Reforma
Distrito Federal.- El general de Brigada Diplomado
del Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña cometió abusos de manera
sistemática entre 2008 y 2009, cuando estuvo al frente de la Guarnición militar
de Ojinaga, Chihuahua, según declaraciones de sus propios subalternos.
En ese
periodo, el general Moreno Aviña incluso ordenó la ejecución de al menos siete
civiles, de acuerdo con un expediente actualmente en manos de la Suprema Corte
de Justicia.
De hecho, según declaraciones de oficiales y soldados, el mando
militar lo mismo ordenaba ejecuciones, que se quedaba ilegalmente con vehículos,
recibía sobornos de narcotraficantes y hasta trabajaba con ex sicarios del
cártel de ‘La Línea’ como informantes.
Además, también es señalado de
autorizar cateos sin orden judicial, sembrar armas a detenidos y decidir cuáles
de éstos eran remitidos al Ministerio Público y a cuáles había que
desaparecer.
Más de 50 declaraciones rendidas en la causa penal militar
1982/2009, del Juzgado de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, describen el
modus operandi de Moreno Aviña y a sus principales asistentes: el teniente
coronel José Julián Juárez Ramírez y el mayor Alejandro Rodas Cobón.
Un régimen de terror
En una carta enviada a Reforma, la Sedena aseguró que
31 elementos implicados en los abusos de Ojinaga, incluido el general Moreno
Aviña, se encuentran bajo proceso en prisiones militares de Sinaloa y
Jalisco.
“La Secretaría de la Defensa Nacional no tolera, de ninguna manera, no sólo
actos contrarios a las leyes y reglamentos militares, sino especialmente las
violaciones a los Derechos Humanos”, se lee en el texto.
Los casos
Amarrado al poste de una palapa, con las manos esposadas,
envuelto en una cobija corrugada blanca, empapado, José Heriberto Rojas Lemus,
un joven de entre 20 y 25 años originario de Uruapan, Michoacán, murió la noche
del 25 de julio de 2008, posiblemente de un paro cardiorrespiratorio, luego ser
torturado con descargas eléctricas en una palapa de las instalaciones militares
de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), en Ojinaga,
Chihuahua.
Su cuerpo fue incinerado horas después con 60 litros de diesel por
oficiales y soldados de la Tercera CINE en un rancho llamado “El Virulento”, a
unos 100 kilómetros de la carretera Ojinaga-Camargo, y sus cenizas esparcidas en
un arroyo por los mismos oficiales y soldados.
La tortura y ejecución
extrajudicial del Rojas Lemus es sólo un episodio más de una serie de crímenes,
violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por elementos de la
Tercera CINE, entre abril de 2008 y agosto de 2009, cuando estaban bajo las
órdenes del general de brigada diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno
Aviña y del teniente coronel diplomado de Estado Mayor José Julián Juárez
Ramírez.
El general Moreno Aviña estuvo presente en las instalaciones de la
Tercera CINE en el momento en que se perpetró la tortura de Rojas Lemus y avaló
la tortura de un número no determinado de civiles que eran detenidos
arbitrariamente y llevados a las instalaciones de la Tercera CINE, de acuerdo
con el testimonio de soldados y oficiales que declararon haber participado en
hechos.
En su declaración ante el Ministerio Público Militar en la causa
penal 1982/2009, registrada en la sentencia de amparo 151/2010 del Juzgado
Décimo de Distrito de Mazatlán, Sinaloa, el mayor de Infantería Alejandro Rodas
Cobón, entonces segundo comandante de la Tercera CINE, asegura que Moreno Aviña
dio la orden de desparecer el cadáver del joven Rojas Lemus al teniente de
Infantería Jesús Omar Castillo.
La muerte del joven fue comprobada por el
capitán primero cirujano dentista Luis Mario Victoria Ordaz y luego por el
capitán primero médico cirujano Héctor Hernández Gutiérrez, quien escuchó su
corazón, le tomó el pulso e intentó reanimarlo con masaje cardiaco. Cuando
informó al mayor Rodas Cobón que había que trasladarlo a un hospital, éste,
asegura el médico en su declaración, se negó y contestó: “Está bien doctor, ahí
le hace un certificado y le pone que murió por sobredosis”.
Testimonios de
oficiales y soldados de la Tercera CINE asentados en la sentencia de amparo
151/2010 coinciden en señalar que la llegada en abril de 2008 del general de
brigada DEM Manuel de Jesús Moreno Aviña a la comandancia de la Guarnición
militar de Ojinaga, y la del teniente coronel DEM José Julián Juárez Ramírez a
la jefatura de la Tercera CINE, fue el inicio de un régimen de terror, en el que
se alentaron y cometieron detenciones y cateos ilegales, privaciones de la
libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, venta de droga, extorsiones,
además de que regularmente se llevaban a cabo reuniones en las que se ingerían
bebidas alcohólicas con presencia de prostitutas dentro de las mismas
instalaciones militares.
Los uniformados implicados relatan también la
tortura, ejecución e incineración de cadáveres de los civiles Esaú Samaniego Rey
y Erick Valenzuela Campos.
Entre las víctimas de las ejecuciones ordenadas
por el general Moreno Aviña y perpetradas por los sicarios identificados como
“Sebos” y “Dany”, estarían la secretaria de Ministerio Público federal en
Ojinaga, Chihuahua, Patricia Gardea González, asesinada el 23 de julio de 2009,
además del policía ministerial José Escárcega Meléndez, que vendía droga para
Marco Rentería, líder de La Línea, del policía municipal Jorge Luis Olivas
Carrasco, y otros civiles.
Los testimonios de soldados y oficiales revelan
también que los mandos militares traficaban con la droga —cocaína y mariguana—
asegurada a integrantes del crimen organizado y robaban vehículos, objetos y
dinero decomisado a los delincuentes.
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