El Diario
Chihuahua– "¡Échense a esa pinche vieja!, no va entender de otra
manera, ya le balearon a la hija, ya le mataron al marido (...) Esa es la única
manera". Estas palabras son parte de las amenazas que comentaron en
público ganaderos del municipio de Carichic y funcionarios públicos en esa zona
del estado, donde desde hace años los ejidatarios indígenas de Baqueachi,
apoyados por la abogada Estela Ángeles Mondragón, luchan por la recuperación de
sus tierras invadidas.
Amigos de Ángeles Mondragón, quien hace menos de un mes recibió el Premio
Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, que escucharon las amenazas
hechas en forma abierta en la cabecera municipal de Carichic, le hablaron de
inmediato y la pusieron sobre aviso.
Lo mismo le fue confirmado apenas el martes por el director de Gobernación
del estado, Wilfrido Campbell, quien le advirtió que debía extremar
precauciones, en la medida en que se están desahogando una serie de juicios
contra los ganaderos invasores, tanto en materia agraria –para que entreguen
los predios– como de tipo penal, por delito de despojo, dado que volvieron a
ocupar las tierras que un tribunal agrario restituyó al ejido indígena en
noviembre de 2011.
El miedo y la tensión con que viven los dirigentes indígenas del ejido
Baqueachi, Valentín Chávez, Pedro Chávez y el primer gobernador tradicional
Patricio Chávez, se incrementó en estos días, debido a que el Ministerio
Público citó en audiencia al ganadero José María Sandoval Espino para que
responda por las acusaciones de despojo de tierras.
El ganadero metió más de cien reses en el predio El Divisadero, que ya
había sido restituido al ejido indígena por el Tribunal Agrario, y actuarios
del mismo les dieron posesión de las tierras.
Durante un año los ejidatarios hicieron trabajos de recuperación de suelos
en las más de 300 hectáreas del predio El Divisadero, plantaron pinos y
construyeron una cerca para protegerlos del ganado, todo apoyado por un
programa oficial de reforestación que les liberó 3 millones de pesos para ese
proyecto.
Sin embargo, en abril del 2012, el ganadero José María Sandoval Espino
metió al terreno más de cien vacas, colocó cadenas y candados, que según la ley
ganadera impiden a los dueños del predio sacar las reses, porque incurrirían en
delito de abigeato.
Desde entonces, el comisariado del ejido indígena demandó al ganadero por
despojo de tierras. El jueves pasado sostuvieron audiencia, a la que Sandoval
Espino no acudió, y dos días antes, la abogada Estela Ángeles Mondragón recibió
la llamada de las autoridades de Gobernación estatal para que extreme
precauciones ante las nuevas amenazas de muerte que algunos rancheros afectados
lanzaron en su contra.
MEDIDAS CAUTELARES
Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la abogada Estela Ángeles Mondragón es una de 10 activistas sociales y
defensores de derechos humanos de Chihuahua que gozan de medidas cautelares.
"Quizá a eso se deba la intervención del director de Gobernación para
que tengamos cuidado; también están a punto de resolverse otros 15 juicios
pendientes, y si los fallos nos son favorables, nos deberán entregar las
tierras. Cuando ganamos los primeros juicios asesinaron a Ernesto", dijo
la apoderada legal del ejido, en referencia al asesinato de su marido, Ernesto
Rábago Martínez, ocurrido el primero de marzo de 2010.
Rábago Martínez fue asesinado en el despacho que compartía en la capital
del estado con su esposa, la abogada Estela Ángeles. El 18 de febrero también
de 2010, Denny Loya Ángeles, hija de la jurista, recibió un balazo en un brazo
cuando estaba en la cochera de su vivienda. El 18 de marzo de 2009 desconocidos
incendiaron su despacho con dos bombas molotov.
(EL DIARIO, EDICIÓN
JUAREZ/La Jornada | 2013-05-18 | 13:56)
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