viernes, 24 de enero de 2020

REPRESENTANTE DE BLUE PROPANE NIEGA HABER CONTACTADO A ESCOBEDO



Fotos: Ramón T. Blanco Villalón

Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de Blue Propane, estuvo en ZETA para explicar que no ha sido requerido para declarar ni por la Fiscalía General del Estado, ni por la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública en el tema de los moches. Rechazó el contenido de las declaraciones de Rosendo Colorado y, aunque aseguró no haber hablado con Mario Escobedo Carignan, sí se presentó a hacer dos trámites a la Secretaría de Economía  Sustentable y Turismo que encabeza el funcionario

“Eran unos gaseros que también le estaban poniendo dinero, apoyando para solventar algunos gastos, era la gasera Blue Propane y me dijo (Cynthia Gissel García Soberanes): ‘No me puedo pelear con ellos’, me dice, ‘porque son los que me están ayudando con lo técnico y están poniendo lana. Creo que asciende, más-menos, un millón de pesos, tendrían que verlo también con ellos. Habían puesto ellos una Suburban de inicio que luego ella regresó, y creo que después ella compró otra Suburban de los recursos que yo le entregué o de otros recursos, porque sé que también andaba pidiendo en Rosarito o en Tijuana, pero eso solo de oídas lo sé, no me consta porque yo no los entregué”.

Esto lo declaró ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Rosendo Colorado, ex colaborador de la ex secretaria Cynthia García Soberanes en el voluntariado “Gente como Tú, con Bonilla”, creado durante el periodo de transición del actual gobernador de Baja California. Al mismo tiempo, se cobraron cuotas de entre 20 y 24 millones de pesos a empresarios, prometiendo la entrega de contratos gubernamentales.

Colorado aseguró que Alan Jaramillo, representante de la gasera, les entregó dinero a cambio de ser asesor de la secretaría, y de un contrato de minas para la empresa.

Esta semana se hizo público que la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública recibió la denuncia anónima 130620/2019, en la que se señala a Mario Escobedo Carignan –titular de la Secretaría de Economía  Sustentable y Turismo- y al subsecretario Rubén Roa de presuntamente recibir sobornos.

Acusan que las diez estaciones que pretende instalar Blue Propane son inseguras, de alto riesgo, y pagaron para que cesen las investigaciones iniciadas en contra de la empresa.

El jueves 19 de diciembre, Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de Blue Propane,  se presentó a las oficinas de ZETA para ejercer su derecho de réplica y negar veracidad en las declaraciones de Rosendo Colorado.

A continuación, la entrevista con el abogado:

— ¿Usted ha entablado comunicación con el licenciado Mario Escobedo?

“No”.

— ¿Ni antes ni después de la campaña electoral?

“No”.

— ¿Tampoco se han comunicado con ellos, la gente que trabaja con ustedes?

“No. Nosotros negamos cualquier tipo de relación, cualquier tipo de hecho como lo planteó esta persona de nombre Rosendo Colorado. Y lo negamos porque no es un asunto que tenga que ver con nuestra actividad. Nuestra actividad es la venta de gas LP en estaciones de servicio con fin específico, tenemos la intención de instalar diez estaciones en la ciudad y ha sido todo un calvario, hemos pasado por un sinfín de acciones que nos han limitado y aplazado la actividad de nosotros.

“La necesidad de aclarar es que se nos está implicando en hechos que nada tienen que ver con nosotros, y no tenemos la más mínima razón y opinión en lo que está sucediendo. Somos totalmente ajenos.

“Se habla de una supuesta acción de componenda, moches y demás totalmente falsos, eso de que compramos un vehículo y demás, es totalmente falso también.  Lo que sí estamos evidenciando es que debe haber otro tipo de interés, y aprovechando, queremos manifestar que somos una empresa perfectamente establecida, nuestros registros y finanzas son rastreables”.

— ¿La Fiscalía General del Estado les ha hablado?

“No”.

— ¿Los han requerido en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública?

“No”.

— La inclusión de Blue Propane en la investigación se concreta después de una denuncia anónima…

“No es anónima, todas las denuncias que se han presentado son por parte de una asociación que se llama Asociación de Logros y Retos Cumplidos, AC. La preside Juan Jaime Ojeda Domínguez”.

— ¿Habló con el subsecretario de Escobedo (Rubén Roa)?

“Sí, qué bueno que me pregunta ese dato. Resulta que la administración pasada, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, inició diez procedimientos administrativos en nuestra contra, uno por cada estación, y determinó la clausura de las mismas por supuestos delitos ambientales. Pero estas actuaciones son ilegales porque no tienen facultades en estos casos que son de estricta competencia federal.

“No obstante esa secretaría, teniendo como titular a Luis Torres y el doctor Elías Monroy, presentaron 48 denuncias penales en nuestra contra, y diez denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Se da el cambio de administración y subsisten esos procedimientos como tales, no obstante, obtuvimos el acuerdo de cierre administrativo en el Estado.

“¿Qué hicimos nosotros? Simplemente comparecer ante la instancia, haciendo la solicitud fundada y motivada,  donde hacemos del conocimiento del titular la arbitrariedad de la cual fuimos objeto por parte del ex funcionario y donde estriba la ilegalidad, porque es viable que se dejen sin efecto esas cuestiones, porque no se configura ni un solo delito del que nos imputaron. Ese es el documento que anduvo circulando”.

— ¿Con quién habló?

“Con el encargado de verificación, no recuerdo el nombre, es el encargado de inspección”.

Como parte de su versión, Jaramillo dejó a ZETA dos documentos ya hechos públicos: uno fechado el 3 de diciembre, en el que pide revisar que no es un tema de su competencia y  “den por concluidos los citados procesos penales” en contra de las gaseras. El segundo, con fecha 4 de diciembre, fue para corregir y dar los números correctos de las carpetas que contienen las denuncias contra la empresa.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 23 DICIEMBRE, 2019 01:00 PM)

SICARIO DE SINALOA VS DEA



Declaración del agente Víctor Vázquez en juicio de Joaquín Guzmán Loera, podría favorecer a sicarios detenidos en México. Mario Hidalgo Argüello “Nariz”, hombre de confianza del “Chapo”, quien llevó a su captura, ofrece como prueba el testimonio de Vázquez. El extranjero se disfrazó de marino y estuvo armado en operativo. Juez de Distrito de Sinaloa no admite solicitar la declaración al gobierno de EU. El procesado promueve un juicio de amparo para que se modifique el criterio. La versión del policía norteamericano echa por tierra los informes oficiales de la Marina sobre la detención del pistolero en Culiacán en febrero de 2014

Tanto alardeó su protagonismo en la captura de miembros del Cártel de Sinaloa y del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de sus líderes, que el testimonio del agente Víctor J. Vázquez, de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ahora es reclamado para que se incorpore como prueba documental en el proceso penal que se sigue a algunos de los sicarios capturados en México.

