HARTAZGO POLICIAL EN MAZATLÁN

Exigen policías municipales que Ayuntamiento acate resolución de magistrado Cayetano Osuna  Desde mediados de noviembre de 2011, cuando Víctor Manuel Zataráin Cedano, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dijo que los tenía “agarrados de los güevos” a los policías que tienen interpuestas demandas laborales contra el Ayuntamiento, ya había corrido mucha agua de “chantaje laboral”, pero la gota que derramó el vaso fue el nuevo acoso laboral, emprendido contra la “tropa” en la primera quincena de marzo de 2012. Según Pedro Velázquez Vizcarra, abogado defensor de un grupo de policías afectados, Zataráin Cedano, mediante el sobado método de la “extorsión”, aprovechó los quince días de gracia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les había otorgado para que reparara los daños infringidos a los policías. “La sentencia que fue dictada —dijo— aquí en primera instancia por el Tribunal de Mazatlán, se fue a recurso de revisión que hizo valer el Ayuntamiento a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde esta sala confirma la resolución del magistrado y al confirmarla le dice al Ayuntamiento que le repare los daños ocasionados a los policías que interpusieron demanda”. El agua enturbiada por las presiones laborales, exámenes de control y confianza y pruebas de antidoping de por medio, desembocó en una manifestación del hartazgo de policías y sus familiares en Palacio Municipal. Adiós al miedo “Vénganse ya”, propuso un policía uniformado desde Palacio Municipal a sus colegas y el contingente integrado por policías municipales y sus familias marchó disciplinado hacia las oficinas del inmueble ondeando mantas y pancartas, gritando la demanda central al presidente municipal: “¡Que pague, que pague, que pague! (conforme a derecho las prestaciones que les quitaron)”. Atrás había quedado el miedo de algunos policías a las represalias de salir “reprobados” del examen de control y confianza, para hacerlos desistir de sus demandas laborales que tienen interpuestas contra el Ayuntamiento de Mazatlán, y mediante la protesta organizada expresaban su hartazgo:  “Ya basta de acoso laboral (aseguraban en mantas y pancartas) de parte del alcalde y del titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”. “Si no nos atienden, los policías vamos a parar labores dos días de Semana Santa, a ver qué van a hacer”, advertían los indignados manifestantes. El martes 27 de marzo, desde antes de las nueve de la mañana, los policías y sus familias con aire resuelto y sin miedo llegaron a la explanada del Palacio Municipal de Mazatlán, se ubicaron casi junto a la placa conmemorativa al “árbol de la filantropía”, donde entre otros, aparece escrito el nombre del alcalde Alejandro Higuera Osuna. Los manifestantes, en cuyos rostros se leía la impotencia y la desesperación, no venían a pedirle “caridad” al primer munícipe, sino a exigirle a la autoridad municipal respeto a sus garantías consagradas en la mismísima Carta Magna: el artículo 17 constitucional que garantiza la justicia pronta y expedita. El “pliego petitorio” lo decía casi todo: “Exigimos un trato justo, basta de represión”; respeto a las prestaciones sociales; trámite a las pensiones y jubilaciones; auditoría a los recursos del Subsemun (Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios)” y “por una real capacitación policial”. Ese día, tanto el presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, como el gobernador del estado, Mario López Valdez, se encontraban en el Tianguis Turístico de Puerto Vallarta, gestionando ante las autoridades federales del sector turístico el regreso de los cruceros turísticos. La ausencia del primer munícipe y el jefe del Ejecutivo estatal no fue obstáculo para que los ciudadanos inconformes enarbolaran una enorme manta donde se leía: “Sr. gobernador: solicitamos su intervención para que respeten la resolución de un magistrado y exigir el cumplimiento a las demandas hechas por los policías… que ya pare el abuso de autoridad, el acoso laboral por parte del presidente”. El “meollo” Jorge Bernal Salcido, Héctor Soto Torres y Pedro Velázquez Vizcarra, abogados defensores de los policías, quienes acompañaron a sus defendidos durante la protesta, afirmaron que las autoridades municipales están obligadas jurídicamente a darle cumplimiento a la sentencia dictada por un magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, favorable a los demandantes. —En términos jurídicos, ¿cuál es el meollo de la inconformidad de los policías que tienen demandados al Ayuntamiento de Mazatlán? —se le pregunta a Velázquez Vizcarra. —Porque (los demandantes) les están cobrando al Ayuntamiento las prestaciones que les quitaron, ese es el meollo. Al Ayuntamiento lo está requiriendo el Tribunal de lo Contencioso de lo Administrativo con base en sentencia que ya causó ejecutoria. —¿Desde cuándo los policías son acosados laboralmente de los altos mandos policiacos? —Desde que las autoridades municipales se dieron cuenta que estaban perdiendo los asuntos, empezaron con el acoso laboral contra los policías violentando el estado de derecho. No es posible que una autoridad, que cuando tomó protesta, sea presidente municipal o secretario de seguridad pública, quien sea de los que estén trabajando en el Ayuntamiento, incluidos los regidores, protestaron cumplir y hacer cumplir la ley y las leyes que emanen del estado y la federación, estén violando la ley. Protestan, qué bonito es un acto protocolario, van todos los fotógrafos, toman fotos y salen en la prensa: protestó. Pero no entienden el significado de esa protesta. —¿El Ayuntamiento ya perdió ante los policías que interpusieron demandas en su contra? —Sí. Entonces si ya se siguió una secuela procedimental en todas sus etapas, ya perdieron, no queda más que cumplir. El artículo 17 constitucional es una de sus garantías, la justicia pronta y expedita. Pero dentro de esa justicia, la última parte es la ejecución, el fallo. —¿Es un desacato de la ley por parte del Ayuntamiento? —Sí, es un desacato. El alcalde y los secretarios del Ayuntamiento y de Seguridad Pública, están violando la Constitución, que se llenan la boca hablando mal del elemento que pone en peligro su vida día a día; en su casa, cuando se va no saben si va a regresar. Es muy cómodo decir que no tienen derechos, que son esto que son lo otro. Yo les digo: si el policía tuviera un sueldo como el de Alejandro Higuera o un sueldo como el del secretario del Ayuntamiento, yo les apuesto que no habría este tipo de demandas. La manifestación de los inconformes arrancó el compromiso de los regidores Ernesto del Valle Osuna y Guillermina Hernández Castillo, coordinadores de la comisiones de Honor y Justicia y la de Prevención Social del Ayuntamiento, respectivamente, para someter a votación en próxima sesión de Cabildo, como máxima autoridad del Ayuntamiento, el pliego petitorio consensuado entre aquellos y los policías que tienen demandas contra el Gobierno municipal. Pliego petitorio a Cabildo: —Dar cumplimiento a la resolución emanada de las autoridades competentes y que se proceda a resarcir los daños ocasionados, incluido el pago de salarios. —Homologación del sueldo. —Auditoría al gasto de los recursos del Subsemun. —Parar el hostigamiento por parte del secretario y subsecretario administrativo y coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, que están realizando por órdenes del presidente municipal en contra de policías. —Procedimiento de exámenes de control y confianza que funcione con base en el articulado del Reglamento de la Comisión del Servicio Policial de Carrera (que existe pero no funciona). —Que se garantice el pago de jubilaciones y pensiones ya tramitadas, algunas con más de un año, que no se han otorgado. —Que se paguen las pensiones a las viudas de los caídos. —Que se agilicen las pensiones y las jubilaciones y que cesen los descuentos por incapacidad y que se cumpla con los servicios médicos a los que tienen derecho.