La
SCJN elevó a rango constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo,
sin embargo, la lucha por la no discriminación apenas comienza. El verdadero
campo de batalla está en los congresos locales
Si
una pareja homosexual decide casarse ya puede hacerlo con la “bendición” de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, eso no quiere decir
que el trámite será fácil.
Y
es que aunque la SCJN emitió una jurisprudencia temática en la que declara
inconstitucionales los códigos civiles de los estados que excluyan del
matrimonio a las parejas del mismo sexo, activistas y expertos entrevistados
por Reporte Indigo advierten que la batalla no termina, pues aún hay estados
que se resisten al cambio.
Por
ahora, sólo los códigos civiles del Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo
indican que el matrimonio se celebra ‘entre dos personas’, lo que incluye a
parejas heterosexuales y homosexuales.
Aun
así, la orden de la Suprema Corte es el precedente judicial más importante
hasta ahora para la lucha por el matrimonio igualitario e incluso es similar al
fallo que estadounidenses han estado esperando durante todo el año.
UNA LARGA BATALLA
Alex
Alí Méndez es el pionero de la lucha por el matrimonio igualitario en el país,
pues en el 2012 consiguió en Oaxaca los primeros amparos para que parejas
homosexuales pudieran casarse.
Este
acto se repitió en otros estados, lo que permitió que se juntaran cinco casos
consecutivos en los que la Suprema Corte falló a favor del matrimonio gay.
Estos
cinco casos, explica Méndez, permiten emitir una jurisprudencia temática que
obliga a los jueces a otorgar amparos a las parejas homosexuales que no puedan
casarse por impedimento del registro civil de su estado.
“Es
una orden para los jueces federales y locales porque es un criterio que
necesariamente los jueces, al resolver los casos, tienen que acatar”, expone
Méndez, “(pero) no obliga a los registros civiles y a los congresos (a
aceptarlos)”. Sin embargo, el jurista precisa que, pese la resistencia de los
diputados y gobernadores, el matrimonio igualitario es una realidad inevitable,
pues las batallas seguirán en los tribunales.
“Veo
una deficiente democracia en este país”, manifiesta, “me parece que no es
posible que en un Estado constitucional de derecho (haya) estas opiniones de
los Congresos porque ya no es algo que esté sujeto a su decisión.
“Tarde
o temprano, con esta estrategia judicial vamos a obligarlos a que realicen las
reformas que se necesitan, lo único que están haciendo es retrasar algo que
resulta inevitable”.
De
hecho, el abogado informa que están preparando litigios en los estados para
reunir los precedentes necesarios para un procedimiento de declaratoria federal
de inconstitucional que obligue los congresos, ahora sí, a reformar el código
civil.
“Estamos
incluso demandando ya ante los cortes que sea sancionado económicamente el
Estado por estas violaciones a los derechos humanos, entonces nosotros vamos a
seguir buscando las estrategias”, menciona.
MÁS PRESIÓN
Para
Angélica Hernández, del grupo Litiga en Nuevo León, ahora hay más presión para
que los congresos y gobernadores reconozcan el matrimonio gay o vivan una ola
de amparos.
Aunque
la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el matrimonio homosexual no obliga
a los diputados locales a reformar los códigos civiles, sí los presiona para
hacerlo.
“En
este sentido, los congresos locales, si tuvieran estatura política dirían:
‘¿qué estamos haciendo, señores? Estamos dejando vigente un artículo que es
inconstitucional, por decencia legislativa deberíamos modificarlo’”, comenta.
Hernández
detalla que otro escenario es que los gobernadores, conscientes del gasto que
significa enfrascarse en procesos judiciales e indemnizar a las parejas,
ordenen al registro civil permitir el matrimonio igualitario pese a la inacción
del congreso.
Este
es un escenario que ya ocurrió en Chihuahua, donde el gobernador César Duarte
ordenó quitar las trabas a los homosexuales.
“Siempre
lo pudieron haber hecho”, aclara Hernández, “la diferencia es que ahora les va
a empezar a costar: disculpa pública, dinero, capacitaciones, etcétera.
“Porque
si bien no hay responsabilidad al negar el matrimonio, si hay responsabilidad
por violar los derechos humanos, en tanto se violen tus derechos se tiene que
reparar el daño y ahí hay un montón de maneras para reparar el daño”.
(REPORTE
INDIGO/ PEDRO PABLO CORTÉS/ Lunes 22 de junio de 2015)
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