Mario Hidalgo Argüello, conocido en el bajo mundo como “Nariz”, uno de los hombres de mayor confianza de Guzmán Loera, de quien reveló los refugios que este tenía en Culiacán y llevó a su detención en febrero de 2014, ofreció como prueba a través de sus abogados, que se solicite a las autoridades norteamericanas el documento de la declaración jurada del agente antinarcóticos rendida ante el juez Brian Cogan durante el juicio al “Chapo” los días 16 y 17 de enero de 2019.

Con dicho testimonio, “Nariz” desea probar que no fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, sino precisamente por el agente extranjero Víctor Vázquez, tal y como lo declaró el propio oficial de la DEA en audiencia del mencionado proceso, quien aseguró haber encabezado las operaciones realizadas en México para localizar y detener a los líderes del cártel mexicano de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La declaración de Vázquez en el caso de la detención de Hidalgo Argüello, dista mucho de ser la que el Ministerio Público de la Federación aportó en el proceso penal que se sigue en un Juzgado de Distrito de Culiacán, Sinaloa, sobre todo en la forma que el esbirro de la organización criminal fue atrapado, en un domicilio diferente al mencionado en actuaciones y circunstancias diferentes a las relatadas por la policía naval mexicana.

También interesa a la defensa probar la extraterritorialidad y presunta ilegalidad en las acciones del agente de la DEA, quien en fotografías aceptadas y mostradas durante el juicio en Nueva York, aparece vestido con uniforme de la Marina y portando armas de fuego, siendo que en 2014 la legislación mexicana prohibía que hubiese agentes extranjeros armados en su territorio.

Aunque Víctor Vázquez intentó retractarse -durante la audiencia en el juicio del “Chapo”- y no reconoció ser la persona disfrazada en fotos y videos, su versión resultó inverosímil, pues era una situación que el periodista J. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, publicó en junio de 2015. El semanario tituló: “Disfrazada, fue la DEA la que pescó a Guzmán Loera en 2014” y aparece la famosa fotografía de Guzmán detenido con una mano encima de su cabeza. Esa mano, presuntamente es la del agente norteamericano.

Con base en lo expresado por dos funcionarios del gobierno norteamericano entrevistados por el reportero, se publicó que “A Joaquín El Chapo Guzmán Loera lo capturaron agentes de la DEA y de la Oficina Federal de Alguaciles (U.S. Marshals) la madrugada del 22 de febrero de 2014. Iban armados y vestidos con el uniforme de los marinos mexicanos”. Uno de esos funcionarios era Víctor J. Vázquez, pero Jesús Esquivel guardó profesionalmente reserva de su identidad.


EXIGE TESTIMONIO

Por conducto de su defensor particular, Roberto David “N”, “Nariz” ofreció como prueba documental pública al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, solicitar “copia debidamente certificada de la declaración jurada rendida por Víctor Vázquez, agente de la Drug Enforcement Admnistration (DEA), vertida el 16 de enero del presente año, en su carácter de testigo en el juicio criminal entablado en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América”.

La admisión de la probanza ofertada por el abogado de “Nariz” fue denegada en los autos del proceso penal 23/2014. El juzgador dijo no ha lugar. Inconforme, la defensa formuló el recurso de apelación al fallo del impartidor de justicia y el asunto fue turnado al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en Culiacán, bajo el toca penal 116/2019, donde la resolución de primera instancia fue confirmada el 17 de octubre último por el magistrado federal.

Con el testimonio de Víctor Vázquez, Hidalgo Argüello pretende combatir el parte informativo rendido por elementos de la Marina el 18 de febrero de 2018 tras su detención, pero tanto el Juez de Distrito como el magistrado estiman la prueba como inconducente “por la única razón de que el parte informativo (de los agentes navales) no está firmado por ese testigo (agente de la DEA), de ahí que no participó en los hechos que dieron origen a la causa penal en cita”.

“Nariz” y su equipo legal no desisten de su intento. El 11 de noviembre, en representación de su cliente, el licenciado Roberto David “N” presentó una demanda de amparo, posteriormente radicada en el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito.

Sin embargo, dos días después la magistrada María de Lourdes Villagómez Guillón desechó de plano el reclamo de garantías al considerar que la resolución reclamada “de acuerdo a su naturaleza, no es una de aquellas que produzca al peticionario del amparo una ejecución de imposible reparación”.

El solicitado testimonio del agente de la DEA que podría beneficiar no solo a Mario Hidalgo, sino a otros miembros del Cártel de Sinaloa como Carlos Manuel Hoo Ramírez, conocido como “El Cóndor” o “El Wache” y a Edgar Manuel López Osorio “Picudo”, secretario particular y jefe de plaza de Culiacán del “Chapo”, entre otros, sigue en disputa judicial, pues desde su encierro en el penal de máxima seguridad “Altiplano”, Hidalgo no se da por vencido.

La negativa de dar trámite al juicio de amparo fue impugnada a través del recurso de queja interpuesto por el promovente, quien formuló agravios en contra del acuerdo del 13 de noviembre que desechó de plano la demanda. El asunto fue turnado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito en Mazatlán, donde el 2 de diciembre reciente fue admitido el recurso.

VERSIÓN MEXICANA

Los elementos de la Marina Armada de México que detuvieron a Mario Hidalgo Argüello el 17 de febrero rindieron su informe el día 18 y lo ratificaron el 19 ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la ex Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad de México.

En el oficio de puesta a disposición se asentó que en la fecha referida, cuando realizaban un recorrido por la calle Enrique Colunga entre Luis M. Rojas y Froilán C. Manjarres, en la colonia Libertad de Culiacán, a las 06:30 am, los marinos observaron al ahora procesado salir de un inmueble a bordo de un automóvil Chevrolet Captiva de color blanco con las luces encendidas. A la distancia también observaron que un hombre con arma larga le hacía señas al conductor desde la puerta del garaje.

Los elementos castrenses decidieron interceptar el carro e ir tras el vigía, quien corriendo se introdujo al inmueble. En el exterior era asegurado “Nariz”, el otro tipo se encerró en el baño. Cuando los persecutores ingresaron ya no había nadie. La tina de baño estaba removida y así descubrieron lo que parecía un sótano oscuro con una escalera para descender. El camino conducía al drenaje.

Hidalgo Argüello portaba una pistola escuadra fajada a la cintura. El arma con cachas blancas tenía grabada la imagen de San Judas y siete balas en el cargador. En el carro, debajo del asiento del conductor, había una pistola escuadra calibre 38 súper, en cuyas cachas tenía piedras preciosas que formaban las letras JGL con su cargador y siete cartuchos. También un fusil AR-15 con 30 cartuchos y seis cargadores extra con 180 proyectiles calibre .223, y 85 cartuchos sueltos del mismo calibre, además de un rifle 30-30 y nueve balas para el mismo.

En el Captiva se localizó una caja con 267 plátanos de plástico de color verde y un pepino del mismo material que contenían en su interior una droga cristalina compactada. En la sala de la casa había 12 costales con 237 paquetes con una sustancia similar. Y en el garaje se hallaban estacionados una camioneta Chevrolet Cheyenne y una Jeep Cherokee Overland, ambas de color plata, en cuyos interiores se localizaron armas de fuego cortas de los calibres 9 milímetros y 38 súper.

