La extinta Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno del Estado se convirtió durante el sexenio de
Guillermo Padrés Elías en una cloaca de irregularidades, corrupción y desvío de
millones de pesos, dejando de lado prácticamente desde los primeros pasos de la
administración estatal su función de comunicar los logros gubernamentales,
trazar las adecuadas estrategias comunicativas y evitar los riesgos derivados
de esta función.
Bajo la tutela del secretario
Jorge Morales Borbón, se operó una entramada red de facturaciones falsas,
alianzas empresariales que ayudaran a cubrir el fraude y medios de comunicación
"fantasmas" creados ex profeso para sacar la mayor "raja"
económica de una secretaría que dejó una deuda multimillonaria que sólo en los
casos documentados llega a 167 millones de pesos, pero ya que se operó para
destruir la mayoría de contratos y facturas podría superar los 300 millones,
versión que concuerda con la información de medios nacionales a los que se les
dejaron ingentes cantidades sin abonar.
Según los datos recogidos y
analizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la
Cuenta Pública 2014 presentó un total de más de 300 millones de pesos ejercidos
en Comunicación Social en ese año, cuando lo presupuestado eran 45 millones, lo
que representó un sobregiro de más del 600 por ciento.
En cuanto al presente año
2015 y hasta septiembre cuando se dio el cambio de gobierno, Comunicación
Social había ejercido 293 millones de pesos, en contraste con un presupuesto
que era de 47 millones para todo el año. A esta cantidad hay que sumarle la
deuda ya mencionada de 167 millones de pesos, lo que hace un total de casi 500
millones de pesos gastados en un año electoral (siendo además este año el de
mayor contratación de todo el sexenio), donde cabe mencionar que la difusión
gubernamental fue restringida desde mayo hasta el 8 de junio, concluida ya la
jornada electoral. Este despilfarro de recursos del Gobierno del Estado lleva
directamente a señalar que gran parte del millonario financiamiento del
candidato panista, Javier Gándara Magaña, partió de las oficinas de gobierno.
Fuentes internas del área
administrativa de Comunicación Social, que prefirieron permanecer en el
anonimato por miedo a venganzas, confirmaron que la forma en la que operaba
esta secretaría se había convertido puramente en un negocio personal, en el que
se hacía manejo discrecional de millones de pesos del erario público en
beneficio principalmente del secretario Jorge Morales Borbón.
MORALES PEDÍA “MOCHADAS” MILLONARIAS Y CREÓ MEDIOS
“PATITO”
El modus operandi del
desfalco fue el siguiente: mediante convenios publicitarios que el Gobierno del
Estado realizaba con medios de comunicación se comprometía la totalidad del
presupuesto. En el 2009, la estafa consistió en inflar estos convenios al doble
o triple del valor comercial de las publicidades otorgadas, a cambio de
significativas “mochadas” que se embolsaba Morales Borbón de hasta el 50% de
los montos que los complacientes medios cobraban.
Así, en 2009 se hicieron 170
convenios publicitarios, en muchos casos con medios de comunicación seriamente
establecidos que se prestaron al desfalco público con facturaciones
millonarias.
Para 2011, con tan sólo dos
años de administración recorridos, saltó la liebre y asesores cercanos al
gobernador Padrés advirtieron del agujero financiero y pésima cobertura
mediática que la ambición del secretario en turno estaba creando.
Así, el Ejecutivo comenzó a
supervisar más de cerca los montos facturados. A partir de entonces, Morales
Borbón cambió su estrategia y para este 2011 ya había más de 300 medios en la
nómina. ¿Cómo creció la facturación de 170 a 300 medios? Con aperturas
ficticias de medios “patito”, la mayoría bajo dominios web.com, a los que les
resultaba fácil y barato justificar cualquier campaña publicitaria publicada.
La secretaría de Hacienda,
encabezada por Alejandro López Caballero y pronto secundada por Carlos
Villalobos Organista, era siempre la encargada de liberar los montos necesarios
para pagar las millonarias facturas a través de su tesorería, cuyo titular era
Mario Cuen Aranda. Desde allí se daban curso a las facturas y se liberaban los
recursos necesarios para pagar a medios “reales”. En el último paso
administrativo para sus cobros, cuando ya se habían generado las órdenes de
pago (OP), éstas se cambiaban a otras facturas a nombre de estos medios
“patito”, que iban directamente a la bolsa del secretario de Comunicación
Social y un puñado de socios que le cubrían las espaldas.
En el 2012 y al calor de la
época electoral, operadores del Gobierno del Estado bajo el mandato del propio
Jorge Morales, recorrieron el estado para cerrar acuerdos millonarios, todavía
más inflados con los principales medios de la entidad, con la finalidad que
éstos operaran a favor de ciertos candidatos de Acción Nacional. Esto
aseguraría la continuidad y encubrimiento de los muchos negocios mal habidos
que la administración estatal había iniciado, no sólo en Comunicación Social,
sino desde las secretarías de Salud, Educación de Gobierno, entre otras.
