El Cártel de Los Zetas
prendió fuego al Casino Royale el 25 de agosto del 2011. Cuatro años después, y
tras una serie de señalamientos por irregularidades en sus permisos de
operación e instalaciones, ninguno de los funcionarios investigados ha sido
sancionado
El autor intelectual, Carlos Alberto
Oliva Castillo, conocido como ‘La Rana’, se convirtió en testigo protegido
La agresión al Casino Royale,
en donde fallecieron 52 personas inocentes, quedó sellada por la impunidad.
Mañana se cumplen cuatro años
de la tragedia iniciada por el ataque de un comando del Cártel de Los Zetas,
que prendió fuego al lugar.
Al extinguirse el humo del
incendio, comenzó a revelarse una serie de irregularidades en la concesión de
permisos para la operación del casino.
Las investigaciones arrojaron
en un principio que este centro de apuestas era operado en sociedad por Cymsa
Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV, con permisos
irregulares del Municipio de Monterrey y con la “autorización” del Tribunal de
lo Contencioso y Administrativo
Después de la tragedia, esta
última empresa se deslindó de la operación del casino y aseguró haber
abandonado la sociedad en 2008.
Maribel Flores de Ladrón de
Guevara, quien perdió a su madre, Isabel Ladrón de Guevara, en el atentado a
este casino, asegura que la impunidad en este caso lastimó a muchos familiares
de las víctimas.
“(Protección Civil del
Estado) fue el principal responsable. En el casino se realizó una remodelación,
se supone que Protección Civil debe volver a supervisar cómo había quedado el
trabajo, pero no lo hizo.
“Otra cosa, Protección Civil
o Gobierno del Estado autoriza construir un casino cuando según las reglas no
debe de estar cerca de una escuela, y ahí hay una a unos cuantos metros,
entonces ¿quién dio el visto bueno?”, se cuestiona Ladrón de Guevara.
Mientras que la autoridad
federal y estatal presumió la captura de los responsables materiales de este
atentado, ligados al grupo delictivo Los Zetas, ninguno de los alrededor de 15
funcionarios municipales y estatales involucrados en la investigación fueron
sancionadas por autorizar la operación del Casino Royal.
Ladrón de Guevara consideró
que las autoridades involucradas en permitir la operación del casino debieron
ser castigadas, para que sirva de ejemplo a otros servidores públicos.
“Que la gente se dé cuenta
que si un servidor público hace las cosas mal va tener un castigo ejemplar,
para que no lo vuelva a hacer otro.
“Seguramente si se hubiera
hecho una inspección se hubiera evitado la tragedia, porque las puertas de
salida estaban canceladas, y el primer año (2011) salieron otros detalles en el
Municipio de Monterrey, el alcalde en ese entonces (Fernando Larrazábal) nunca
se apareció” señaló la mujer.
En el futuro, la revisión de
las instalaciones de este tipo de establecimientos es prioridad, según adelantó
el equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez.
“Queremos investigar con qué
tipo de autorizaciones cuentan los negocios y si hay riesgos”, dijo Manuel
González Flores, coordinador general de la transición.
LA TRAGEDIA QUE MARCÓ A NL
La tarde del 25 de agosto de
2011, un convoy de cinco vehículos tripulado por 13 miembros del grupo
delictivo de Los Zetas, armados y con 10 bidones con 20 litros de gasolina cada
uno, irrumpieron en el Casino Royale.
Rociaron el combustible en
las máquinas de juego, alfombras y prendieron fuego.
En segundos, unas 100
personas quedaron atrapadas sin salida entre el fuego y el humo tóxico.
El hecho fue considerado por
especialistas en seguridad como la mayor agresión a la población civil en la
lucha contra la delincuencia organizada, emprendida por el expresidente Felipe
Calderón Hinojosa.
Días después del ataque, el
entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y Juana María Treviño
Torres, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se
intercambiaron acusaciones de la culpabilidad de la tragedia.
Por un lado Larrazábal
señalaba al tribunal por permitir la reapertura del casino, mientras Treviño
Torres acusó a Protección Civil de Monterrey por no verificar la ausencia de
salidas de emergencia en el inmueble.
Con esta última acusación, la
responsabilidad recaía en Protección Civil del Estado, que ya era dirigido por
su actual titular, Jorge Camacho Rincón.
Samara Pérez Muñiz, vocera de
las víctimas del atentado al Casino Royale, consideró que la corrupción de los
permisos para los casinos se permitió desde
que Santiago Creel era secretario de Gobernación (2000-2005).