“Nariz” delató al narcotraficante más buscado. Dijo a los marinos que las armas que le encontraron “pertenecen a su jefe, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias ’El Chapo’ y que se las llevaba a él, ya que se encontraba en la casa que conoce como la número dos enfrente de la Preparatoria conocida como Unidad Académica Augusto César Sandino”. Hidalgo confesó que a ese domicilio, que utilizaban como casa de seguridad, también llevaba los plátanos de plástico con narcótico y que en esa finca se encontraba la persona que había escapado en la primera casa, “ya que se comunican a través del drenaje fluvial”.

Las fuerzas navales se trasladaron a la residencia ubicada frente a la escuela de Calle Constituyente Emiliano García, en la misma colonia Libertad. Eso ocurrió media hora después. Al arribar, observaron varios vehículos estacionados y de uno bajó un sujeto armado que se metió corriendo al inmueble. En su persecución, los marinos irrumpieron en la casa. El tipo, igual que en la otra vivienda, se introdujo al baño y se fue por un túnel que había debajo de la tina sin que fuera localizado.

En ese domicilio fueron aseguradas dos cajas, una con 165 plátanos de polietileno y otra con 115 pepinos del mismo material que contenían la droga cristalina. Una caja con cargadores y cartuchos de los calibres 7.62, .223, 38 súper, 5.7 “matapolicías”, un lanzacohetes y dos cohetes. En un vehículo Chevrolet Malibú y dos camionetas, una Jeep Wangler Sahara y una Toyota RAV4, ambas de color blanco, se hallaron cuatro granadas de guerra y una escuadra 38 súper con siete cartuchos en su cargador.

Hidalgo Argüello reveló a sus captores que había otras cuatro casas de seguridad en Culiacán, Sinaloa, con salida al drenaje fluvial construidas como vía de escape para “El Chapo” en las colonias Guadalupe, Los Pinos, Vallado Nuevo y Antonio Rosales. En la guantera del auto Captiva blindado se localizaron dos celulares BlackBerry. A los detenidos y en los inmuebles se les incautaron otros aparatos de telefonía y chips que presuntamente contenían información de comunicación del “Chapo” Guzmán.

VERSIÓN DE VÁZQUEZ

Lo declarado por el agente Víctor Vázquez ante la Corte Federal del Distrito Este, en el barrio de Brooklyn, Nueva York, es muy diferente a lo plasmado en su informe por los elementos militares de la Marina. En su primera comparecencia, el miércoles 16 de enero de 2019, el policía norteamericano, muy sonriente -según narran las crónicas- presumió que estuvo presente durante la captura de Guzmán Loera aquel 22 de febrero de 2014 en Mazatlán.

Ante el Jurado enfatizó que en México estuvo integrado a un comando especial de la Marina, con quienes se realizaron acciones de colaboración para detener a los líderes del Cártel de Sinaloa, pero que él era quien dirigía. Dijo que la operación para detener a Joaquín Guzmán Loera inició el 19 de enero de 2014 en La Paz, Baja California Sur, donde instalaron una casa de operaciones junto con marinos mexicanos y desde donde interceptaban conversaciones telefónicas del capo.

De la Península se trasladaron a las afueras de Culiacán el 13 de febrero de ese año, pues tenían información de que en un rancho se encontraba “El Mayo” Zambada; sin embargo, después de catear el inmueble no localizaron al capo, pero atraparon a algunos de sus más cercanos colaboradores y los marinos aseguraron cientos de armas de fuego.

En su comparecencia del jueves 17 de enero de 2019, Vázquez señaló que después del fracaso de la operación para atrapar al “Mayo” se fueron a Topolobampo, donde el 16 de febrero de 2014, decidieron atrapar al “Chapo”. Pretendían ubicar primero a “Cóndor”, uno de los secretarios particulares de Guzmán, pero al no localizarlo, decidieron ir por “Nariz”, mensajero que conocía todos los movimientos de su jefe, sus vehículos y sus guaridas.

La madrugada del lunes 17 de febrero, destaca el testigo presentado por la Fiscalía, él y los marinos allanaron la casa de Mario Hidalgo que desde la noche anterior tenía una fiesta. Había unos 17 hombres y 12 mujeres departiendo. Los sometieron para revisarlos y una mujer salió corriendo de la casa con el pretexto de que tenía que ver a su bebé y se dirigió al domicilio contiguo. La siguieron y en una recámara de ese otro domicilio estaba “Nariz”.

Víctor Vázquez aseguró que llevaron ante él al detenido y este aceptó su identidad, por lo que le preguntó por Guzmán Loera. “Nariz” les condujo en su propio vehículo a la finca identificada como “5”, donde estaba el capo. En ese domicilio, entre las tres y cuatro de la madrugada, se dieron cuenta que “El Chapo” había escapado por un hueco debajo de la bañera que conducía por un túnel al drenaje profundo de Culiacán.

“Nariz” los llevó a las demás casas de seguridad que, de igual forma, contaban con túneles al drenaje.

Como documento de prueba se mostró una fotografía del agente Víctor Vázquez tomada durante la incursión a la casa de donde escapó Joaquín Guzmán. El agente de la DEA estaba vestido con un uniforme verde de asalto de la Marina, aunque cubierto del rostro con un pasamontañas negro.

El 17 de febrero detuvieron a Edgar Manuel López Osorio “Picudo”, jefe de plaza de Culiacán y uno de los hombres de seguridad más cercanos al “Chapo”, quien presuntamente lo rescató del drenaje para llevarlo hasta un punto carretero donde el narcotraficante transbordó para que otra persona lo llevara a Mazatlán, donde días después fue asegurado.

El agente de la DEA refirió que al trasladarse a Mazatlán, en una tienda les compró ropa de playa a los marinos para que parecieran turistas. El sábado 22 de febrero llegaron a las suites Miramar donde ubicaron al objetivo. Eran 24 marinos y él. En un momento dado, por el radio le avisaron “7, 7, 7, Vic”, código con el que le afirmaban que habían detenido a Guzmán.

Aseguró que vio al “Chapo” arrodillado en el piso del estacionamiento ante los marinos que lo sometieron. “Querían que yo confirmara su identidad… Tomé mi celular y le tomé una foto. Me miró y le dije: ‘Eres tú, eres tú’. Lo paré. Los marinos lo subieron a mi auto”.

Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán, había presentado ante el Jurado una fotografía del “Chapo” detenido con una mano sobre su cabeza. “La mano es la de Víctor; no solo me lo dijo él, yo vi la foto de cuerpo entero. Vi muchas fotos de la captura, de los agentes gringos posando con ‘El Chapo’ como trofeo de caza”, escribió el periodista y escritor J. Jesús Esquivel en su libro “El Juicio”, publicado recientemente por Editorial Grijalbo.

