CUERNAVACA, Mor. (apro).- La
Fiscalía General de Morelos cuenta con sus propias fosas comunes clandestinas
donde inhuma sin permiso y de manera subrepticia cadáveres que nadie reclama,
algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de
investigación ni siquiera constancia alguna del levantamiento del cuerpo.
Al menos 150 cuerpos fueron
colocados en dos fosas ubicadas en un predio del poblado de Tetelcingo, en
Cuautla, según la investigación realizada por la familia Rodríguez Hernández,
que incluye una grabación en video en la que se observa una diligencia en la
que se exhumaron los cuerpos y luego fueron inhumados de nueva cuenta.
Los cadáveres fueron
colocados en tablas que hacen las veces de camillas y luego embalados con
plástico tipo PVC.
Algunos de los “paquetes”
tienen incluida una botella de plástico PET, de las que usualmente se venden
con agua purificada, mismas que tienen un papel con algún número de carpeta de
investigación o algún tipo de dato que permite su ubicación, aunque la gran
mayoría carece de ello.
Los cuerpos fueron colocados
en las dos fosas, apilados y separados por delgadas capas de tierra.
Todo esto se desprende de la
investigación realizada por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández,
quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del
grupo de los 150, mismo que fue colocado “por error u omisión” en una de estas
fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente
identificado por la familia, pero también, no obstante que existía una prueba
de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.
En el video se puede observar
a personal de la Fiscalía, ataviado con trajes blancos, abrir con máquinas
excavadoras las dos fosas y luego extraer uno a uno los cuerpos embalados,
hasta que hallan el cadáver de Oliver Wenceslao.
La exhumación ocurrió el 9 de
diciembre de 2014, derivado de presiones y gestiones de la propia familia.
Sin posibilidades de
evitarlo, la Fiscalía se vio obligada a admitir que el cadáver había sido
inhumado de manera “errónea” y autorizó la diligencia. La familia pudo
presenciar todo y grabar un video, a pesar de la resistencia del personal de la
Fiscalía.
María Concepción y Amalia Hernández Hernández, madre y tía de Oliver, respectivamente, exigen que se aclaren las anomalías y se deslinden responsabilidades, pues para inhumar en estas condiciones el cadáver de su familiar, y de los otros 149, hubo falsificación de firmas y otros delitos, además de que no se contó nunca con la anuencia de los afectados.
Pero van más allá al advertir
que este caso es del conocimiento no sólo del anterior fiscal Rodrigo Dorantes
Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango, sino del encargado de despacho
Javier Pérez Durón, y del propio gobernador Graco Ramírez, a quien la familia
acudió en su momento y del que sólo recibieron negativas y descalificaciones.
Incluso han sido objeto de
amenazas veladas de funcionarios o abiertas de parte de individuos sin
identificarse, quienes han exigido a la familia “ya no moverle o se los carga
la verga”.
Con lágrimas en los ojos,
Amalia señala: “Por suerte, por una mera casualidad, supimos lo que ocurrió con
el cuerpo de mi sobrino, pero ¿y los demás cuerpos? Hay 150 madres, tías,
familias buscando a esos otros cuerpos y por una orden absurda, violando todas
las leyes, se coloca a estos cuerpos en fosas que no cuentan con los permisos
correspondientes. ¡No se vale lo que hacen!”.
En el documento que presentan
como base para la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María
Concepción Hernández señala:
“Con base en esta
investigación se puede suponer que los 150 cadáveres fueron inhumados de manera
clandestina e ilegal por la Procuraduría, pues nunca se notificó al oficial del
Registro Civil de Cuautla, y es más, éste nunca dio su autorización ni expidió
los certificados de defunción” de los cuerpos.
EL CASO OLIVER WENCESLAO
Oliver Wenceslao Rodríguez
fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa
de Cuautla por cuatro sujetos mientras recogía a sus hijos de la escuela.
Con base en la versión de
testigos se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de
desaparición de persona.
El 3 de junio de ese mismo
año, es decir, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el barranco de Los
Papayos, en el municipio de Ayala, vecino de Cuautla. El cadáver se levantó y
se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-A/1791/2013 por el delito de
homicidio.
En esa carpeta se consigna
que el cadáver estaba sin identificar.
Después de revisar las
pertenencias del cuerpo se encuentra una credencial y se establece que era
Rodríguez Hernández.
Sin embargo, con ayuda de la
Procuraduría de Guerrero se realiza una prueba de ADN a la mamá de la víctima,
María Concepción Hernández Hernández, la cual establece “un 99.99 por ciento de
probabilidad” de identificación entre ambos familiares.
Pese a ello, autoridades de
la Fiscalía sugirieron a la madre de Oliver que no reclamara el cadáver, sino
que permitiera que se hicieran otros peritajes.
Concepción Hernández recuerda
que la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy, le
planteó que era “necesario realizar más periciales al cadáver, por lo que era
importante que no me entregaran (el cuerpo) en esos momentos para asegurar las
pruebas y evitar que los responsables salieran libres”.
