EMBROLLO Y HARTAZGO DE COLONOS

Afirma fiscal que solo el Tribunal Agrario puede aclarar la titularidad de predios Cayetano OsunaSeñor subprocurador, “en las colonias Mundialista, Jesús Osuna y La Felicidad va a correr la sangre, porque ¡ya estamos hasta la madre!”, tronaron las dirigentes de dichas colonias, aquel 21 de noviembre dentro de las oficinas del fiscal Jesús Antonio Sánchez Solís, que las atendía amablemente a petición del abogado de la Mesa Directiva del ejido El Conchi. El “¡ya estamos hasta la madre!” era la expresión indignada de las amas de casa, porque el señor Héctor de la Vega Torres y sus abogados estaban operando una “venta bajo sospecha” (Ríodoce 460), de lotes a 33 mil 800 pesos, a tres años, con tres mil pesos de enganche y al contado 25 mil 480 pesos, sin haber probado “fehacientemente” la titularidad de la propiedad. Hasta ese día habían aparecido un tal “Villalpando”, el ejido El Conchi y De la Vega Torres como supuestos dueños de la propiedad, que utilizando diferentes estrategias de cobro los acosaban para que los habitantes de dichas invasiones les pagaran mediante abonos o al contado los predios donde vivían. El 10 de septiembre, el alcalde Alejandro Higuera Osuna y Salvador Reynosa Garzón, entonces director de Vivienda y Tenencia de la Tierra del Gobierno municipal, entre otros funcionarios, habían firmado un convenio con Héctor de la Vega Torres, presunto dueño de los predios y entregado 260 cartas de posesión a los colonos en un evento celebrado en la colonia Mundialista. Con el espaldarazo de las autoridades municipales, De la Vega Torres y sus abogados, engallados, estaban presionando a los colonos para que pagaran o en su defecto serían desalojados mediante demandas civiles y la fuerza pública. Ante la incertidumbre jurídica que se cernía sobre ellos, algunos colonos se negaron a pagar, bajo el argumento: “Que las autoridades nos digan mediante un escrito oficial, quién es el verdadero dueño, a quién le vamos a pagar sin ser fraudeados”. En ese escenario de encono, invitado por los afectados, acudió Jesús Antonio Sánchez Solís, subprocurador regional de Justicia de la Zona Sur, a la casa ejidal El Conchi, ubicada en la colonia Jesús Osuna, que fue abarrotada de colonos tanto del mencionado asentamiento como de La Mundialista y La Felicidad. Debido a que al fiscal sinaloense le corre sangre de ejidatario por las venas y se ha quemado los ojos leyendo la Ley Agraria, fue directamente al grano y se ganó cierta simpatía de la concurrencia al grado de que algunos colonos se acercaron a preguntarle con confianza si era posible recuperar el dinero que ya habían pagado a Héctor de la Vega Torres y sus abogados, porque el dinero todavía lo debían a las financieras donde habían pedido prestado para pagar. —Señor subprocurador, hay la posibilidad de que si ellos (la directiva, del ejido El Conchi), demostraran con papeles que es el ejido El Conchi el dueño, porque ese dinero que yo pagué yo lo debo, esa cantidad, o sea, ¿hay la posibilidad de que el hombre (De la Vega Torres) me regresara el dinero?? —preguntó una mujer angustiada por la incertidumbre jurídica. —Pues, si demuestra el ejido, digo, voy a hablar de la parte legal que le toca, si el ejido demuestra que él (De la Vega Torres) no debió haber vendido, legalmente, debe de reconocerle el dinero, yo me refiero a lo que la ley dice. —Sí, por eso, como le digo, esa cantidad yo la debo… —Sí, pero este es un proceso largo. Justicia —Con todas las denuncias de los colonos, ¿qué es lo que usted percibe de este problema? —preguntó Ríodoce al subprocurador Jesús Antonio Sánchez Solís. —Bueno, de lo que yo he escuchado, habría qué ver perfectamente de manera material la documentación, de lo que yo escucho y en mi carácter de Procuraduría puedo yo expresar, es que para que haya una justicia completa, se requiere que las partes aporten todos los elementos de los reclamos que el grupo social está haciendo que es en el caso la propiedad originaria. Mientras la propiedad originaria no se aclare y no se diga quién la tiene, eso es lo que provoca el problema. Porque quien la tenga, hay que ver qué tan viable es decir que es el dueño. —¿Usted considera que el hecho de que el Gobierno municipal haya entregado cartas de posesión embrolla más el asunto? —Pues, crea confusión, crea una incertidumbre que yo creo que se tiene que aclarar esto… —¿Cuál sería el llamado a quienes entregan cartas de posesión? —Yo exhortaría, en el ámbito de Procuraduría, que las personas partícipes de un evento como en el caso que estamos, aquí en este tipo del comisariado, aclaren bien. Yo les diría, quien esté participando en el hecho, si no se tiene la certeza de que se es dueño alguien, se limiten a no dar constancias de propiedad. —¿Pero qué autoridad competente puede determinar quién es el verdadero dueño de los predios y darle certidumbre jurídica a los colonos? —Esto lo tiene que resolver el Tribunal Agrario… —¿Y se resuelve el problema de origen, dando certidumbre jurídica a la gente? —Y se tiene que resolver el problema de origen y eso le va a dar a la gente certeza… —¿Por qué dice usted que es el Tribunal Agrario la autoridad competente para resolver este problema, desde el origen? —Le digo que es el Tribunal Agrario, porque si esto es del ejido, el decreto constitucional es muy claro: todos los actos, antes del decreto y después del decreto realizado por particulares, en el ámbito de la constitución del ejido, son de la comunidad ejidal. Son nulos, ¿sí? Así lo dice la Constitución, yo no lo invento. (Insisto) Todos los actos que se llevaron a cabo y que se hagan dentro de un ejido sin el consentimiento de la comunidad ejidal, son nulos. —¿Y qué va a pasar con los colonos que ya pagaron a los que se decían dueños sin serlo? —Todo eso se tiene que arreglar ahí, en el Tribunal Agrario. Yo siento que ellos tienen que acudir, en caso de que el ejido demandara la nulidad de todos esos documentos, ellos (los colonos afectados) como terceros tienen que ir ahí al Tribunal Agrario, para que el Tribunal les reconozca ahí el derecho que tienen de su predio. —¿La autoridad competente puede obligar a los que les cobraron los predios indebidamente a que les regresen el dinero? —Qué reclamen ahí ante el Tribunal Agrario la devolución. Porque este va a ser un problema entre el ejido y los que se dicen dueños. —¿Qué le recomienda a los ciudadanos necesitados de un terreno dónde vivir y que le compra a los vivales que se dicen dueños? —En el ámbito del tema que tocamos sí me gustaría mucho que la sociedad comprendiera que cada vez que va a llevar a cabo un acto jurídico como es el de compraventa de terrenos, corrobore muy bien el origen de sus propiedades, quien se esté ostentando (como dueño) con ellos, para evitarle un problema de que le pague a alguien un dinero y del cual resulte que no es propietario. Y siga con un problema para siempre.