El teniente Julián Castilla fue detenido
en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo
sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto
delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar
expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron
recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán
ahí.
MÉXICO, DF (Proceso).- Al
teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la
salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila,
recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un
juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó,
pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los
Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.
El mencionado testigo
protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que
firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero
Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares,
por el mismo asunto.
Interno en la prisión del
Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue
trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y
familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue
incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la
organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se
expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.
En marzo de 2011, tres
personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en
testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas
de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a
esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y
desapariciones ordenadas por los cabecillas.
La entonces titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el
operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la
que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la
dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la
corrupción.
Morales aludía a que, además
de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías
federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes
del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación
(Proceso 1843).
En un año se demostró que las
condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos
identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran
inconsistentes.
También hubo errores en la
identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres
Charles, hermano de Jesús, el ex procurador de Coahuila cuya fotografía se
incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la
lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad
era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso,
y no la de Torres Charles.
El fracaso de las pesquisas
en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su
participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación
del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.
FRACASO EJEMPLAR
De acuerdo al pliego de
consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011
dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de
Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El
Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían
un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá,
encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a
Pedro Toga Lara, El Guacho.
El documento establece que
éste último confesó espontáneamente:
“Dijo que ya se le habían
terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo
de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería
cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció
a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente
Castillo”.
Con esa información inició
una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones
no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal
Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de
una Base de Operaciones.
A partir de datos aportados
por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con
base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de
aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de
gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.
En el expediente CP 279/2011,
radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar
Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente
Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas
irregularidades.
Por ejemplo, el pliego de
consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues
declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas
después de los hechos.
Otra falla grave es que la
declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un
teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una
diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las
funciones que desempeñó.
Además, los peritajes
grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la
declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa
a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga
Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la
Sexta Zona Militar.
Las declaraciones de Toga
Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69
Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una
diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que
había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido
desconocía.
Los 14 detenidos de ese
batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.
Las acusaciones de tortura se
reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga
Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados
civiles.
La descripción de la tortura
a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de
objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que
era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos
paquetes de hojas blancas.
Retenido durante cinco meses,
El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer
declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes
que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de
la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en
repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También
afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del
sanitario”.
Según Toga Lara, cuando por
fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los
expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en
un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo
comportarse ante el juez.
AMENAZA CUMPLIDA
Un mes después de la captura
de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.
Las documentales del
expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el
oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción
del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona
Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido
a las 11:45 horas del 13 de marzo.
La Zona Militar informó que
no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo
caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.
La aplicación del Protocolo
de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación
y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes,
dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas
practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.
Aunque la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que
practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando
personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para
trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se
aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos
necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la
descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen
médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.
De acuerdo con la narración
de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul,
tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el
trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y
otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le
exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para
provocarle asfixia.
Le aplicaron el tehuacanazo,
consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la
cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a
cachetadas.
Mediante descargas eléctricas
con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo
amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del
secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.
El 15 de marzo de 2011, tras
ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de
la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a
la prisión del Campo Militar Número1-A.
El pasado 22 de octubre, la
agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente
emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses
Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de
traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros
presos por su condición de militar.
La amenaza se cumplió: el 16
de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin
avisar a sus representantes legales ni a su familia.
En vista de los antecedentes
de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión
civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o
intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano
garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas
las garantías y respeto al debido proceso.
(PROCESO/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 5 DE
NOVIEMBRE DE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario