ZACATECAS, ZAC. (Proceso).-
La obtención de pruebas en el proceso judicial contra el coronel Martín Pérez
Reséndiz y sus tres elementos de ordenanza por la desaparición forzada y el
homicidio de siete jóvenes en Calera, el pasado 7 de julio, ha obligado a
ampliar en tres meses la investigación complementaria.
El 28 de octubre se celebró
audiencia en el Centro de Justicia Federal, ubicado en Ciudad Gobierno, el
enorme complejo administrativo estatal y federal construido en el sexenio de la
gobernadora Amalia García en la ciudad de Zacatecas.
La audiencia fue presidida
por el juez Juan Ramón Barreto López y estuvieron presentes los cuatro
militares indiciados: el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda
Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, así como los
cinco abogados particulares que los defienden.
También asistieron –en una
sala para testigos protegidos, a fin de no mostrar sus rostros– algunos
familiares de las víctimas.
Germán Martín García
González, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Murrieta, Víctor
Hugo González Cisneros, David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes y
Beatriz Fernández Hernández, fueron sacados de una vivienda en Calera por
efectivos del 97 Batallón de infantería con sede en Fresnillo, al mando de
Pérez Reséndiz, quienes posteriormente los torturaron y asesinaron (Proceso
2021).
Sus esposas, padres y
hermanos se enteraron del operativo del Ejército en la casa de la calle
Francisco I. Madero 106, de Calera, y comenzaron a buscarlos. Desde el
principio supieron que el jefe del batallón iba al frente. Tocaron a las
puertas de la base militar, visitaron hospitales, el Servicio Médico Forense y
las oficinas de la procuraduría estatal, la delegación de la PGR y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
El 15 de julio se plantaron
con pancartas afuera del domicilio allanado, donde colgaron una manta y
denunciaron ante los medios al coronel y su tropa. Luego viajaron a la ciudad
de Zacatecas y entraron al Congreso, donde se entrevistaron con diputados
locales y algunos activistas de derechos humanos.
Sólo después de eso personal
de PGR acudió a la casa, recabó declaraciones y realizó peritajes. Había ropa y
objetos desperdigados, se llevaron televisores y el estéreo.
Dos días después, la
procuradora zacatecana Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los
desaparecidos en una casa cerca de la presa El Tesorero, en una brecha por la
carretera Jerez-Fresnillo. Horas más tarde se localizó a los tres restantes.
Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber
muerto varios días atrás.
Las autopsias e informes
forenses certificaron que las siete personas fueron asesinadas horas después de
que los militares las sacaran de la casa mencionada.
En filtraciones a portales
digitales y medios locales, tres de las siete víctimas (entre ellos Germán
Martín García, un exmilitar que estuvo a las órdenes de Reséndiz) fueron
señaladas como integrantes de grupos delictivos contrarios.
Para ese momento, el Ejército
ya realizaba su propia investigación. Según fuentes militares, en medio del
descrédito por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, el general Salvador
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se enojó por los excesos del coronel
Reséndiz y la ostentación que éste hacía de su amistad, así que decidió ponerlo
como ejemplo de que el Ejército “no toleraría violaciones a la ley ni a los
derechos humanos”.
En un comunicado, la Sedena
confirmó la detención de los cuatro militares y anunció que serían entregados a
las autoridades civiles para ser procesados penalmente.
El 31 de julio, los cuatro
militares fueron vinculados a proceso en el Juzgado Primero de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al concluir el juez que se
presentaron elementos para señalarlos probables responsables de delitos contra
la administración de la justicia, desaparición forzada y homicidio calificado.
Una vez vinculados a proceso
el 31 de julio, el juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria,
que venció el 30 de octubre.
Así empezó el juicio 43/2015,
del cual formó parte la audiencia del mediodía del 28 de octubre, cuyo único
propósito era registrar el cambio de asesores jurídicos de los familiares de
las víctimas.
Por primera vez desde
mediados de julio, cuando se hizo pública la desaparición de las siete
personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su
aparición, enviando a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara,
para fungir como asesores jurídicos.
