UNA RÁFAGA AL CORAZÓN

Embisten con fuego y plomo a ferretería con el acrónimo de Malova Cayetano Osuna   “Como indicios, quiero manifestarles que en la escena (del crimen) se aseguraron diez cascajos (sic) de arma de fuego y siete ojivas, posteriormente en un operativo implementado por la Policía Ministerial fue localizada y asegurada la motocicleta que utilizaron los autores materiales de este hecho criminal para retirarse de ese lugar, la cual cuenta con reporte de robo del 6 de enero de este año, robo que ocurrió en el puerto de Mazatlán”, dijo Marco Antonio Higuera Gómez, procurador general de Justicia del Estado. No solo fue un tiro en el corazón empresarial del gobernador Mario López Valdez, sino la crítica de las armas de fuego a la estrategia de seguridad pública, el ataque perpetrado por dos sicarios el miércoles 18 de enero pasado en la ferretería Malova, ubicado en avenida Rafael Buelna y calle Michoacán número 14 de la colonia Sánchez Celis, que dejó un empleado muerto y otro herido de gravedad y el intento fallido de prender fuego al negocio ferretero. “Si a las empresas del señor gobernador no respetan, ¿qué me puedo yo esperar?”, preguntó un empresario pesquero que vivió en calma tensa desde el lunes 16 de enero, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó a los seis presuntos plagiarios de dos hijos de empresarios (pesquero uno, frutero otro) y un comerciante que fueron liberados el sábado 14 por la Unidad Especializada en el Delito de Secuestro y la Policía Ministerial del Estado, con la colaboración de la Policía Municipal y elementos del Ejército y la Marina. De acuerdo con la información proporcionada ese 14 de enero por el titular de la PGJE, los seis detenidos (cuatro mujeres y dos hombres) reconocieron ser presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo autonombrado los Beltrán Leyva. En la conferencia de prensa ofrecida la tarde del 14 de enero en la Subprocuraduría Regional de Justicia en la zona sur, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno del Estado, evadió las preguntas directas de los periodistas sobre cuál habría sido el móvil del atentado criminal contra el negocio propiedad del jefe del Ejecutivo estatal, pero dio su postura sobre el “lamentable y cobarde atentado”. “Ustedes están enterados de que a veces se han tenido algunos avances, que a veces hemos tenido temas qué lamentar (policías asesinados, civiles muertos en fuego cruzado y otras víctimas colaterales en esta guerra), de igual manera, lo que sí creemos no se vale, no es correcto, es atentar contra la vida de gente inocente, que no tiene qué ver con la lucha que se está llevando a cabo contra la delincuencia por parte de las corporaciones y diversas instituciones de Gobierno”, enfatizó. Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Justicia del Estado, también respondió “entre las ramas” a las preguntas “redundantes” de los reporteros en el sentido de si la agresión a la empresa ferretera Malova fue un ataque directo motivado como una reacción violenta del grupo delictivo autodenominado los Beltrán Leyva. —¿Ustedes ven (este hecho criminal) como un atentado contra el gobernador? —se le preguntó a Higuera Gómez. —Yo creo que mientras no logremos ubicar a las personas responsables sería prematuro hacer un juicio o juzgar de esa manera. —La empresa ferretería Malova, ¿ya había tenido amenazas antes del hecho que se registró o fue de manera inesperada? —No, no tenemos nosotros antecedentes ni registro de ningún otro hecho anterior ni se nos había denunciado. —¿Una de las principales líneas de investigación será la detención de los secuestradores (presentados el pasado lunes 16 de enero)? —Yo creo que la línea de investigación nos la reservamos, lo único que les decimos que tenemos claro a donde vamos, que tenemos datos que nos llevan a un rumbo claro para trabajar en esta investigación y el compromiso que es como todos los hechos donde se afecta gente inocente, trabajar para resolverlo. —¿Pero sí es una línea fuerte esa? —No te lo puedo decir, porque no tenemos nosotros una ilación todavía con lo que tenemos de diligencias practicadas. Pero los hechos criminales del 18 de enero hablan por sí solos, pues todo apunta a que el finado Jorge Luis Tirado Esquivel y su compañero que convalece en delicado estado de salud en una clínica del puerto, fueron víctimas