En
Tijuana, cinco de los ochos casos de homicidio de menores resueltos, fueron
cometidos por parejas. En la mayoría de los crímenes, niños de 1 a 12 años
fueron víctimas de brutales maltratos durante meses
Cuando
Patricia dio a luz, a los 13 años, explicó que ese bebé era producto de un
segundo embarazo; también relató que el parto ocurrió en el baño de su casa en
Tijuana, que estaba sola.
La
menor detalló a los agentes del Ministerio Público del Fuero común que después
del parto, tomó a su hijo, quien nació a los ocho meses de gestación, lo colocó
dentro de una bolsa de plástico y lo apuñaló varias veces para después
arrojarlo en un lote baldío de la colonia Pegaso, una de las demarcaciones con
mayor número de denuncias por violencia familiar en la ciudad fronteriza.
En
un principio, aseguró se había tratado de un aborto espontáneo cuando fue
atendida en el Hospital General, el 7 de septiembre de 2015. Después, cambió su
versión e intentó explicar cómo el bebé había sufrido una caída que le había
provocado la muerte.
Por
último, Patricia confesó los hechos frente a agentes de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), quienes habían sido notificados por personal
médico del Hospital General al momento que atendía a la menor con un legrado.
Horas
más tarde, la Policía Ministerial no tuvo problemas para localizar el cadáver
del bebé, porque estaba en el sitio exacto donde la muchachita dijo que lo
había abandonado.
Desde
la primera semana de septiembre, la menor ha recibido terapia psicológica en la
Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la PGJE. Aunque todavía no ha
sido diagnosticada, la dependencia cuenta con información preliminar de algún
trastorno psicológico previo al homicidio, así como secuelas emocionales.
Patricia
acudirá a los Juzgados para comparecer por el asesinato del bebé, pero conforme
a la Ley, no puede ser acusada de homicidio; por ser menor de 14 años de edad,
no se le puede imputar delito alguno.
En
este caso, solo hay un perseguido por
parte de la PGJE: el joven que embarazó a Patricia.
BUSCAN A NOVIO POR VIOLACIÓN
Del
primer embarazo que Patricia refirió en su relato ante los investigadores, no
ha ofrecido muchos detalles, solo que perdió a su hijo antes de dar a luz.
Aseguró
que el padre de sus dos hijos es el mismo muchacho, su novio de 19 años, a
quien defendió al afirmar que sostuvo relaciones sexuales consensuadas.
Sin
embargo, la Ley estipula que la edad de consentimiento es hasta los 18 años y,
al tratarse de un hombre mayor de edad, se considera violación.
El
Ministerio Público se encuentra en la etapa de integración de elementos de
prueba periciales, para aprehender al joven.
En
su Artículo 117, el Código Penal de Baja California establece el delito de
violación equiparada como “al que tenga cópula con persona menor de 14 años de
edad o que por cualquier causa, no esté en posibilidad de producirse
voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta
delictuosa, se le impondrá de 12 a 20 años de prisión y hasta 500 días multa
(35 mil 050 pesos de acuerdo al salario mínimo válido en Baja California en
2015).
LOS PRIMEROS EN INTERVENIR
En
Tijuana, el Hospital General y la Cruz Roja concentran las atenciones a niños
lesionados por maltrato.
Médicos
del área de urgencias y pediatras reconocen bien las primeras señales del
síndrome de niño maltratado, desde lesiones físicas, nerviosismo o
contradicción en las versiones de los padres o responsables, hasta pequeñas
marcas de quemaduras o pellizcos.
Un
caso similar al del bebé de Patricia quedó en la memoria del médico Graciano
López. El pediatra con 30 años de experiencia en el Hospital General de
Tijuana, atendió a una recién nacida apuñalada, hace más de 15 años.
“La
hirieron y la dejaron tirada en una iglesia. Se desangró, tuvo perforaciones de
intestino, llegó en condiciones muy graves”, narra el médico. En aquel
entonces, policías municipales llegaron con la bebé en estado de shock hasta el
centro médico.