En otra de las fotografías aceptadas y mostradas ante el juez, durante el juicio a Joaquín Guzmán se observa la foto del agente de Víctor Vázquez con la indumentaria de la Marina mexicana, frente a la serie de paquetes con droga asegurados durante uno de los cateos a las residencias de Culiacán. El agente posa con un arma de fuego larga colgada de su hombro derecho y sujetado con la mano. Se aprecian fornituras en cada pierna con armas de fuego cortas.

ZETA habló con el periodista Jesús Esquivel, quien reitera que “en Mazatlán, no fue la Marina la que capturó al ‘Chapo’”, como él mismo lo publico en 2015. “Fueron los gringos. Yo lo reporté en Proceso y me quisieron desmentir. Y además me toca la suerte de reportero, que Víctor Vázquez, agente de la DEA de ese grupo, va a presumir sus videos vestido de marino, sus fotografías, y a la hora que lo interroga la defensa del ‘Chapo’ se echa para atrás y dijo que ni siquiera iba armado, cuando todos vimos que llevaba un rifle de los que usa la Marina, una pistola nueve milímetros, y lo niega. Ahí, el juez le llama la atención, le dice no puedes negar lo que todo el mundo estamos viendo”.

Esquivel confirma que el policía norteamericano “sí es la persona que aparece vestida con el uniforme de Marina, solo que tiene el pasamontañas, pero luego en la entrevista previa que yo le había hecho a Víctor Vázquez (2015), él fue mi fuente, ahora sí ya tengo manera de decirlo, él me enseñó los videos. Yo te puedo decir con toda certeza, y reto a Víctor sí un día se atreve a desmentirme, yo vi el video donde está posando, cuando capturan al ‘Chapo’ adentro en la habitación, que él dijo que nunca entró, sin el pasamontañas, con el pasamontañas, con sus colegas de la CIA, con los de la DEA”.

El autor continúa:

Yo los vi, él me los enseñó. Le hicieron un dibujo en el Parque México, en la Capital del país, presumiendo la captura del ‘Chapo’ en un helicóptero al que le cambiaron la matrícula y las siglas de la DEA, las escribieron a la inversa, o sea, AED se puso en el dibujo. A mí, eso me pareció una burla”, señaló el corresponsal mexicano en Washington.

El periodista que siguió todas las audiencias del juicio a Guzmán, desde el primer día hasta su sentencia, entrevistó en ese periodo a Emma Coronel Aispuro, la joven esposa del capo sinaloense. “Y no solo Emma corrobora que eran gringos, sino que además, denuncia que Víctor Vázquez la humilló como mujer. La hicieron que se desnudara, hecho que yo ya conocía, pero ella me lo tenía que decir. Y además dice que fueron los marinos mexicanos quienes la defendieron cuando Víctor la estaba agrediendo verbalmente”.

El entrevistado concluye: “¿Y por qué se me hacía responsabilidad periodística publicarlo? Pues porque tenemos a los gobiernos hipócritas que nos dicen que los gringos no andan armados cuando están en el territorio mexicano. Y lo sabemos perfectamente. Periodísticamente había un reto, había muchos casos que, así como ustedes en ZETA han reportado y qué cuántas veces nos han negado, se señalan acciones y capturas donde está presente la DEA o se conoce de sus agentes armados en suelo mexicano. Todo esto exhibe todo el nivel de control y de territorios que tienen los cárteles del narcotráfico en nuestro país”.

En tanto, “Nariz” está a la espera de la resolución de los tribunales mexicanos para conocer sí admitirán o no la prueba documental de la declaración del agente de la DEA que echa por tierra la versión mexicana de cómo es que fueron detenidos diversos pistoleros del Cártel de Sinaloa en acciones diversas realizadas en febrero de 2014 en Culiacán.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 13 ENERO, 2020 01:00 PM)

“CAMINANTE” ESTÁ EN GOBIERNO DE BONILLA


Uno de los dos señalados como pieza clave, y en algún momento considerados autores intelectuales del homicidio, secuestro y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sucedidos el 26 de septiembre de 2014,  que marcó la presidencia de Enrique Peña Nieto y se mantiene en la impunidad, ahora labora en el gobierno de Baja California. Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, nombró al General en el retiro, Marcos Esteban Juárez Escalera, director de Centros de Reinserción Social en el Estado. En la recomendación de la CNDH sobre la investigación de la FGR relacionada con la desaparición de los 43 normalistas, se indica que Juárez Escalera, cuyo apodo es “Caminante”, cumplía una función de enlace para la transmisión de información entre un sicario del Cártel Guerreros Unidos y autoridades de Guerrero, y policías municipales que participaron en los fatales hechos

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró el 8 de enero de 2019, en conferencia de prensa en Ciudad de México, que uno de los objetivos más importantes en la investigación sobre el homicidio y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, era encontrar la verdadera identidad de “Caminante” y de “El Patrón”, señalados de ser partícipes de los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A “Caminante” se le identifica como el enlace entre policías municipales, policías ministeriales de Guerrero, autoridades del Estado de Guerrero y sicarios de una célula del cártel Guerreros Unidos que participaron en la desaparición y homicidio de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” aquel 26 de septiembre.

Mientras en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), “Caminante” fue identificado como Alejandro Tenescalco Mejía, un agente municipal de Iguala sin relevancia, el análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la investigación oficial y una propia, les permitió determinar que en realidad “Caminante” es un General Brigadier en el retiro que, hasta días antes de la desaparición de los estudiantes normalistas, fungía como director de la Policía Ministerial de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre.

Su nombre es Marcos Esteban Juárez Escalera. La identificación de “Caminante” en la persona del General Juárez Escalera es una hipótesis a la que también llegaron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI).

En enero de 2019, Alejandro Encinas confirmó esa identidad, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en sus investigaciones para que no se cometiera el error de juzgar a la persona equivocada, pues para esa instancia, se trata de Tenescalco Mejía. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos se refirió a Marcos Esteban Juárez Escalera no solo como “Caminante”, también en calidad de “prófugo”.

Al inicio de la administración de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, a finales de 2019, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado, nombró al General Marcos Esteban Juárez Escalera, director de Centros de Reinserción Social de BC.

Así, uno de los hombres más buscados, al menos por los organismos autónomos –CNDH, CIDH y GIEI- que revisaron y analizaron la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la FGR, “Caminante”, ahora trabaja en el gobierno de Baja California.

La relación entre Rodríguez Lozano y Juárez Escalera se remonta a Chiapas, donde trabajaron juntos. Amador fue coordinador del Gabinete de Política y Seguridad del mandatario Juan Sabines en 2006-2007, en tanto Juárez Escalera era secretario de Seguridad en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Una vez que Rodríguez Lozano fue nombrado por el propio Sabines como ministro de Justicia, Juárez Escalera fue designado director de la Policía Ministerial. Ambos se vieron inmiscuidos en un hecho, entonces sin precedentes, cuando en junio de 2008, en conferencia de prensa, informaron del aseguramiento de mil 824 paquetes de cocaína marcados con la leyenda “Cártel de Sinaloa” y que daban un peso de dos toneladas. Diez días después, del Ministerio de Justicia de Chiapas informaron que no era cocaína, sino lactosa. Justificaron que dicha sustancia se usa para “adulterar la droga”.