colaterales del acrónimo comercial de la ferretera donde laboraban. El alcalde Alejandro Higuera Osuna opinó sobre el atentado criminal, en conferencia de prensa: “No hay que ir a Harvard para saber cuál es el motivo, es muy sencillo, estamos deteniendo delincuentes, secuestradores, estamos poniendo un dique contra toda esa masa de delincuentes enemigos de la sociedad y la respuesta de ellos es de querer meternos miedo, pero bueno, los que andamos en este camino sabemos de los riesgos”. “Cómo venderle a la sociedad —continuó— que un negocio del gobernador se quema, se echa bala para que la sociedad diga: ‘si eso le va a pasar al gobernador, qué nos va a pasar a nosotros’, pero no nos quedamos con las manos cruzadas”. Plana mayor La presencia de la plana mayor de Seguridad Pública para investigar la embestida criminal a la empresa ferretera Malova llamó la atención de los periodistas y la pregunta obligada recayó directamente en el fiscal sinaloense. El cuestionamiento tenía su asidero en aquella carta célebre del exmilitar y exjefe de la Policía de Ahome, León Horacio Reyes, actualmente preso por cargos de delincuencia organizada, en la cárcel de máxima seguridad número cinco, en Veracruz, quien narró lo que le pidió el gobernador Mario López Valdez, cuando el hoy reo estaba de jefe de la Policía Preventiva (Ríodoce 466). “Mayor (León Horacio Reyes), le encargo a mi familia, le encargo mis negocios, le encargo mi…”. —¿Por qué tanto interés?, está la plana mayor de Seguridad por este hecho, cuando obviamente ocurren otros... —Lo que sucede es que el titular del Ministerio Público es el procurador, yo creo que ha sido en esta administración donde se han dado situaciones sui generis o cosas que no se veían en otras administraciones, que el procurador tomara declaraciones, practicara diligencias, y en otra administración, se ha dado ese cambio que por eso asumimos el compromiso, es algo que podemos hacer y que se debe hacer, porque es el titular de la investigación y es el procurador quien delega en los ministerios públicos la libertad que la ley le otorga y que le otorga el artículo 21 constitucional. Pero no es algo que sea en este caso específico, se han hecho en otros. El procurador tiene ahorita como unos ocho asuntos encargados para trabajarlos, por la discrecionalidad, por la seguridad, más que nada son situaciones muy diferentes a algo específico. El secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, para conjurar la pregunta incómoda que implicaba la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo estatal, que el día de los hechos se encontraba en España promoviendo las bondades de Sinaloa y Mazatlán, habría “encargado su negocio, en el puerto” a la plana mayor del Gabinete, por su parte, atajó: —Es costumbre nuestra, que el Gabinete de Seguridad atienda los problemas que se puedan estar presentando. Hay casos muy particulares que se han presentado en Los Mochis, en Culiacán, en Navolato, aquí en Mazatlán, que no es la primera vez que venimos todos en atención, con los señores presidentes municipales, de tal manera, cuando tenemos algunos delitos que creemos que amerita la presencia, aquí estamos, junto con los mandos federales, con el Ejército, con la Marina. Bueno, lo importante es que las decisiones se tomen al interior del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado. Hay que acostumbrarse a que vean ustedes al Gabinete de Seguridad. —¿El Gabinete atiende este caso (por ser la agredida la empresa del gobernador) o el interés de atender a todos los ciudadanos? —Yo creo que nosotros tenemos la obligación de atender cualquier conflicto a cualquier ciudadano y a los negocios de cualquier empresario o de cualquier persona. Si bien es cierto que estamos en un lugar emblemático, para Sinaloa, como es el puerto de Mazatlán, donde lo que más pretendemos es establecer la tranquilidad y la armonía aquí en el puerto. Reitero, la intención de nosotros es estar con el señor presidente municipal, resolver los asuntos, lo más pronto posible, como así han tenido la mayoría de ellos de esta administración, en aquellos donde han tenido un gran impacto social y esperamos seguir así. La presentación La mañana del lunes 16 de enero el patio de las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado en Mazatlán era insuficiente para exhibir los tres vehículos robados, el