La
corrupción es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida
y protegida por la impunidad. El caso de Oceanografía y su fraude a Pemex, que
se ha activado en la línea de investigación de las responsabilidades de
funcionarios del gobierno, es la prueba clara de ello. Un presidente, en pago a
favores o por cariño, autorizó que nombraran a una persona incapaz, pero
protegido de sus amigos, para encabezar una área en la cual favoreció a quien
quería o le decían que beneficiara. El resultado fue un quebranto
multimillonario. Su sucesor, amenazado por los cercanos al ex presidente que
boicotearían la Reforma Energética si actuaban en contra de su ex jefe, ordenó
el silencio legal, que se traduce en la autorización de impunidad. La justicia
al servicio de los intereses políticos. El bien mayor como justificación de las
atrocidades a la ley, en un país de leyes no existe salvo en el discurso.
Es
el ejemplo incontrovertible del fraude a Pemex, la joya mexicana que tanto
defienden en la política y tanto saqueo permiten en la práctica. Oceanografía
es el mejor caso estudio que se tiene a la mano, porque es público y sus
ramificaciones se entreveran con la política y la iniciativa privada. La
empresa propiedad mayoritaria de Amado Yáñez –el único que se encuentra en la
cárcel en este caso–, cometió un quebranto por más de 5 mil millones de pesos a
Pemex, a través de operaciones fraudulentas en las que se involucró a Banamex.
La investigación realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría
de Hacienda, la Función Pública, y el CISEN, se realizó en 2013.
Ávila,
exsubdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción
(PEP), fue inhabilitado por la Función Pública
por un tema de conflicto de interés: utilizó aviones de Oceanografía
para viajar él y su familia al extranjero, durante el mismo periodo en el que
firmó 12 contratos a favor de la empresa por 231 millones de dólares y mil 509
millones de pesos, pero Pemex lo ha investigado por su presunta responsabilidad
penal en 21 contratos asignados a Oceanografía entre julio de 2010 y junio de
2012. Es decir, a los cuatro meses que llegó a la poderosa Subdirección de PEP,
Ávila ya estaba metido en pasos que, en el mejor de los casos, son irregulares.
A
esa subdirección llegó por imposición del presidente Felipe Calderón. En este
espacio se detalló en julio de 2014 cómo llegó Ávila. Fue en 2009, cuando poco
después de asumir la dirección de Pemex Juan José Suárez Coppel, la jefa de
Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, le dijo que Calderón quería que
nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección para gobernador en
Campeche, en esa subdirección. Ávila era un vendedor de automóviles, muy
cercano a la familia Mouriño, que entró a la política de la mano de Juan Camilo
Mouriño, que lo hizo delegado de Desarrollo Social.
La
posición pedida era delicada. Nunca en la historia se había nombrado en el
cargo a alguien que no fuera ingeniero, por la necesidad del conocimiento
técnico del área, por donde pasan los contratos más importantes en volumen y
dinero de Pemex. Suárez Coppel le propuso a Flores que le daría una
subdirección menos delicada. Tiene que ser Ávila, respondió Flores. Suárez Coppel
aplazó el nombramiento, que era vetado también por el Consejo de Administración
de Pemex, hasta que Calderón le dijo que era lo único que le había pedido la
familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir.
“Nómbralo ya, le exigió a Suárez Coppel”, dijeron exfuncionarios de Pemex.
Ávila fue nombrado en febrero de 2010.
Tras
la muerte de Mouriño, en noviembre de 2008, Calderón, como le dijo a Suárez
Coppel, hizo lo que le pidió su familia: candidato al gobierno de Campeche y subdirector
de PEP. Qué tanto se benefició la familia Mouriño de tener a su protegido en
esa Subdirección, no se sabe. Qué tanto obtuvo Calderón de ello, tampoco, pero
sus cercanos dicen que ese nombramiento obedeció al cariño que tenía por Juan
Camilo Mouriño. El expresidente nunca ha querido responder las preguntas sobre
este caso, formuladas desde el año pasado.
En
el primer momento que apareció la conexión con el PAN, varios senadores
amenazaron a los negociadores del presidente Enrique Peña dentro del Pacto por
México, que si acusaban a un miembro del gobierno de Calderón por el quebranto
de Oceanografía, boicotearían la reforma energética. Por órdenes
presidenciales, la PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales
para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Asunto arreglado.
La
corrupción, ciertamente, es un mal endémico de México y sus gobiernos,
alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Calderón y Ávila
es el ejemplo. No habrá vuelta a la hoja de esta realidad mientras quienes
pueden cambiar las cosas, el gobierno y el legislativo, no se decidan a
hacerlo. Pero la voluntad política para hacer este cambio, tiene que ir
acompañada de la determinación para acabar con las complicidades. Qué utópico
parece todo.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE AGOSTO 2015)
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