Tras
una intervención quirúrgica, la menor se recuperó y fue dada de alta del
hospital. “Lo recuerdo mucho porque abandonar a un recién nacido es maltrato,
pero dañarlo, dejarlo en esas condiciones…”,
y calla, para expresar que fue demasiado.
A
pesar de lo impresionante de las heridas provocadas por un arma blanca en un
bebé o niño, médicos concuerdan en que el trauma craneoencefálico es la principal
causa de muerte en menores maltratados.
Golpes
severos en la cabeza y fuertes sacudidas,
son los maltratos más comunes contra menores, detalla el pediatra, y
agrega que provocan hematomas y hemorragias dentro del cráneo. Esto genera, a
su vez, inflamación del cerebro y pérdida de oxígeno.
“Si
tenemos falta de oxígeno durante tres o cuatro minutos, el paciente puede
morir”, continúa el especialista.
En
la Cruz Roja y en el Hospital General, cada mes se registra un promedio de tres
casos de maltrato infantil, ya sea físico o sexual, así como omisión de cuidado
o descuido. Mientras que en el año, hasta seis casos pueden llegar a ser
fatales, como múltiples fracturas y quemaduras.
El
grupo de edad más susceptible, lo conforman los menores de tres años o con
alguna discapacidad que les impide delatar fácilmente a sus agresores.
“Cuando
vemos el conjunto de golpes, fracturas y quemaduras, así como lesiones pasadas
que no fueran atendidas, hay una alta probabilidad de que los niños sufran
maltrato. También cuando son traídos al hospital por otras personas como
vecinos o familiares no directos”, indica el doctor Graciano López.
Jaime
Romo Cárdenas, director médico de la Cruz Roja en Tijuana, comparte otros focos
rojos de maltrato infantil. Por ejemplo, cuando la explicación de los padres o
responsables no coincide con las lesiones que presenta el menor.
“Es
el primer dato para darle más seguimiento, pero por protocolo, cuando
sospechamos algo, avisamos al Ministerio Público y al Sistema DIF”.
El
jefe médico de la Cruz Roja refiere cómo incluso ha fungido como testigo en un
proceso penal contra los agresores de una niña de dos años, quien falleció en
la institución a su cargo.
“Llegó
con paro cardiorrespiratorio, se le entuba, pero no reacciona, su corazón tiene
actividad, pero no recobra la conciencia. Los estudios arrojaron múltiples
hematomas intracraneales. Todos los elementos apuntan a un mal pronóstico”,
afirma.
La
madre de la menor tenía 17 años y se encontraba embarazada. Personal de la Cruz
Roja entrevistó a la mujer para levantar el reporte médico, “nos dice que
estaba buscando trabajo y su pareja estaba cuidando de la niña cuando salió
lastimada”.
Dos
días después, la menor falleció a consecuencia de trauma craneoencefálico.
Tanto su madre como la pareja de ella, quedaron detenidos.
Fue
entonces que tanto el doctor Romo Cárdenas como el neurocirujano, el pediatra y
el socorrista que atendieron a la niña, se presentaron ante la juez para rendir
su declaración en cuanto a la atención médica y cómo “no concuerdan los golpes
que apreciamos con lo que los padres dicen”.
CRÍMENES EN PAREJA
Entre
junio de 2014 y septiembre de 2015, la PGJE ha resuelto ocho casos de homicidio
de menores maltratados en Tijuana, siete de estos, agravados por razón de
parentesco.
Las
víctimas van de los 18 meses de edad a los 12 años. Las descripciones
contenidas en las diligencias de la Procuraduría, son brutales. Contusiones
profundas, heridas hechas con armas punzocortantes, así como cuerpos
encontrados inertes, mordidos, mutilados o con huellas de abuso sexual.
En
cinco de estos casos, han sido parejas quienes han terminado con la vida de los
menores, por lo menos uno de los dos es padre o madre biológico de la víctima.
Citlali
Guadalupe López Palomeque tenía dos años de edad cuando falleció a causa de
“contusión profunda de abdomen y traumatismo craneoencefálico”, provocadas por
golpes hechos con un cinturón y con los puños.