arsenal y equipo táctico decomisados a los seis presuntos secuestradores detenidos que el procurador Marco Antonio Higuera Gómez presentó ante los medios de comunicación electrónicos y escritos. Ciertamente algunos empresarios mazatlecos habían aplaudido el trabajo de investigación e inteligencia de la Unidad Antisecuestros y de la PME, que había llevado a la liberación de los tres ciudadanos plagiados, porque calculaban que generaría tranquilidad y confianza en el “blindaje” en la seguridad pública previa a las próximas fiestas tradicionales de carnaval del puerto. El fiscal sinaloense dijo: “Buenos días, quiero presentarles a una persona que ustedes ya conocen y lo identifican como Chuytoño, el director de la PME, Jesús Aguilar, quien me acompaña en esta reunión con ustedes, medios de comunicación, con el objeto de resaltar el interés del Gobierno de resaltar mecanismos para dar seguridad a la ciudad y puerto de Mazatlán que preocupados porque su actividad turística se reactive, fue el motivo por el cual en agosto del año pasado se vino a laborar un grupo especial de la Policía Ministerial y además se fortaleció la Unidad Especializada Antisecuestros, con el objeto de investigar y trabajar con inteligencia en diversos delitos de secuestros y homicidios que habían ocurrido y que se estaban registrando en esta zona sur del estado. La Procuraduría General de Justicia informa que como resultado de un trabajo de investigación y de inteligencia efectuado por elementos por la UEA y de la Policía Ministerial y con el apoyo indudable de Marina y Ejército y de la Policía Municipal se realizó la detención en flagrancia delictiva el día 14 de enero de las siguientes personas: Luis Joel Moya Angulo, de apodo el Pingas, de 28 años, de edad, quien dio como domicilio en calle Comonfort número 311 poniente de la colonia Insurgentes de la ciudad de Los Mochis. Jonhy Ahumada Araujo, de 19 años, con domicilio en calle Agustín Melgar, número 1928, fraccionamiento San Fernando, también de la ciudad de Los Mochis. Lydi Zuni Sánchez Padilla, de 28 años, quien proporcionó como domicilio, Antonio Cuadras 1320, colonia Olímpica en Mazatlán. Hilaria García Salazar, de 38 años, con domicilio en calle Pirul número 1310, fraccionamiento Los Ángeles, en Los Mochis, Sinaloa. Rocío de Jesús Medina Parodi, de 36 años, quien dio como domicilio en calle Gabriel Leyva número 1234 sur, colonia Insurgentes, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. María de Jesús Venegas Montaño, de 21 años de edad, quien dio como domicilio calle México 70, número 1314, colonia Olímpica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. La detención de estas personas se realizó en el domicilio ubicado en Rafael García número 4-A de la colonia Independencia de esta ciudad de Mazatlán, derivado del trabajo de investigación e inteligencia llevado a cabo por elementos de la UEA y de la Policía Ministerial en el combate al secuestro”. Los cargos En sus declaraciones rendidas, enfatizó Higuera Gómez, ante el agente del Ministerio Público Especializado en el Delito de Secuestro, los detenidos reconocieron su participación en el secuestro de las personas que fueron liberadas y refieren que pertenecen a una célula delictiva que identifican de los Beltrán Leyva, debidamente organizada, donde hacen referencia a la estructura de cada uno de sus integrantes y su participación en los delitos de secuestro, homicidio y robo de vehículos. Refieren igualmente los detenidos —añadió— las cantidades de dinero que cada uno de ellos recibía por su participación en esas actividades ilícitas, donde algunos de ellos participaban en los levantones, otros en la elaboración y compra de alimentos, otros en recoger el dinero entregado por los familiares de las víctimas, otros cuidando a las víctimas secuestradas y algunos reconociendo que privando de la vida a quienes se les ordenaba. Los detenidos —dijo— dieron datos de cada uno de los integrantes de la célula delictiva a la que pertenecen y aceptaron su participación en seis secuestros en esta zona sur, en la cual aparecen como víctimas las tres personas que fueron liberadas y también otras personas, una de ellas secuestrada el 29 de septiembre del 2011, otro el 21 de junio de 2011 y otro el 30 de julio de 2011. Además reconocieron —continuó— Luis Moya Angulo y Jonhy Ahumada Araujo su participación