
es más contundente: la totalidad de los homicidios que resolvió fue por
testigos de hechos. “Si no hay testigos, no hay nada”, resume.
En su experiencia, la
confesión o la delación son las únicas pruebas válidas para llevar a alguien
ante el juez y, por lo tanto, las únicas que le importa obtener. "No
sirven los peritajes ni las evidencias. La única forma de probar un asesinato
es hacer que alguien te diga 'yo fui' o que te digan 'fue él'”.
El uso generalizado de la
tortura en la investigación judicial en México, de hecho, motivó una condena
por parte de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas, durante su visita al
país en el 2017 y ese hecho lo confirman las estadísticas oficiales: registros
de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías estatales
indican que, en una década, entre 2006 y 2016, en México se presentaron 15 mil
denuncias por tortura. De ese total, 59% corresponden a autoridades federales y
41% a locales.
Las nuevas reglas del sistema
penal, vigentes a partir de 2016, impiden que el testimonio sea la prueba
máxima de las autoridades contra un acusado, aunque en los hechos, según los
testimonios recabados, esa práctica se mantiene.
***
Solo la mitad de los estados
del país cuentan con un área especializada dentro de las Fiscalías o
Procuradurías para resolver homicidios, según registros del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Y en el país no existe un protocolo
homologado para investigar estos crímenes, salvo un documento que plantea
recomendaciones, que no son obligatorias y que en los estados que recorrió
Animal Político para este reportaje, ni siquiera se conocen.
De ahí deriva la falta de
coordinación, uno de los principales problemas que hay para investigar, según
cuentan agentes del MP, jueces y policías de investigación. Por ello, esta
tercera parte del reportaje se centra en cómo se investiga.
El documento oficial con
recomendaciones para investigar determina, por ejemplo, que:
1.- El primer respondiente
—policía preventivo— acude a la escena del crimen cuando se ha dado aviso de
éste.
2.- El policía de
investigación hace el trabajo de campo, entrevista testigos, sospechosos,
inspecciona el lugar y vehículos y coteja cualquier dato que surja de la
investigación.
3.- El perito debe acudir con
el uniforme completo para evitar contaminación, no toca absolutamente nada de
la escena del crimen, tampoco fuma, escupe, menos come y trata la evidencia de
acuerdo a su especialidad y a las técnicas debidas. Tiene autonomía técnica e
independencia de criterio para sugerir al ministerio público diligencias
periciales para esclarecer el crimen.
4.- El MP coordina la
investigación, vigila la cadena de custodia de datos o pruebas recabados por
los policías de investigación o peritos y lanza líneas o hipótesis de quién y
por qué cometió el delito.
En Costa Rica, Brasil,
Colombia y Estados Unidos se siguen procesos similares de investigación. Hay
también unidades especializadas para atender homicidios, ya sea a nivel federal
o local.
GRÁFICO
En México, Alejandro relata
que en la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México no hay coordinación
entre el policía que trabajaba en la calle y el MP que analiza desde el
escritorio.
"El trabajo de
investigación es muy bonito, pero no se hace. En la vida real el policía de
investigación no investiga, es cartero del ministerio público, solo repartimos
citatorios”.
Alejandro dejó esa Fiscalía
hace un par de años porque se aburrió de ser “cartero”, pero sigue como de
investigación dentro de la PGJ.
Laura, la policía de
investigación de Nuevo León, remata contra los MP. “A veces hay ministerios
públicos que les llevas las diligencias y te dicen ‘no, yo no te pedí eso’. Y
nosotros les decimos que sigan la pista, que les va a ayudar y se mantienen con
que no”. Con esto, Laura expresa la falta de confianza de su MP, que pese a
dirigir la investigación que ella realiza en campo, no confía en ella.
Pero esta queja no solo es de
los policías de investigación a los MP, prácticamente todos los servidores
públicos que intervienen en la investigación del homicidio se quejan de sus
contrapartes: policías preventivos, peritos, policías de investigación, agentes
del MP, fiscales, jueces.
