No es el primer ex alcalde que protege…
El pasado 11
de septiembre del mismo 2009, el ciudadano Enrique Martínez Mondaca presentó un
recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitó un
juicio de nulidad de los títulos de propiedad y la cancelación de la escritura
pública número 1890 con fecha de 25 de agosto de 2009…
Hermosillo, Sonora
(DP).- Hasta la noche del lunes César Bleizzefer Vega continuaba al frente de
la Subsecretaría de Asuntos Sociales Prioritarios de la Secretaría de Gobierno
pese al caso de los terrenos en la playa que fueron vendidos en su administración
cuando era alcalde de Huatabampo, según consta en el Expediente 586/09.
El pasado 11 de
septiembre del mismo 2009, el ciudadano Enrique Martínez Mondaca presentó un
recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Reforma Agraria, solicitó un
juicio de nulidad de los títulos de propiedad y la cancelación de la escritura
pública número 1890 con fecha de 25 de agosto de 2009.
Dicha escritura fue
notariada por el panista y Notario Público 87, Víctor Manuel Vázquez Romero, el
pasado 4 de marzo cuando la juez de la
Primera Instancia de lo Civil, Olivia Gudalupe Elías Ruiz, sentenció la nulidad
absoluta de los títulos de propiedad extendidos por el ayuntamiento de
Huatabampo a favor de inmobiliaria CDC, con fecha 20 de agosto del 2009.
Estos procesos se llevaron
a cabo durante la administración municipal del PAN, encabezada en una primera
instancia por Cesar Bleizzefer Vega y después por Romeo Planaguma, hoy director
de Salud Escolar.
El pasado 9 de
octubre del 2012, Dossier Político documentó que el gobernador Guillermo Padrés
realizó 4 cambios en su Gabinete donde destacan los ex alcaldes Alejandro
Zepeda Munro y José Ángel Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a Puerto
Peñasco y Nogales, respectivamente, según lo declarado hace 3 semanas por el
tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda.
Los nuevos
funcionarios estatales ocuparán la Subsecretaría Técnica del Ejecutivo y la
Dirección Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) el resto de la administración, movimientos anunciados en la víspera del
Tercer Informe de Gobierno de Padrés Elías el próximo lunes 15.
Además de estos
cambios, el Gobernador Padrés también dio a conocer que Francisco Villanueva
ocupará el cargo de subsecretario de Gobierno en sustitución de Luis Fernando Rodríguez
quien a partir de hoy ocupará la representación del Gobierno del Estado de
Sonora en la Ciudad de México.
El 22 de septiembre
de ese 2012, ante la grave crisis financiera por la que atraviesan más del 60
por ciento de los Municipios de Sonora, el tesorero del Estado, Mario Cuen
Aranda, pidió a los nuevos Alcaldes que denuncien las arcas vacías y el
endeudamiento público a la Contraloría estatal a fin de iniciar con las
investigaciones.
En esa oportunidad,
el tesorero dijo que “los Presidentes Municipales entrantes deben denunciar el
daño patrimonial por violar las leyes y por lo tanto deben de proceder en
consecuencia denunciando esas irregularidades ante la Contraloría estatal, pero
aquí cada ayuntamiento tiene que decidir según sea el caso”.
Destacó que el
Municipio con mayores problemas financieros es Puerto Peñasco, y de hecho son
más, pero hasta este momento los alcaldes que llegaron a trabajar a estos
municipios son los únicos que se han acercado al Gobierno del Estado a
solicitar rescate financiero, por lo que se avizora un panorama oscuro al
finalizar el año y la implementación de nuevos impuestos en Sonora, dijo el
funcionario estatal.
“Piden el apoyo al
Gobierno estatal porque están llegando y se van encontrando con sorpresas,
adeudos de nóminas, adeudos con proveedores, no están todos los bienes que
dicen que están en los Municipios”, apuntó.