Entre
otros abusos, Citlali era golpeada por Jaime Nájera Vega, pareja sentimental de
Adriana Palomeque, madre de la bebé. “Le pegaba con una chancla, ya que decía
que con el cinto no le dolía, además le metía un pañal de tela en la boca para
que la niña no pudiera gritar”. El hombre de 35 años también abusó sexualmente
de la menor. Ambos quedaron presos el 2 de junio de 2014.
Otra
pareja detenida por homicidio y abuso sexual de su hija, fue la formada por
Edna Giovanna Soto Villalobos y Jorge Luis Sandoval Ortiz. La menor de tres
años murió a causa de golpes que fueron tan severos que las excoriaciones, moretones
y el rostro inflamado, permanecieron durante los 12 días que estuvo
hospitalizada en el Hospital General.
Daniel
Adrián murió a los dos años de edad, el 8 de octubre de 2014. Su madre, Magali
Cristina Nava, lo empujaba ya sin vida, en una carriola sobre la calle
Xicoténcatl Leyva de la colonia Nido de las Águilas, cuando fue encontrada por
policías municipales.
La
mujer culpó a Francisco Javier Ronquillo Mendoza, quien admitió no solo golpear
al menor; también abusar sexualmente de él. Los dos quedaron detenidos.
Tras
quince días en hospitalización, Miguel Saúl Beltrán Luna, de siete años de
edad, falleció en el Hospital General por las heridas provocadas con un
chuchillo por su madre, Karina Luna Sandoval, y su novio, Gonzalo del Río
Hernández.
La
pareja recibió una sentencia de 42 años después de haber admitido su
coparticipación en la muerte del menor, con el propósito de iniciar una vida
sin él.
Los
dos casos restantes fueron cometidos por mujeres. Una, madre de una bebé de un
año, y la otra, hermana de una niña de 12 años. Se trata de Perla Lizeth Colin
y Anastasia Lechtchenko, respectivamente.
La
primera, ciudadana estadounidense, llegó a vivir a Tijuana después del
nacimiento de su hija, quien había sido retirada por parte del gobierno
norteamericano, debido a la adicción de Perla Lizeth a las drogas.
Un
año después, la mujer golpeó, pateó y arrojó contra el piso a su hija, Melanie
Colin, de una manera tan brutal que le causó la muerte. Pasó un año hasta que
la Policía Ministerial logró detenerla en su domicilio, en la Zona Este de
Tijuana.
El
caso de Anastasia ha sido el más abordado por medios de comunicación. La joven
de 19 años, nacida en México, pero de origen ruso, asesinó a su madre y a su
hermana. Permanece bajo proceso, internada en la penitenciaría de Tijuana.
La
defensa ha alegado que el ataque, el cual culminó con los cuerpos
descuartizados de madre e hija, fue producto de un trastorno psiquiátrico de
Lechtchenko, quien declaró ante la PGJE, haber escuchado voces que le ordenaban
asesinarlas.
El
Código Penal de Baja California establece penas de 20 a 50 años de prisión a
quien cometa el delito de homicidio agravado por razón de parentesco. Ines
Garcia
VENTA DE NIÑOS, PROSTITUCIÓN Y
PORNOGRAFÍA INFANTIL DIRECTO A EXTRADICIÓN
Desde
el 16 de marzo de 2002, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño en México.
El
documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
refiere en específico a los delitos de venta de niños, prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía.
Entre
las medidas legales que los Estados Partes adoptaron al firmar este tratado
internacional, está la obligación de incluir la venta de niños, la prostitución
infantil y la pornografía infantil entre los delitos que dan lugar a la
extradición.
Por
lo que el protocolo es aplicable a los casos en que extranjeros cometan alguno
de estos delitos en México.
A
esto se suma la legislación de Estados Unidos, de acuerdo a la cual “un
ciudadano que comete un crimen en otro país, es responsable de ese crimen
cuando vuelve a Estados Unidos”, como lo indicó Juan Ibarguren, agente del
Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés).
De
acuerdo a un informe dado a conocer por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), en 2009, se documentaron más de 16 mil casos de niños y
niñas que ejercen la prostitución en México.