CLAVE PARA DESENTRAMAR

Un integrante de la investigación de los sucesos de Ayotzinapa en 2014 comentó a ZETA que la identificación y ubicación de “Caminante”, es decir, del General Marcos Esteban Juárez Escalera, resultaba importante para desentramar algunos puntos de la indagación, que tienen que ver con la información que este proporcionó tanto a miembros de Guerreros Unidos, como a autoridades del Estado y policías en los momentos previos al secuestro de los estudiantes,  cuando ya los operativos criminales estaban en marcha.
El análisis de las comunicaciones vía celular en los momentos previos, durante y posteriores a la desaparición de los normalistas, indica que “Caminante” mantuvo contacto con un sicario de Guerreros Unidos, Ramiro Ocampo Pineda, así como personas cercanas al entonces gobernador Ángel Aguirre, particularmente con su jefe de ayudantía, el también militar Felipe Martín Ornelas Rebollo y dos agentes ministeriales: Eliohenay Salvador Martínez Hernández y su jefe, Javier Bello Orbe, quienes en el momento crítico, estuvieron presentes en el Puente El Chipote, cuando el autobús con el número 1531, donde se trasladaban entre 15 y 20 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fue detenido por policías municipales de Iguala y de Huitzuco. Los jóvenes fueron trasladados a cuatro unidades pick-up patrulla con rumbo desconocido. Jamás se les volvió a ver.

Para la CNDH, “Caminante” cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos. El 26 de septiembre de 2014, en calidad de ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al Gobierno del Estado como a los criminales. Sin embargo, los primeros no actuaron en consecuencia para evitar que los hechos sucedieran como se conoce, mientras que los segundos participaron en la desaparición de los normalistas.

Con la información que la autoridad requiere de Juárez Escalera, esperan develar cómo y cuándo en el gobierno de Ángel Aguirre se enteraron de los hechos; profundizar la información sobre la presencia de los dos ministeriales en el Puente El Chipote al momento del secuestro de los estudiantes, particularmente la del oficial Eliohenay, a quien involucra con criminales; así como conocer los datos proporcionados a Guerreros Unidos.

A pesar de la recomendación que la CNDH hizo a la entonces PGR para investigar de manera más profunda la identidad de “Caminante”, de la cual concluyeron se trata de Marcos Esteban Juárez Escalera, a saber de defensores de derechos humanos no lo hicieron. Tampoco la FGR ha actuado en consecuencia. El único que reconoció que la Fiscalía había identificado a la persona equivocada, fue el subsecretario Alejandro Encinas, quien mencionó a Juárez Escalera como “Caminante”.

LA PARTICIPACIÓN EN AYOTZINAPA

En la recomendación 15VG/2018 emitida por la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos, derivado de su investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se asienta sobre la participación de “Caminante”:

“Del análisis de las evidencias obtenidas hasta ahora, relacionadas con el personaje al que se identifica como ‘Caminante’, es factible inferir que se trata de una persona que en los hechos de Iguala pudo haber cumplido con un papel de operación bifuncional. Por una parte, es claro que mantuvo comunicación directa, al menos, con un miembro de la organización criminal Guerreros Unidos: con Ramiro Ocampo Pineda ‘El Chango’ y, por otra es clara, a juzgar por la serie de comunicaciones telefónicas que mantuvo la noche del 26 de septiembre, su vinculación con cuando menos 6 elementos de la Policía Municipal de Iguala involucrados en los hechos, entre los que destaca quien fue el director de esa corporación, Fausto Bruno Heredia. Que pudo haber desplegado en los hechos una función de enlace o correo para recibir-transmitir instrucciones y/o para recibir y hacer llegar información sobre su cumplimiento, sea dentro de la organización criminal Guerreros Unidos como podría ser a El Patrón, sea en las instituciones oficiales, llámense autoridades políticas, administrativas, de seguridad pública estatal y/o municipal o policiales de, al menos, los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco”.

La investigación de la CNDH determinó que el número de celular atribuido a “Caminante” no era el de Alejandro Tenescalco Mejía, sino uno distinto, de hecho revelaron que sí hubo interacción entre el número telefónico de Tenescalco y el de “Caminante” antes y después de los hechos que culminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Específicamente, se comunicaron el 24 de septiembre de 2014 en dos ocasiones, a las 12 del mediodía y a las 6:50 pm, para reestablecer comunicación el 27 de septiembre en el periodo de tiempo que se estima sucedió la desaparición de los normalistas; en esa ocasión hablaron doce veces entre las 4:34 y  6:56 am.

En la CNDH realizaron lo que llaman forensia telefónica, establecer las comunicaciones que hubo en las regiones donde sucedieron los hechos y entre policías, criminales y estudiantes sobrevivientes.

El número de “Caminante” lo obtienen a la detención de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, integrante de una célula del cártel Guerreros Unidos, que entre sus contactos tenía a “Caminante”,  con el que había interactuado el día de los hechos en la Normal.

Una vez detectado el número, fue identificado en el análisis de las comunicaciones, como desde el cual se comunicó con agentes municipales y criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Investigadores de la CNDH concluyeron:

“Esta información de telefonía móvil pone en duda el planteamiento sostenido por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la identidad de ‘Caminante’ corresponde a Alejandro Tenescalco Mejía, Policía Segundo Municipal de Iguala y que se sustenta básicamente en los testimonios rendidos por dos elementos de la Policía Municipal de Iguala. A todas luces resulta ilógico que Alejandro Tenescalco ‘se llame’ telefónicamente a sí mismo, en 18 ocasiones”.

Para desviar la atención sobre la línea de “Caminante”, otro policía de Iguala, quien en su teléfono celular tenía llamadas desde esa línea, declaró que se trataba del número de una agente de la Policía con quien había sostenido una relación sentimental. La mujer fue citada a declarar, y comentó que en efecto había tenido esa línea en el tiempo referido, pero después la desechó, desintegrando el chip.

Sin embargo, cuando le informaron que sería imputada dada la actividad que sostuvo desde el celular referido el día de los fatales hechos, la agente cambió su versión.

En la recomendación de la CNDH se lee:

“Al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que la había colocado su ex pareja (el elemento de la Policía Municipal de Iguala) que quería evitar que se descubriera su conexión con la línea de ‘Caminante’ se retractó de sus propias declaraciones y cambió su versión, ahora manifestó no recordar haber tenido el número telefónico mencionado y tratando de justificarse dijo que ‘por nerviosismo, cansancio’, por preocupación de su bebé manifestó haberlo dicho”.

Los investigadores determinaron que los dos equipos que presentó la agente, no correspondían al IMEI (identidad internacional de equipo móvil), que sí concuerda con el número de celular utilizado por “Caminante”, quien tuvo el aparato en su posesión, de acuerdo a la compañía telefónica, del 5 de septiembre al 9 de diciembre de 2015. Situación que la CNDH recomendó a la entonces PGR indagar a profundidad.

