Feminicidios
y la masacre LeBarón, hundieron la propaganda del gobierno
Priscila
Cárdenas/Proyecto Puente
Referirse
a Sonora como “el estado más seguro de la frontera” ya no funciona para
mantener una percepción de tranquilidad, pues en la entidad —como en otras de
la República Mexicana— el tema de seguridad pública quedó rebasado.
La
masacre de la familia LeBarón en el municipio de Bavispe, ocurrida el 4 de
noviembre, desnudó a nivel internacional la inseguridad que acontecía en el
estado.
Sin
embargo, tanto las cifras oficiales como otros hechos ocurridos desde
principios de año en el estado venían revelando que los crímenes de alto
impacto ocurrían y estaban fuera de control.
La
aparición de grupos de mujeres —como las Guerreras Buscadoras de Sonora,
Rastreadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora— que se organizaron para
escarbar y localizar ellas mismas las osamentas de sus esposos, hijos y seres
queridos, visibilizó que el estado no estaba exento de fosas clandestinas.
En
una sola jornada uno de los colectivos llegó a encontrar más de veinte
cadáveres, hecho que puso al descubierto la necesidad de que el estado se
activara en cuestión de personas desaparecidas.
Las
constantes balaceras, homicidios y aparición de cuerpos sin vida abandonados en
los municipios costeros de Guaymas y Empalme apresuraron la llegada de la
Guardia Nacional al estado y la conformación de una Mesa de Seguridad para la
Construcción de la Paz en Sonora.
Incidentes
atípicos, como el que sucedió en septiembre de este año, donde un comando de
hombres armados prendió fuego a una vivienda en el municipio de Empalme,
Sonora, ocasionando la muerte de un niño siete años de edad, fue uno de ellos.
Entre
las medidas implementadas hubo de todo, desde suspensión de clases, hasta
alertas emitidas por el Consulado General de Estados Unidos, instancia que
llamó a sus connacionales a no visitar esa región del estado.
Además,
a lo largo del año también hubo asesinatos de policías de diferentes
corporaciones policiacas en municipios como Cajeme, Hermosillo, Guaymas y San
Luis Río Colorado.
El
endurecimiento de la violencia no sólo abarcó hechos relacionados al crimen
organizado, sino también feminicidios.
El
crimen de Ámbar Dolores, una joven de 20 años de edad, estudiante de
arquitectura, que fue violada, apuñada y calcinada en su domicilio en
Hermosillo, trascendió a mitad de año y derivó en protestas y manifestaciones
de mujeres.
La
exigencia femenil de justicia se debió también a que, por primera vez, cuatro
municipios sonorenses entraron en la lista que emite la Federación de las 100
ciudades con más crímenes de este tipo.
De
acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nogales, Cajeme,
San Luis Río Colorado y Hermosillo registraron más asesinatos con estas
características.
En
la visita del 1 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador a
Sonora se abordó el tema de la violencia.
Tanto
el mandatario como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coincidieron en
que la entidad se encontraba por debajo de la media nacional en incidencia
delictiva, sin embargo reconocieron un incremento en el número de asesinatos.
Cuando
se abordó el tema durante la “conferencia mañanera” —que se llevó a cabo en
Hermosillo— ambos identificaron que había que trabajar de manera coordinada
para atender la problemática.
Previeron
que el año cerraría con mil 800 elementos de la Guardia Nacional desplegados en
toda la entidad y que las acciones emprendidas rendirían frutos positivos.
Independientemente
de las medidas efectuadas por los tres niveles de gobierno para contener la
violencia armada, las cifras oficiales siguieron sin mejorar en el estado de
Sonora.
De
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el número de homicidios ocurridos el presente año supera a la
totalidad de muertes violentas registradas el año anterior.
El
documento señala que de enero a diciembre de 2018 se registraron mil 317
crímenes y que durante el presente año —hasta el mes de octubre— la cifra cerró
en mil 405 asesinatos.
Los
números oficiales también dan un panorama de qué es lo que está ocurriendo con
otros delitos que anteriormente tenían una incidencia baja y que hoy están
disparados.
Por
ejemplo, en cuestión de secuestros durante 2018 hubo únicamente dos y hasta
octubre de 2019 el registro nacional indica 29 casos documentados.
Con
un total de 617 expedientes por delitos sexuales como violación, abuso y acoso,
el estado también cerrará el año a la alza, pues en todo el 2018 este rubro
cerró con 558.
Este
incremento ha fomentado que colectivos de mujeres alcen la voz para exigir la
creación de una Alerta de Género, propuesta ciudadana que ha sido desechada por
las autoridades.
En
la “lluvia de ideas” sobre qué se puede hacer para resolver la problemática de
inseguridad de Sonora también ha habido ofrecimientos que buscan atender las
distintas problemáticas de manera diferente.
Se
han creado desde aplicaciones para teléfonos celulares por parte del Gobierno
del Estado para que sea más fácil reportar al 911 situaciones de violencia
intrafamiliar, hasta propuestas de empresarios que sugieren llevar al Congreso
del Estado una iniciativa de aumentar el impuesto sobre nómina y que el dinero
recaudado sea destinado exclusivamente para atender el tema de seguridad.
El
preocupante panorama con el que cierra el 2019 inicia lo que será el último año
de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, quien en caso de irse sin atender el
problema de manera eficiente y contundente, abonará votos que favorecerán a los
partidos y propuestas de sus adversarios.
(SEMANARIO
ZETA/ DESTACADAS BCS / REDACCIÓN ZETA/ DOMINGO, 8 DICIEMBRE, 2019 09:38 AM)
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