Proveedores de la institución, dirigida por Mirna
Rincón en el estado, ganan contratos a cambio de entregar cientos de miles de
pesos a funcionarios corruptos.
El caso, denunciado al secretario general de Baja
California, Francisco García Burgos, y en Contraloría Interna en noviembre de
2012, no registra avances.
García justifica que es “un tema del contralor”, y a
Edgardo Contreras se le “traspapeló” la denuncia
Isaí T. Lara Bermúdez
Según la denuncia
registrada en Contraloría Interna del Gobierno del Estado, a cargo de Edgardo
Contreras Rodríguez, en la memoria y correo personal del secretario general,
Francisco García Burgos, la red de corrupción y extorsión dentro del Seguro
Popular está completamente identificada. Nombres, apellidos, fechas, cantidades,
documentos, testimonios, todas las piezas registrables de una estructura de
encubrimientos, favores y recomendaciones que producen dinero ilícito.
Los panistas señalados: Luis Enrique Díaz
Félix, ex alcalde de Rosarito y actual aspirante a una diputación local;
Alejandro Bravo, ex secretario particular del ex presidente municipal de
Tijuana, Jesús González Reyes, actual consejero de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO) y proveedor del Seguro Popular; Bruno Roldán Melo, médico
panista y oficial mayor del comité directivo del Partido Acción Nacional en
Tijuana; Mirna Rincón, directora del Seguro Popular y aspirante a la alcaldía
del PAN en Rosarito; e incluso el abogado de la institución, Enrique Gallardo.
La fórmula es
sencilla. A distintos doctores se les invita a ser proveedores del Seguro
Popular, con la condición de entregar un porcentaje del total de lo que se
factura a la quincena. Algunas veces la indecorosa propuesta llega cuando ya
están trabajando el contrato.
La petición de
dinero oscila entre el 20 y 40 por ciento del dinero que generé el contrato, y
el pago es en efectivo. La entrega se hace, según testimonios, “de un carro al
otro” o “entregando el dinero en el banco, en cuanto se hace el depósito”.
El dúo de Rosarito
Hace tiempo, Mirna
Rincón Vargas, directora del Régimen de Protección Social de Salud en Baja
California, REPSSBC (Seguro Popular) recibió, por mandato del gobernador José
Guadalupe Osuna Millán, una orden extraoficial.
Cercanos al
mandatario estatal manifestaron extraoficialmente que “le pidió la renuncia de
‘El Gigio’”, refiriéndose a Luis Enrique Díaz Félix, quien laboró en el Seguro
Popular encabezando una jefatura de afiliación. Es el principal asesor y
operador de la señora Rincón.
En el gobierno
estatal saben que la panista simplemente no acató la orden de manera inmediata.
Las razones del gobernador para solicitar tal cosa, no están claras.
Pero los motivos de
Rincón para desobedecer, son atribuidos por panistas rosaritenses a
la aspiración que
comparte con Díaz para mancuernar en las elecciones de 2013 en Rosarito. La
directora del Seguro, para la alcaldía (aunque hay días que se desdice), y el
ex presidente municipal para el Distrito 16 de ese municipio.
Según el abogado del
Seguro Popular, Enrique Gallardo, Díaz Félix, ya no cobra como empleado en la
administración de Rincón Vargas. Esperó la finalización de su contrato el 31 de
diciembre de 2012, le pagaron un “finiquito” y “yo ya no lo he visto”.
Organigrama del saqueo
El 11 de noviembre
de 2012, a Francisco García Burgos lo interceptó un desconocido, cuando el
segundo de abordo en el Estado se apersonó en el comité municipal de Tijuana
del PAN para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su tocayo, Francisco
Blake Mora.
Ahí lo esperó el
doctor Hugo Mártir para denunciar, luego de cuatro meses como prestador de
servicios en el Seguro Popular, las operaciones ilícitas.
El médico le dio
detalles al secretario. Nombres y cantidades. Durante los meses que duró como
prestador de servicios, en varios módulos del Seguro Popular, que le pagó poco
más de un millón de pesos.
Conforme a sus
cálculos, la “comisión” que los funcionarios estatales le exigieron durante ese
lapso fue de aproximadamente 350 mil pesos en cuatro meses. Ese dinero
obtuvieron funcionarios corruptos de un solo proveedor.
El doctor Mártir fue
recomendado a Alejandro Bravo por Gerardo Flores Campbell, este último, gerente
de la maquiladora Dart, donde laboraba el médico. Semanas después –acusa el
médico- Flores también le cobró la “recomendación” en pesos y centavos.
Según el testimonio
de uno de los proveedores afectados, quien autorizaba a los proveedores era
Luis Enrique Díaz Félix, él negociaba, palomeaba y programaba el acuerdo. Quien
depositaba el pago cada quincena, era el administrador Jaime Elizondo Zatarain,
y éste a su vez le notificaba a Alejandro Bravo para que fuera por el
porcentaje de la “cuota”.
