Documentos
oficiales entregados a ZETA de manera anónima, dan cuenta de las confesiones de
policías corruptos. Deshonestos, confiesan haber servido a células del crimen
organizado, ser adictos o alcohólicos, tener problemas de depresión y con la
autoridad. Otros, de haber sido narcomenudistas, tener antecedentes criminales
en Estados Unidos, y unos más de mover cadáveres para el narcotráfico. Los
casos son del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Policial de Tijuana,
por lo tanto, del secretario Alejandro Lares Valladares, pero no están
resueltos. La mayoría de esos policías continuaban trabajando en la corporación
Los pecados
confesados por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, ameritaban
iniciarles un procedimiento y darlos de baja de la corporación. Pero la mayoría
de los 154 elementos que reprobaron los exámenes de Control, Evaluación y
Confianza, siguen laborando. “Sirviendo” a la ciudadanía.
Las categorías de
fechorías confesadas:
* Traficaron droga en Estados Unidos.
* Robaron en California.
* Consumen enervantes.
* Proporcionaron información a narcotraficantes.
* Movieron cadáveres para criminales.
* Recibieron dinero a cambio de liberar detenidos.
Unos más
reconocieron torturar a los detenidos o sembrarles evidencia falsa, cobrar
cuotas, participar en robos y cometer delitos contra la salud siendo policías.
Los que menos, sin tener la educación requerida, falsificaron y entregaron
certificados apócrifos para poder ingresar a la corporación tijuanense.
Se trata de 154
policías municipales, cuyos nombres están en la Comisión de Desarrollo
Policial, algunos desde el año 2013, porque oficialmente resultaron no
aprobados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).
“… no cumple con los
requisitos establecidos aplicables en la materia…”, se lee en los
dictámenes donde la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado sugiere enviar esos expedientes a las respectivas
comisiones y “solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva”.
Pero la Comisión de
Desarrollo Policial, encabezada por el secretario de Seguridad Pública,
Alejandro Lares Valladares, no ha cumplido con su trabajo.
Esto lo pudo corroborar
ZETA, que tuvo acceso a los expedientes que llegaron en copias de manera
anónima, cuya autenticidad fue corroborada por este Semanario con las
autoridades implicadas.
Con los nombres en
la mano, lo primero que se buscó corroborar, que los policías aún estuvieran en
la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, la cual está en la página oficial del
gobierno municipal, cuya última actualización data del 31 de octubre de 2014.
Hasta esa fecha, los policías reprobados y señalados estaban en la corporación.
No cumplen con los
requisitos establecidos en Ley para permanecer como agentes de Policía, pero
ahí siguen.
Todo esto, mientras
el secretario Lares apoya para salir de prisión a un policía que atropelló a
una mujer, y otro que le disparó por la espalda a un delincuente desarmado
mientras huía, y tanto él como su directora Patricia Sida, declaran
públicamente que los videos donde se ve a policías abusando de su autoridad, no
pueden ser considerados como pruebas.
MUEVE CUERPOS O TRÁFICO DE DROGA EN TIJUANA
Un caso simbólico de
la impunidad que se permite actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM) de Tijuana y de la falsedad en la depuración, lo representa la
permanencia del oficial Arnoldo Ismael Garay Córdova, agente desde 2006 y calificado
por el C3 como “persona de bajo juicio”,
que deja ir a los criminales y es permisivo.
En febrero de 2013,
la enorme figura de este obeso policía ocupó las planas de los periódicos
locales cuando el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto
Capella, anunció que daban de baja a Garay porque, según declaraciones de dos
detenidos- Israel Osuna y Federico Mayo-
y la información localizada en el celular personal del agente, “les daba
información de los movimientos de la Policía a los miembros del crimen
organizado a cambio de dinero”. También le pagaban por detener a sus
competidores.
Se anunció que el
policía fue puesto a disposición del Ministerio Público federal como presunto
responsable de delincuencia organizada. Pero al final resultó que solo estuvo
suspendido por cuatro meses.
