El
secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, hizo el viernes pasado lo
que se sabía hace meses haría: exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al
secretario de Hacienda, Luis Videgaray –su gran amigo– de cualquier ilegalidad
derivada por haber realizado operaciones inmobiliarias a través de un
constructor amigo, quien ganó millonarias licitaciones en el Estado de México y
a nivel federal, y dijo que no habían incurrido en un conflicto de interés. El
tinglado político incluyó las disculpas de Peña Nieto y de Videgaray por haber
generado la duda en la opinión pública sobre la integridad de su Gobierno. Para
ellos, el asunto está cerrado. Para muchos otros, es una burla.
Andrade
investigó si como consecuencia que el Grupo Higa hiciera operaciones inmobiliarias
que beneficiaron al Presidente –porque el que la compra de la llamada “casa
blanca” la haya realizado su esposa, no lo exime de responsabilidad– y al
secretario de Hacienda se le había otorgado obra pública de manera irregular.
Para nada, dijo, todo se apegó a la ley. En este espacio se ha mencionado
reiteradamente a lo largo de los años –porque el fenómeno no es nuevo–, que no
se necesita incurrir en una ilegalidad o aprovechar su puesto para beneficio
personal, para entrar en un conflicto de interés.
En
la mayoría de los casos es un tema de percepciones que en otros países se ataja
para que no se conviertan en realidad o sean motivo de ataques. En países
maduros, quienes llegan a una posición pública venden sus acciones o las
colocan en un fideicomiso, se retiran de consejos de administración y dan a
conocer sus activos.
La
mejor forma de manejar un conflicto de interés, evitar ser acusado de ello, y
lastimar a la institución para la que se trabaja, es no tenerlo. En México ni
siquiera es una obligación dar a conocer las declaraciones patrimoniales, y
cuando en términos demagógicos las divulgan, son documentos parciales que no
sirven de fotografía para medir a futuro su integridad.
Un
conflicto de interés, se ha repetido en este espacio, no requiere de un acto
ilegal o ilegítimo. Basta que exista la percepción para que se genere la
sospecha y la falta de credibilidad.
El
presidente Peña Nieto ha tocado el tema desde el punto de vista de las
percepciones, aunque por sus acciones, confunde ilegalidad con ilegitimidad. En
un mensaje a la nación el 3 de febrero pasado, cuando ordenó la investigación
sobre él y el secretario de Hacienda, dijo:
“La
corrupción en México… es un problema estructural que entre todos debemos
enfrentar. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la
percepción sobre este problema no ha mejorado en nuestro país. De acuerdo con
los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014… México obtuvo
una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la
misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas… No hay excusa
para dejar de tomar acciones decididas”.
El
informe final de Andrade y las disculpas del Presidente y su secretario de
Hacienda, contradijo su promesa. De lo ilegítimo, ni una línea, ni una
explicación, ni una solución. Los resultados de la investigación, hay que
señalar, no son sorpresa. El 5 de febrero se informó en este espacio lo que iba
a suceder el viernes pasado. Era muy simple. Si Andrade se ajustaba a la ley,
no encontraría delito qué perseguir porque el conflicto de interés no se aplica
a ninguno de los tres involucrados, de acuerdo con lo que establece el título
IV del Artículo 110 constitucional.
La
primera dama, porque no es servidora pública; el Presidente, porque el único
delito aplicable a él es el de traición a la Patria, y Videgaray, porque cuando
hizo la compra de su casa de campo, no ocupaba ningún cargo público. Andrade no
encontró que en 33 contratos, su relación hubiera inclinado licitaciones hacia
Higa.
Pero
la ilegitimidad es intangible. Los empresarios muy cercanos a un presidente
tienen derecho de picaporte en todas las oficinas de Gobierno. Las veces que
terminen esas visitas en negocios, es imposible ligarlas legalmente al
presidente. Pero cuando Rodrigo Medina, Gobernador de Nuevo León, dijo una vez
en Los Pinos que la forma de mantener la gubernatura pasaba por la cancelación
de la obra hidráulica Monterrey VI, cuya licitación ganó el Grupo Higa, y el
proyecto siguió ¿fue porque se trataba de la obra del compadre presidencial?
Pero
cuando la obra del tren rápido México-Querétaro, cuya licitación fue ganada por
Higa, se canceló abruptamente por el Presidente porque el proceso había sido
irregular, ¿se paró porque el compadre presidencial así lo dispuso? Tampoco se
sabe. Se puede alegar que hubo un trato de dos caras con Higa, que no reflejó
Andrade.
Legalidad
y legitimidad no son lo mismo, como lo plantea al presidente Peña Nieto. El
reporte de Andrade y las disculpas ofrecidas fueron una oportunidad perdida.
Qué sano hubiera sido que se propusiera una ley o regulación que acotara la
ilegitimidad del conflicto de interés. Colocar parámetros objetivos a fenómenos
subjetivos es difícil y requiere creatividad legal.
Pero
la grandeza de miras, lo hemos visto en el último año, se le acabó a este
Gobierno. Se fueron por lo fácil en este caso, pero el problema del conflicto
de interés no se resolvió. Tampoco desaparecerá la percepción de corrupción.
(ZOCALO/
COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUDNO RIVA PALACIO/ 24 DE AGOSTO 2015)
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