Las
ciudades con mayor presencia de esta problemática, son Tijuana, Acapulco,
Ciudad Juárez y Cancún.
Como
parte de la protección a las víctimas de estos delitos, México debe proteger la
intimidad e identidad de las niñas y los niños víctimas e impedir la
divulgación de información que permita su identificación.
Así
como evitar la demora en los procesos y en la ejecución de las resoluciones en
las que se concede la reparación del daño a las niñas y los niños víctimas.
También,
sensibilizar al público en general, mediante la difusión de información, la
educación y la capacitación, respecto de las medidas de prevención de los
delitos y los perjuicios que ocasionan esos actos en las niñas y los niños.
Tan
solo en septiembre, se desarticuló una banda de tratantes de menores migrantes
centroamericanos y se detuvo a un pornógrafo infantil en Tijuana.
Del
primer caso, Bárbara González, vocera de ICE en Latinoamérica, explicó a ZETA
que la investigación inició en agosto de 2014 al identificar a un grupo de
personas involucradas en el tráfico de menores no acompañados hacia Estados
Unidos.
La
investigación pasó a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), la
Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal de
Tijuana.
Once
personas, entre ellas la líder de la banda, identificada como Catalina o “Doña
Cata”, su esposo e hijas, quedaron bajo arresto, el 22 de septiembre de 2015.
Mientras
que la PGR informó, el 24 de septiembre de 2015, de la detención de un hombre
por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil en
la colonia El Tecolote, en Tijuana.
El
cateo se realizó con la participación de elementos de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Cibernética de la Comisión
Nacional de Seguridad.
En
el domicilio, se localizaron cuatro computadoras portátiles, cuatro celulares,
así como una tableta, un disco duro, un pasaporte y una credencial para votar,
los cuales quedaron asegurados.
De
acuerdo con la averiguación previa, el detenido almacenaba videograbaciones de
actos sexuales, con fines sexuales reales en los cuales participaban menores de
edad.
DEL MALTRATO AL USO PARA LA VENTA DE
DROGAS
En
Baja California, el Sistema DIF ha recibido 360 llamadas telefónicas por
maltrato infantil. Estos reportes han sido canalizados desde los números de las
dependencias de Seguridad Pública Municipal en los cinco municipios, así como
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El
desglose proporcionado por DIF, ubica a Mexicali como la ciudad con mayor
número de reportes, con 122. Le sigue Tijuana con 93, Ensenada con 90, Tecate
con 27, Rosarito con 10; mientras que las oficinas de San Quintín recibieron 11
y en San Felipe siete llamadas.
Además,
hay 2 mil 900 menores en custodia del DIF, quienes han sido retirados de sus
hogares por alguna situación de violencia o de omisión de cuidados.
“Dentro
de los niños que tenemos, después sigue un estudio que se les hace a los padres
y ellos tienen que cubrir con un plan social”, indicó Brenda Ruacho, presidenta
del Patronato DIF.
Sin
embargo, explicó que ya que el plan social no es una obligación, sino una
medida voluntaria, mucho de los padres no cumplen con él y, por lo tanto, los
menores permanecen en alguna de las casas hogares donde el DIF ubica a los
menores.
El
Código Penal de Baja California establece por omisión de cuidados, una pena de
uno a cuatro años de prisión y hasta 100 días de multa (7 mil pesos), además,
si el responsable es ascendente o tutor, perderá los derechos que tenga sobre
la persona y bienes del menor.
Uno
de los más recientes casos públicos de omisión de cuidados y abandono, se
registró el 6 de octubre en Tijuana.
Édgar
Óscar Martínez y Evelyn Anahí Hernández Camporredondo, de 25 y 21 años de edad,
respectivamente, fueron detenidos por la Policía Municipal de Tijuana porque
usaban a su hija como pantalla para transportar droga.
Las
declaraciones de la madre indican que desde hace seis meses, delinquía para un
narcomenudista apodado “El Iván”, a quien ve en hoteles u otros
establecimientos para recibir la droga, principalmente cristal.