con otros delincuentes de la misma célula, en los homicidios de dos personas ocurridos en el Yonque identificado como El Cole, que está en El Venadillo, quienes en vida llevaban el nombre de Víctor Martínez Lara e Ignacio Martínez Macías. También, señaló, reconocieron haber privado de la vida a dos personas en un negocio de lavado de autos, ubicado en la colonia Sánchez Celis, el día 7 de enero de 2012, y quienes respondían a los nombres de José Alfredo Eusquiano Fonseca y Rafael Morán Lizárraga. E igualmente refieren, sostuvo, que la misma célula de la que forman parte, participó en el homicidio de Juan Ramón Tirado Páez, quien fue localizado por la calle Habal Cerritos, en el kilómetro 4, al norte, el día 29 de noviembre de 2011. Los presuntos delincuentes, comentó, también estaban siendo investigados por su participación en los ataques a balazos de las instalaciones de C-4, (Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno de Estado) contiguas a la PME, el 31 de diciembre de 2011. El miércoles 18 de enero, dos días después de que habían presentado a los detenidos, dos sicarios llegaron en una motocicleta color azul oscuro que dejaron en la calle Michoacán, se introdujeron a la ferretería Malova y dispararon contra los dos empleados del negocio del gobernador del estado. “Fueron dos personas del sexo masculino, quienes efectuaron disparos a quienes se encontraban laborando el personal, correspondiente al área de caja administrativa y mostrador”, informó el procurador. Y antes de retirarse, sostuvo, rociaron el mostrador con gasolina encendiéndole fuego exclusivamente a esta área para posteriormente darse a la fuga a bordo de una motocicleta de color azul oscuro, misma que previamente habían dejado los agresores por la calle Michoacán. Malova. Por defender a Sinaloa “Estamos pisando callos” No tengo miedo porque estoy cumpliendo con un deber, dijo el gobernador Mario López Valdez cuando se le cuestionó sobre el atentado en una de las ferreterías de su propiedad, en el que un empleado resultó muerto y otro herido. “Esto es producto de que estamos pisando callos, que estamos combatiendo. La sociedad percibe esto, por eso me está dando su solidaridad”, manifestó el primer mandatario estatal. A pregunta expresa de los medios, el gobernador se negó a revelar si podrían registrarse más atentados en los próximos días, pero insistió en que el atentado es una respuesta de los grupos de la delincuencia organizada ante las acciones que está tomando su administración para combatir la inseguridad. “Lo único que sé es que es producto de las acciones que ha tenido el gobierno de enfrentar a los delincuentes. Esto es por defender a Sinaloa y a sus familias, y aún con estos riesgos no renunciaré al rol que tengo como gobernador”, manifestó. López Valdez indicó que el estado recibe el apoyo de la federación a través de sus distintas corporaciones de seguridad, así como el Ejército y la Marina. “Estamos en un solo equipo. Creemos que con los elementos que actualmente existen en Sinaloa podemos continuar esta lucha”, sentenció. “No hemos buscado la ayuda de la federación. Estoy recibiendo un reporte completo de cómo sucedieron las cosas, vamos a tener una reunión sobre seguridad el lunes o el martes con el nuevo comandante de la Novena Zona y el nuevo comandante de la Tercera Región. Esto nos va a comprometer a que tengamos que ir con más ahínco y mayor firmeza”. El gobernador aseveró que hay avances en la investigación para atrapar a los responsables del atentado, pero, por la confidencialidad a la que lo obliga la ley no puede revelar cuál es el resultado de las indagatorias. Malova-Beltrán Leyva: guerra total Redacción Ríodoce Cuatro o cinco hechos y momentos constituyen un mapa macabro de mensajes contra la política de seguridad del gobernador Mario López Valdez, prácticamente desde que asumió el poder, ya bajo la sospecha de haber establecido acuerdos con el crimen organizado local, es decir, con el cártel de Sinaloa. El primero de ellos ocurrió el 6 de marzo al oscurecer, cuando un grupo de sicarios asesinó a siete policías ministeriales durante el traslado de dos reos desde la ciudad de Los Mochis a Culiacán.  