“El MP presiona al policía de
investigación porque tiene en su haber 300 carpetas de investigación. Y el
policía contesta que ya investigó, pero no encontró elementos y le pide al MP
que le dé mayores elementos”, dice Said Villalobos González, agente del MP en
Oaxaca con licencia y maestro en Derecho Penal, al explicar la falta de
iniciativa de los policías de investigación.
Héctor Hawley, un perito
especializado en casos de feminicidios en Ciudad Juárez, acusa a un MP que no
hace su trabajo. En una ocasión “levanté huellas de una chica que dejaron en un
arroyo, levanté algunas fibras, mucho material biológico y al MP se le olvidó
mandarlas procesar”. Esa prueba se perdió. Por fortuna, el caso se salvó pues
en la casa de los sospechosos había un periódico con el crimen subrayado y el
par de la sábana con la que estaba envuelto el cuerpo de la joven.
Ricardo Realivázquez
Domínguez, secretario de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que antes fue
policía de investigación, dice que hasta hace un par de años “todas las
corporaciones estaban peleadas: la fiscalía contra la estatal, la estatal
contra federal y todos contra la municipal”. Según dice, no había coordinación
y menos confianza para resolver crímenes juntos, pues las corporaciones solían
ocultar datos o evidencia que podía ayudar a esclarecer el crimen.
Datos generados por el INEGI
lo confirman. En 2017, solo dos estados —Tlaxcala y Querétaro— tenían sistemas
para compartir información con corporaciones policiacas de otros estados y solo
cinco —Baja California, Colima, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas— para compartir
información con policías del mismo estado.
Menos de la mitad de los estados,
13 —Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán—, tenían
sistemas para compartir información con la Procuraduría General de la República
(PGR) y solo cuatro entidades —Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y
Tamaulipas— tenían sistemas para compartir información con las fiscalías de
otros estados del país.
***
“Nos exigían al menos un caso
resuelto al mes”, relata Alejandro mientras se toma otra taza de café con tres
de azúcar.
Y él los resolvía así: “Un
día en un taller mecánico del oriente de la Ciudad se cometió un homicidio.
Mataron a uno, había otros dos que estaban ahí y hubo algunos testigos que nos
dijeron de ellos. Fuimos y los agarramos. A uno lo llevé a un lado y le dije
‘el otro ya cantó y dijo que fuiste tú’ y así le hice también con el otro. Dos,
tres guamazos y los dos terminaron confesando”.
Nada de la coordinación con
el fiscal o los peritos que se ve en las series detectivescas, menos de la
obsesión por encontrar la verdad, aunque pasen noches enteras sin dormir.
La técnica de Alejandro para
investigar no es muy distinta a la que relata Laura, la policía de
investigación de Nuevo León. “Cuando se trata de riña, por ejemplo, hablamos
con los involucrados y si tenemos a dos que dicen que fue Pedro, pero ellos
también andaban ahí, les decimos ‘o se van los tres o ustedes dos me ponen a
Pedro’. Y ni modo, ahí van de lengua larga a decir que fue Pedro”, aunque esas
dos personas también tengan responsabilidad. “Prefieres mandarlos de testigos
para tener al autor material”.
El magistrado presidente del
Tribunal de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, explica que cuando una sentencia
se emite en un juzgado de control prácticamente no hubo un juicio, es decir, no
se revisó evidencia ni se contrastaron versiones, lo que hubo fue confesión del
acusado. Esto se conoce como juicio abreviado.
“La mayor parte de las
sentencias emitidas son por procesos abreviados. El MP explora mayormente esta
salida, salida convenida con el imputado a partir de condiciones de favor: si
admites los hechos, va una pena atenuada. Los juicios orales son excepción”,
explica.
En 2016, según el INEGI, el
54% de las condenas por asesinato emitidas en el nuevo sistema penal, fueron en
juzgados de control. Es decir, en más de la mitad de las sentencias
condenatorias la única prueba fue la confesión del inculpado.
