Raymundo Riva
Palacio
La rapidez con la
que se movió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para hacer control de
daños sobre la revelación en The Wall Street Journal el jueves pasado que había
adquirido una casa de descanso en una operación inmobiliaria con uno de los empresarios
más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto –que también le vendió en
condiciones similares una casa a la primera dama, Angélica Rivera–, fue
espectacular. El viernes acudió a los programas de radio y televisión que
utiliza permanentemente como vehículos de comunicación, y como el tamaño del
problema en que se encontraba era muy grande, amplió su calvario de
explicaciones en otros espacios. Como siempre, muy articulado, pero como nunca,
insuficiente. El problema no lo neutralizó, lo potenció.
Los detalles que
aportó Videgaray arrojan dudas legítimas sobre la legitimidad de la operación,
un evidente y contundente conflicto de interés. El conflicto de interés se
refiere, en el caso de una figura pública cuyas decisiones afecten a una
sociedad, a una situación en la cual tanto la valoración como la acción que
realice, pueda estar influida por un interés secundario, personal y económico.
Puede no concretarse, pero el sólo hecho que exista la posibilidad –la
subjetividad siempre acompaña al conflicto de interés–, obliga a la persona
pública a evitar ese tipo de situaciones.
El reportaje de The
Wall Street Journal ve en este factor el interés público de la publicación. El
corresponsal del diario subraya que no hay nada ilegal en esa operación, pero
dado que la empresa de Juan Armando Hinojosa, que vendió la casa a Videgaray en
Malinalco, es la misma que vendió una propiedad a la primera dama, Angélica
Rivera, y éste es uno de los empresarios más cercanos al presidente Enrique
Peña Nieto, es natural, como reconoce el secretario, que sea materia de interés
de la opinión pública.
Videgaray niega que
exista cualquier conflicto de interés. En una carta a la opinión pública
difundida poco después del reportaje en la página electrónica del diario –uno
de los dos más influyentes del mundo en el ámbito financiero–, afirma: “La
operación (celebrada el 10 de octubre de 2012) se realizó de manera plenamente
legal, cuando yo no era servidor público y dentro de los parámetros de mercado,
por lo que no existió conflicto de interés alguno”.
El secretario quiere
jugar con la inteligencia de todos. No era funcionario, pero era algo más: uno
de los dos jefes del equipo de transición del presidente electo, y el
responsable del área económica. Su poder ya era, inclusive, mucho mayor que el
del propio secretario de Hacienda en funciones. Pero además, como coordinador
de la campaña presidencial, autorizó o avaló que la flotilla de aviones que se
utilizó fuera de la empresa de Hinojosa Cantú.
Decir que no era
funcionario al momento de la adquisición de la casa es una trampa semántica. El
conflicto de interés permanece. De hecho, al realizar una transacción
inmobiliaria con un constructor que vive de la obra pública, se le podría
preguntar, dentro de la muy tenue línea subjetiva que establece el dilema
moral, si en algún momento no pensó la suerte que podría tener su amigo en los
concursos de obra pública. Sólo por eso, que no implica delito alguno, debió
haber evitado la operación de su casa de descanso con uno de los constructores
querubines del grupo en el poder, porque inclusive si no pensó nada o si no
actuó a favor de Hinojosa Cantú, el saberse de su cercanía, deja abierta la
sospecha de consideraciones hacia él, lo que lleva al conflicto de interés.
La legitimidad no es
lo único que rodea la venta de la casa. Videgaray incurrió en una mentira en su
declaración patrimonial, al reportar que la propiedad había sido comprada al
contado, cuando era un crédito hipotecario. ¿La mentira no es motivo de sanción
por parte de la Secretaría de la Función Pública? En su carta pública, el
secretario de Hacienda reconoce el dato falso, incorporado por él, al llenar
personalmente la declaración, porque, dijo, hay una deficiencia en los formatos
gubernamentales que no prevén créditos hipotecario no bancarios. Pero la
mentira ahí está.
Videgaray resolvió
privadamente esa discrepancia con un anexo secreto en su declaración
patrimonial, que se sintió obligado a explicar sólo después de la revelación
del Journal. Ahí se menciona el crédito hipotecario a 18 años, y cuyo adeudo
saldó en enero de este año. Como en su declaración patrimonial no reveló los
fondos ni en 2012, ni en 2014, no se sabe de dónde salió el dinero. Tampoco se
conoce cuántos impuestos se pagaron por la operación. Es decir, la opacidad
continúa.
El secretario, muy
golpeado por el mediocre crecimiento económico, está metido en un pantano donde
su credibilidad está cuestionada por un asunto personal mal resuelto. Con esto
arroja lastre adicional sobre Peña Nieto, que en menos de tres meses perdió el
rumbo y cambió a negativo el legado de su presidencia. ¿Qué va a hacer Peña
Nieto? ¿Videgaray? Renunciar no resuelve nada. Ilegalidad no existe y la
ilegitimidad es un ominoso recurrente del gobierno. Si Videgaray se fuera, el
problema se queda en la Presidencia, por el conflicto de interés en el que vive
y la negación de su existencia. Así será, hasta que la ilegitimidad los
inmovilice, a menos que el presidente lo asuma y corrija, con las consecuencias
que ello signifique.
Twitter: @rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 15.12.2014)
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