Bravo fue secretario
particular del ex alcalde Jesús González Reyes y es consejero de CANACO en la
gestión de Karim Chalita; no hace mucho, dueño de un bar en la calle Sexta de
Tijuana y, según el Registro Público de la Propiedad, en 2004 le otorgaron el “poder
general” de una empresa, Expo Comercial, S.A. de C.V., con la cual factura al
Seguro Popular, publicidad mediante servicios profesionales.
De acuerdo a los
denunciantes, Bravo es el encargado de recolectar o cobrar la cuota
extraoficial. A tal grado es la profesionalización de cobrador, que cuando él
estaba ocupado -comentan los médicos-, el dinero era entregado en el domicilio
de su madre, la señora Justina Sáinz, cerca de la colonia Revolución (detrás de
los tacos Los Pericos).
Pero no solo el domicilio
de su madre le era útil para recolectar los miles de pesos. Señalan los
afectados que Bravo también cuenta con la complicidad del administrador
Zatarain, quien le avisaba cada vez que se depositaba a los proveedores para
comenzar el acoso del cobro.
“No pasaban cinco
minutos de que me depositaban cuando me hablaba Alejandro Bravo para pedirme el
35 por ciento”, recuerda el doctor Hugo Mártir, quien refiere la entrega del
dinero a Bravo en distintos lugares. Por ejemplo, en el Oxxo a un kilómetro de la
estación de Centenario en Otay, incluso en el mismo banco o en gasolineras.
Dos médicos
proveedores -los cuales pidieron el anonimato- confirmaron a ZETA lo dicho por
Mártir y la estructura de sobornos dentro del Seguro Popular. Incluso, ésa es
la versión de un reconocido médico en
Mexicali, a quien le fue hecha la propuesta, pero no accedió.
La situación
irregular que caminaba aceitada con la corrupción se complicó en el momento que
los funcionarios pasaron de la extorsión a las amenazas, cuando Mártir se negó
a continuar el pago de cuotas cada vez mayores entre septiembre y octubre de 2012. Después, los
panistas decidieron reconsiderar y Díaz
Félix replanteó el porcentaje del soborno, esta vez por una cantidad menor. El
29 de octubre de 2012 le cancelaron el
contrato sin mayores informes.
Panistas fueron
testigos de que el “desconocido” doctor platicó con el secretario general del
gobierno estatal el día de la conmemoración de la muerte de Blake. El
funcionario le dio dos correos personales para que, lo que le acababa de
narrar, se lo escribiera. Prometió tomar cartas en el asunto.
El médico le
escribió el mismo día, 12 de noviembre de 2012 a las 02:34 horas, y reenvió sus mensajes al
día siguiente a otro correo, a la una y media. Además de la narración de
hechos, dejó datos personales. Lo mismo hizo en Contraloría Interna del
Gobierno del Estado, pero ninguna de las instancias de gobierno se comunicó con él.
La represalia
A Hugo Mártir le
cancelaron de un día al otro el contrato que mantuvo con el Seguro Popular como
prestador de servicios en el mes de noviembre. Luego de no acceder a las
“ofertas” que le hacían Díaz Félix y Alejandro Bravo, la última advertencia
antes de cancelarle el contrato en el mes de noviembre, fue cuando le
solicitaron el 12 por ciento de su ganancia.
Esa cantidad a pagar
se la pidieron al doctor Mártir en la cafetería Starbucks que se localiza a un
costado de los Juzgados de Zona Río Tijuana. No accedió. A días siguientes, un
oficio firmado por Mirna Rincón le avisó que su contrato había sido terminado.
Melodrama
Bruno Roldán Melo se
afilió al PAN el 23 de abril de 2011. Bajo la protección de Enrique Méndez,
éste lo colocó como oficial mayor de Acción Nacional en Tijuana.
A principios de
octubre de 2012, el doctor Roldán llegó al Seguro Popular como director de
Gestiones y Servicios de Salud, departamento encargado de realizar las
auditorias y revisar un buen servicio a los afiliados del partido.
En los días y
semanas siguientes, versiones extraoficiales indicaron que Miguel Osuna Millán
se encargó de contarle a sus cercanos e incluso ajenos, que fue él -por medio
de su hermano, el gobernador- quien metió al doctor en la nómina. Los
denunciantes anónimos aseguran que en más de dos ocasiones, el ex diputado
refirió que iba a ver “hasta donde podría llegar” con el estrenado panista.
Así lo supo Roldán
Melo y lo presumió, provocando descontento entre los panistas. Pero no le duró
mucho. Con un sueldo de 54 mil pesos mensuales, lo despidieron en dos meses.
Para finales de noviembre ya había sido corrido.
La denuncia pública
a ZETA indica que fue el mismo Roldán Melo quien a su llegada al Seguro Popular
le recomendó a Hugo Mártir no entregar dinero a los funcionarios del Instituto.