La recomendación de la CNDH refiere que de las investigaciones ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de  “Caminante”, se encuentra que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, declararon que a quien fue su director en esa corporación, el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio ex servidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.

El ahora encargado del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California en el gobierno de Jaime Bonilla, declaró que utiliza el código de “Caminante” desde que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 2007. Justo la época en que coincidió con Amador Rodríguez Lozano, su jefe ahora en calidad de secretario general de Gobierno de Baja California, y entonces coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Chiapas (2006) y ministro de Justicia del Estado (2007) gobernado por Juan Sabines Guerrero, entonces representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Posteriormente, de 2011 a 2014, “Caminante” se desempeñó como director de la Policía Ministerial de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre, también del PRD, donde fue señalado por practicar -desde esa posición- espionaje telefónico a políticos; él habría declarado que instauró un departamento de inteligencia para investigar a los criminales. Cuando concluyó esa labor, días antes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el ahora funcionario del gobierno de Baja California se integró en calidad de secretario de Seguridad Pública al Ayuntamiento de Acapulco.

Los investigadores de la CNDH concluyeron que un teléfono de “El Chango” aparece registrado en el directorio el número telefónico de una persona identificada como “Caminante”, desde el cual Ocampo llamó a Juárez Escalera el 26 de septiembre de 2014; que en las horas críticas del 26 de septiembre, seis elementos, entre ellos el director de la Policía de Iguala, involucrados en los hechos, tuvieron comunicación telefónica con “Caminante” por lo menos en 43 ocasiones.

Además, que el General Brigadier retirado fungió como titular de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2014, y once agentes de esa corporación señalan que le conocían con la clave “Caminante”, lo cual corroboró el propio Juárez Escalera, adicionando que la misma clave utilizó cuando laboró como secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En esa etapa de la investigación, se resume que “necesariamente, la autoridad ministerial estaría obligada a -en el curso de sus indagaciones-, profundizar sobre cada uno de estos aspectos en la búsqueda por establecer la identidad de ‘Caminante’, considerando que las actividades ilícitas trascienden a las adscripciones y a nuevos encargos públicos y no representan, en la lógica delincuencial, un obstáculo para su ejecución”.

LA FORENSIA

El registro del número telefónico de “Caminante” se obtuvo de la forensia practicada a uno de los aparatos de comunicación de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, integrante de Guerreros Unidos, específicamente a la célula de Víctor Hugo Benítez Palacios “El Tilo”.

Desde el móvil se realizó una llamada a “Caminante” el 26 de septiembre de 2014,  lo cual significa que este tuvo comunicación con un integrante de Guerreros Unidos y no solo con seis miembros de la Policía de Iguala como supuestos representantes de la autoridad.

En un segundo Informe, el GIEI señaló que ese 26 de septiembre, por lo menos seis elementos de la Policía Municipal de Iguala tuvieron comunicación con el número telefónico de una persona identificada como “Caminante” en horas críticas, entre ellos:

* Fausto Bruno Heredia, director de la Policía Municipal de Iguala, quien le llamó en diez ocasiones entre las 10:16 pm y las 3:42 am.

* Rubén Alday Marín, agente de la Policía Municipal de Iguala, quien lo hizo en 29 ocasiones entre las 11:03 pm y las 4:32 am.

* Los agentes municipales de Iguala, Zulaid Marino Rodríguez, Miguel Ángel Hernández Morales, Raúl Cisneros García y Enrique Pérez Carreto.

También que al número de “Caminante” entraron, de las 9:27 a las 11:57 pm del 26 de septiembre de 2014, 17 llamadas de once líneas telefónicas diferentes, incluidos números relacionados con miembros del cártel Guerreros Unidos, como el caso de Ramiro Ocampo Pineda.

LA CONCLUSIÓN DE LA CNDH

Al análisis de este y otros elementos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció:

“Con base en la información de telefonía móvil que sí se proporcionó, es posible concluir que el 26 de septiembre de 2014, en el horario crítico de los hechos: 6 elementos de la Policía Municipal de Iguala, 2 usuarios probables integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos (pudiera tratarse de un usuario con dos líneas), 1 elemento de la Policía Ministerial de Guerrero, quien tuvo presencia en el escenario de ‘El Puente del Chipote’ (la noche que ocurrieron los hechos), 1 usuario del que no se proporcionan datos y 1 persona, hasta ahora no identificada en las investigaciones, se comunicaron al número de telefonía móvil de Caminante (telefonía móvil terminación 9150)”.

Asimismo, “…Esta circunstancia haría suponer que “Caminante cumplía con una función de enlace para la transmisión de órdenes y de información. Existe la posibilidad de que las órdenes giradas por la persona identificada como ‘El Patrón’ pasaran directa o indirectamente por Caminante para ser trasmitidas a los elementos de las diversas policías municipales que participaron en los hechos. De este modo, es factible que El patrón utilizara a Caminante para hacer llegar sus indicaciones a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Es más, es muy probable también que este proceso se realizara en sentido inverso para hacer llegar información surgida en el terreno, a las cúpulas criminales. Esto es que tanto agentes policías municipales como miembros de Guerreros Unidos hayan hecho llegar información a El Patrón vía directa o indirecta con Caminante, detalles que tienen que ver con la participación de estos personajes en los hechos que tendrán que ser investigados por la PGR”.

Efectivamente, tanto para la CNDH como para otros órganos autónomos, y una conclusión en la que el subsecretario Alejandro Encinas coincide, es que la persona identificada como “Caminante” es el General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera, hoy día director de Centros de Reinserción Social de Baja California en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Juárez Escalera fue agregado militar en Ottawa, Canadá; Comandante Operativo en la Policía del Distrito Federal en la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard; además de haber ocupado cargos en Chiapas cuando Amador Rodríguez Lozano fue ministro de Justicia en aquella entidad federativa. Después se integró a la Policía Ministerial de Guerrero durante el gobierno de Ángel Aguirre, en cuyo contexto ocurrió la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / ADELA NAVARRO BELLO/ DOMINGO, 19 ENERO, 2020 02:30 PM)


GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL ‘MINI LIC’ POR ASESINATO DE JAVIER VALDEZ




La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este jueves 23 de enero, una orden de aprehensión en contra de Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, quien es señalado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

El 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa, y con motivo de su actividad periodística, Valdez Cárdenas fue asesinado por múltiples disparos de arma de fuego al salir de las oficinas del semanario Río Doce, del cual fue cofundador.

La FGR indicó que toda vez que el “Mini Lic” se entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2017 y se encuentra bajo proceso penal por otros delitos en dicho país, la Fiscalía inició, “de inmediato”, todas las gestiones necesarias para obtener la extradición de López Serrano.

En ese momento se iniciaron las investigaciones por los hechos, las cuales permitieron identificar y obtener órdenes de aprehensión en contra de Juan Francisco “P”, Heriberto “P” y Luis Idelfonso “S”, por su probable responsabilidad como autores materiales de dichos hechos.

