REMOJA SUS BARBAS EX SECRETARIO DE SALUD
En
su mayoría fueron mujeres las que habrían desviado cientos de millones de pesos
de las arcas del ISSSTESON por órdenes de Teresa Lizárraga, mientras que en la
Secretaria de Salud del anterior régimen fueron machistas y el desvío millonario
de recursos lo fraguaron solo tres: el ex titular Bernardo Campillo García y
dos compinches subalternos. Ya lo investiga el ISAF
El
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización abrió una carpeta única
acumulable que a la fecha contiene al menos 47 procedimientos de determinación
de responsabilidad administrativa de al menos 23 servidores públicos del
ISSSTESON, incluida su ex directora y hoy diputada federal panista, Teresa
Lizárraga Figueroa y cuatro subdirectores.
A
la ex funcionaria y subalternos se les acusa de una presunta distracción de
recursos presupuestales que inicialmente ronda
los 2 mil 763 millones 649 mil pesos, que corresponden a los ejercicios
de los tres primeros años del anterior gobierno panista.
Estos
procedimientos administrativos pueden derivar la acción penal de no presentarse
una acción resarcitoria por parte de los encausados, como ya sucedió con las
reclamaciones por más de 42 millones de pesos que pesa sobre la ex directora y
cuatro colaboradores directos, quienes ya son investigados por la Fiscalía
Anticorrupción de la Procuraduría de Justicia para que respondan.
Cabe
aclarar que los procesos administrativos fueron promovidos por la propia contraloría interna del ISSSTESON, luego de acumular y no solventarse cuando
menos cien observaciones a las cuentas públicas auditadas por el ISAF, tan
solo de los ejercicios fiscales del 2009
al 2011.
No
se descarta que la cifra distraída pudiera duplicarse con las revisiones a los
años fiscales 2012 a la fecha.
Como
presuntos responsables de los malos manejos del presupuesto para la seguridad
social, que no incluye el desfalco al fondo de pensiones del Instituto, el
propio órgano de control interno del ISSSTESON ha señalado con nombre y
apellido a los presuntos responsables.
Según
se desprende de un detallado informe sobre los procedimientos tanto penales
como administrativos que el ISAF y la Contraloría estatal encauzaron por un
presunto desfalco a ISSSTESON y del que
Dossier posee copia fiel, se desprende que los señalados en su mayoría son
mujeres que se desempeñan en cargos diversos de las oficinas responsables del
manejo de los dineros del organismo de seguridad social para los trabajadores
al servicio del estado.
De
esta forma, la Contraloría interna ha solicitado a su símil estatal a instancia
del ISAF que se investigue administrativamente a Paola Vanessa García Estrada,
Sergio Castro Valenzuela, Ofelia Verónica Gutiérrez López, Luz Esthela Durazo
Montaño, Silvia Ríos Montaño, Raúl Enrique Romero Denogean y Ramón Eduardo
Márquez Félix.
Asimismo
son encauzadas administrativamente María Magdalena Sánchez Briseño, José
Trinidad Rivera Esquer, Carmen Yaneth Bojórquez de la Cruz, Ofelia Camarena
Navarro, Jesús Gerardo Mada Vélez, Rocío Susana Ugalde Pedroza.
Estos
servidores públicos han sido requeridos por los órganos de control interno y
estatal por faltantes en sus contabilidades de montos que van de los 60 mil pesos a los cien millones de
pesos, no obstante que hasta el momento no se les ha fincado responsabilidad
por un posible daño patrimonial al ISSSTESON.
Caso
contrario, la funcionaria del Instituto Cecilia Ivette Basaldúa Gómez, se le
reclama un monto sin aparecer de aproximadamente 270 millones de pesos.
Marla
María Ruiz Figueroa y Luz del Carmen Rosas Otero, registran en sus libros un
faltante económico que ronda los 750 millones de pesos.
Es
de llamar la atención que sobre una sola servidora pública, caso este de Ruiz
Figueroa, en coparticipación con otras tres compañeras, recae la
responsabilidad administrativa de una presunta distracción de recursos
económicos que representan casi el 50
por ciento del total de lo reclamado durante los tres primeros años del
anterior régimen del Instituto que dirigió Teresa Lizárraga Figueroa.