La familia dio su anuencia a
que el cuerpo siguiera en la Subprocuraduría Regional Oriente, que unos meses
después se convirtió en la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla.
Por ello había dos carpetas
de investigación, una por secuestro, la otra por homicidio, ambas acumuladas en
el mismo caso. Entonces, supuestamente la investigación continuó.
Y según relata la madre, en
una reunión el 4 de diciembre de 2014, prácticamente un año y medio después de
hallado el cadáver, el encargado de la Fiscalía regional, José Manuel Serrano
Salmerón, informa a la familia que el cadáver de su hijo había sido enviado a
una fosa común.
Pero no sólo eso, también
admite que ésta ubicada en la calle 5 de Mayo, entre las colonias 12 de
Diciembre y 19 de Febrero, del poblado de Tetelcingo, en Cuautla.
El funcionario informó además
que tenía conocimiento de que el cadáver había sido inhumado en esa fosa el 28
de marzo de 2014, es decir, nueves meses antes de que la familia se enterara de
esto.
Concepción Hernández afirma
que ella confió todo el tiempo en que el cuerpo de su hijo estaba en las
cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional, sin embargo, según el propio
Serrano Salmerón, habrían sido el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes
Salgado, y la directora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero
Moreira, quienes habían ordenado la inhumación de 150 cadáveres, entre ellos el
de Oliver Wenceslao.
Todo esto fue realizado en un
predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación
de cadáveres y sin enviar oficios de aviso o solicitud de esos permisos.
De hecho, obran en poder de
Apro copias de los oficios del ayuntamiento de Cuautla en lso que se expresa
que no existe ni aviso ni solicitud de algún tipo para este tipo de
inhumaciones.
El ayuntamiento que encabeza
el perredista Jesús González Otero sostiene que no tenía conocimiento ni
oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 150 cuerpos en ese predio
de Tetelcingo.
El 9 de diciembre de 2014, la
Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. Para ello, los familiares
acudieron a presenciar, no sin resistencia del personal de la Fiscalía, la
diligencia en la que se exhumaron los 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver
Wenceslao, restos que fueron entregados a la familia.
Al término de la diligencia,
los 149 cuerpos restantes fueron devueltos a las fosas, en las condiciones
originales, es decir, sin exhibirse permisos o avisos oficiales.
“CADENA DE VIOLACIONES”
Durante las reuniones que la
familia sostuvo con las autoridades de la Fiscalía entre junio de 2013 y
diciembre de 2014 se tenía la certeza, sostenida por funcionarios de la
dependencia, e incluso por el propio fiscal en ese entonces Rodrigo Dorantes
Salgado, de que el cuerpo de Oliver estaba en las cámaras frigoríficas del
Servicio Médico Forense (Semefo) de la zona oriente, con sede en Cuautla.
Fue en la reunión del 4 de
diciembre de 2014 donde el titular de la Fiscalía Regional Oriente, José Manuel
Serrano Salmerón, informó a la familia que el cadáver de su hijo había sido
inhumado desde el 28 de marzo de 2014, aunque también admitió la inhumación de
150 cadáveres “que se encontraban en las cámaras frigoríficas del Semefo de las
tres subprocuradurías del estado”, es decir, la Metropolitana en Cuernavaca,
zona oriente en Cuautla y sur poniente en Jojutla.
De lo anterior se desprende
que las inhumaciones se llevaron a cabo “indebidamente”, habida cuenta de que
se realizaron “sin los trámites ministeriales y administrativos que la ley
exige, además de que se realizaron en un lugar que no reúne los requisitos
legales y de salud para su funcionamiento, ya que no cuenta con responsable
sanitario y el mismo ayuntamiento de Cuautla no lo tiene registrado ni
reconocido como panteón municipal”, advierten los quejosos.
Para demostrar estas
irregularidades se requirió información al respecto al ayuntamiento con base en
la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de
Morelos.
El 27 de enero pasado, el
director de Salud de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, informó al edil Jesús
González Otero, mediante el oficio DSM/013/15, que “en mi archivo no se cuenta
con el documento” en el que la Fiscalía o alguna otra autoridad le pondría “en
conocimiento en relación con la inhumación realizada el día 28 de marzo de 2014
de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”.
La familia de Oliver niega en
todo momento que haya dado autorización para la inhumación de su hijo, y para
ello asegura que cuentan con copias certificadas de las carpetas de
investigación correspondientes: una por secuestro y la otra por asesinato, por
lo que se tiene “la certeza legal de que no existe petición u oficio que ordene
la inhumación del cadáver relacionado” con dichas carpetas, es decir, el de
Oliver Wenceslao.
Pero además, “no hay acuerdo
de inhumación ni oficio que lo ordene, no existe autorización del oficial del
Registro Civil para la inhumación y tampoco la expedición del certificado de
defunción, permitiendo asegurar que la inhumación resulta ilegal”, sostiene la
familia en su escrito de queja ante el ombudsman estatal.
Por si fuera poco, además
hubo falsificación de firmas.
Es por ello que la familia se
quejó ante un tribunal por dilación de la justicia. Luego de ello, la juez de
Control, Juicio Oral y Ejecución, Gabriela Acosta Ortega, determinó que existía
“omisión dolosa” de las autoridades, así que ordenó al agente del MP que
procediera a la investigación de los hechos relacionados con la inhumación
ilegal del cadáver de su hijo.
Fue entonces que se conoció
la falsificación de la firma del MP a cargo de la carpeta de investigación,
Carlos Alberto Flores García. En otras palabras, alguna otra autoridad o
personal de la propia Fiscalía habría falsificado la firma de Flores García en
un oficio que supuestamente autoriza la inhumación del cadáver, pues se afirma
en el documento del 28 de marzo de 2014 que la víctima “se encontraba en
calidad de desconocido”.
Es decir, falsificaron la
firma para incluir el cadáver de Oliver entre los 150 que inhumaron
clandestinamente ese día. “¿Por qué?”, se pregunta a la mamá y a la tía de la
víctima.
“Puede ser por error, pero
también puede que existan otras causas, como la propia protección a los que le
hicieron esto (secuestrarlo y matarlo) a mi sobrino”, acusa Amalia Hernández,
tía de la víctima.
Es decir, pudo ser un “error”
o dolosamente fue inhumado entre los otros 149 cuerpos con la intención de
proteger a los victimarios.
La intención, denuncia la
familia, es proteger a las autoridades de la fiscalía, particularmente al hoy
exfiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en
Durango, además de la coordinadora general de Servicios Periciales, Ana Lilia
Guerrero Moreira, y del fiscal regional oriente José Manuel Serrano Salmerón, a
través de prácticas dilatorias que entorpecen, obstruyen y ocultan información
en relación con los hechos.
FISCALÍA ESPECIAL, PIDEN ABOGADOS
El experto en derecho y
expresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos, Cipriano
Sotelo Salgado, señaló que el hecho es “gravísimo”, y que por ello, para
garantizar la autonomía de los investigadores, es necesaria la creación de una
fiscalía especializada e independiente de la propia Fiscalía General, en la que
debieran participar abogados penalistas y en la que participara el propio
Congreso local.
En entrevista, destaca que ha
habido antecedentes, como el del anfiteatro y crematorio clandestino que fue
localizado este mismo año en Acapulco, Guerrero, en donde se llevó a cabo la
creación de una fiscalía de esta naturaleza.
También advierte que de esta
denuncia y de las pruebas que existen se pueden desprender delitos como
obstrucción de la justicia y violación a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, más los que se acumulen.
En caso de que esto no
ocurra, alerta, las instituciones quedarán vulneradas porque hay una “cadena de
violaciones” a la ley que pueden constituirse en delitos graves con
implicaciones de varios funcionarios y que además, en medio de la situación que
vive el país, el caso pone en entredicho a las autoridades y a la propia
Fiscalía.
CASTIGO A LOS CULPABLES
El vocero de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz,
demandó investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque
es evidente que el caso de Oliver Wenceslao representa una violación a la
dignidad humana y una revictimización de una persona que fue secuestrada y
luego asesinada.
También sostuvo que existe
una inercia en la Fiscalía, en el mejor de los casos, de tratar los restos
humanos como si fueran cualquier cosa, dado que todo parece indicar que algunas
autoridades consideran que hay que hacer todo lo necesario para “deshacerse de
los cadáveres”.
Luego aseguró que existen dos
antecedentes de hechos como este, uno de ellos cuando hace un año los propios
trabajadores de la Fiscalía filtraron el hecho de que los cuerpos ya no cabían
en el anfiteatro, y que por ello se estaban haciendo inhumaciones clandestinas.
Pero, además, Martínez Cruz
señala que se han documentado 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo
que va del sexenio de Graco Ramírez, y hasta el momento la Fiscalía carece de
protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos
averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en
este caso, en las fosas clandestinas de la Fiscalía.
El otro caso ocurrió a
principios de los noventa, cuando a partir de dos recomendaciones de la
entonces recién creada CNDH, se buscaron y encontraron dos fosas clandestinas
en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, en los límites con Puebla, en las que
hallaron 19 cuerpos como parte de las investigaciones del caso de uno de los
primeros desaparecidos políticos del sexenio de Carlos Salinas, José Ramón
García Gómez, desaparecido el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla.
Estos cuerpos hallados en
Amilcingo, se supo después, fueron inhumados clandestinamente por elementos de
la División de Investigaciones Políticas de la entonces Policía Judicial del
Estado, a cargo de Apolo Bernabé, hoy preso en el penal de Atlacholoaya, en
Morelos.
(PROCESO / DE LA CORRESPONSALÍA/ 5 DE
NOVIEMBRE DE 2015)
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