Sin embargo, insistió la FGR, había quedado pendiente la parte más importante de esta investigación: ubicar y acreditar la autoría intelectual.

Por ello, este día, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo de un Juez Federal de Control en el estado de Sinaloa, orden de aprehensión en contra de López Serrano, por su probable responsabilidad como autor intelectual del homicidio del periodista.

A finales de agosto del 2019, “El Mini Lic” fue trasladado a una nueva prisión, después de haber recibido amenazas de muerte por declarar contra su paisano Jesús Raúl Beltrán León, alias “El Chuy Raúl” o “Trébol”, sentenciado el pasado 6 de agosto en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois (Chicago), a 28 años de prisión, por ser uno de los coordinadores del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

El Sistema de Prisiones de Estados Unidos (USBOP, por sus siglas en inglés) decidió trasladar vía aérea al hijo del capo Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, desde el Centro Correccional Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés), en Nueva York, al Centro Federal de Transferencia (FCT, por sus siglas en inglés) de Oklahoma City, una cárcel de mediana seguridad.

Ello después de que López Serrano -de 29 años de edad, originario de Eldorado, Sinaloa- testificó en el juicio sobre la presunta peligrosidad de “El Chuy Raúl”, ya que solía trasladarse armado con un fusil de asalto AK-47 o “cuerno de chivo” bañado en oro, además de que consumía cocaína y bebía mucho alcohol.

El “Mini Lic” afirmó que Beltrán León -cuñado y lugarteniente de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”-, intentó evitar su testimonio y llegó a ofrecer 25 mil dólares a miembros de la pandilla Four Corner Hustlers, para que le “partieran la cabeza”, mientras él estaba recluido en la Cárcel Metropolitana de Chicago.

López Serrano, hijo de “El Licenciado” -socio y compadre del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, se entregó hace dos años en la frontera con México a agentes del Gobierno de EE.UU, y desde entonces ha colaborado con las autoridades en varios juicios contra el Cártel de Sinaloa, por lo que es considerado “un hombre marcado”.

“El Mini Lic” está acusado desde el 9 de agosto del 2016, por la Fiscalía del Distrito Sur de California -con base en San Diego-, de los delitos de asociación delictuosa para introducir y distribuir metanfetaminas, cocaína y heroína en EE.UU. López Serrano se entregó a agentes de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), el 27 de julio del 2017, en el cruce fronterizo de Mexicali-Calexico.

El 10 de enero del 2018, López Serrano se declaró culpable en la Corte de Distrito de San Diego, de haber importado a Estados Unidos miles de kilos de heroína, metanfetaminas y cocaína, seis meses después de entregarse a los agentes de la DEA.

El 2 de mayo del 2017, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detuvieron a su padre, Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, dentro en un departamento de lujo en la colonia Nueva Narvarte, de la Ciudad de México.

El 18 de agosto del 2017, Álvaro López Núñez, hermano del Licenciado, fue arrestado por agentes de la DEA en la garita migratoria de Nogales, Sonora, cuando pretendía ingresar a Arizona, en Estados Unidos. Luego, el 1 de septiembre de ese mismo año, el hermano de “El Licenciado” se presentó en la Corte de Distrito de San Diego.

Allí se le fincaron cargos por el tráfico de cientos de kilogramos de cocaína para el Cártel de Sinaloa. Además, el hermano de “El Licenciado” pidió asilo al Gobierno estadounidense, porque “su familia está siendo cazada y asesinada”, según lo apuntó su defensor público.

El 22 de junio del 2017, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Fernando Gaxiola Noriega, luego de haber sido plagiado. Era cuñado de “El Licenciado”, además de miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, fungió como ex regidor de 2014 a 2016 en Culiacán y fue ex síndico municipal de Eldorado, en el período del 2011 al 2014.

(SEMANARIO ZETA/ CARLOS ÁLVAREZ/ JUEVES, 23 ENERO, 2020 07:17 PM)

LA ESTAFA DE LOS NEGOCIOS PIRAMIDALES


En todo el mundo miles de personas han sido víctimas del Network Marketing y de otros negocios piramidales dejándolas en la ruina, sin embargo, este mercado en el que muy pocos han resultado beneficiados, sigue creciendo y produciendo millones de dólares al año mientras deja una estela de víctimas en el camino

A Guillermo Canseco le arruinaron los sueños. La falta de empleo y la urgencia de recibir un ingreso mensual que le permitiera cubrir los gastos de su esposa e hijos lo orillaron a escuchar el discurso de 4Life, una empresa multinivel que le ofreció libertad financiera a cambio de una cuota mensual que después serviría para alimentar la fortuna de sus líderes.

Parte de la estrategia que esta compañía utilizó para influir en las decisiones de Guillermo, quien en la actualidad se desempeña como gerente comercial de ventas digitales, fue convencerlo de que si ponía el esfuerzo suficiente para ingresar a más personas al círculo, en poco tiempo vería los resultados y en sus manos tendría tanto dinero que no habría necesidad de mirar el precio de cada cosa que quisiera comprar.

“Para obtener una matrícula y pertenecer al grupo tuve que pagar ocho mil pesos, por esa cantidad de dinero me dieron un kit con productos de la empresa y la famosa guía del éxito, que en teoría te ayuda a que el negocio sea rentable y seas un empresario líder con libertad financiera. Después de ese gasto cada mes tenía que pagar una mensualidad de mil 790 pesos para que me dieran más artículos y los utilizara ya sea para vender o para consumo personal”.

Canseco argumenta que la empresa 4Life le vendió ideas falsas en donde la gente que es nueva trabaja solo para llenar los bolsillos de los fundadores.


En los ochos meses que estuve metí a más de 30 personas, de las cuales no gané nada y perdí casi 30 mil pesos

- Guillermo Canseco
Víctima de una empresa multinivel

“Cuando entras a una red nadie te dice los gastos extra que debes considerar, invertí mucho en pasajes para llegar a las convenciones de cada semana, por las cuales pagaba 50 pesos la entrada, también en discos, libros y todos los cafés de las personas que invitaba”, detalla el gerente comercial de ventas digitales.

En Estados Unidos, el país pionero del Network Marketing, cerca de 20 millones de americanos que participaron en organizaciones de multinivel, aseguraron que se involucraron en este negocio con la intención de ganar dinero, sin embargo, 47 por ciento de ellos perdieron sus ingresos después de salirse y un 27 por ciento no ganó nada en los primeros dos años, de acuerdo con un estudio publicado por la Fundación AARP.

El negocio de ventas directas también conocido como mercadeo de redes está presente en más de cien países y en el caso de México alcanza ventas por siete mil millones de dólares y un crecimiento de 4 por ciento cada año, de acuerdo con una investigación realizada por 20 Minutos.