En su último examen,
Garay Córdova confesó que en ese tiempo de castigo, recibió la llamada de un
amigo de la secundaria que le ofreció 800 dólares a la semana y le dijo: “Tu única labor va a ser levantar
cuerpos sin vida, subirlos a camionetas y tirarlos en lotes o lugares menos
vistos”. Y lo hizo, “… porque estaba necesitado de dinero, estaba suspendido”,
justificó.
De paso, informó que
ese amigo del que no recordaba el nombre, “solo invitaba a trabajar con él a
policías corridos o suspendidos y ex militares”.
En esas condiciones,
el agente Garay continúa activo en la nómina municipal.
José Juan Pedraza
Sánchez es otro caso cuyo expediente de remoción arroja información extraña e
inquietante.
Conforme al C3, este
elemento que ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en 2005, tiene un
registro de proceso en ejecución de sentencias por robo con violencia en 2008,
y un ingreso por delitos contra la salud en el Centro de Readaptación Social
(CERESO) de Tijuana en 2006, ambos ya siendo policía. También tiene un proceso
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, iniciado contra la
determinación de la Comisión de Desarrollo Policial que inició en noviembre de
2013.
También está el caso
de Misael Delgadillo Ornelas, policía desde 2012. En su entrevista reconoció
haber vendido droga de los 17 a los 23 años, cinco años antes de su examen fue
detenido con una bolsa de marihuana, presentado ante el Ministerio Público y su
padre lo sacó. Su círculo cercano siguen siendo vendedores de droga.
ADMITIERON SER CORRUPTOS
Acorde a la
evaluación del C3, a Marcos Plascencia Pérez, uniformado desde 2006, el consumo de alcohol le impide cumplir con
su trabajo, pero además ha realizado arrestos falsos y ha dejado ir criminales
a cambio de dinero, obteniendo hasta 2 mil pesos a la semana, en una ocasión, 4
mil dólares.
Jorge Carlos Vital
González porta placa desde 1996, ha sido subcomandante comisionado y en su
entrevista en el C3 aceptó que en repetidas ocasiones ha recibido de 50 a mil
dólares por dejar que criminales delincan, o liberar conductores borrachos.
Además, reconoció que ha robado dinero y objetos de las casas a las que entró
como parte del Grupo Táctico.
Por su parte, Jesús
Cervantes Pérez, agente a partir de 2005, confesó que recibe de 50 a 100 dólares cada vez que
deja ir narcomenudistas, y otros tantos pesos cuando libera a ciudadanos que
cometieron faltas administrativas.
Gabriela Chávez
Sandoval, designada policía a finales de
2011, admitió que hasta un mes antes de su examen, estuvo recibiendo dinero por
quedarse callada cuando liberaban a un criminal en la delegación San Antonio de
los Buenos, y que le han pagado con dinero (500 pesos) o cenas.
Jesús Luis González
Figueroa ingresó a la corporación en 2012, es policía comercial y en su examen
de confianza dice conseguir y vender celulares robados, actividad que hace de
2007 a la fecha. También, que entre los 17 y 20 años de edad falsificó
certificados con ayuda de un profesor de preparatoria.
Carlos Piña Cárdenas
es policía desde 2005, y su diagnóstico determinó: “… quebranta lineamientos y
normatividad, hace uso indebido de su puesto, vulnera y pone en riesgo a la
institución”. Sin embargo, el agente solicitó un amparo en diciembre de 2014
ante el Segundo Distrito de Amparo, con relación a su incidente de suspensión.
Entre sus
antecedentes está que en octubre de 2013 se hirió la mejilla con su arma de
cargo, departía con otro policía y no estaban en servicio. En la investigación
no le hicieron análisis de alcoholemia. En octubre de 2014 fue detenido y liberado porque vio y permitió
que su compañera lesionara a un detenido y le sembrara un arma, porque no
aceptó pagar una cuota.
Conforme a la
evaluación del C3, Enrique Guadalupe Enríquez Cruz, policía desde 1993
actualmente asignado a puntos fijos, no debe permanecer porque acepta mordidas
de tránsito, acostumbra sembrar globos y
armas a los detenidos, se desempeñó como escolta no oficial de un compañero que
se dedicaba a cosas ilícitas y tiene una compañía de seguridad, a pesar de que
la Ley se lo prohíbe.