Informó que algunos
presidentes municipales de las pasadas administraciones, incluso, se acercaron
al Gobierno para que los apoyaran con recursos para el pago de los últimos
adeudos por lo que se les parte del Fondo de Participación Municipal… pero no
les fue suficiente.
“A algunos
municipios se les adelantó el 50 por ciento de sus participaciones, pero ni así
les alcanzó a los nuevos alcaldes; los ayuntamientos, la mayoría, no se
encuentran con finanzas sanas, tienen adeudos de sueldos, de proveedores, de
gasolina, con la Comisión Federal (de Electricidad)… todos ellos están
ejerciendo una presión muy fuerte sobre los nuevos alcaldes, hay Ayuntamientos
que los recibieron a oscuras, sin luz porque se las cortaron”, aseguró.
El 18 de abril, el
entonces diputado local Ulises Cristópulos Ríos, aseveró a Dossier Político que
“es evidente que el Gobierno del Estado está en quiebra, pues una gran cantidad
de proveedores ha manifestado de manera, algunos discreta y otros de forma
abierta ante los diputados, que tienen el problema de adeudos muy fuertes del
Gobierno del Estado.
Hay obras que no se
concretan, apoyos que no llegan, y una gran cantidad de proveedores a los que
se les deben fuertes cantidades. Esto indica una situación muy compleja en
cuanto a la capacidad económica del Gobierno del Estado”.
Como se recordará,
la calificadora de deuda Standard& Poor’s comentó en su momento que, de
continuar el excesivo gasto corriente del Gobierno, el Estado podría caer en
una calificación crediticia a la baja. Ahora, unos peses después, Fitch Ratings
ya dio al estado una calificación crediticia negativa.
Por su parte, el 23
de abril del presente, el entonces diputado federal Miguel Pompa denunció a
este medio “un grave desorden financiero” del Gobierno de Sonora, al acusar que
mantiene adeudos con transportistas locales, de realizar descuentos a
trabajadores del Estado.
Explicó que el
desorden financiero ha tenido un impacto directo en las actividades productivas
del agro sonorense y ha polarizado a la sociedad en temas como el agua, el
transporte, la educación, la seguridad pública y la procuración de justicia.
Hay un desorden
fiscal importante en Sonora que no ha salido totalmente a flote porque el
gobierno federal lo solapa, hay problemas que están descalabrando las
actividades económicas locales y son una muestra de la irresponsabilidad
política y técnica del Gobierno estatal.
“Ya hay un déficit
importante de pagos; hay incertidumbre en las elecciones locales por falta
oportuna de recursos para materiales, no se liberan a tiempo las prerrogativas;
empezaron a descontar de los sueldos de los trabajadores de la salud, la
procuración de justicia está en riesgo y el transporte público está también
paralizado”, criticó el priísta en esa ocasión.
El 16 de noviembre
del 2012, Dossier Político publicó que el gobernador Guillermo Padrés nombró al
ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal señalado por
la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de millones de
pesos del erario público, Director de Obras de Infraestructura Educativa.
El 13 de mayo del
2013, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la Contraloría
Municipal inhabilitó 10 años al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga
Hernández, por presuntos desvíos de recursos públicos en la pérdida de 205
toneladas de asfalto donadas por Pemex al Municipio.
La Contraloría
notificó al Director de Obras de Infraestructura Educativa del Gobierno del
Estado que además de no podrá ejercer un cargo público, pagará una multa de 3
millones de pesos y queda sujeto a una investigación del orden federal que
también pesa sobre Jorge Humberto Vila Cueto, representante legal de la empresa
OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de
noviembre del 2010…
“Sin consentimiento
de Petróleos Mexicanos, el entonces alcalde realizó convenio verbal con OPSON
para que dispusiera del asfalto; violó así diverso clausulado del contrato, por
lo cual ahora Pemex requiere el pago de un millón 538 mil 539 pesos con 19
centavos y, canceló todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas”, lo
anterior se desprende del Expediente CMQ 87/2012 hoy RO 04/13.
(DOSSIER
POLITICO/ Jesús Ortega / 2014-03-11)
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