El
29 de octubre de 2014, apenas unas semanas después del ataque contra los
estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero,
fueron citados a declarar ante la
Procuraduría General de la República
el entonces fiscal general de
Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y el
subprocurador Ricardo Martínez Chávez.
Lo que dijeron no se ajustó a los planes del gobierno federal y por eso sus
declaraciones nunca fueron filtradas a la prensa.
Después
del ataque contra los estudiantes, la PGR acusó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, participó directamente en
el asesinato del líder de la Unión Popular, el perredista Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 30 de
mayo de 2013.
Para
sostener esta versión se dio a conocer a
la prensa el testimonio dado ante un notario público de Nicolás Mendoza Villa,
chofer de Hernández Cardona, quien dijo que vio directamente como Abarca, con
una escopeta, mató al líder de la
UP y lo dejó tirado en una fosa
clandestina cerca de Iguala. Según quedó asentado en el testimonio que
supuestamente dio ante el Notario Público 27 de la ciudad de México que la
propia pareja de Hernández Cardona, Sofía Mendoza, distribuyó entre
organizaciones sociales después de los hechos del 26 de septiembre de 2014.
“¿Qué
tanto estás chingando con el abono? Me voy dar el gusto de matarte” habría
dicho Abarca al líder social antes de disparar, según señala el documento
notariado.
La
acusación era útil para hacer creíble que Abarca, acusado por la PGR de nexos
con el narcotráfico, era un hombre sin escrúpulos capaz de cualquier cosa. El gobierno federal logró que en el alcalde
se concentrara todo el repudio social. Sin un juicio de por medio él y su
esposa fueron rápidamente condenados y se les puso el sobrenombre de “la pareja
infernal”
Supuestamente
Abarca había matado a Hernández Cardona luego de una fuerte discusión en el
cabildo por el reparto de fertilizantes.
El 29 de mayo de 2013 el líder social y otros 10 integrantes de
organizaciones sociales presentaron ante la Fiscalía General de Guerrero una
denuncia contra el alcalde de Iguala por amenazas y justo un día después fue
desaparecido junto con otras siete personas luego de encabezar la toma de una
caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca
en la que exigían la entrega de fertilizante
y obras públicas.
Sobre
el supuesto homicidio a sangre fría, la prensa nacional e internacional hizo un
festín. El periódico de España El País escribió una nota titulada “La pareja
que bailaba entre cadáveres” refiriéndose a Abarca y a su esposa María de los
Ángeles Pineda Villa, basada en una supuesta entrevista dada por Mendoza Villa.
“Vi
cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba.
Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”, dijo
el chofer al diario español.
La
realidad es que ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR jamás tuvieron
una prueba contra Abarca sobre el
asesinato de Hernández Cardona ni de su supuesta relación con el grupo criminal
Guerreros Unidos, según las
declaraciones ministeriales de Blanco Cabrera y
Martínez Chávez. Así mismo afirmaron que la supuesta declaración de
Mendoza Villa ante el Notario era falsa.
Tuve
acceso a esas declaraciones que se encuentran en el expediente de la causa
penal 1/2015. Y este es su contenido.
El
entonces procurador de Guerrero, quien renunció al cargo en noviembre de
2014, declaró a la PGR que en 2013 intentaron llamar a declarar a cinco supuestos testigos
del homicidio de Hernández Cardona entre ellos Mendoza Villa.
Iñaky
Blanco afirmó que la “Red Década” encabezada por el Obispo Raúl Vera hizo las gestiones para que se presentara a declarar el chofer de
Hernández Cardona pero estaban pidiendo al gobierno de Guerrero un “apoyo
económico” a Mendoza Villa de seiscientos mil pesos.
La
misma “Red Década”, declaró Blanco Cabrera, dio a conocer el testimonio
notariado de Mendoza Villa pero cuando
la fiscalía general de Guerrero citó a declarar al notario para corroborar su autenticidad,
éste explicó que el chofer nunca se presentó ante él sino que a él sólo le
presentaron un escrito y una copia para su cotejo.
Blanco
Cabrera afirmó a la PGR que hasta marzo de 2014 se presentó a declarar Mendoza
Villa pero que su declaración resultó contradictoria con lo que éste había
dicho en el escrito presentado al notario y lo que había dicho al relator de la
ONU.
“Se
advertían contradicciones o inconsistencias relativas a las circunstancias de
tiempo y lugar destacando lo relativo al número de partícipes en los hechos
probablemente constitutivos de delito, el tipo de armas de fuego empleadas,
vehículos vinculados a la investigación y mecánica de producción de lesiones”,
declaró Blanco Cabrera el 29 de octubre
de 2014 a la PGR.
Afirmó
que en mayo de 2014 pidió al titular de
la SEIDO Rodrigo Archundia apoyo a la
fiscalía de Guerrero en la investigación del homicidio de Hernández
Cardona. Dijo que el caso lo veía
regularmente con el Titular de la Unidad Especializada en la Investigación en
Delitos en Materia de Secuestros de la PGR, Gualberto Ramírez. El 24 de
septiembre de 2014, dos días antes de los hechos en Iguala, la PGR afirmó a Blanco que aún no tenían nada
contra Abarca.
En
su declaración rendida también el 29 de octubre de 2014 Martínez Chávez, subprocurador de Guerrero quien también
renunció al cargo, afirmó a la PGR que los testimonios de Nicolás Mendoza Villa
eran tan contradictorios que “difícilmente un juez le daría credibilidad”.
Reveló que 2013 un detenido de nombre
Ernesto Pineda, preso en una cárcel de Acapulco, supuestamente había declarado
sobre la existencia de un grupo criminal llamado “Guerreros Unidos” y su
supuesta relación con Abarca, se informó de eso a Gualberto Ramírez de la
PGR pero éste dijo que no eran
suficientes pruebas.
Para
comprobar los dichos de Ernesto Pineda hubo una diligencia en la que éste llevó
a peritos de la Fiscalía General de
Guerrero a un predio conocido como El Zapatero, en Iguala, para mostrar la
existencia fosas clandestinas. Según Martínez Chávez sí se encontraron fosas
con al menos 19 cadáveres y en la
diligencia fueron arrestadas dos personas que estaban cavando nuevas fosas.
Para
sorpresa de la Procuraduría de Guerrero las fosas no tienen nada que ver ni con
José Luis Abarca ni su familia. Las nuevas fosas las había ordenado la hija de
Hernández Cardona y el predio “El Zapatero” donde habían encontrado los 19
cadáveres era propiedad del perredista
Arturo Hernández Cardona.
Martínez
Chávez declaró que el 10 de septiembre de 2014 Guadalberto Ramírez, de la PGR,
le afirmó que las pruebas que tenían “no eran suficientes para determinar que José Luis Abarca era parte de Los Guerreros, que todas las
pruebas eran como islas que no tenían puente entre una y otra”, señaló. También
dijo que la pareja de Hernández Cardona ya se había presentado a declarar ante
la PGR “pero que su declaración era imprecisa”.
Todo
esto prueba que aunque la PGR siempre supo que no había ni una sola prueba
creíble de que Abarca había matado
a Hernández Cardona o tenía relación con
Guerreros Unidos, todo esto lo usó para fabricar un chivo expiatorio del caso
de la desaparición de los 43 estudiantes.
Hasta
ahora, según el propio expediente, tampoco tiene pruebas que lo vinculen con el
ataque contra los normalistas.
(RIODOCE/ Anabel Hernández/11 octubre,
2015)
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