TORTURADORES
Juan Carlos Arenas
Tapia, con ingreso en 2006, es considerado en el C3
como no apto, ya que en su entrevista admitió que “para no batallar” a
los presuntos delincuentes que se muestran renuentes a colaborar en su
detención, los sofoca del cuello hasta
que quedan inconscientes, “tiene dificultad para analizar la repercusión de sus
acciones” y “se muestra decaído y frustrado con su carrera policíaca”, fue el
dictamen.
Pese a que apenas
ingresó en 2013, Mariane Guadalupe Gutiérrez Pérez tiene problemas para
controlar su ira. Según el C3, “bajo juicio, se conduce con actitudes violentas
al sentirse frustrada”, y admitió que abofeteó a una detenida.
De Cristian Eduardo
Félix Sereno, quien es supervisor comisionado y policía desde 2007, reportaron
“bajo control de impulsos y mermada capacidad de juicio”, al aceptar que aplica
una técnica para pérdida de conocimiento cuando somete a infractores.
A René Jesús Burgos
Ávila, policía desde 2007 y con un recurso interpuesto ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo desde agosto de 2013 contra la Comisión de
Desarrollo Policial, el C3 le detectó “rasgos de impulsividad”, reconoció haber
iniciado por lo menos una balacera. Y expuso que dos meses antes de su
evaluación, siendo parte del Grupo de Inteligencia, utilizaba “métodos no tan
legales para hacer declarar a la gente…vendarles los ojos, hincarlos, gritarles
o aplicarles la bolsa-terapia”, sofocarlos por un tiempo. Ha sido acusado de
lesiones calificadas y abuso de autoridad.
De Rodrigo Gallardo
Álvarez, miembro de la SSPM a partir de 2002, también diagnostica “bajo control
del impulso”, porque recurre a la fuerza física para enfrentar la adversidad y
ha dejado inconscientes a sus detenidos en varias ocasiones, y lo ve como un
aspecto cotidiano de su labor.
USO DE TORMENTO FÍSICO PARA IMPEDIR QUE LOS ACUSEN
El 17 de septiembre
de 2014, el oficial municipal Héctor Herrera Hernández arrolló y causó la
muerte de la señora María Elena Pérez Cortez, de 64 años. El parte informativo
de la Policía Municipal indicaba que el uniformado era el causante del
accidente, explicó el subprocurador general de Justicia del Estado en Tijuana,
Gilberto Cota Alanís.
El agente se había
dado en reversa 13 metros, según testigo, sin sirenas. El alcalde Jorge
Astiazarán y el secretario Alejandro Lares aseguraron, sin haber estado en el
lugar, que el uniformado sí traía luces y sirena encendidas.
“(El tema de los códigos y sirenas) Es parte
del informe de la Policía Ministerial en la entrevista que hizo con el propio
conductor de la patrulla y también de los testigos, ellos hacen referencia que
la patrulla retrocedió con cierta velocidad, que hizo una maniobra en reversa
muy rápida y provocó que la persona cuando iba a cruzar, la arrollara”, comentó
Cota Alanís en conferencia de prensa.
De inicio, Raúl, uno
de los hijos de la mujer que perdió la vida, advirtió que las autoridades
pretendían cambiar la versión, pero ellos tenían a su favor un video registrado
por uno de los vecinos, con el que presuntamente demostrarían que los policías
habían alterado la escena del crimen intencionalmente, y que Herrera no pidió
ayuda para la mujer atropellada.
El problema fue que
cuando los agentes se enteraron que el video sería entregado a las autoridades,
elementos vestidos con uniformes presumiblemente del GOES (Grupo de Operaciones
Especiales) fueron por el hombre de la grabación.
El 29 de septiembre,
sin orden entraron a su casa y después lo presentaron con droga ante el
Ministerio Público, pese a que hay testigos que declararon que cuando lo
revisaron en su casa, no le encontraron nada.
