Raymundo Riva
Palacio
Sesenta periodistas
y sus familias que sostenían una reunión programada hace meses en Tlapa de
Comonfort, en la región de la Alta Montaña en Guerrero, fueron secuestrados
durante ocho horas por el Movimiento Popular Guerrerense, que los golpeó y
vejó. Los periodistas celebraban una premiación a sus colegas, cuando su
ceremonia fue interrumpida. Las autoridades federales no fueron a su rescate,
porque argumentaron que no había una petición del gobierno estatal para ello.
El gobierno de Rogelio Ortega tampoco hizo nada por ellos. Los periodistas, sus
esposas e hijos, dejados a su suerte, fueron sometidos a un juicio popular.
De acuerdo con un
comunicado de denuncia que dieron a conocer este lunes, quienes los privaron de
su libertad se erigieron en un jurado popular. “Ese mismo grupo de personas que
golpearon a los periodistas, les juzgaron y condenaron a pagar tres mil pesos por
las agresiones a uno de sus compañeros”, se precisó en la denuncia. “Les
obligaron a decir una versión falsa de los hechos: que los periodistas
agredieron a los manifestantes, les exigieron una disculpa pública y que jamás
habían sido secuestrados. Todo ante la presencia de una turba que en todo
momento insultó, agredió e intentó linchar a los periodistas”.
Ninguna autoridad ha
intervenido en este caso. Tampoco se ha preocupado por ellos ninguna
organización internacional protectora de periodistas. Nada de esto sorprende.
En el primer caso, no hay autoridad en Guerrero que haga respetar ni procurar
la ley. En el segundo, como los periodistas no forman parte de la agenda
política de las organizaciones defensoras de las garantías de los periodistas
en México y sus agresores no son autoridades, lo que les suceda a ellos no es
relevante.
Son los tiempos
mexicanos. Se entiende –no se justifica–, por el activismo político
antisistémico que desarrollan los órganos defensores de los derechos humanos de
los periodistas, y se explica en el gobierno federal, porque no ha terminado de
decodificar, con fines de acción, que en Guerrero no se juega sólo la
estabilidad del estado, sino la creación de regiones autónomas y autogobiernos.
En Guerrero hay una estrategia guerrillera, que tiene en acción ofensiva y
beligerante a través de su frente de masas, que es el Movimiento Popular
Guerrerense (MPG).
Este movimiento es
una organización paraguas bajo la cual se articulan los maestros de la
disidencia, organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, campesinos
y de abogados. En esta red se conectan con el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) y sus ramificaciones Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI),
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo (FARP). Lo que le hicieron a los periodistas y sus familias en Tlapa de
Comonfort fue un juicio sumario. Y las únicas organizaciones que hacen juicios
sumarios, son las armadas.
En la primera línea
del MPG se encuentra Ramos Reyes Guerrero, maestro rural bilingüe en Olinalá,
que es secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación, quien encabeza el ala ultra radical de la disidencia magisterial en
Guerrero. Reyes Guerrero está al frente de las protestas en la autopista del
Sol, administrando la estrategia de confrontación que tiene incendiado a
Chilpancingo.
Reyes Guerrero tiene
vinculaciones con el ELN, y como segundos de a bordo en el movimiento se
encuentran otros líderes magisteriales: Taurino Rojas, de Metlatónoc, que tiene
averiguaciones previas por sedición y motín, a quien se le vinculó –él lo
niega– con el PROCUP-PdLP, la placenta del EPR. Otro cuadro de Reyes Guerrero
en el movimiento es Minervino Morán, vocero de la disidencia, simpatizante del
ERPI y responsable de la zona de Chilpancingo, y César Tito López, coordinador
de zona de la organización Me’phaa, que es una fachada del ERPI.
No son los únicos
maestros involucrados en la dirección del MPG, que tiene brazos tácticos y
operativos con otros grupos. Uno de los más importantes es con el Frente
Popular Revolucionario (FPR), que dirigen Omar Garibay Guerra y Ubaldo Segura
Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que
también es fachada del ERPI. Otro cuadro relevante del FPR es la diputada
federal del PRD, Rosario Merlín García, relacionada igualmente con el MPG, con
quien también se asocia Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de
Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero y enlace entre el ERPI y su
frente político.
Reyes Guerrero, la
cabeza más visible del ultra radicalismo, está en el centro del enjambre. Las
redes del líder magisterial se extienden a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias, las llamadas CRAC, la Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos, que dirige Manuel Olivares, acusado de homicidio y
adoctrinador en la Normal de Ayotzinapa, y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Fernández, cuyos lazos con
periodistas en la ciudad de México le brindan protección, y cuyo asesor
jurídico, Vidulfo Rosales, simpatizante del ERPI, es el abogado de los padres
de los normalistas desaparecidos.
Toda esta red de
vínculos no es un secreto de Estado, ni es algo que desconozca el gobierno
federal. La han trabajado por años las autoridades y elaborado sus mapas de
riesgo a partir de ella. Por qué carecen de estrategia que frene la violencia
contra la sociedad, es un misterio. Lo que es una realidad es el abandono que
de ella hacen las autoridades, como el sábado en el caso de los periodistas.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE
PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17.12.2014)
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