Raymundo Riva Palacio
Guerrero y Oaxaca
sufren de asfixia. Todos los días desde hace dos meses, bajo el pretexto de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los maestros disidentes agrupados
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aprietan la
economía de esos estados con ataques al turismo y al comercio, acompañados de
acciones de propaganda armada –por sus vínculos con los grupos armados en esas
entidades– en contra de las instituciones. El objetivo es poner de rodillas al
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ceda en su pretensión de
abrogar en esos estados la reforma educativa. Se puede alegar que está a punto
de alcanzar el éxito.
El subsecretario de
Gobernación, Luis Miranda, les está entregando formalmente el poder en esas
entidades. Las presiones que ejercieron el año pasado con la toma del Centro
Histórico de la ciudad de México sin conseguir la victoria, se están consumando
gracias a la desestabilización que enmarcaron en la barbarie de Ayotzinapa.
Miranda está en contraposición a su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong. La abrogación de la reforma educativa, que era
innegociable, ya se entregó.
En Guerrero, los
actos contra los normalistas de Ayotzinapa crearon las condiciones para la
insurrección de los maestros disidentes y los grupos armados, que han
incendiado Chilpancingo e impedido que el gobierno interino de Rogelio Ortega
funcione con normalidad. Bajo esa presión, Miranda les dio parcialmente lo que
querían: plazas de maestros sin examen de oposición como establece la reforma
educativa, la primera gran transformación que logró el presidente Peña Nieto al
arrancar su administración.
Miranda, en
coordinación con el secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez
della Rocca, entregó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
(CETEG), filial de la CNTE, 235 plazas por fuera de la ley que fue aprobada en
ese estado hace más de un año. Las plazas son una forma de control feudal sobre
los maestros, que se usan como un sistema de premios y castigos, y de obtención
de recursos. Quitárselas al sindicato magisterial fue el momento más ovacionado
del primer discurso de Peña Nieto como presidente el 1 de enero de 2012, con lo
cual le quitaba en ese momento el principal poder que tenía la maestra Elba
Esther Gordillo y recuperaba, por esa vía, la rectoría del Estado sobre la
educación.
Hoy, aquello va de
regreso al punto original salvo por una variable: Gordillo era una política
funcional al sistema; la CNTE es un grupo antisistémico insaciable. Guerrero es
el principio del fin de la reforma educativa. En Oaxaca, Miranda ya dispuso que
avancen las instituciones estatales para entregarle formalmente el poder a la
Sección 22 de la CNTE, la más numerosa de la disidencia magisterial, que tiene
de rodillas desde hace largo tiempo al gobernador Gabino Cué, que es su vocero
ante el gobierno federal. La reforma está detenida en Oaxaca porque el Congreso
local nunca aprobó los cambios constitucionales. En cambio, Cué y la CNTE
redactaron una ley educativa para “armonizarla” con la constitucional e,
incluso, la Sección 22 presentó su propia iniciativa.
La postura de Cué
indignó a las autoridades federales, que consideraron llevarlo a un juicio de
procedencia para destituirlo por violar la Constitución, pero en la Secretaría
de Gobernación los frenaron. Lo único que le quedó al secretario de Educación,
Emilio Chuayffet, fue amenazar con un recurso de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte. Gobernación lo volvió a parar y ahora, Miranda aceleró la
solución final. La semana pasada instruyó a las autoridades en Oaxaca a que
aprueben la ley educativa que presentó la Sección 22. De una vez por todas, que
la CNTE se apropie de la reforma educativa en los términos que desee.
La abrogación de la
reforma educativa es la única agenda de la CNTE, disfrazada en la causa
legítima contra la desaparición de los normalistas. La violencia en las calles
de Guerrero y Oaxaca y en contra de las instituciones y propiedad privada,
responde a su estrategia de presión, movilización y confrontación, no a la
solidaridad con Ayotzinapa. Miranda, que siempre ha estado cerca de la CNTE y
sus acciones han sido de apoyo y consolidación de la disidencia magisterial,
aun a costa de la Constitución y los deseos de Peña Nieto, decidió
–porque no es la
posición de Osorio Chong– que la reforma se abrogue en esas entidades.
¿Sabrán el
presidente y el secretario de Gobernación de esta decisión?
En la Secretaría de
Hacienda están inconformes. Las plazas no pueden darlas en esa dependencia. La
contrapropuesta de Hacienda de dar plazas de honorarios fue rechazada por la
CNTE. Pero Miranda las comprometió, pese a que viola la ley, por lo que podría
ser encarcelado. Por supuesto que esto no sucederá, porque la ley en México es
discrecional. El mensaje que quedará es claro. Ni siquiera la gran reforma
inicial de Peña Nieto puede ser defendida por el gobierno. La racional de
Miranda es frenar la insurrección en el sur del país, pero no termina de
aprender que entre más poder da la disidencia magisterial más poderosos la
hace. Con la CNTE no se puede. Cuando se le permite, humilla y arrodilla. Así
tienen a Miranda –que no se da cuenta– y al gobierno federal –que tampoco lo ha
visto–. Los yerros del gobierno federal, como se ve, continúan en marcha
acelerada.
Twitter: @rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 03.12.2014)
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