Guillermo Naranjo, abogado de
la organización Id(h)eas, y David Peña, abogado del Grupo de Acción por los
Derechos Humanos y la Justicia Social, coinciden al decir que tener a un
culpable es lo importante en términos de efectividad institucional. No importa
esclarecer los hechos ni los motivos, tampoco si hay cómplices u otros casos
relacionados a ese crimen. Y para tener a un culpable, explican, hay que
“cuadrar” la evidencia con el testimonio.
“Al acudir al lugar de los
hechos van con el enfoque de ‘vamos a buscar culpables’ y si no los encuentran
‘vamos a fabricarlos’”, dice Naranjo. “Toda la evidencia de un crimen te va
arrojando las posibilidades de hipótesis que descartan porque solo van a buscar
a los perpetradores”.
“En la investigación criminal
en México no se entiende que el principal objetivo es el esclarecimiento de los
hechos y ligado a eso un derecho de las víctimas: el derecho a la verdad”, dice
Peña. “Lo que buscan es castigar y esta lógica sancionadora es aplaudida por
una sociedad cansada de impunidad”.
En Nuevo León, un juez de
control que pide anonimato, dice que “en las audiencias es muy común escuchar
de testigos ‘el policía me dijo que yo dijera’”. Calcula que ha regresado más
de la mitad de los casos por errores como ese o por violaciones durante la detención,
mal resguardo de la cadena de custodia o manipulación de la evidencia. Una
jueza en Ciudad Juárez agrega a los errores el no contrastar declaraciones y no
hacer trabajo pericial científico.
Ella, que también habla bajo
anonimato, relata: “Sufrimos al escuchar a los policías defender el caso ‘sí,
es que a mí me dijo fulano’”. En alguna ocasión la jueza rezó, literalmente,
para que el fiscal mostrara una prueba contra un grupo acusado de varios
feminicidios y trata de mujeres.
En Sinaloa, Enrique Inzunza
Cázares, dice que si existen tales deficiencias es porque nunca se
desarrollaron métodos de trabajo, pues era sencillo detener a una persona.
Incluso se hizo famosa entre autoridades la frase de “una orden de aprehensión
es como un vaso de agua: no se le niega a nadie”.
“Había situaciones de abuso y
de arbitrariedad, muchas veces se sembraban drogas y se sembraban armas, se
fabricaban delitos”, denuncia el magistrado presidente del Tribunal de Sinaloa.
El nuevo sistema de justicia
evidenció esas malas prácticas, agrega Inzunza Cázares, por lo cual la tasa de
consignación cayó estrepitosamente y las consignaciones que logran avanzar, se
caen en el amparo.
El estudioÍndice estatal de
desempeño de las procuradurías y fiscalías,realizado por Impunidad Cero,
refiere que en el 2016 sólo el 6.3% de todos los crímenes denunciados fueron
judicializados, es decir, se presentaron ante un juez que en su momento
determinará si el acusado es inocente o culpable.
Otro estudio,
llamadoLineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminaly
publicado por Cidac en el 2017, se concentró en analizar el trabajo de las
procuradurías y fiscalías en 8 estados —Aguascalientes, Baja California, Ciudad
de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco— y encontró que, en
promedio, solo una de cada diez denuncias fue judicializada.
Alejandro, el policía de
investigación de la Ciudad de México, reconoce que en su trabajo cometió
abusos, pero da un trago largo al café y de inmediato se justifica. “Lo malo es
que ahora los detenidos denuncian que se les violan los derechos humanos. De
cajón a todos nos inician quejas, eso ya es una regla, ya se desvirtuó. Yo fui
duro, pero solo con los que eran malos”.
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La corrupción es un tema que
brota al revisar cada parte de una investigación criminal.
En la evaluación que la
población mayor de 18 años hace de las autoridades responsables de investigar y
juzgar un crimen, solo la mitad manifiesta confiar en ellas, según la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017,
publicada por el INEGI. En el caso de los jueces, el 55% de la población dice
tener algo o mucha confianza, 53.4% en el MP, 52.9% en los de investigación y
51% en los policías preventivos.