El propio GOES
regresó el 26 de noviembre de 2014 y, según denuncias hechas por la víctima
-que decidió ya no cooperar con la autoridad-, fue torturado. Lo asfixiaron por
lo menos en seis ocasiones con una bolsa de plástico, le dieron toques
eléctricos en el pecho y le pidieron dinero para dejarlo en paz, acusándolo de
vender drogas.
Al final, ni el
video fue entregado, ni los agentes agresores identificados. El testigo
simplemente pidió a las autoridades que se olvidaran de él y de todas sus
denuncias previas.
TIENEN ANTECEDENTES EN ESTADOS UNIDOS
Salvador Mendoza
Madrid es policía desde 2007, comandante Instructor del ICAP, sin embargo en su más reciente paso por el
C3, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) corroboró sus
antecedentes con las autoridades de Estados Unidos, según el Buró Federal de
Investigación (FBI por sus siglas en inglés), resultó que estaba registrado
como ladrón por un hecho ocurrido en 1992 y estuvo detenido un día en la cárcel
de Hanford, California. Fue deportado.
Roberto Villegas
Navarro ingresó a la SSPM en 2006, igual que en el caso anterior, en la más
reciente revisión de antecedentes, resultó que había sido detenido en San
Diego, California, en 1997, por “distribución de metanfetaminas” y estuvo preso
57 meses, cinco años en libertad condicional. También le diagnosticaron “bajo
control del impulso y no se responsabiliza de su comportamiento”.
El caso de Benjamín
Alfredo Toledo Macías, policía desde 2003, tiene más historia. De entrada,
conforme a las bases de datos del FBI, fue detenido en 1998 por traficar
marihuana a San Diego y lo deportaron a Tijuana.
En febrero de 2014,
siendo escolta del entonces director de la Policía, Reyes Montilla, fue
detenido y liberado por presuntamente enfrentar a balazos a otros policías en
un controvertido operativo donde hubo declaraciones falsas en ambos lados.
Después, un empleado de Sindicatura trató de sobornarlo para resolver a su
favor y, finalmente, fue reinstalado en junio de 2014.
Previamente, en
abril del mismo año, fue herido en una fiesta particular donde un hombre
dedicado al narcomenudeo celebraba su compromiso y fue asesinado. Toledo
intentó detener al agresor y fue herido.
A Víctor Manuel
Segura García, con ingreso en 2006, el FBI le encontró registros por sexo con
un menor, abuso sexual infantil y contribuir a la delincuencia de un menor, lo
detuvieron en 1999 y estuvo preso 120 días, con 36 meses de libertad
condicional. En enero de 2011 fue premiado por sus jefes como uno de los
oficiales más destacados del año anterior.
Sandro Gabriel
Hernández Martínez es policía desde 2001, actualmente está adscrito al
departamento jurídico y gana poco más de 17 mil pesos, según los archivos del
FBI, fue detenido en dos ocasiones en San Diego: en1993 por robo de auto y
estuvo preso 17 meses; y en 1994, por posesión de cocaína para su venta.
José Alberto Pérez
Flores entró a la Policía Municipal en 1999, pero según el FBI, tres años antes
(1996) fue detenido en San Diego por posesión y transporte de marihuana para
venta. Estuvo en la cárcel 120 días y tres años de libertad condicional.
Según el examen
psicológico, no es “apto para usar arma
de fuego” y desafía a la autoridad.
En 2011 fue designado jefe de distrito en La Mesa, y en 2014, jefe de
distrito en San Antonio de los Buenos. En el mes de abril fue “degradado a agente”, acusado de “ordenar
detenciones irregulares y falsificar reportes”. En la nómina de octubre de 2014
aparece como oficial comisionado, con un sueldo de 32 mil pesos.
Juan Carlos Puentes,
policía de Tijuana desde 2006, fue acusado por un presunto arresto falso en
2011, sin embargo, para el C3 el mayor problema es que en febrero de 2013,
siendo policía, el FBI lo arrestó en San Diego bajo los cargos de importación
de heroína, cocaína, marihuana y hachís.
Sergio Contreras
Guerrero, policía desde 2002, había sido detenido en San Diego, California, en
1999, acusado de posesión de marihuana para su venta.
