Cuando
era legislador, Jorge Casillas inició una construcción en Ensenada que acabó
con la clientela primero y luego con el restaurante de la familia Tinajero,
quienes denunciaron invasión debido a la obra. El panista ha ganado las causas
y exige que los ex restauranteros le paguen casi un millón de pesos. La familia
Hernández Tinajero se quedó sin el comercio e incluso el padre fue a la cárcel
por agredir al panista
La
familia Hernández Tinajero está condenada a retribuir la cantidad de 957 mil
800 pesos al ex diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Casillas Arias,
como lo determinó el Juzgado Civil con sede en Mexicali. Pero además, el
panista les amenaza con embargar la propiedad que por más de 30 años alojó el
restaurante Acámbaro.
Todo
comenzó hace seis años con un llamado de auxilio al entonces presidente
municipal, también del PAN, Pablo Alejo López Núñez, a quien se le demostró que
la cimentación de una enorme construcción de concreto hecha por el ex
legislador Casillas Arias invadió la propiedad donde funcionaba el
establecimiento de comida tradicional mexicana, en el centro de Ensenada.
El
ruido, polvo y desecho de soldadura desperdigada por todo el edificio -consta
en fotografías- provocaron que poco a poco la clientela se alejara, al igual
que decenas de políticos bajacalifornianos que solían visitar el comedor para
compartir el pan y la sal con los compañeros de partido. En ese lugar los
funcionarios hicieron un sinfín de promesas a don Rubén Tinajero y su esposa
Concepción, propietarios del establecimiento que cerró unos meses después de
que iniciara la obra del ex diputado.
Desde
entonces se han interpuesto una serie de quejas, demandas, amparos, revisiones
y apelaciones, de ambas partes. Las autoridades estatales y municipales se han
declarado incompetentes para resolver el problema. El último que empeñó su
palabra fue el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien ordenó al ahora
subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo López Núñez, quien a su vez, pasó la encomienda al
subprocurador.
El
14 de septiembre, por tercera ocasión el Juzgado devolvió la demanda a la
Agencia de Averiguaciones Previas porque la misma iba incompleta, infundada,
desmotivada y rubricada, según se lee en el documento. “Hay muchas autoridades
deteniendo el caso”, concluye el licenciado Bello, abogado de la familia
Hernández Tinajero.
Concepción
Tinajero dijo que está decepcionada de las autoridades y que no va a descansar
hasta que se haga justicia, aunque sea lo último que haga en la vida.
CARPETAZO
El
subprocurador de Justicia en Ensenada, Marco Chavarría López, desmintió la
versión de que el Juzgado regresó en tres ocasiones las averiguaciones previas
porque estaban incompletas y mal integradas.
Afirmó
que en la última ocasión que le regresó la averiguación fue porque el juez
consideró que no había delito que perseguir en contra del arquitecto
responsable de la obra, José Luis Aguiar Lomelí.
“Porque
las personas indiciadas no cometieron delito, de tal manera que de la
investigación azuzamos al arquitecto responsable de la obra, quien dio la
orden, ese asunto se llevó a cabo ante el juez, pero en dos ocasiones lo
negaron porque no hay conducta delictiva que perseguir”.
El
subprocurador aclaró que ellos determinaron no desistir de la acción penal,
pero el Juzgado la regresó y se tendría que notificar para que la familia
Hernández Tinajero pida el recurso de
revisión únicamente por los daños físicos provocados por la excavación.
“Yo
lo que hago es archivar ese asunto y decretar el no ejercicio, y ya que se
autorizó, ahora hay que notificar a los ofendidos, el cual va a ir a parar a un
juez penal para una revisión”.
Explicó
que cuando se construyó el edificio se cimentó en la parte de atrás, y
aparentemente le causaron a la barda, pero en una pericial se determinó que
ésta se encontraba dentro de la propiedad de Casillas.
