Fotos:
Ramón T. Blanco Villalón
Edgar
Allan Jaramillo Pérez, representante legal de Blue Propane, estuvo en ZETA para
explicar que no ha sido requerido para declarar ni por la Fiscalía General del
Estado, ni por la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública en el
tema de los moches. Rechazó el contenido de las declaraciones de Rosendo
Colorado y, aunque aseguró no haber hablado con Mario Escobedo Carignan, sí se
presentó a hacer dos trámites a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo que encabeza el
funcionario
“Eran
unos gaseros que también le estaban poniendo dinero, apoyando para solventar
algunos gastos, era la gasera Blue Propane y me dijo (Cynthia Gissel García
Soberanes): ‘No me puedo pelear con ellos’, me dice, ‘porque son los que me
están ayudando con lo técnico y están poniendo lana. Creo que asciende,
más-menos, un millón de pesos, tendrían que verlo también con ellos. Habían puesto
ellos una Suburban de inicio que luego ella regresó, y creo que después ella
compró otra Suburban de los recursos que yo le entregué o de otros recursos,
porque sé que también andaba pidiendo en Rosarito o en Tijuana, pero eso solo
de oídas lo sé, no me consta porque yo no los entregué”.
Esto
lo declaró ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Honestidad
y la Función Pública, Rosendo Colorado, ex colaborador de la ex secretaria
Cynthia García Soberanes en el voluntariado “Gente como Tú, con Bonilla”,
creado durante el periodo de transición del actual gobernador de Baja
California. Al mismo tiempo, se cobraron cuotas de entre 20 y 24 millones de
pesos a empresarios, prometiendo la entrega de contratos gubernamentales.
Colorado
aseguró que Alan Jaramillo, representante de la gasera, les entregó dinero a
cambio de ser asesor de la secretaría, y de un contrato de minas para la
empresa.
Esta
semana se hizo público que la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública
recibió la denuncia anónima 130620/2019, en la que se señala a Mario Escobedo
Carignan –titular de la Secretaría de Economía
Sustentable y Turismo- y al subsecretario Rubén Roa de presuntamente
recibir sobornos.
Acusan
que las diez estaciones que pretende instalar Blue Propane son inseguras, de
alto riesgo, y pagaron para que cesen las investigaciones iniciadas en contra
de la empresa.
El
jueves 19 de diciembre, Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de
Blue Propane, se presentó a las oficinas
de ZETA para ejercer su derecho de réplica y negar veracidad en las
declaraciones de Rosendo Colorado.
A
continuación, la entrevista con el abogado:
— ¿Usted ha entablado comunicación con
el licenciado Mario Escobedo?
“No”.
— ¿Ni antes ni después de la campaña
electoral?
“No”.
— ¿Tampoco se han comunicado con ellos,
la gente que trabaja con ustedes?
“No.
Nosotros negamos cualquier tipo de relación, cualquier tipo de hecho como lo
planteó esta persona de nombre Rosendo Colorado. Y lo negamos porque no es un
asunto que tenga que ver con nuestra actividad. Nuestra actividad es la venta
de gas LP en estaciones de servicio con fin específico, tenemos la intención de
instalar diez estaciones en la ciudad y ha sido todo un calvario, hemos pasado
por un sinfín de acciones que nos han limitado y aplazado la actividad de
nosotros.
“La
necesidad de aclarar es que se nos está implicando en hechos que nada tienen
que ver con nosotros, y no tenemos la más mínima razón y opinión en lo que está
sucediendo. Somos totalmente ajenos.
“Se
habla de una supuesta acción de componenda, moches y demás totalmente falsos,
eso de que compramos un vehículo y demás, es totalmente falso también. Lo que sí estamos evidenciando es que debe
haber otro tipo de interés, y aprovechando, queremos manifestar que somos una
empresa perfectamente establecida, nuestros registros y finanzas son
rastreables”.
— ¿La Fiscalía General del Estado les ha
hablado?
“No”.
— ¿Los han requerido en la Secretaría de
la Honestidad y la Función Pública?
“No”.
—
La inclusión de Blue Propane en la investigación se concreta después de una
denuncia anónima…
“No
es anónima, todas las denuncias que se han presentado son por parte de una
asociación que se llama Asociación de Logros y Retos Cumplidos, AC. La preside
Juan Jaime Ojeda Domínguez”.
— ¿Habló con el subsecretario de
Escobedo (Rubén Roa)?
“Sí,
qué bueno que me pregunta ese dato. Resulta que la administración pasada, a
través de la Secretaría de Protección al Ambiente, inició diez procedimientos
administrativos en nuestra contra, uno por cada estación, y determinó la
clausura de las mismas por supuestos delitos ambientales. Pero estas
actuaciones son ilegales porque no tienen facultades en estos casos que son de
estricta competencia federal.
“No
obstante esa secretaría, teniendo como titular a Luis Torres y el doctor Elías
Monroy, presentaron 48 denuncias penales en nuestra contra, y diez denuncias
penales en la Fiscalía General de la República. Se da el cambio de
administración y subsisten esos procedimientos como tales, no obstante,
obtuvimos el acuerdo de cierre administrativo en el Estado.
“¿Qué
hicimos nosotros? Simplemente comparecer ante la instancia, haciendo la
solicitud fundada y motivada, donde
hacemos del conocimiento del titular la arbitrariedad de la cual fuimos objeto
por parte del ex funcionario y donde estriba la ilegalidad, porque es viable
que se dejen sin efecto esas cuestiones, porque no se configura ni un solo
delito del que nos imputaron. Ese es el documento que anduvo circulando”.
— ¿Con quién habló?
“Con
el encargado de verificación, no recuerdo el nombre, es el encargado de inspección”.
Como
parte de su versión, Jaramillo dejó a ZETA dos documentos ya hechos públicos:
uno fechado el 3 de diciembre, en el que pide revisar que no es un tema de su
competencia y “den por concluidos los
citados procesos penales” en contra de las gaseras. El segundo, con fecha 4 de
diciembre, fue para corregir y dar los números correctos de las carpetas que
contienen las denuncias contra la empresa.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/
ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 23 DICIEMBRE, 2019 01:00 PM)
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