MODUS OPERANDI DE NEGOCIOS PIRAMIDALES

Existen pocas diferencias entre el Network Marketing y los negocios piramidales, el primero además de manejarse bajo un esquema legal ofrece productos y servicios con los cuales justifica la entrada de ingresos, en el segundo caso, la operatividad es ilegal y no hay negocio o inversión que genere otros rendimientos, solo las aportaciones que hacen los participantes.

A pesar de que miles de usuarios en todo el mundo han sido engañados o defraudados por el esquema de pirámide y hasta por compañías multinivel, esta forma de negocio no deja de progresar.

En la actualidad se estima que existen más de 150 millones de distribuidores de redes de mercadeo a nivel global y las compañías relacionadas generan cada año 1.5 mil billones de dólares desde 2009, según los datos del estudio Network Marketing Market Report realizado por The Mastermind Event.

Aldo Cárdenas Peña, abogado penalista en Estudio Linares Abogados, asegura que las personas o empresas que se dedican a hacer fraudes con negocios piramidales trabajan bajo un esquema en donde no hay ningún tipo de respaldo económico que sustente y garantice a los usuarios un retorno de inversión.

El abogado platica que en el momento que las personas se dan cuenta que han sido víctimas de esta estafa y buscan justicia, es muy complicado que se acuse a alguien en específico, pues al ser un negocio piramidal, la mayoría no sabe quiénes son los que encabezan el proyecto.

La diferencia entre Network Marketing y los negocios piramidales es que el primero se maneja bajo un esquema legal y en el segundo caso no

“Su estrategia es generar un ambiente de confianza, convencen a las personas de que inviten a sus familiares y amigos, cuando los planes no funcionan y los afectados quieren buscar culpables, es imposible que entre seres queridos se demanden, por lo que la lucha se deja de lado y simplemente se olvida”, explica el abogado.



ESPINAS EN LA RED

Los negocios multinivel o piramidales no dan garantía de legalidad, éxito ni de ganancias.

Cada sistema ha impuesto sus propias reglas, el común denominador que existe entre ellos es la cadena de personas, consumo e inversiones que pueden generar.

De acuerdo con especialistas, a pesar de que algunas empresas de este tipo se encuentran bajo un esquema legal, en varias compañías se han detectado casos de usuarios que perdieron sus inversiones en productos que no podían vender y también en el pago de cuotas para mantenerse dentro de la sociedad aún sin ver resultados de crecimiento.

En los últimos tres años, 5.8 millones de mexicanos tuvieron problemas con algún tipo de fraude financiero, de los cuales un millón 465 mil 466 personas fueron víctimas de los esquemas piramidales, donde 51.6 por ciento fueron mujeres y 48.4 por ciento hombres, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al primer trimestre de 2019

Bruno Treviño, coordinador de equipo en la empresa multinivel ACN, comenta que una forma de identificar a las compañías que se dedican a los fraudes piramidales consiste en cerciorarse de que cuenten con un producto o servicio para intercambiar y que al mismo tiempo resuelvan alguna necesidad, de lo contrario se podría hablar de fraude.

“Las compañías que se dedican a esto deben de estar reguladas ante la CNBV, cuando una empresa actúa de la manera correcta no acepta el dinero de mano de otra persona, no se paga por reclutar a más gente y mucho menos se incita a comprar para que se pueda trabajar”, asegura Treviño.

EVOLUCIÓN DEL FRAUDE DE LOS NEGOCIOS PIRAMIDALES

Luego de que las personas comenzaran a darse cuenta al peligro al que se exponen con los esquemas piramidales, estos negocios idearon nuevos esquemas para seguir obteniendo ganancias simplemente cambiando su imagen.

Las cadenas de ahorro también conocidas como flor de la abundancia, telar de las mujeres o células de gratitud fueron parte de esta evolución.

La forma en que operan consiste en que quien está en la cima de la pirámide o en el centro de la flor, invita a dos personas que a su vez reclutan a otras dos y así sucesivamente.

La aportación que se recabe se entrega a quien está en la punta y el resto de los involucrados van subiendo de nivel con el objetivo de llegar a la cúspide y recibir el dinero. Sin embargo, llega un momento en que se vuelve insostenible y quienes aportaron dinero ya no lo recuperan.

Con el paso del tiempo las redes de mercadeo se han diversificado y la delgada línea entre lo legal e ilegal es cada vez más difícil de percibir debido a que las estructuras de este tipo de negocios son muy similares

Otra de las formas que encontraron los fraudes piramidales para manifestarse es el coaching de marketing multinivel, que se basa en la comunicación directa entre vendedor y cliente con la intención de que se conviertan en agentes de ventas de productos o servicios que representan a una empresa.

OPORTUNIDAD RIESGOSA

El fenómeno de las redes de mercadeo no es exclusivo de México, en países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Brasil el interés de las personas por emprender en este tipo de negocio va en aumento.

La preferencia de los usuarios por este sistema de trabajo se centra en que tienen la oportunidad de crear su propio negocio, ajustar sus horarios y ganar dinero sin límites establecidos.

El coordinador de equipo en la empresa multinivel ACN, Bruno Treviño, comenta que los negocios multinivel representan una oportunidad para aquellas personas que buscan generar más ingresos. Además, una de las ventajas es que se puede crear un negocio con una inversión mínima, la cual va de 200 a 500 dólares, a diferencia de lo que se destina para un establecimiento en físico.

Como tal, las empresas multinivel no le pueden asegurar el éxito financiero a una persona, porque ese logro depende del trabajo que se haga y el tiempo que se le dedique

- Bruno Treviño
Coordinador de equipo en la empresa multinivel ACN

MOTIVACIÓN PARA EL ÉXITO

En la actualidad el salario promedio que percibe un mexicano al mes es de siete mil 953 pesos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con el modelo de ganancia que ofrecen las compañías multinivel, esa cantidad de dinero se puede ganar solo si a la red se le dedican entre dos y cuatro horas diarias de trabajo.

El rubro de las compañías multinivel que más éxito han tenido en el mercado son las relacionadas al bienestar en un 34 por ciento, cosméticos y cuidado personal con 32 por ciento, artículos para el hogar en un 11 por ciento, ropa y accesorios que alcanzan el 7 por ciento y los servicios financieros con 4 por ciento.


El asesoramiento por parte de un coaching experto en temas de negocio y superación personal, libros, audios, conferencias, eventos masivos y viajes son las herramientas que estas compañías han utilizado para formar a sus integrantes y de esa forma expandir su negocio.

Aldo Cárdenas Peña, abogado penalista en Estudio Linares Abogados, asegura que existen diversas compañías multinivel que sí están bajo un marco legal y tienen la posibilidad de garantizar a las personas un crecimiento financiero.

No todos los negocios multinivel son ilegales, incluso especialistas aseguran que se puede generar una ganancia de éstos, sin embargo, se debe ser muy precavido para no ser víctima de una estafa

Por ello recomienda a las personas que quieran formar parte de una de éstas que investiguen y elijan aquella que les garantice seguridad.

(REPORTE INDIGO/ REPORTAJE ESPECIAL/  VIVIANA BRAN/ NOV 21, 2019)