Raymundo Riva
Palacio
Desde hace siete
semanas el presidente Enrique Peña Nieto carga en la espalda con 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, que era gobernado por el PRD, con un
alcalde apoyado por el gobernador Ángel Heladio Aguirre y respaldado
políticamente por la dirigencia del PRD, encabezada por Carlos Navarrete. Un
crimen cometido en un municipio controlado por la oposición se convirtió en
nacional, y una responsabilidad acotada se transfirió al presidente.
En este espacio se
han explorado las razones por las que Iguala se convirtió en la gangrena del
presidente, cuya enfermedad podría empezar a sanar si cerrara el caso
jurídicamente, que por alguna razón desconocida, no lo hace.
Cerrar no es dar
carpetazo. Cerrar es presentar en forma oficial lo que se ha dicho
extraoficialmente: lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada
del 27 en Iguala, está resuelto en términos jurídicos. Falta concluir el caso
penal, acusar de asesinato al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su
esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y detener a su cómplice, el
exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores. Pero también
determinar la responsabilidad penal, por omisión al menos, de Aguirre y el exlíder
del PRD Jesús Zambrano, quien encumbró al alcalde pese a sus antecedentes
criminales.
Desde la primera
semana que se dieron los hechos, el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco,
resolvió el crimen, de acuerdo con el reporte que entregó a la PGR, cuando atrajo
el caso. La investigación establecía a los asesinos materiales de 46
normalistas –tres de ellos murieron la misma noche en que desaparecieron sus
otros 43 compañeros– y el móvil del asesinato colectivo. La PGR retomó la
investigación y la profundizó.
Los resultados de la
PGR los dio a conocer el procurador general Jesús Murillo Karam el 7 de
noviembre, al informar que las investigaciones apuntaban al asesinato de “un
amplio número de personas”, donde había “indicios” de que se trataba de los
normalistas. Con información de diferentes testigos, la PGR y la Fiscalía de
Guerrero llegaron a una fosa clandestina en Iguala que identificaron como el
sitio donde fueron asesinados. De esa fosa la PGR obtuvo cenizas que envió a un
laboratorio en Innsbruck para verificar si pertenecían a los normalistas.
Funcionarios
federales anticiparon que la información preliminar con la que se cuenta es que
difícilmente vendrán resultados positivos de Innsbruck. No tienen expectativa
alguna de encontrar cuerpos, o que esas cenizas pertenezcan a algunos
normalistas, porque la noche del 26 de septiembre cayó un diluvio en la zona
donde se encontraba la fosa clandestina, por lo que es posible que arrastrara
sus restos a los ríos.
El no tener los
cuerpos no significa que el caso esté jurídicamente inconcluso. Murillo Karam
tiene a los autores intelectuales, a los materiales –confesos–, el móvil
–ratificó lo encontrado por la Fiscalía de Guerrero– y ha consignado, hasta la
fecha, a 75 personas, entre ellas 36 policías municipales y 17 miembros de la
banda Guerreros Unidos. Es decir, el caso está técnicamente cerrado. Sin
embargo, lo mantiene abierto.
El procurador
general no ha querido cerrarlo y asumir los costos que esto le representaría
para él y para el gobierno. Pero tiene que hacerlo y decir cosas que a muchos,
sobre todo a los familiares de los normalistas, no les va a gustar: que no
podrán entregar cuerpos para que los velen y entierren. Las críticas y los
gritos de “¡vivos se los llevaron! ¡vivos los queremos!”, no se detendrán. Para
esto, el presidente debería de nombrar a un fiscal para el caso de los
normalistas desaparecidos, y liberar al procurador de esta tarea. Murillo Karam
tiene que regresar a cumplir con todas sus obligaciones, que no se reducen a
Ayotzinapa, y dejar que un fiscal que trabaje con el Ministerio Público federal
mantenga la investigación, con lo que el presidente enviaría el mensaje a los
familiares de las víctimas que el Estado no se olvidará de ellos.
Lo que no puede
permitirse el presidente es que lo sucedido en Iguala siga consumiéndolo como
si fuera el autor intelectual y material de un crimen donde la gran carga que
tiene encima es haber entrado tardíamente al caso. No hay que equivocarse,
quienes más interesados están en transferir todos los pecados al presidente
están perfectamente localizados en la geometría del poder: o son activistas
vinculados al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, o es la dirigencia
del PRD. En ambos casos, en el ataque al presidente esconden sus propias
competencias en lo que condujo al crimen. Igualmente, quienes piden la renuncia
de Peña Nieto a la Presidencia, sobre todo aquellos que espontánea o
ingenuamente lo hacen sin tener una agenda específica detrás, contribuyen a que
los verdaderos culpables políticos de ese crimen queden impunes.
No hay que
confundirse en pasiones mal encauzadas, pero éstas siguen estando alimentadas
ante la ausencia de un cierre jurídico del crimen. Hacerlo llevará al
presidente y al gobierno a otra dinámica, que tampoco será fácil de remontar,
pero irá colocando en su lugar correspondiente a cada uno de los problemas que
se viven desde hace dos meses. De otra manera seguirá cargando a los 43
normalistas y enfrentando en debilidad creciente a todos los grupos políticos y
económicos que detrás de una causa justa, quieren derrocarlo.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 02.12.2014)
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