“El día de los hechos el
entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, lejos de que estuviera al
frente con su equipo de trabajo en el lugar de los hechos, acudió a los medios
lavándose las manos.
“Con documentos que mostró de
un cierre parcial a las instalaciones, las sanciones fueron meramente un
trámite, quien emitió estas sanciones o recomendaciones fue la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH)”, dijo Samara Pérez.
EL TESTIGO PROTEGIDO
El autor intelectual del
atentado al Casino Royale, Carlos Alberto Oliva Castillo, conocido como “La
Rana”, se convirtió en testigo protegido.
La Procuraduría General de la
República (PGR) lo “habilitó” bajo el seudónimo de “Sérpico” para que
facilitara información de la operación de Los Zetas.
El testigo está relacionado
originalmente con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/631/2010, los
expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/565/2011 y PGR/SIEDO/UEIDCES/559/2011, de fechas
29 y 23 de diciembre del 2011, además de la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEITA/071/2012.
Fue detenido por elementos
del Ejército Mexicano en octubre del 2012 en Saltillo, Coahuila. Se desconoce
si aún es testigo protegido o está recluido en una cárcel de México.
Oliva Castillo, junto con
otros delincuentes de “primera línea”, tuvieron ese beneficio en el sexenio del
expresidente Felipe Calderón, y delataron a otros líderes de los cárteles.
De acuerdo a la investigación
de la Procuraduría, “La Rana” ordenó a 13 miembros de Los Zetas quemar las
instalaciones del Casino Royale porque los dueños no pagaron el derecho de piso
a su organización.
Estuvo a las órdenes del
extinto Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y de Miguel Ángel Treviño
Morales, “El Z40”, éste actualmente en prisión, ambos también acusados por el
atentado al Casino Royale, según la PGR.
Ante la presión de la
ciudadanía para castigar a quienes
UNA COMISIÓN SIN VERDAD NI CASTIGO
Ante la presión de la
ciudadanía para castigar a quienes autorizaron la operación del Casino Royale,
el Congreso local anunció en octubre del 2001 la creación de la “Comisión de la
Verdad”.
La comisión fue encabezada
por el entonces diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Sin embargo, el resultado
quedó en sólo presentar iniciativas y un marco legal en los tres órdenes de
gobierno, pues los diputados informaron que esto sería para que se eviten
negligencias como en la tragedia del Casino Royale.
Los legisladores citaron a
funcionarios de varios niveles, como el director de Protección Civil estatal,
Jorge Camacho Rincón; a la presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Juana María Treviño Torres; y a Mario Alberto Jiménez Robles,
delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, entre otros.
Pero no se llegó a una
sanción para los funcionarios, y ni siquiera a una separación de su cargo.
Y aunque la comisión también
solicitó la comparecencia de exfuncionarios del Municipio de Monterrey por la
sospecha de permisos irregulares, la comparecencia fue de mero trámite.
“Como madre de un hijo que
falleció en tan lamentable hecho, jamás encontraré castigo suficiente para tan
brutales actos, pero no me corresponde a mí juzgar conforme a Derecho”, dijo
Samara Pérez.
SIN RESPONSABILIDAD
Funcionarios aún en activo, y
otros ya fuera de su cargo, citados por la Comisión de la Verdad del Congreso
local como parte de las investigaciones en torno al caso del Casino Royale:
> Jorge Camacho Rincón
Titular de Protección Civil
> Juana María Treviño Torres
Presidenta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo
> Mario Jiménez Robles
Delegado de la Secretaría de Gobernación
> Norma Idalia Contreras Montes de
Oca
Titular de Desarrollo Urbano y Ecología
> Francisco Andrés Ramírez Esquivel
Director de Inspección y Vigilancia
local
> José Adrián González Navarro
Director jurídico del Ayuntamiento
EXFUNCIONARIOS
> Guillemo Rodríguez Páez
Exsecretario de Desarrollo Urbano y
Ecología de Monterrey
> Susana Ramos Ballesa
Exdirectora de Inspección y Vigilancia
del Municipio
> Imelda Patricia Chapa
Exdirectora de Control Urbano
> Julio César García Garza
Exregidor comisionado en Alcoholes y
Espectáculos de Monterrey
> Alfonso Solís Navarro
Exmagistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Nuevo León
> Jovita Morín Flores y Luis A.
García Lozano
Exregidores de Monterrey
> Gerardo Garza Zambrano
Representante de la empresa auditora
ADSA
> Julio Martínez Rodríguez
Director de Ingeniería del Patronato de
Bomberos de Nuevo León
(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA/ Lunes 24
de agosto de 2015)
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