Dijo
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con toda energía: es
falso que el Gobierno sea pasivo en la investigación de la fuga de Joaquín “El
Chapo” Guzmán. Por qué lo dijo es un misterio tan grande como el paradero
actual del criminal. Pero si fue un acto reflejo a cinco semanas de la evasión
del jefe del cártel del Pacífico e inventor del Cártel Jalisco Nueva
Generación, es fallido, porque la Procuraduría General de la República que
lleva a cabo la investigación, si no es pasiva, está demostrando ser
incompetente. La procuradora caramelo, Arely Gómez, a la luz del principal caso
en sus manos, no sirve para ese cargo.
Treinta
y nueve días después de la fuga las investigaciones no han producido, después
del frenesí mediático de la primera semana, nada. Los dos elementos más
novedosos los han aportado Reforma y La Jornada. El primero, el miércoles, que
el Gobierno ya identificó a los probables cómplices de la fuga, quienes compraron
el arma que se encontró en el perímetro del penal del Altiplano y dos
motocicletas en donde comenzó el túnel. El segundo, el 10 de agosto, donde se
informó que la PGR indaga los vínculos de los abogados de “El Chapo” con los de
Rubén Oseguera, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación.
Los
detalles de los avances de la investigación son una broma. La PGR ha enfocado
sus investigaciones en la paja del ojo ajeno. Se busca en el entorno de Guzmán,
para encontrar la ecuación de la fuga, como si realmente en los cómplices
estuviera su coeficiente. Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de
Gobernación responsables de los reclusorios y los sistemas de seguridad e
inteligencia, han sido llamados a declarar. Inexplicablemente, la procuradora
no ha citado al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y al
director del CISEN, Eugenio Imaz, para que acudan al Ministerio Público federal
en calidad de testigos.
Rubido
es una pieza clave. Podría aclarar por qué después de que su antecesor Manuel
Mondragón desmanteló sistemáticamente protocolos, métodos y procedimientos de
seguridad en los reclusorios, no los corrigió. También explicar por qué no
reforzó los accesos al Penal que relajó Mondragón y restauró sistemas de
contrainteligencia –como el audio en todo el sistema de videovigilancia–, que
apagó su antecesor. Importante sería saber las razones por las que perdió
tantos amparos presentados por “El Chapo” Guzmán, que lo llenó de privilegios
en la cárcel, o cómo justifica que a todos los criminales de alta peligrosidad
los mantuvieran juntos, en lugar de dispersarlos o enviarlos a diferentes
cárceles.
El
comisionado tiene mucho que explicar ante la PGR y que de sus declaraciones
deriven nuevas líneas de investigación que permitan establecer las eventuales
responsabilidades políticas por la fuga, y las responsabilidades penales. Imaz
tiene un papel similar. Preguntas para él serían porqué fallaron los sistemas
de inteligencia en el perímetro del penal de El Altiplano, y cuáles son las
razones por las que la contrainteligencia que debía hacer el Cisen nunca se
enteró de los planes de Guzmán. Sus agentes soslayaron la construcción en 90
días de una casa a un kilómetro y medio del Penal, que es donde se inició el
túnel, y en alguna área de ese organismo, se hizo caso omiso de las dos alertas
que la DEA le transmitió alertándole de la información sobre los planes de la
fuga. La ventanilla única para la relación con Estados Unidos en materia de
seguridad, encargada a él, no sirvió.
El
hecho que ninguno de los dos haya sido llamado a declarar, sugiere que están
protegiéndolos. La procuradora Gómez los mantiene blindados e inoculados. Si no
hay declaración de las máximas figuras responsables de evitar que “El Chapo”
Guzmán se escapara, no podrá iniciarse la línea de investigación que determine
si dentro de las más altas esferas del gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto hubo complicidades que ayudaron en la fuga. Todo el esquema de
investigación que está haciendo la PGR está acotado y parecería que quisieran
limitarlo, como máximo nivel de responsabilidad federal, en el sistema de
reclusorios.
A
menos de 48 horas de que se anunció la fuga, el secretario Osorio Chong suspendió
a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; a Celina Oseguera,
coordinadora general de Centros Federales, y al director del Altiplano,
Valentín Cárdenas. Carne para la jauría. Ni Hernández Mora ni Oseguera tenían
autoridad para hacer nada sin la autorización de Rubido. El caso de Cárdenas es
peor. Nadie en el Penal tenía la responsabilidad absoluta. Un comité técnico
integrado por más de una docena de directores y coordinadores, tomaba las
decisiones que, además, tenían que ser autorizadas por los subalternos de
Rubido.
La
toma de decisión final no se encontraba en los penales, sino en la Secretaría
de Gobernación. Cuando se escapó por primera vez “El Chapo” Guzmán, el presidente
Vicente Fox destituyó al subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón
–por responsable político, no culpable– y se investigó a más de 100 personas,
de las cuales 73 purgan sus condenas. Fox demostró que las cosas no podían
seguir como si no hubiera pasado nada. Hoy prevalece la impunidad. Ni el
secretario o el Presidente deben sorprenderse que acusen al Gobierno de
cómplice de la fuga. La pasividad con sus subalternos, que no la tuvo Fox con
los suyos, ha puesto al presidente Peña Nieto varias veces en la picota
pública, en el último año. Ya sabe cuál es el camino al Infierno político, que
insiste una vez más, en caminarlo.
(ZOCALO/
COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE AGOSTO 2015)
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