Ernesto Pérez Gil,
agente municipal desde 2006, en 2003, en
Norwalk, California,
por posesión y transportación de metanfetamina. Purgó una condena de dos años.
Christian Ernesto
Mancera Dozal, agente desde 2002, fue detenido en 1995 cuando cruzaba por la
Garita de San Ysidro con 60 libras de marihuana. Ya había sido dado de baja en
2002 por adicción a la cocaína, peleó judicialmente con amparos entre 2002 y
2006, y lo reinstalaron. Ha sido detenido borracho y sancionado por dormir
durante su turno.
Benigno Uribe
Ramírez, en la nómina desde el año 2000 y premiado por una televisora local en
2013 por su participación en programas comunitarios, fue detenido en 1998 en
San Diego por transportar marihuana para su venta, indica el reporte del FBI.
Bernardo Galván
Tamayo, cuya antigüedad en la corporación data de 1987, fue detenido en
California 10 años antes, en 1977, por conspirar para importar heroína. Estuvo
preso cinco años y los diez siguientes, gozó de libertad condicional.
Ramón Isidro
Barreras Cebreros es oficial desde 2006, actualmente está en puntos fijos, pero
en 1996 fue detenido en Oceanside, California, por posesión y transporte de marihuana. Estuvo
preso 62 días y fue deportado.
Benjamín Velázquez
López ingresó a la SSPM en 2003, pero en
1996 fue aprehendido por posesión, transportación e importación de marihuana,
se le deportó. También tiene denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Julio César García
Huante, policía tercero, en la corporación desde 2001, asignado a la Turística,
fue detenido en 1993 -reporta el FBI- por robo de auto en San Diego y estuvo
preso 180 días. Además, según el C3, carece de control de impulso y consume
cocaína y marihuana. Desde 2013 inició un proceso ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo contra el Departamento de Recursos Humanos de la
SSPM de Tijuana.
Acorde a los
registros del FBI, Benito Ríos Valenzuela, agente B desde 2005, fue capturado
en 1993 con herramientas para robo y estuvo 10 días en la cárcel, intentó
engañarlos dándoles una identidad falsa.
Pastor Marín
Villaseñor ingresó a la corporación en 2002, ha sido subdirector operativo y
subjefe comisionado al área Anti Grafiti, también fue premiado en 2011 por su
ejemplo y desempeño. En su última revisión de antecedentes, el FBI informó que
en 1987 fue detenido en San Diego California por manejar bajo el influjo del
alcohol y, en base a este expediente, estuvo 30 días en la cárcel y tres años
en libertad condicional. En 1996 se le arrestó de nuevo por no comparecer ante
las autoridades sandieguinas.
ADICTOS
José Antonio
Martínez Camacho ingresó a la corporación en 1997, consume cristal y cocaína,
ya fue dado de baja por su adicción en 2002 y, conforme a las bases de datos
del Estado, ese mismo año fue acusado por daño en propiedad ajena y homicidio
porque mató a un transeúnte mientras manejaba borracho, igual fue reinstalado.
Le diagnosticaron “bajo control del impulso”. El 15 de octubre de 2013 inició
un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la
Sindicatura Municipal, y otro en contra de la Comisión de Desarrollo Policial.
José Francisco Ávila
Ceniceros entró a la SSPM en 1997, en el más reciente antidoping resultó
positivo en consumo de metanfetamina, “sin que haya justificado el uso de las
mismas por prescripción médica”.
Al agente Mario
Aceves Medina, en nómina desde 2006, el examen antidopaje arrojó positivo a
metanfetamina y anfetamina. Este agente inició un procedimiento en contra de la
Oficialía Mayor por iniciar los trámites para su remoción, ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, y solicitó un recurso de revisión desde julio de
2013.
A Rosendo Valdez
Pardo, oficial desde 2004, el consumo de alcohol le impide cumplir sus
responsabilidades laborales, razón por la cual ya enfrentó un proceso
administrativo en 2011. Y en 2013 salió positivo en el antidoping.
Guillermo Ayala
Castillo, uniformado desde 2004, estuvo suspendido por seis meses durante 2011
por dar positivo al uso de anfetaminas, además, admitió haber ingerido
marihuana, cocaína y cristal, y tiene varias actas relacionadas con su ingesta
de alcohol.