Este ataque se perpetró a la altura del poblado Guayparime, muy cerca del casco urbano de Guasave. Ya Malova había dejado clara su estrategia de reforzar, con agentes policiacos de entrenamiento especial, las ciudades de Los Mochis, en el norte de la entidad, y de Mazatlán, en el sur, para combatir las bandas criminales que ahí operan, desdeñando lo que en la capital de Sinaloa ocurría, o la violencia que se presentaba en los municipios de Navolato y Salvador Alvarado. Los propios funcionarios del Gobierno estatal, el procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, el que sería luego titular de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya, se encargarían de divulgar que estos grupos pertenecían, sobre todo, al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, antiguos aliados de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada. Es esta, desde que llegó Mario López Valdez al poder, una guerra de sangre, a muerte, pero también mediática. Una lucha por los territorios, pero también porque, ante la opinión pública, queden claros de qué lado está cada quien. Al Gobierno le interesa que no haya duda que las células de los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente aliados con los Zetas y los Carrillo Fuentes, son las más violentas y que por esa razón deben ser exterminadas. A estas les importa, sobre todo, divulgar que el gobierno de Malova ha pactado una alianza con el cártel de Sinaloa y que por ello los ataques son orientados solo hacia ellos. El Gobierno estatal ha aprovechado cada golpe contra los Beltrán Leyva para exhibir los resultados: detenciones, decomisos de armas y droga, rescates de personas secuestradas en el norte y en el sur. Por parte de las células delictivas, su recurso más utilizado son las masacres de policías, los llamados narcomensajes, a veces acompañados de cuerpos descuartizados que han arrojado en las mismas escalinatas del Palacio de Gobierno. Detención de Giovanni y las reacciones La madrugada del 15 de mayo, la Policía Ministerial detuvo en Los Mochis a uno de los cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva en la zona norte, Giovanni Lizárraga Ontiveros, el cual fue mostrado por la Procuraduría estatal como un trofeo de guerra.  Contra lo que usualmente hace “por ley”, la Procuraduría dio a conocer entonces las declaraciones preliminares del delincuente, donde ventilaba información sobre la estructura criminal de su organización, incluidas redes de protección policiaca que, con base en el cohecho, habían tejido en esa zona de la entidad. Las reacciones no se hicieron esperar. La mañana del lunes 30 de mayo de 2011, autoridades de cuatro municipios: Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa, reportaron el hallazgo de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones directas al gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín el Chapo Guzmán. Ninguno de los mensajes tenía la rúbrica de persona o grupo alguno, aunque las autoridades adelantaron que se trató del cártel de los Beltrán Leyva. Ese mismo lunes, por la noche, el cuerpo de un policía ministerial fue arrojado por el bulevar Pedro Infante, justo enfrente del edificio del Congreso del Estado. Una de las dos mantas colocadas en Guasave, sobre los bulevares Juan Millán y 16 de Septiembre, en el cruce de la carretera México-15, al mismo tiempo que el gobernador realizaba un acto en esa ciudad, decía a la letra:  “Malova ahora que fuiste a México le platicaste al presidente que fuiste a comer con el Chapo Guzmán el día 6 de septiembre del 2010 en 1 rancho de Kila, niegalo que te encargó que limpiaras la zona norte de Sinaloa para que se pudieran meter así como darle información (sic)”. En la ciudad de Culiacán, también aparecieron dos narcomantas. Uno de los mensajes decía textualmente: “General comandante de la novena zona, la guerra no es con ustedes, a ustedes se les respecta no así a los policias de Malova que estan con el Chapo Guzmán ellos se esconden detras de ustedes, quiero que sepa que Malova le trabaja al Chapo, investigue a los comandantes de la policia especial, que de especial no tienen nada (sic)”. Esa vez Mario López Valdez desestimó el señalamiento de los mensajes y declaró que es la reacción propia de los grupos criminales debido a que el Estado los está combatiendo. La guerra mediática siguió. El viernes 3 de junio las manos y la cabeza de un hombre fueron dejadas durante la madrugada en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Los restos humanos estaban a unos metros de la avenida Insurgentes. Aunque la postura oficial de Mario López Valdez consistió en mostrarse templado, lejos del efecto intimidatorio de los mensajes que le enviaron, la realidad es que toda la administración pública que él encabeza entró en pánico y optó por acorazarse.  