Parafraseando al
historiador Gastón García Cantú sobre lo que Anenecuilco en Morelos significó
para la historia de México, Ayotzinapa es una herida por donde sangra el país.
La desaparición forzada de 43 jóvenes galvanizó agravios y protestas en el
país, pero la expresión de descontento más grave, porque de sus decisiones y el
nivel de confrontación que asuma contra el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto se verán consecuencias para el país, es la que se vive con la élite
empresarial. No la inició ese crimen, pero la crisis hizo pública la batalla
entre esos sectores.
El presidente dijo
hace unos días que hay grupos interesados en desestabilizar a su gobierno. No
los identificó, pero no se referiría en esos términos a la guerrilla que opera
en el sur del país, o a la disidencia magisterial, que son dos grupos
plenamente identificados y que no representan riesgo de ruptura nacional por sí
solos. Tampoco puede pensar en los anarquistas, que no dejan de ser grupos
sectarios y sin apoyo masivo. ¿A quién entonces se refirió el presidente? A los
únicos que, como históricamente se ha probado, si sus apoyos cambian de lado, a
quien abandonan hunden.
Son algunos grupos
empresariales, afirman en algunas oficinas en Los Pinos. El coordinador del
Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, dijo el viernes en una
entrevista de radio que quieren desestabilizar al gobierno, aunque hasta dentro
de unos meses, anticipó, revelará sus nombres. Los peñistas no entienden cómo
pudo crecer el conflicto sin una mano económica poderosa que meciera la cuna.
Sin autocrítica alguna, ven al enemigo afuera, sin reflexionar cuánto la
reforma fiscal y la entrega irregular de obra pública a grupos cercanos al
presidente que incurrió en conflictos de interés y corrupción, fueron los
multiplicadores de la ingobernabilidad por la oposición abierta al gobierno.
El 3 de septiembre
pasado se publicó en este espacio: “El presidente… tiene que saber que la ola
que habla de corrupción en su gobierno crece cada semana... La percepción que
hay una sed insaciable en su administración por el dinero fácil y sucio, es la
mayor en más de medio siglo… Comisiones de 25 por ciento para entrega de obras
públicas y viviendas...; mal uso de fondos públicos para casos de emergencia...
Grupos beneficiados en licitaciones... Presiones a inversionistas para que
escojan como compañeros de aventuras empresariales a los amigos y a los
cercanos”.
Coincidió esta
creciente molestia empresarial con la publicidad en medios de la película La
dictadura perfecta, producida por Televisa con el apoyo del Eficine, el
Estímulo Fiscal de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica
Nacional, por 20 millones de pesos. Dirigida por el cineasta Luis Estrada, se
convirtió en una de las películas más taquilleras. La película parece un
sketch, y aunque llena de lugares comunes, al ser bien presentados en el guión
y los parlamentos, causan risa.
Pero si uno piensa
en los efectos de la inopinada propaganda subliminal, la idea incubada es
poderosa: una empresa televisora pone y quita presidentes, les administra sus
crisis y cuando sus clientes se convierten en lastre para sus intereses
económicos, los desecha. Los personajes de carne y hueso detrás de la parodia son
el vicepresidente de Televisa encargado de las relaciones políticas Bernardo
Gómez y Sergio Meyer –que interpreta supuestamente a Peña Nieto– yerno de Jaime
Camil, quien cayó de la gracia presidencial desde que buscó interceder por
Oceanografía y recientemente frustrado competidor en la licitación del tren
rápido México-Querétaro.
La dictadura
perfecta motivó una amplia repulsión a los usos y costumbres de la política
mexicana, sintetizados en la figura del presidente, quien siguió recibiendo
golpes. El más certero, por su alcance y repercusión, fue la revelación de las
majestuosas propiedades de su esposa, obtenidas mediante la gestión
inmobiliaria de su amigo, empresario y financiero de la campaña presidencial en
2012, Juan Armando Hinojosa quien, por cierto, había ganado la licitación del
tren rápido. En Los Pinos, las mentes fáciles y lineales están convencidas de
que todo está tramado por las élites contra el presidente.
Pero la revelación
sobre el conjunto de casas de la señora Angélica Rivera, que tanto los incendió
y desubicó, difundida en Aristegui Noticias y Proceso, fue resultado de una
investigación de seis meses de un equipo de periodistas con el apoyo de la
plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y el Centro Internacional
para Periodistas en Washington. No responde a conspiración alguna; la señora,
con el aval de su esposo, mostró parte de las casas hace meses en la revista
Hola, antes de que abriera Los Pinos para mostrar su glamour ante las cámara de
Marie Claire.
La Presidencia vive
los costos de sus errores, por sus abusos y arrogancias. ¿Hay razones para
pensar que las élites empresariales actúan con perversidad contra el
presidente? La pregunta se contesta con otra pregunta: ¿por qué se tienen que
soportar la soberbia, los conflictos de interés y la corrupción? Las élites se
quebraron como reacción a las acciones de la cúpula en el poder, y su ruptura
se inscribe, cierto, en el frenesí de la agitación nacional. Pero buscar en
ellas al enemigo es un despropósito y la ratificación de que después de 60 días
de crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aún no termina
de comprender lo que con sus acciones y omisiones ha hecho en esta
administración.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26.11.2014)
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