En su entrevista,
Fernando Muñiz Crisosto, oficial desde 2006,
refirió haber consumido cocaína y cristal, cinco veces entre 2012 y
2013, y otras cinco en el último año (2014). Adrián Medina, con ingreso en
2000, también resultó con problemas de alcoholismo.
En todos estos
casos, lo mínimo que se recomendó fue retirarles el arma, y su remoción, ante
los antecedentes y falta de apego al trabajo.
TAMBIÉN HAY FALSIFICADORES
Los casos menos
graves, según las medidas que ha tomado en la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, son los agentes falsificadores, quienes pese a la evidente comisión
de un delito, algunos ya fueron “perdonados” por el actual secretario Alejandro
Lares Valladares, por lo menos así lo consideran en la tropa.
Como ejemplo señalan
el caso de Omar Green de la Cerda, suspendido en abril de 2014 por hacer trampa
en los exámenes en la Universidad Humanitas donde estudia Derecho; en agosto de 2014 se hizo público que era
investigado junto a otros 30 elementos por haber entregado documentos falsos
para ingresar, en su caso, un certificado de preparatoria que no tienen
registro en la Secretaría de Educación Pública; sin embargo fue reinstalado sin
problemas como subdirector operativo de la Policía Municipal en octubre de
2014.
ZETA tuvo acceso a
otros 16 expedientes donde se hace notar que los policías falsificaron alguno
de los documentos que acreditaban su escolaridad, en ese caso están:
Francisco Gómez
Casillas, Alberto González Rodríguez, Carlos Vázquez Castorena, Fernando
Aguilar Hernández, Ricardo Medina Chicas, Josué Salomón Matuz, David Rojas
García, Elena Carlos Cervantes, Mateo Granados Arévalo, Juan Gallardo, Raymundo
Joaquín Navarro, Rubén Sánchez Carrillo, Jaime de la Cruz , Guillermo Castro
González, Juan Carlos Ornelas Durán y Epigmenio González Rodríguez.
El delito de
falsificación está considerado en el Código Penal Federal y en el del Estado de
Baja California, en el primero castigado de seis meses a cuatro años de
prisión, y en el local, con cuatro a ocho años de cárcel.
Y se aplica “… al
que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un
documento público o privado”, y también
que lo use.
OTROS
Entre los policías
que el C3 reporta como no aprobados existen expedientes como el agente Joel
Othón, a quien consideran no recomendable porque se resiste a la autoridad;
José Hernández, de quien refieren, se involucra en discusiones y vulnera “la
confidencialidad de la información” porque platica afuera lo que sucede al
interior de la corporación. O el caso de Gabriel Rivera, policía desde 2004 a
quien se recomendó iniciar procedimiento de separación definitiva porque no se
presentó a los exámenes de confianza.
POLICÍA NO ACREDITADA
En estas
condiciones, policías no acreditados, adictos, con antecedentes penales en
México y Estados Unidos, así como colaboradores del crimen organizado,
torturadores y corrompidos, prestan servicio a la comunidad en la Policía
Municipal de Tijuana, con Patricia Sida como directora y Alejandro Lares
Valladares en calidad de secretario de Seguridad.
De los 154 agentes
reprobados, ninguno ha sido procesado, ni despedido. En condiciones no
recomendables, siguen portando placa y arma.
GEMELOS VIOLENTADOS POR MUNICIPALES, SIGUEN SIENDO
HOSTIGADOS
Aunque su caso
avanza por lo menos en Sindicatura Municipal de Tijuana, dos jóvenes gemelos
que denunciaron abusos por parte de la Policía Municipal a principios de 2014,
continúan señalando que son víctimas de trato hostil por parte de uniformados
de la delegación Cerro Colorado.
El caso de los hermanos
Ricardo Moisés y Jesús Rogelio Flores Castro, consignado en el expediente
13/2014 de la Sindicatura, fue enviado a la Comisión Disciplinaria Policial el
lunes 5 de enero del presente año, ya que en la investigación previa, se
encontraron elementos que pudieran terminar en la separación de los policías
involucrados.
