Raymundo Riva Palacio
Si en este momento
se aprobara en el Congreso la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado
que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, 40 municipios en todo el país
serían puestos en estado de excepción y el gobierno federal asumiría el control
total de la administración. Si en este momento se aprobara la Ley de
Competencias, también propuesta por el presidente, el gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, tendría que resolver el dilema que lo persigue para
descabezar la Fiscalía General del Estado e iniciar una investigación contra
varios de sus mandos por presuntos vínculos con el narcotráfico. O sea, si
alguien no entendió que el discurso de Peña Nieto incluye destinatarios
específicos, el cambio de metabolismo presidencial lo destruirá.
El presidente dijo
que este lunes propondrá la ley contra la infiltración criminal en municipios,
que le permitiría al gobierno federal, con sólo “indicios” de esa penetración,
asumir el control total del ayuntamiento. La propuesta se venía preparando
mucho tiempo antes de que narcopolicías desaparecieran a 43 normalistas de
Ayotzinapa en Iguala, el municipio donde paradójicamente, era laboratorio de
pruebas de lo que hoy es la iniciativa presidencial. Ese crimen interrumpió
también la averiguación de la PGR contra el exalcalde José Luis Abarca, a quien
no podían encontrar un vínculo directo con la banda Guerreros Unidos, pero
querían procesar, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por
enriquecimiento inexplicable, que los vincularía a la delincuencia organizada.
Iguala era para el
gobierno federal el microcosmos de la penetración criminal en las
instituciones, pero el estado de infiltración en los municipios de Guerrero,
rebasaba por mucho a ese ayuntamiento. El Cisen, con información de la Fiscalía
del estado, elaboró un informe donde involucraban con el crimen organizado a 12
alcaldes, de los cuales siete tienen averiguaciones abiertas, y dos diputados
locales. Entre los políticos investigados están el perredista Bernardo Ortega
Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, a quien se
le relaciona con la banda de Los Ardillos, una escisión del viejo cártel de los
hermanos Beltrán Leyva, dedicados al secuestro y la extorsión.
Los Ardillos están
enfrentados con otra banda en conflicto, Los Rojos, en cuya zona de influencia,
Chilapa de Álvarez, aparecieron 16 cuerpos decapitados e incinerados en una
semana. El alcalde, uno de los cinco más grandes del estado, es Francisco
Javier García González, del PRI, también señalado por las autoridades por sus
vínculos con Los Rojos. La documentación gubernamental muestra que los cárteles
de la droga y las bandas criminales encontraron en las alcaldías y las
secretarías de Seguridad Pública en Guerrero sus mejores aliados. En el Congreso,
además de Ortega Jiménez, otro diputado es señalado por sus vínculos con Los
Rojos, Olaguer Hernández Flores, secuestrado en mayo por Guerreros Unidos,
presumiblemente porque los había traicionado.
Pero la infiltración
del crimen organizado en Guerrero, según funcionarios federales, suma una
cuarta parte de todos los municipios donde tienen más que indicios del control
delincuencial. En diferente categoría, pero no menos relevante, se encuentra
Jalisco, al que el presidente Peña Nieto ha enviado varias señales de que es
uno de los focos rojos de mayor penetración criminal en el país. No fue la
excepción el jueves pasado, cuando lo metió en los próximos “operativos
especiales”. Si el gobernador Sandoval lo escuchó con cuidado, debe atender
urgentemente la advertencia. El presidente no parece tener ni el humor ni el
tiempo para seguir esperando a que el gobernador actúe.
Sandoval tiene dos
problemas centrales que el decálogo presidencial aborda. Uno es el de la
corrupción y la transparencia. Las críticas y denuncias crecientes en Jalisco
señalan directamente a su padre, el juez Leonel Sandoval, quien enfrenta un
juicio político por proselitismo electoral a favor de la candidatura
presidencial de su hijo para 2018, y a quien acusan de ser el conducto para que
las cosas se hagan en Jalisco.
El otro problema que
le atañe es el de la vinculación de funcionarios públicos con el crimen
organizado. La PGR está investigando al fiscal general Luis Carlos Nájera,
denunciado en los medios de comunicación de tener vínculos con el crimen
organizado. Durante el gobierno de Sandoval y la procuración de justicia de
Nájera, el cártel Jalisco Nueva Generación, derivación del Cártel del Pacífico
(antes Sinaloa), se ha expandido significativamente y realizado asesinatos de
alto impacto, como el del diputado federal Gabriel Gómez este año, y su
presunto nexo con criminales ha sido tema en el Congreso local. No ha pasado
más allá, aunque Nájera no ha desmentido nada. Sandoval menos.
El gobernador no ha
querido escuchar las palabras del presidente desde hace meses. Lo mismo pasa
con decenas de presidentes municipales, algunos de ellos señalados abiertamente
por autoridades y medios, que no han hecho nada para contrarrestar las
imputaciones, salvo algunas negaciones por parte de los menos.
Las leyes que pedirá
el presidente al Congreso van a ser una prueba para los partidos y las cámaras,
donde se podrán ver las resistencias sospechosas y los bloqueos legislativos; o
sea, las relaciones culposas de las que se acusan a miembros de la clase
política. Pero si le dan las herramientas que dice necesitar para resolver
parte de la crisis que vive, Peña Nieto no tendrá segunda oportunidad. Menos
aún, aquellos políticos que se cruzaron al lado criminal.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01.12.2014)
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