Raymundo Riva Palacio
Desde que Lucio
Cabañas se fue a la sierra hace 47 años para tomar las armas y romper por esa
vía la miseria y la marginación, Guerrero ha vivido una convulsión permanente
que hoy, sus herederos, ven como el principio de ese cambio para convertirlo en
una región autónoma gobernada por comunidades indígenas. Es una apuesta alta,
utópica en términos federales, improbable y casi se podría decir que imposible.
No lo ven así los arquitectos de esa meta, que ante el agotamiento del pretexto
de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, escalaron sus demandas. Ya
no de justicia, sino políticas, en el prolegómeno de un invierno de mayor confrontación,
violencia y provocación.
Ya no es la lucha
armada que escogió por impotencia Cabañas, el maestro rural formado en
Ayotzinapa. Hoy, sus discípulos optaron por una revolución blanda, para retomar
el concepto del afamado profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye,
quien escribió en 1990 un libro fundamental, Bound to Lead, sobre el cambio en
la naturaleza de las relaciones internacionales de Estados Unidos, en el que
describe cómo cambió su expansión mediante el poderío militar por un poder blando,
que sin el uso de las armas incide, influencia y controla los intereses de
otras naciones mediante ideología y cultura, como brazo extendido de la
diplomacia.
Se puede argumentar
que en Guerrero los grupos armados –cuyo núcleo es el EPR–, su frente de masas
–organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos, junto con colectivos
de abogados y productivos–, y el eje multiplicador de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación –la CETEG es parte de la disidencia que tiene
en la Sección 22 en Oaxaca su motor rebelde–, están desarrollando con éxito
esta estrategia.
Tomar casetas y la
autopista del Sol, con lo que al estrangular el turismo en Acapulco, voltean a
los empresarios contra el gobierno federal y hacen que las cancillerías del
mundo exijan a Los Pinos seguridad para sus ciudadanos. Incendian objetivos
estratégicos para que las cámaras de televisión registren las llamas en el
Palacio de Gobierno y el Congreso de Guerrero, y saquean y destrozan tiendas y
propiedades de empresas multinacionales, para que el gran capital reclame. Como
nadie los detiene, la incubación de la idea de un Estado hobbesiano,
ingobernable, avanza aceleradamente en el mundo.
En el exterior están
los resortes de la presión internacional, con las cancillerías pidiendo la
aplicación de la ley, y las organizaciones no gubernamentales que financian,
reclamando al Estado mexicano que la aplique sin reprimir. Es la lucha del
débil contra el fuerte, donde el débil es el bueno y el fuerte, sin
legitimidad. Las imágenes son de paralización, pese a que los poderes, aunque a
tropezones, siguen funcionando sin interrupción.
La revolución blanda
en Guerrero gana terreno. Este martes se pudo apreciar la sintonía de los
discursos entre grupos que, bajo la misma causa legítima de justicia por el
crimen contra los normalistas, dibujan para dónde van.
En el Senado, los
padres de las víctimas de Ayotzinapa, en voz de uno de ellos, Felipe de la Cruz
–el más radical y beligerante de todos– y del abogado Vidulfo Rosales –cercano
al ERPI–, afirmaron que no hay condiciones en Guerrero para que se celebren
elecciones el próximo año. ¿Qué tiene que ver la justicia en Ayotzinapa con un
proceso electoral dentro de casi seis meses? En Chilpancingo, la CETEG aseguró
que deben desaparecer los poderes en Guerrero, donde además, no hay condiciones
para las elecciones. Hoy sí hay, de acuerdo con el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pero los grupos antisistémicos
trabajan aceleradamente para construir la destrucción.
Mientras en el
Senado descalificaban a los representantes federales y los rechazaban como
interlocutores, en Chilpancingo los maestros disidentes secuestraron a
dirigentes de los partidos de izquierda y a funcionarios electorales locales, a
quienes humillaron e hicieron desfilar con pancartas de “Fuera Peña” y “en el
PRD somos ratas”. La sesión del consejo electoral de Guerrero fue interrumpida
con violencia y como los órganos electorales estaban “clausurados”, dijeron, no
habría elecciones hasta que no aparecieran los 42 normalistas cuyo paradero y
destino aún se desconoce oficialmente.
La causa legítima de
Ayotzinapa como el combustible restante de la revolución blanda. Necesitan
presionar al gobierno federal y a las instituciones con impedir las elecciones,
como la siguiente fase de la estratagema. En este momento todos los grupos
antisistémicos están unidos en la misma lógica de trastocar el orden legal y
administrativo en Guerrero. Pero el objetivo es distinto –aunque pueden
convivir–. Por un lado, los grupos armados, como se escribió en este espacio el
14 de noviembre, buscan crear un corredor indígena que cruce Chiapas, Guerrero
y Oaxaca, que sea un ente autónomo de la Federación. Por el otro, la disidencia
magisterial pretende la abrogación de la reforma educativa y que sea ella la
que mantenga en esos mismos estados –a los que uniría Michoacán– la rectoría
educativa, con recursos y prebendas del gobierno electoral.
Impedir que haya
elecciones, como lo plantean públicamente ahora, es sólo un paso más en la
estrategia. Para el gobierno federal nada de esto es un secreto, pero no han
mostrado capacidad y reflejos para impedir que la revolución blanda les vaya
arrebatando día por día, Guerrero. Llevan 76 días consecutivos de derrotas.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ /COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11.12.2014)
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