Se trata de los
uniformados Hugo René Ríos Verdugo y Pedro César Velazco Munguía.
Depende de una
determinación colegiada en la Comisión que los elementos continúen o no en la
Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Entre los integrantes están
el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares; el síndico
procurador, Arturo Ledesma; la secretaria técnica de la Comisión, Martha
Bermúdez; la directora de Policía y Tránsito, Patricia Sida, entre otros.
El jueves 2 de enero
de 2014, los hermanos Flores Castro fueron detenidos cerca de su domicilio, en la ampliación
Guaycura, junto a otras dos personas. Según su dicho, fueron golpeados en
diversas ocasiones.
La Policía reportó
que se les encontró un arma, balas y tarjetas bancarias, sin embargo, los que
entonces eran menores de edad, alegaron que se trató de evidencia sembrada.
Por lo anterior, se
les ingresó al Centro de Diagnóstico para Adolescentes para después abrirles un
expediente en el Juzgado Especializado de Justicia para Adolescentes.
Después de un año de
los hechos, de acuerdo a Rogelio Flores, padre de los gemelos, sus hijos no se
han librado de malos tratos por parte de uniformados de la delegación, que han
llegado a su domicilio en la colonia Guaycura.
Relató que el 29 de
diciembre de 2014, un elemento de la SSPM esposó a uno de sus hijos afuera de
su casa y sin argumentos, advirtiéndole que se cuidara.
Simultáneamente, por
los hechos del año anterior, los quejosos dan seguimiento a una denuncia
presentada por abuso de autoridad, cuya investigación está siendo integrada en
el expediente 198/12/211. Saúl Ramírez
PROMETEN MANDOS Y SÍNDICOS, 100 POR CIENTO DE
EVALUACIÓN POLICIAL
Para el mes de
agosto de este año, todos los policías municipales deberán haber sido evaluados
por el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) del Estado, según se acordó
durante una reunión entre mandos policiales y síndicos procuradores de los
cinco ayuntamientos.
En junta privada
celebrada el martes 13 de enero en el Centro de Comunicaciones, Cómputo,
Control y Comando (C4), se tomaron otros acuerdos como la definición de
“operativos conjuntos entre las corporaciones”, “protocolos de atención a
incidentes de alto impacto”, disminución en el tiempo de “respuestas en
atención a llamadas de emergencia” e “identificación y registro de detenidos a
través del Sistema Afis Estatal”.
Sin embargo, como
prioridad se trabajó en el fortalecimiento de órganos de asuntos internos de
las policías para la evaluación y castigo de elementos reprobados por el C3.
Las visitadoras pertinentes para dar seguimiento a policías estatales y
ministeriales, y las sindicaturas para hacer lo propio con los elementos
municipales.
“Hay diversas
estrategias, de áreas de inteligencia de las corporaciones, fortalecimiento y
coordinación de áreas de asuntos internos que deben estar bien compactadas con
la Sindicatura”, declaró Daniel de le Rosa Anaya, secretario de Seguridad
Pública del Estado.
De la Rosa destacó
que de 2007 a diciembre de 2013, se han depurado 3 mil 12 elementos estatales y
municipales, mientras que en 2014 fueron despedidos 101 uniformados, contando
solo la SSPE. De la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo
de Perla del Socorro Ibarra, el funcionario comentó que en 2014 se dio de baja
a 14 policías ministeriales reprobados en el C3.
En la edición 2127
de ZETA, se informó cómo de 423 policías municipales de Baja California que
resultaron no aprobados por el C3 en 2014,
se inició proceso a 385, pero finalmente fueron despedidos por esta
causa solo 22, tres en Mexicali, tres en Tijuana, cuatro en Ensenada, nueve en
Tecate y tres en Playas de Rosarito.
En el encuentro
estuvieron presentes el General Gabriel García Rincón, Comandante de la Segunda
Zona Militar; Martín Ortiz Lerma, delegado de la Procuraduría General de la
República; Rubén Campos Padilla, delegado del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN); Bernardo Castañeda Hernández, encargado interino de
la Coordinación Estatal de la Policía Federal; los síndicos de Tijuana,
Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito: Arturo Ledesma, Humberto Zúñiga, Alfonso
Ochoa, Daniel de León y Tomás de la Rosa, respectivamente.
