Luego que el jueves 14 de marzo se ejecutó una orden de aprehensión, girada
por el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, en contra de Virginia Salazar
Castro, la acusada afirma a ZETA que buscará la apelación. Mientras tanto, en
calidad de afectada, Laura García Gallegos se mantendrá firme su postura ante la
denuncia por despojo que presentó en 2006.
Hilda Martínez Guerra/ Especial para ZETA
San José del Cabo. Respecto a lo que considera
una detención ilegal, Virginia Salazar Castro confirmó que buscará apelar ante
el Tribunal Superior de Justicia en el Estado la determinación que concluyó en
la privación de su libertad el jueves 14 de marzo.
Entrevistada por ZETA, Salazar Castro lamentó que
ahora se esté aplicando una Ley injusta e imparcial, toda vez que no existen
elementos para ejecutar las acciones que en la última semana la han colocado en
los titulares de diferentes medios de comunicación.
Explicó que la averiguación previa 00609/SJC/2006, interpuesta por
Ramón Ojeda Burgoin y Delma Laura García Gallegos por el delito de despojo,
habría quedado solventada años atrás y que, aun así, el juez liberó la orden de
aprehensión en su contra sin existir los elementos suficientes para ello, por lo
que consideró que se está actuando con imparcialidad.
Añadió que pese a agotar todos los recursos, se sigue adelante con
la difamación de la que hoy es objeto, y consideró que en ningún momento se ha
validado la posición política de su yerno, Ariel Castro Cárdenas, actual
funcionario de la XI administración municipal y diputado de la anterior
Legislatura.
“Considero que ilegalmente me fue ejecutada una orden de
aprehensión girada por el juez penal, ya que dicha situación es ilegal, puesto
que por los mismos hechos existe una sentencia ejecutoriada donde el Tribunal
Superior de Justicia del Estado negó la orden de aprehensión en mi contra, desde
el 5 de diciembre del 2008”, indicó.
Según Salazar, existe el antecedente de que, tanto en la
administración pasada como en ésta, le fue librada y ejecutada la orden de
aprehensión, y de la misma manera no pudieron sustentarse, toda vez que ninguna
de las resoluciones está fundamentada conforme a derecho.
Asimismo, confirmó que a eso de las 4:00 pm del miércoles 21 de
marzo, interpuso una denuncia penal contra estas acciones (negándose a
proporcionar el número de averiguación previa), por lo que posteriormente
buscará la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia para que se aplique
todo el rigor de la Ley, toda vez que la situación está prevista en el código
penal vigente en el estado.
Además de sentirse agraviada por la detención tan arbitraria de la
que fue objeto, repudió el imparcial proceder de la justicia. Recordó que la
contraparte, en este caso la persona que se dice afectada, de nombre Delma Laura
García, no ha mostrado la documentación correspondiente que, en todo caso,
sustentaría su denuncia.
En los últimos años, Virginia Salazar Castro ha recibido
acusaciones sobre el supuesto abuso de influencias políticas, no obstante,
asegura que de ser así, no habría sido liberada la orden de aprehensión en su
contra.
De acuerdo al comunicado oficial emitido por la Procuraduría
General de Justicia en el Estado (PGJE) con fecha jueves 14 de marzo del año en
curso, se confirmó que personal de Guardia adscrito a la Comandancia de
Mandamientos Judiciales, con sede en Cabo San Lucas, ejecutó una orden de
aprehensión y detención, girada por el juez de Primera Instancia del Ramo Penal,
en contra de la ciudadana Virginia Salazar Castro, de 55 años de edad,
originaria de San José del Cabo, con domicilio conocido en la colonia Aguajitos,
de ocupación al hogar, por su probable responsabilidad en el delito de despojo,
según Proceso Penal de fecha 9 de marzo de 2012; quedando internada en la Cárcel
Pública Municipal de esa población, a disposición de la citada autoridad.