Que en cambio, se lo entregara a él. La
oferta también fue extensiva a otros proveedores. Claro, un porcentaje menor. A
cambio -igual- la permanencia de sus contratos.
Funcionó. Bruno
Roldán Melo recibió depósitos de estos sobornos en la cuenta de un familiar,
quien es apoderado de una cuenta en el banco HSBC. Algunos depósitos se
hicieron desde la sucursal 135, que corresponde a la ubicada en Plaza
Financiera en Zona Río.
Las fricciones entre
Roldán Melo y Mirna Rincón se elevaron con los días. Según el médico, lo
usaron, se firmaban documentos a su nombre, no le permitieron cuestionar pagos
ni contratación de servicios, lo cual era su facultad, lo limitaron. Por ello,
en octubre interpuso una denuncia por “hostigamiento” contra Rincón. Así el
expediente, ella lo señalaba de tener una “relación” con una doctora que
prestaba servicios.
La denuncia
interpuesta por Roldán Melo está siendo integrada en la Contraloría, en proceso
de comparecencias, según explicó Edgardo Contreras, contralor del Estado.
El 22 de octubre
Melo se presentó en su oficina. Con llave distinta ya no pudo ni entrar por sus
cosas. El abogado del Seguro Popular, Enrique Gallardo, le notificó su despido.
La vacuna de Mirna Rincón
Cuando amenazan con
la anulación del contrato al doctor Hugo Mártir, quien prestaba sus servicios
como médico instalando módulos de “Consulta Seguras” (espacios donde se toman
medidas corporales y sanguíneas a los afiliados), le notificó a la directora lo
ocurrido. Es decir, la extorsión por parte de sus funcionarios.
Como repuesta -una
semana después de anularle el contrato-, el 5 de noviembre de 2012, luego de
que Mártir amagó con denunciar, Mirna Rincón giró un oficio que advertía, para
que estos “servicios no sean condicionados por ningún servidor público,
solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier dádiva”. Así la directora
quedaba vacunada para la denuncia posterior. Aun así, el contrato quedó
anulado.
El doctor Hugo
Mártir emprendió por la vía legal una demanda, dado que el contrato fue anulado
sin razones ni previo aviso. Del total de lo facturado hubo que pagar nómina,
renta, impuestos, materiales; por ello busca un arreglo y una indemnización
correspondiente. Pero es otra historia.
Por otro lado, el ex
prestador de servicios interpuso una denuncia vía internet en Contraloría del
Estado desde el 15 de noviembre de 2012, tres días después de hablar con el
secretario de Gobierno. En su reclamo también ofreció detalles de la corrupción
en el fondo del Seguro Popular. En ella puso su nombre, dirección, teléfonos,
correos electrónicos. Sin embargo, a tres meses de eso, no lo han contactado.
PAN-gobierno, sin
cartas en el asunto
Se solicitó una
entrevista con Mirna Rincón, pero la panista optó por no hablar.
La petición fue
remitida al área jurídica del Seguro Popular, donde el titular Enrique Gallardo
se limitó a mencionar que al enterarse de las presuntas irregularidades
denunciadas, la respuesta de la titular del Seguro Popular fue emitir un oficio
advirtiendo que ningún funcionario podría condicionar los contratos a dádivas.
Hasta ahí la respuesta oficial.
El departamento de Comunicación Social de
Francisco García Burgos, contestó que aunque el secretario atendió al
ciudadano, “es un tema que el contralor del Estado debe de atender”, siendo la
antena e inteligencia del Gobierno del Estado y del gobernador, ésa es la
excusa.
El contralor explicó
que “por un problema técnico”, la denuncia nunca fue recibida. Se le dio la
referencia y el folio (1703) que se generó al interponerla el 15 de noviembre a
las 7:07 de la mañana.
Su “personal de
informática” finalmente la halló; la explicación exacta fue: “No sé qué pudo
pasar, se traspapeló en la computadora”. Pero aseguró iniciaría una
investigación cuanto antes. Hasta el cierre de esta edición, ni el contralor ni
el secretario han contactado a Hugo Mártir.
Como nunca, lo dijo
en su momento el ex presidente de los panistas, Felipe Calderón, el Seguro
Popular tiene un presupuesto histórico en el país (109 mil millones de pesos en
2012). A pesar de ello, los afiliados no se explican el servicio tan precario.
Cada día en el
Hospital General de Tijuana -como en otros nosocomios públicos- hay que hacer
filas de más de cinco horas para obtener una cita médica.
En 2012, en Baja
California se destinaron mil 263 millones 674 mil pesos para el Seguro Popular.
Ése es el presupuesto que opera Mirna Rincón y sus funcionarios, a quienes se
denunció de cobrar y beneficiarse con jugosas comisiones de entre 15 y 40 por
ciento, sin que la Secretaría General ni
la Contraloría Estatal, se molesten en investigar.
(SEMANARIO ZETA/ Isaí Lara Bermúdez /enero 21, 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario