Raymundo Riva
Palacio
Ayotzinapa marca un
antes y un después, cierto, en términos de justicia y contra la impunidad. Pero
deberá serlo para el sistema político, que arrastra décadas de colusión con el
crimen organizado sin que hasta ahora, salvo casos aislados, haya freno a la
impunidad. Guerrero representa la oportunidad para convertirlo en el paradigma
del Estado de derecho, y para el presidente Enrique Peña Nieto, si quiere
rescatar algo positivo del crimen colectivo en Iguala que marcó su gobierno. Lo
podrido de las cosas en Guerrero, por su penetración criminal y silencio, lo
ejemplifica el secuestro del diputado local priista Olaguer Hernández Flores,
que hace un excelente estudio de caso de la narcopolítica.
El secuestro sucedió
en Chilpancingo, alrededor de las 11 de la noche del 3 de mayo. Hernández Olaguer
se encontraba en el centro de apuestas Casino Emotion en la plaza Galerías,
cuando un grupo de personas entró y lo sacó con violencia. Tres días después,
fue liberado y se trasladó a la ciudad de México. El caso no se cerró. Según el
informe público de la Procuraduría de Guerrero, las investigaciones llevaron el
16 de mayo a la detención de Carlos Alberto Vázquez Marín, quien declaró
pertenecer a la banda criminal Los Rojos. A partir de sus dichos, se tejió la
estructura de la banda en Chilpancingo, y sus relaciones políticas.
Vázquez Marín era el
chofer de la célula, y durante los interrogatorios señaló a tres personas por
sus apodos. Con sus descripciones se elaboraron retratos hablados, que junto
con las imágenes de las cámaras de seguridad del Casino Emotion, y las huellas
dactilares que dejaron en la casa de juegos y en el vehículo que decomisaron a
Vázquez Marín, se pudo identificar a Pedro González Barragán, Conrado Marroquín
Gutiérrez y Sócrates Ríos Alonso, detenidos el 3 de junio.
González Barragán
declaró que tres meses antes del secuestro, conoció a un miembro de Los Rojos,
a quien identificó como Higashi, quien sabía que “era el brazo derecho” de
Leonor Nava Romero, apodado El Tigre, líder de esa banda y socio del capo
Héctor Beltrán Leyva. Nava Romero, capturado en mayo pasado por fuerzas
federales, es ante quien llevaban a los alcaldes de Tierra Caliente para pactar
protección y pagos mensuales. Las autoridades federales señalan a El Tigre como
probable responsable del asesinato de ocho militares en diciembre de 2008 en
Chilpancingo, que también es atribuido al ERPI. Los Rojos y el ERPI operan
conjuntamente en Tierra Caliente.
Higashi,
identificado por las autoridades de Guerrero como Jorge Higashi Chávez, apodado
El Japonés, le ordenó el secuestro a González Barragán, quien testificó que era
para aclarar “un mal entendido”. En sus declaraciones, Vázquez Marín precisó
que “lo habían levantado por órdenes de… Higashi… ya que tenía que aclarar un
mal entendido con el diputado, ya que estaba traicionando… a Los Rojos y estaba
jalando con la contra”. La “contra” son Guerreros Unidos, la banda criminal que
participó y eliminó a los normalistas de Ayotzinapa.
Oficialmente, la
liberación de Hernández Flores obedeció al pago de un rescate. En ninguna parte
de la investigación se hace referencia a una petición de rescate. El diputado
local tampoco ha hablado de este asunto, cuando menos en público. Barragán,
quien recibía órdenes de los jefes de Los Rojos para secuestrar y mantenerlos
en casas de seguridad –en una de ellas, en la parte alta de la sierra de
Xaltianguis, lo retuvieron–, dijo que fue liberado en una gasolinera de
Chilpancingo después de “aclarar el mal entendido”. Este se refería a que no
habría traición a la banda criminal a la que respondía, y que era falso que
hubiera cambiado de bando.
¿Qué hacía el
diputado Hernández Flores para las bandas criminales? En el expediente sobre su
secuestro, no está señalado. El diputado local tampoco ha sido llamado a
declarar en Guerrero, ni la PGR atrajo el caso. Ni siquiera ha respondido a las
detalladas imputaciones sobre los motivos de su secuestro. Hernández Flores no
es alguien alejado del escándalo criminal. Llegó a la diputación local en medio
de imputaciones de haber estado ligado al cártel de los Beltrán Leyva desde que
fue alcalde de Tlacotepec, por intermediación, según medios guerrerenses, de
Jesús Nava Romero, apodado El Rojo, que fue jefe de esa plaza hasta que cayó
abatido en diciembre de 2009, en el operativo de la Marina donde murió el jefe
del cártel, Arturo Beltrán Leyva.
Hernández Flores
nunca respondió esas imputaciones, que por el nivel de precisión, al menos
tendría que haber sido llamado a declarar por las autoridades federales, por
ser un tema del ámbito federal. No lo hicieron y caminó frente a los ojos de
todos, como abanderado del PRI, a una diputación local. La historia de
Hernández Flores es una de omisión que puede ser también de impunidad. Pero
sobre todo es de descuido y negligencia por parte de las autoridades, o de un
cerrar de ojos conveniente para no tocar a nadie de la clase política, salvo
que sea un acto de flagrancia como la de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Sin embargo, si como
plantea el presidente hay que hacer todo para evitar un Ayotzinapa más, la
protección de políticos a criminales es lo que hay que combatir en la fuente de
la impunidad. Guerrero es la oportunidad para iniciar la cruzada.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 09.12.2014)
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