Minutos antes de la audiencia
personal de la CEAV obtuvo la autorización de los familiares para
representarlos, y después solicitó al juez Barreto copias de los audios, videos
e informes escritos de las audiencias previas, para enterarse de los pormenores
del caso.
Antes de que acabara la
audiencia, la Fiscalía de la PGR pidió al juez que ampliara el plazo de la
investigación complementaria por tres meses, es decir, hasta el 30 de enero de
2016, pues tiene pendientes muchas diligencias para recabar pruebas. La defensa
de los militares se opuso, pero el juez Barreto aprobó la solicitud de la
fiscalía.
Mientras tanto, varios
integrantes del 97 Batallón de Infantería fueron reasignados a otras
instalaciones. Días después de la detención del coronel Pérez Reséndiz, fue
nombrado como nuevo comandante Alfredo Alvarado Rojas, coronel de infantería
diplomado del Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército.
EXPEDIENTE ZACATECAS, A LA CIDH
Ricardo Bermeo, integrante de
la organización Zacatecanos por la Paz, dice a Proceso que el expediente de
este caso debió presentarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) en las audiencias efectuadas hace semanas en varias ciudades del
país.
Bermeo acudió a la del 29 de
septiembre, que se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y
llevó un caso similar ocurrido en 2012, en Estancia de Ánimas, comunidad del
municipio de Villa González Ortega. Lo acompañaron dos familiares de cinco
desaparecidos, a quienes se presume víctimas de elementos de la Policía Federal
(PF).
El activista explica que su
organización no tuvo acceso al expediente del caso de Calera –que equipara por
su gravedad con los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, y “aunque insistimos con
familiares no obtuvimos respuesta. Su aprobación y participación es fundamental
para que nosotros podamos entrar al proceso y acompañarlos”.
En la audiencia de Monterrey,
Bermeo y los familiares de los desaparecidos narraron ante la comisionada Tracy
Robinson que, la tarde del 7 de agosto del 2012, siete jornaleros fueron
sacados violentamente por policías federales del rancho Los Pirules, en
Estancia de Ánimas, donde trabajaban.
La corporación buscaba a
integrantes de la delincuencia organizada con un helicóptero y 10 camionetas.
Dos de los detenidos fueron
hallados después, cerca del municipio de Pinos. Según el expediente, sus
captores recibieron una llamada con la orden de soltarlos “porque no les
servían para nada y al cabo les daban 30 mil por cada persona que agarraran,
delincuente o no”.
Decenas de pobladores de la
zona vieron pasar el convoy de federales hacia San Luis Potosí, pero no se ha
vuelto a saber de los otros cinco jornaleros: los hermanos Juan Carlos, Amado y
Nectalí Delgado Rodríguez, así como Ismael Rodríguez Muñoz y José Castillo
Aguayo.
Sus familiares los buscaron
en la delegación de la PGR. En los hoteles donde se hospedaban los federales
asignados a Zacatecas, les dijeron que fueran a la entonces SIEDO (ahora SEIDO)
en la Ciudad de México. Hasta el 29 de agosto se admitió su denuncia en la
procuraduría estatal.
La averiguación rebotó entre
esta dependencia y la PGR en distintos momentos. Finalmente quedó en manos de
la estatal, pero desde mediados de 2013 no hay avances.
Cuando Zacatecanos por la Paz
preparaba un informe sobre tortura, ejecuciones y desapariciones para la CIDH,
pidió reunirse con la procuradora Leticia Soto. Como la funcionaria no respondía
y urgía asistir a la audiencia con la CIDH, el 29 de septiembre, los activistas
no presentaron dichos informes, que siguen elaborando.
Pero ahora, dice Bermeo, “ya
tuvimos la reunión con la procuradora y le expusimos nuestro interés. Su
respuesta fue positiva. Esperamos tener los datos. Es importante, ahora que ya
el caso de Estancia de Ánimas fue presentado ante la CIDH y no lo vamos a
soltar”.
(PROCESO / VERÓNICA ESPINOSA/ 5 DE
NOVIEMBRE DE 2015)
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