“Se
amplió la denuncia por despojo, las zapatas se habían ampliado a su propiedad,
aunque el subsuelo no es de nadie, cuando se determinó lo de las zapatas él
mostró un plano, y se ve que están hechas de una manera para que esté
únicamente en el subsuelo de Casillas, y en el Acámbaro nunca encontraron la
zapata porque solo están unas placas de concreto de fosas de hace mucho
tiempo”, detalló el subprocurador.
En
cuanto a las mamparas que también invadían, al parecer, la propiedad de los
Hernández, “pasan por el lado del cielo hacia su terreno”, pero tampoco hay
desposeimiento, argumentó como autoridad penal.
“Lo
que quedó de la investigación, en una
inspección ocular es que un barrote cayó y quebró una ventana y por ese hecho
fue que se consignó el asunto, más el Juzgado no estuvo de acuerdo en que ese
hecho sea delictivo e imputable”, repitió en varios ocasiones el subprocurador
Chavarría.
El
19 de marzo de 2015, la Agencia del Ministerio Público investigadora de delitos
patrimoniales, con base en la averiguación previa 5642/09/311, mandó a
comparecer al ingeniero civil Yadir de Jesús Iraquí Acuña, responsable de la
obra, prueba que fue ofrecida en la indagatoria por ser él quien elaboró el
dictamen.
SIN CLEMENCIA
Jorge
Casillas Arias declaró en torno a la resolución del juez. Aseguró que tiene un
adeudo de más de 600 mil pesos que ha pagado a los abogados en los seis años
desde que inició el primer juicio.
“Intentaron
asesinarme, amagaron a mi familia diciendo que iban a matar a mi hijo e
incluso, no es posible que una persona intente de esa manera extorsión”,
externó.
Como
legislador, argumentó, no fue nada más a levantar las manos, “por mí está la
Ley de Trasplantes de Órganos, la del Consejo de Arbitraje Médico, Ley de
Instancias Infantiles, la Ley Antitabaco, leyes completas, Ley de Obesidad
Infantil. Yo creo que mi trabajo legislativo no les gustó a algunos partidos
políticos”, comentó seguro de que el PRI está metido en el caso.
Insistió
en que los abogados están cobrando y que tiene que salir de las deudas.
Comentó
que si la contraparte perdió todas las querellas, tendrán que asumir las
consecuencias, que debieron pensar antes de decidir llevar el caso hasta los
tribunales.
“Seis
años de desgaste, yo creo que sería débil, me faltarían pantalones y no me he
hecho justicia por mi propia mano, no tendría hombría para aceptar, he sido
clemente y lo he sido en muchos temas, aquí en mi negocio y como funcionario
público, porque sé que la situación económica está mal en Ensenada y en todos
lados”, agregó el ex legislador.
Sobre
sus aspiraciones políticas, negó que este inconveniente le haya afectado porque
nunca le ha importado el “qué dirán”, y descartó regresar a la política en
estos momentos, ya que tiene la responsabilidad de varios negocios, tales como
una constructora, hoteles y laboratorios.
“La
vida ha sido generosa conmigo y he tenido tiempo de ejercer la política porque
se me presentó la oportunidad”, resumió el demandado.
DEL ARCHIVO
Entre
las demandas que han ido a parar al archivo, está una por lesiones, interpuesta por el ex diputado Jorge Casillas
Arias, tras recibir una cuchillada por parte de Rubén Hernández, de la familia
propietaria del restaurante Acámbaro.
Fue
durante un enfrentamiento que se dio en el mismo edificio del ex legislador, y
que culminó con la condena de un año y siete meses, luego de que reclasificaron
el delito.
Rubén
permaneció por varios días en huelga de hambre, pendiendo de uno de los
andamios dentro de la construcción, y tuvo que bajar porque su estado de salud
se deterioró.
Aunque
Concepción asegura que las autoridades se valieron de mentiras para hacerlo
desistir de la protesta.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Lorena Lamas/ Fotos. Enrique Botello/ 12 de Octubre del 2015 a las 12:00:34)
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