El
hombre le pagaba 200 dólares por el traslado del enervante a otro punto de la
ciudad, ya que la mujer viajaba en su vehículo con la bebé para no levantar
sospechas; el día que fueron detenidos en la colonia Alamar de la delegación
Cerro Colorado, los oficiales encontraron una maleta con cinco recipientes que
contenían la droga sintética cristal.
Después
de la detención, Martínez Castillo y Hernández Camporredondo fueron turnados al
Ministerio Público, mientras que la menor quedó en resguardo de DIF Estatal.
Inés García
HUYERON TRAS MATAR A SUS HIJOS PARA
“EMPEZAR UNA NUEVA VIDA”
Hace
siete años, Jesús Eduardo Marcelo Pizarro asesinó a golpes a un bebé de 18
meses y a un niño de cuatro años de edad, hijos de su pareja Carmen Cristina
Urías Camarena, en Tijuana.
“Yo
quise empezar una nueva vida”, dijo Carmen Cristina Urías Camarena sobre su
razón de abandonar la ciudad tras la muerte de los pequeños. En aquel entonces,
la mujer se encontraba embarazada y durante estos años, vivió en el país junto
al homicida de sus hijos.
Este
delito convirtió a Marcelo Pizarro en uno de los criminales más buscados en
Baja California y su fotografía se difundió en espectaculares durante 2009.
La
decisión de colocar el rostro del joven al lado del narcotraficante Raydel
López Uriarte “El Muletas”, fue porque el crimen cometido contra los dos
pequeños “ameritaba una búsqueda” igual a la de secuestradores, sicarios y
jefes de plaza del crimen organizado, consideró el actual subprocurador de
Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez.
El
8 de octubre de 2015, la pareja fue trasladada a Tijuana desde Colima, Estado
en el que fue encontrada y hasta donde acudió la Policía Ministerial de Baja
California.
Ambos
confesaron consumir la droga sintética cristal. En declaraciones ministeriales,
la mujer admitió ser testigo de las agresiones de su pareja hacia los dos
menores.
Jesús
Eduardo Marcelo Pizarro reconoció haber estado bajo la influencia de las drogas
al cometer el asesinato.
“No
recuerdo, solamente cuando desperté ya lo había hecho… había asesinado a los
niños”, declaró ante medios de comunicación.
El
21 de noviembre de 2008, Christian Aarón Urías Camarena llegó al hospital
Fundadores de la colonia El Rubí. Presentaba múltiples mordeduras y moretes en
torso, piernas y golpes en el rostro.
El
pequeño de cuatro años falleció en el hospital. Cuando personal médico
entrevistó al hombre que lo había llevado, éste dijo haberlo encontrado
atropellado en la calle, luego aseguró que se trataba del hijo de sus vecinos,
que era maltratado.
Sin
embargo, cuando una enfermera intentó fotografiarlo para dar aviso a las
autoridades de los hechos, el hombre corrió hacia el Bulevar Fundadores y tomó
un taxi color amarillo para darse a la fuga.
Ese
mismo día, el pequeño Joseph Abel Urías Camarena ingresó al Hospital General de
Tijuana. El bebé de un año y medio de edad, presentaba politraumatismo severo.
Falleció el 13 de diciembre de 2008, por la gravedad de las lesiones.
Cuando
agentes ministeriales entrevistaron a la madre, aceptó que su pareja golpeaba
constantemente a sus hijos “porque no lo dejaban dormir y cuando se drogaba o
tomaba, los golpeaba a todos con el puño cerrado en el rostro y cuerpo”.
El
primero en huir de Tijuana fue Juan Eduardo Marcelo Pizarro. Luego lo alcanzó
Carmen Cristina Urías Camarena.
La
Procuraduría informó que la pareja vivía con una menor de seis años, de quien
Carmen Cristina se encontraba embarazada al momento de la muerte de sus otros
dos hijos.
Finalmente,
Marcelo Pizarro fue consignado por homicidio calificado con ventaja, homicidio
calificado y lesiones a menores encapaces, y Cristina Urías Camarena por
omisión de cuidado. Inés García
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / Fotos. Cortesía/ 12 de Octubre del 2015 a las 12:00:44)
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