Experiencias de corrupción se
encontraron en varias partes del país. En Oaxaca, Graciela Zavaleta, defensora
de derechos humanos, relata que un MP pidió dinero a una mamá para investigar
la desaparición de su hija, no satisfecho con eso, le sugirió una relación
sentimental para que el caso avanzara más rápido.
Luis Fernando Cuyás, un
perito con experiencia de 30 años de trabajo en Guanajuato y la Ciudad de
México, cuenta que en la escena del crimen “muchos aprovechaban para llevarse
cosas que estaban a la mano. Celulares, tabletas, dinero, joyas, cosas que
están a simple vista y que no son voluminosas para poder echárselas a la
bolsa”.
También en Oaxaca, Said
Villalobos González dice que varias órdenes de aprehensión no se ejecutan
porque se extorsiona a las personas que se debe detener. “Pasa hasta con los
jueces”.
A veces la corrupción pone en
riesgo a los propios integrantes del equipo, como relata un perito que trabajó
durante seis años en el sureste de Veracruz, que dice que ha conocido casos
donde un supuesto criminal, enviado por un subprocurador, pidió no hacer la
necropsia a un cuerpo. “Si hacen la necro los van a matar”.
***
En Ciudad Juárez, el Fiscal
Jorge Nava dice que para los investigadores es más sencillo “resolver” un crimen
del fuero común como riñas o violencia intrafamiliar.
Los vinculados a delincuencia
organizada toman meses o años, cuando se resuelven.
¿Cómo saber si es un crimen
de delincuencia organizada, si no se ha llegado a una sentencia? Nava responde:
“Con base a la experiencia, los calibres de las armas, en si fueron varios
impactos, los tipos de vehículos con los que operan, los antecedentes de la
propia víctima”.
Y como los crímenes
vinculados a delincuencia organizada no se investigan ni resuelven, homicidios
comunes se disfrazan de crímenes de la delincuencia organizada “para engañar al
investigador” ya sea con un “narcomensaje” o presentándolo como ejecución,
según cuenta Luis Genaro Vásquez, quien fue subprocurador, fiscal y jefe del
Estado Mayor de Policía Judicial de la Ciudad de México.
“Ya nos les dan seguimiento
entonces el ministerio público que por lavarse las manos dijo: ‘no, esto es
delincuencia organizada, mándalo a PGR’ y ese homicidio queda impune”.
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En México, el 94.8% de los
homicidios cometidos entre 2010 y 2016 están impunes. Pero aún hablar de que en
el 5% de los casos hubo justicia, es cuestionable, dice José Alberto Mosqueda,
juez y secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La impunidad tiene muchas
aristas. La impunidad no se constriñe a tener un culpable porque impunidad es
también que la persona que no debe estar adentro (de la cárcel) lo esté”, acota
Mosqueda, que fue juez del caso Alfonso Martín del Campo, el hombre sentenciado
a 50 años de prisión por el homicidio de su hermana y su cuñado, y que 23 años
después, comprobó su inocencia.
Cuando se pregunta a
Alejandro qué siente al hablar de justicia en este país, sin titubeos responde
que "impotencia". Y luego añade: "Si me pasa algo a mí o mi
familia, no va a ocurrir nada. Sé qué tan grande es la corrupción y la
impunidad que, si nos pasa algo, no va a haber justicia", dice con cierta
resignación y entonces ya no parece ese policía de investigación arrogante que
golpeaba y amenazaba a los detenidos para que confesaran un crimen, sino un
hombre que en cualquier momento puede ser víctima del sistema al que pertenece.
Luego, da el último trago al
café, recoge su saco, su portafolios y se dirige al metro, donde pasará toda su
jornada laboral repartiendo citatorios.
***
Lo que resulta al final es
que, en México, prevalece la impunidad: se encarcela a inocentes, no se
persigue a los culpables, y se dejan de investigar los homicidios en el país.
GRÁFICO
(ANIMAL POLÍTICO/ REDACCION/ 21 DE JUNIO 2018)