Detallando en los hechos, el 11 de octubre de 2006, Delma Laura
García se presentó ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común
Investigador en Turno, con la finalidad de interponer formal denuncia por el
delito de despojo, manifestando en relación a los hechos, que esta persona la
había despojado de su predio marcado como lote número 01, manzana número 02, en
la colonia Aguajitos, en San José del Cabo, introduciéndose a su bien inmueble
sin su consentimiento; de igual manera estacionando diversos vehículos en el
interior del mismo, haciendo caso omiso a su petición, optando por presentarse
ante el representante social en turno, con la finalidad de exponer su caso,
derivando de lo anterior, la orden de aprehensión en su contra.
Según información oficial, el terreno en disputa se encuentra
sobre la calle Julia Navarrete de la colonia Los Aguajitos, en esta cabecera
municipal del cual la señora Virginia Salazar Castro estuvo haciéndose presente
en dicho predio, bajo el argumento que el presunto propietario, de nombre
Fernando Aragón, se encontraba enfermo; días después falleció, por lo que
Salazar Castro promovió en el año 2005 un juicio intestamentario para así
quedarse con dicho predio, mismo que fue radicado bajo el número 592/2005 en el
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Los Cabos.
El argumento que expuso Salazar Castro ante la autoridad señalada
fue que había procreado una menor con el fallecido (Fernando Aragón Águila), y
entregó el acta de nacimiento de Virginia Aragón Salazar.
Al conocer tales hechos, Ramón Ojeda Burgoin y Delma Laura García
Gallegos (presuntos propietarios del predio en disputa) acudieron ante las
instancias correspondientes, al presentar el 24 de marzo de 2006, denuncia penal
contra Virginia Castro Salazar por el delito de despojo, por lo cual se abrió la
averiguación previa 00609/SJC/2006 en la PGJE, donde los afectados
proporcionaron un certificado original de Derechos sobre Tierras de Uso Común
del Registro Agrario Nacional, bajo el número 7251, expedido por el entonces
Presidente de México, Vicente Fox Quezada, a favor de Ramón Ojeda Burgoin.
El certificado ampara la propiedad de 10 mil metros cuadrados bajo
la clave catastral F12B44J001 AB, y quedó registrado de conformidad con un acta
de asamblea ejidal de fecha 26 de enero de 2003.
El historial del caso recalca que meses después, pero del mismo
año 2006, los presuntos afectados Ramón Ojeda y Delma Laura García interpusieron
una nueva denuncia contra Salazar Castro por despojo, robo y lo que resulte.
En
la averiguación previa 01842/SJC/2006, la afectada detalló que la noche del 9 de
octubre, personas desconocidas metieron dentro de su predio dos vehículos: un
camión Ford F800 con un revisado número 5454 expedido en La Paz, Baja
California Sur, y un automóvil Ford Escort color plata sin placas de
circulación, apoderándose de 540 metros cuadrados más de su terreno.
Ante el panorama anterior, Virginia Salazar Castro se considera
afectada y dice contar con los elementos que así lo prueban, enfatizando que en
estos momentos la Ley se está administrando de manera parcial y que buscará en
las instancias que considere “las puertas que haya que tocar” para que se
aplique la justicia, apegada a derecho.
Según información proporcionada por ella misma, luego de depositar
una fianza de 20 mil 150 pesos, Virginia abandonó las instalaciones del Juzgado
el mismo día de su detención, alrededor de las 10:30 pm.
Por su parte, Laura García Gallegos señaló que mantendrá firme su
postura y seguirá adelante con la denuncia, reuniendo los argumentos que sean
necesarios con la única finalidad de que se haga justicia.
Por lo pronto ha sido
citada en repetidas ocasiones por la autoridad que lleva el caso, a fin de que
aporte todos los documentos que prueben que, tanto ella como Ramón Ojeda, son
propietarios del predio en disputa.
Y confió en que, tras cinco años de haber
iniciado la demanda, al final verá condiciones favorables respecto a su
reclamo.
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