LA LUCHA QUE NO TERMINA

La SCJN elevó a rango constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, la lucha por la no discriminación apenas comienza. El verdadero campo de batalla está en los congresos locales

Si una pareja homosexual decide casarse ya puede hacerlo con la “bendición” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, eso no quiere decir que el trámite será fácil.

Y es que aunque la SCJN emitió una jurisprudencia temática en la que declara inconstitucionales los códigos civiles de los estados que excluyan del matrimonio a las parejas del mismo sexo, activistas y expertos entrevistados por Reporte Indigo advierten que la batalla no termina, pues aún hay estados que se resisten al cambio.

Por ahora, sólo los códigos civiles del Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo indican que el matrimonio se celebra ‘entre dos personas’, lo que incluye a parejas heterosexuales y homosexuales.

Aun así, la orden de la Suprema Corte es el precedente judicial más importante hasta ahora para la lucha por el matrimonio igualitario e incluso es similar al fallo que estadounidenses han estado esperando durante todo el año.

UNA LARGA BATALLA

Alex Alí Méndez es el pionero de la lucha por el matrimonio igualitario en el país, pues en el 2012 consiguió en Oaxaca los primeros amparos para que parejas homosexuales pudieran casarse.

Este acto se repitió en otros estados, lo que permitió que se juntaran cinco casos consecutivos en los que la Suprema Corte falló a favor del matrimonio gay.

Estos cinco casos, explica Méndez, permiten emitir una jurisprudencia temática que obliga a los jueces a otorgar amparos a las parejas homosexuales que no puedan casarse por impedimento del registro civil de su estado.

“Es una orden para los jueces federales y locales porque es un criterio que necesariamente los jueces, al resolver los casos, tienen que acatar”, expone Méndez, “(pero) no obliga a los registros civiles y a los congresos (a aceptarlos)”. Sin embargo, el jurista precisa que, pese la resistencia de los diputados y gobernadores, el matrimonio igualitario es una realidad inevitable, pues las batallas seguirán en los tribunales.

“Veo una deficiente democracia en este país”, manifiesta, “me parece que no es posible que en un Estado constitucional de derecho (haya) estas opiniones de los Congresos porque ya no es algo que esté sujeto a su decisión.

“Tarde o temprano, con esta estrategia judicial vamos a obligarlos a que realicen las reformas que se necesitan, lo único que están haciendo es retrasar algo que resulta inevitable”.

De hecho, el abogado informa que están preparando litigios en los estados para reunir los precedentes necesarios para un procedimiento de declaratoria federal de inconstitucional que obligue los congresos, ahora sí, a reformar el código civil.

“Estamos incluso demandando ya ante los cortes que sea sancionado económicamente el Estado por estas violaciones a los derechos humanos, entonces nosotros vamos a seguir buscando las estrategias”, menciona.

MÁS PRESIÓN

Para Angélica Hernández, del grupo Litiga en Nuevo León, ahora hay más presión para que los congresos y gobernadores reconozcan el matrimonio gay o vivan una ola de amparos.

Aunque la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el matrimonio homosexual no obliga a los diputados locales a reformar los códigos civiles, sí los presiona para hacerlo.

“En este sentido, los congresos locales, si tuvieran estatura política dirían: ‘¿qué estamos haciendo, señores? Estamos dejando vigente un artículo que es inconstitucional, por decencia legislativa deberíamos modificarlo’”, comenta.

Hernández detalla que otro escenario es que los gobernadores, conscientes del gasto que significa enfrascarse en procesos judiciales e indemnizar a las parejas, ordenen al registro civil permitir el matrimonio igualitario pese a la inacción del congreso.

Este es un escenario que ya ocurrió en Chihuahua, donde el gobernador César Duarte ordenó quitar las trabas a los homosexuales.

“Siempre lo pudieron haber hecho”, aclara Hernández, “la diferencia es que ahora les va a empezar a costar: disculpa pública, dinero, capacitaciones, etcétera.

“Porque si bien no hay responsabilidad al negar el matrimonio, si hay responsabilidad por violar los derechos humanos, en tanto se violen tus derechos se tiene que reparar el daño y ahí hay un montón de maneras para reparar el daño”.

(REPORTE INDIGO/ PEDRO PABLO CORTÉS/ Lunes 22 de junio de 2015)