La
justicia en México, ya se sabe, está subordinada a los tiempos políticos. Esos
tiempos en los cuales en Los Pinos obligaron a Pemex y a la PGR a contener la
investigación sobre el fraude de Oceanografía a un asunto “entre particulares”,
como fue caracterizado en su momento, ya fue superado. Los chantajes aceptados
del PAN por el presidente Enrique Peña Nieto para que la investigación dejara
sin tocar al gobierno de Felipe Calderón a cambio del apoyo a la reforma energética,
terminaron su vigencia. De manera muy discreta, comenzó una etapa más para
descubrir los misterios que aún guarda el desfalco a Pemex por más de 5 mil
millones de pesos. En el centro de esta nueva fase está Mario Ávila, protegido
por la familia de Juan Camilo Mouriño, el alter ego del ex presidente Calderón,
que es una figura clave para desvelar la corrupción en el sector energético
durante la anterior administración.
Ávila,
subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex hasta el primer día del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue suspendido
fulminantemente por Emilio Lozoya, el nuevo director de la empresa. Toda la
información recabada durante el periodo de transición entre gobiernos, lo
señalaba como uno de los funcionarios alrededor del cual se habían tejido
circuitos de corrupción. Las negociaciones con el PAN para la reforma
energética obligaron a Pemex y a la PGR enfocar el fraude de Oceanografía al
año 2013, y dejar impune todo lo que había sucedido antes. El PAN quiso evitar
que se manchara a Calderón, Mouriño y otros panistas con corrupción y buscaron
comprar impunidad. Se acabó el periodo de gracia.
Ávila,
en el comienzo del proceso judicial en su contra, fue inhabilitado por la
Secretaría de la Función Pública para ejercer cualquier cargo público durante
10 años, como resultado de las investigaciones de la Unidad de
Responsabilidades de Pemex, que demostró un conflicto de interés al haber
utilizado con fines particulares de él y su familia, aviones de Oceanografía para
viajes al extranjero, durante el mismo periodo en que firmó 12 contratos para
esa empresa por 231 millones de dólares y mil 500 millones de pesos. De acuerdo
con la investigación de Pemex, Ávila realizó los viajes, particularmente a
Estados Unidos, en días laborales sin haber solicitado permiso para ausentarse
de su trabajo. Más aún, el exfuncionario presentó en una ocasión gastos de
viaje de una supuesta comisión de trabajo, durante una de estas escapadas a
Houston.
La
investigación sobre Ávila forma parte de un expediente voluminoso aún
trabajándose, en donde figura un número no revelado de funcionarios del
gobierno de Calderón por presuntamente haber beneficiado a Oceanografía con
contratos por más de 8 mil millones de pesos entre 2010 y 2012. Las investigaciones
se han focalizado en Ciudad del Carmen, Campeche, donde está el cuartel general
de Oceanografía y se encuentra la Subdirección de Mantenimiento y Logística de
Pemex Exploración y Producción, que por las características de sus funciones,
es la que más recursos maneja en toda la empresa.
Ávila
estuvo a cargo de esa Subdirección desde febrero de 2010, cuando le fue
impuesto al entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, directamente
por el presidente Calderón –quien no ha respondido peticiones para hablar sobre
esta caso desde hace meses que le fueron hechas–. Ávila era un administrador de
empresas y distribuidor de automóviles en Campeche, que era cercano a la
familia Mouriño. Juan Camilo, quien ascendió en la escalera del poder hasta ser
la persona más influyente en el gobierno de Calderón, lo metió a la
administración pública y logró que la entonces secretaria de Desarrollo Social,
Josefina Vázquez Mota, lo nombrara delegado en Campeche.
Cuando
Mouriño murió en un accidente de aviación en diciembre de 2008, su familia lo
siguió protegiendo. En 2009, el jefe de la familia, Carlos Mouriño, que tiene
amplios negocios de gasolineras y transporte de hidrocarburos, le pidió a
Calderón que lo nombrara subdirector de Mantenimiento y Logística, a lo que
accedió. Los grandes tesoros de Pemex quedaban en manos de un incondicional de
los Mouriño, con el aval del Presidente. El conflicto de interés no fue
relevante. La incapacidad técnica de Ávila, menos aún. El manejo
patrimonialista con el que se manejan algunos asuntos de Estado en México,
siempre ha sido superior a cualquier acotamiento legal o legítimo. Todas las
alertas dentro de Pemex sobre lo que estaba haciendo Ávila, fueron soslayadas.
Su paso por la Subdirección apestaba internamente. Por eso Lozoya tenía tanta
información sobre de él antes aún de llegar a la dirección de Pemex.
La
acción de la Secretaría de la Función Pública está fundamentada sobre las
primeras piezas producidas por la investigación de Pemex, y establece un
conflicto de interés que, aunque acotado, fue considerado lo suficientemente
grave para determinar la inhabilitación por 10 años, que es el máximo plazo con
el que se castiga a un funcionario público. Este caso no está acabado. La
investigación en su contra es sobre 21 contratos asignados a Oceanografía entre
julio de 2010 y junio de 2012. Desde que salió de Pemex vive en Houston sin
mayores problemas legales. La inhabilitación lo afecta moral y políticamente,
pero no está en riesgo de ir a la cárcel. De ello dependerá que en Los Pinos
autoricen seguir adelante con esta investigación sin importar a dónde llegue.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE AGOSTO 2015)
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