De igual manera, los
titulares de dependencias de Seguridad Pública Municipal: Alejandro Monreal,
director en Mexicali; Enrique Villarreal en Ensenada, Alejandro Lares en
Tijuana, Juan Bartolomé Lam en Tecate, y Joaquín Antonio Olea en Playas de
Rosarito. Saúl Ramírez
HOMBRE ABATIDO POR GENDARMES, NO DISPARÓ
Desde las siete de
la noche del domingo 11 de enero, la Mesa 12 de la Procuraduría General de la
República (PGR) Delegación Tijuana, está a cargo de la investigación de las
balaceras en las que estuvieron involucrados ocho elementos de la Gendarmería
Nacional.
Las primeras
diligencia ministeriales muestran que, de entrada, las evidencias no cuadran
con las versiones de los elementos federales.
La información es
poco clara, los agentes federales se negaron a declarar ante las autoridades
locales que llevaron la investigación las primeras horas, y los datos que
dieron el día de los hechos, cuando solicitaron apoyo de las corporaciones
locales, fueron confusas.
Pasadas las 3:30 pm
de la sábado 10 de enero de 2015, el C4 remitió la solicitud de apoyo, el
llamado era porque un grupo de gendarmes había sido atacado en Rosarito.
Primero dijeron que mientras circulaban por una colonia del quinto municipio,
pasó un hombre en moto, les disparó e hirió a los agentes Israel Torres
Castillo y Julio César López Mora, quienes repelieron la agresión y mataron al atacante.
Después la versión
fue que tenían un retén a la entrada de la colonia Loma Altas I, que le
marcaron el alto al hombre de la moto, éste no obedeció, les disparó, hirió a
dos y huyó, lo persiguieron y lo mataron. Quedó muerto dentro de su casa.
Cuando los gendarmes
pidieron apoyo, no supieron informar cual era su ubicación, por eso la ayuda
local tardó en llegar y, para cuando las corporaciones arribaron al lugar de
los hechos, los policías federales ya se habían ido a la Cruz Roja de Rosarito,
donde fueron atendidos, uno con herida en la mejilla y otro en una pierna.
Las primeras horas,
mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvo el expediente, los
agentes Torres Castillo y López Mora se negaron a declarar, razón por la que
quedaron en calidad de detenidos.
La Subprocuraduría
de Rosarito trabajó la primera criminalística y, el domingo 11 de enero,
pasaron el expediente a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la
PGJE, que lo tuvo unas horas hasta que la PGR ejerció su facultad de atracción.
Hasta el momento, lo
que las autoridades pudieron aclarar fue que en la entrada de la colonia donde
supuestamente estuvo el retén, no se encontraron casquillos de ningún calibre.
Donde sí encontraron casquillos fue en el patio y la casa móvil donde vivía
Darryl Anderson, el estadounidense de 60 años abatido e identificado como el
atacante de los gendarmes. La casa estaba cercada y cerrada, por lo que no
presentaba libre acceso para los agentes.
Conforme a las
pruebas periciales, el norteamericano salió negativo a la prueba de rodizonato,
lo que significa que no disparó el arma calibre 32 que se encontró en la mano
del cadáver, arma que sí fue activada dentro de la casa móvil porque se
localizaron dos casquillos, pero Anderson no la percutió.
En la escena se
localizaron otros ochos casquillos calibre 9 milímetros, procedentes de las
armas de cargo de los gendarmes, cuatro
casquillos estaban en el patio y otros cuatro dentro de la casa. De acuerdo a
las pruebas periciales, uno de los dos gendarmes lesionados sí disparó, y
arrojó positivo a la prueba de rodizonato.
Al momento, el
Ministerio Público federal sigue realizando diligencias y se contempla que
pueda tener avances a mediados de la siguiente semana.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/Investigaciones ZETA/ 19 de Enero del 2015 a las 12:00:01)