600
Millones de pesos en coparticipación con
Luz del Carmen Rosas Otero; otros 569 millones de pesos con Ofelia Verónica
Gutiérrez López, y, en un tercer expediente aparece sola, sin copartícipe, con
un faltante de 184 millones de pesos, para hacer un parcial de mil 450 millones
de pesos, lo que suma casi el 50 por ciento de la totalidad de lo reclamado.
Dossier
no logró establecer si existe un vínculo familiar entre la ex directora de
Isssteson y Marla María, aunque al interior de las oficinas se da por hecho la
consanguinidad. Solo así podría explicar los alcances y atribuciones de Ruiz Figueroa para “desaparecer” sin dejar
rastro c cantidades millonarias de recursos presupuestales.
Los
servidores públicos citados en el bloque anterior podrían ser responsables de
posible daño patrimonial al Isssteson, por lo que, de no resarcirse en tiempo y
forma el monto presuntamente distraído -como lo determina la legislación en la
materia- las contralorías y el ISAF
estarán facultados para iniciar el reclamo por la vía penal.
Ello
deriva en dar vista a la Fiscalía anticorrupción de la Procuraduría de Justicia
de Sonora, para que consignen los expedientes y, en su caso, a los indiciados
detenidos, ante el juez que deberá
conocer la causa penal.
La
Contraloría Estatal contará con el respaldo del ISAF para garantizar que se
apliquen las penas corporales que establece el Código Penal para Sonora y demás
normas que castigan aquellos delitos cometidos por servidores públicos en
contra del patrimonio del Estado, como el que hoy nos ocupa en este despacho.
INVESTIGAN A BERNARDO CAMPILLO POR
DISTRAER MÁS DE 9 MDP
Lo
que pudiera considerarse como la punta de una larga madeja enredada por la
corrupción galopante que dirigió el anterior secretario de Salud Bernardo
Campillo García, es lo que llevó a los servicios de salud y asistenciales
médicos de Sonora a los más bajos niveles de calidad y calidez de su historia.
Por
ello y lo que viene, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del
Congreso del Estado ha promovido un procedimiento administrativo ante la
Contraloría General del Estado en contra del ex Secretario de y dos de sus
principales colaboradores en el área administrativa.
El
ISAF tiene fehacientemente documentado mediante auditorías aplicadas al
ejercicio presupuestal del 2012, que el anterior titular de los servicios de
salud en Sonora habría omitido solventar observaciones que le hicieran respecto
de un presunto faltante financiero de
nueve millones 385 mil 946 pesos.
El
expediente administrativo contra Campillo García quedó integrado desde el 27 de
marzo del 2014 y solo se limita a la revisión del gasto del presupuesto de
egresos del año 2012, por lo que no se descarta que la cifra de recursos
distraídos podría incrementarse una vez concluidos los expedientes de las
auditorías realizadas a todo el sistema de salud en los ejercicios fiscales del
2013 a la conclusión de la gestión del anterior Secretario de Salud.
Cabe
mencionar que durante su gestión, Bernardo Campillo fue severamente criticado
por haber desviado recursos federales etiquetados para el buen funcionamiento
del seguro popular, entre otras cosas, al pago de jugosas nominas para médicos
generales que recibían salario de especialistas sin acreditarlo.
Sobre
el secretario de salud pesa una investigación administrativa que derivó de una
auditoria ordenada en mayo de este año por la Auditoria Superior de la
Federación y ejecutada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
del estado de Sonora, donde además de contrataciones de personal médico al
margen de la ley, se detectó distracción de recursos para la adquisición de
medicamento, material médico, infraestructura hospitalaria y contratación de
personal, hacia el pago de compensaciones y estímulos a incondicionales del
entonces secretario de salud.
Campillo
también fue señalado como propietario de un
exclusivo hípico localizado en San Pedro, municipio de Hermosillo, donde
los caballos pura sangre de alto registro, gozaban de las más adelantadas
tecnologías para su descanso y manutención, en tanto que los hospitales del
sector público de Sonora perdieron sus certificaciones de calidad y calidez en
sus servicios.
(DOSSIER
POLITICO/ Fernando Gutiérrez R. /2015-10-12)
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