El Gabinete estatal de Seguridad Pública declaró en riesgo inminente al gobernador Mario López Valdez y funcionarios de primer nivel, por lo cual determinó reforzar las medidas de protección en torno a ellos. El Gabinete de Seguridad recomendó a Malova cambiar el discurso contra los grupos beligerantes y salió a decir que había un gran contenido político en los mensajes.  Lo que ni él ni sus asesores calcularon es que habría una contraofensiva mediática, pues al día siguiente aparecieron otras mantas en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Guamúchil: “Malova dales a conocer que fuiste con el Chapo Guzmán no es para que lo negaras eso ya lo esperábamos fue para que la gente de México sepa el tipo de políticos que tenemos y para que las autoridades te investiguen. Tienes el valor o te vale”. El propio diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, exprocurador de Justicia en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, había declarado que, efectivamente, el gobierno de Malova combatía solo a unos grupos de narcotraficantes pero no a los otros, que debía ser parejo. A partir de esto todos desde Palacio respondían que los ataques eran políticos, que eso estaba muy claro. Guasave: la segunda masacre Pero la estrategia de Gobierno estatal no cambió un solo grado. El asedio policiaco a los reductos criminales del sur y norte de la entidad continuó al mismo paso que las respuestas de las células delictivas. El 15 de julio, comandos de estos mismos grupos perpetraron dos ataques contra la Policía dejando como resultado once agentes muertos y cuatro lesionados.  El primer ataque ocurrió en la ciudad de Los Mochis, donde un agente y un civil resultaron heridos.  El segundo ocurrió en la carretera Internacional, justo en el entronque con la 19, que conduce a Estación Naranjo. Ha sido la peor emboscada contra los cuerpos policiacos de Sinaloa: ahí murieron once agentes, un civil y dos policías más resultaron heridos.  El ataque, se dijo, iba dirigido contra Frank Córdova, secretario de Seguridad, quien de última hora decidió viajar en helicóptero.  El Ejército le atribuyó la matanza a las células de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro.   Al día siguiente aparecieron narcomantas acusando que el Gobierno protegía al grupo del Chapo Guzmán. Malova lo volvió a negar. Policías al banquillo Una de las cosas más relevante a partir de la detención de Giovanni Lizárraga fue la revelación de que buena parte de la estructura policiaca municipal de Ahome estaba coludida con la organización que él comandaba. Esto trajo como resultado que a mediados de noviembre, justo el día que el secretario general de Gobierno entregaría al Congreso estatal el Primer Informe de Gobierno, la mayor parte de los comandantes policiacos de Ahome fueron detenidos. 32 en total, de los cuales todavía la mitad se encuentra bajo arraigo en la Ciudad de México. Por lo pronto había sido un golpe mediático. Luego fueron recuperando su libertad algunos de los agentes y comandantes detenidos sin cargos en su contra, hasta que el resto fue trasladado a la Ciudad de México, entre ellos el director de la Policía, el mayor Horacio de León Reyes, sobre quien Ríodoce ya había advertido, existían antecedentes delictivos desde que era militar activo. Vientos de guerra en Mazatlán Estos son los eslabones principales de una guerra abierta, declarada, entre el gobierno de Mario López Valdez y los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente aliados con Los Zetas y los Carrillo Fuentes. El más reciente fue la captura y presentación de seis presuntos secuestradores en el puerto de Mazatlán, después de que la Policía Ministerial rescató a tres hombres que tenían secuestrados. El lunes 16 los presuntos delincuentes, entre ellos cuatro mujeres, fueron presentados a la prensa en un acto donde estuvo la plana mayor del Gabinete de Seguridad estatal.    El miércoles por la mañana, 48 horas después, en lo que se supone es una reacción del mismo grupo delictivo, la ferretería Malova, ubicada en esa ciudad, fue atacada.