Estos nuevos acuerdos
llegaron a multiplicar por cinco las cantidades facturadas por los medios en
cuestión.
Todo fue un engaño, tras
perder el PAN muchas posiciones en aquellas elecciones y con la reconducción
presupuestal, se dejó de abonar al 90% de los medios que entonces facturaban al
Gobierno del Estado.
Poco después de la derrota
electoral de 2012, el gobernador Guillermo Padrés tomó decisiones drásticas en
materia de comunicación. La imagen del Ejecutivo se había visto tan
deteriorada, que decidió encargar las tareas de comunicación al secretario de
Imagen Institucional, Javier Alcaraz y Jorge Morales sin dejar su puesto en
Comunicación Social, tomó a efectos prácticos la dirección de Telemax.
Las oficinas de Comunicación
Social bajo la tutela de Cecilia Zárate Ibarra, quien no era más que un peón de
Morales Borbón, solicitó a partir de enero de 2013 la refacturación de miles de
facturas impagadas en el ejercicio anterior y recibió éstas nuevas sin devolver
contra facturas, testigos, ni recibos a las empresas de comunicación emisoras.
Esto dejó en un vacío legal a los medios y permitió a la secretaría trabajar a
discreción con estas facturas manipulando pagos a voluntad, que nunca llegabana
los destinatarios.
Escarmentados, para 2015 tan
sólo 70 medios de comunicación facturaban servicios al Gobierno del Estado. De
enero a septiembre de este año se facturaron 293 millones de pesos, de los
cuales se quedaron debiendo 167 millones, una deuda además concentrada en 18
proveedores únicamente.
MANDARON CLASIFICAR CONTRATOS COMO EXPEDIENTES
SECRETOS
A través de una petición de
acceso a la información pública al área de trasparencia informativa, un
ciudadano solicitó los montos contratados a ciertos medios de Sonora. El
secretario Jorge Morales al verse entre la espada y la pared, para no revelar
datos que descubrieran el robo a manos llenas, encontró como argucia legal el
mandar clasificar como “secretos” diversos expedientes, con el argumento que
“dicha información ponía en riesgo la seguridad del estado". Pero tras
presentar una denuncia ante el Instituto de Trasparencia Informativa del Estado
de Sonora, en días recientes se ha dado curso a la apertura de estos
expedientes, que la administración de la actual coordinación de Comunicación
Social deberá entregar al propio ITIES.
OPERADORES DE MORALES SIGUEN MANIOBRANDO DESDE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Para cuidarse las espaldas y
pensando ya en su salida de la administración pública, el secretario Morales
Borbón consiguió plaza de base a 18 trabajadores administrativos de la
secretearía que trabajan en el segundo piso del edificio que se alza a un
lateral del palacio de gobierno en Hermosillo.
Actualmente 10 de estos trabajadores laboran en sus puestos y hacen, en
su mayoría, un trabajo de espionaje hacia la actual administración. A modo de
ejemplo, la mujer que realiza la limpieza de las oficinas de nombre Georgina
Urbina, fue sindicalizada y basificada en junio de 2015. El nexo con Jorge
Morales no es otro que el hecho que esta buena trabajadora labora también por
las tardes en casa del ex secretario y comenta que el ex funcionario no le paga
un peso por ello, pues se jacta que bastante “favorcito” le hizo basificándola.
Otro de los casos que todavía
unen a Morales con la secretaría es el trabajador que usó de chofer durante
buena parte del sexenio, el señor César Celaya, quien desde el 14 de septiembre
pidió la incapacidad médica en el gobierno estatal, por una supuesta lesión en
un pie. Hasta en cuatro ocasiones ha renovado esta incapacidad, con el
resultado de no haber trabajado ni un día de la actual administración. Eso sí,
disfrutando del sueldo como trabajador del estado, labora como chofer de la
familia de Jorge Morales diariamente.
Otros de los “beneficiados”
que continúan devolviendo los favores prestados al bueno de Morales Borbón, han
sido varios trabajadores de un conocido periódico de tirada estatal con sede en
Hermosillo. Así, es habitual ver trabajadores con vehículos oficiales de este
periódico acudiendo al domicilio del ex secretario para realizar trabajos
dispares. Los últimos que personal del medio realizaron en este lujoso
domicilio fueron de pintura o impermeabilización, labores que poco y nada
tienen que ver con el giro de esta empresa.
LA PÉSIMA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE PADRÉS
Demian Duarte
Uno de mis principales
señalamientos hacia la administración de Guillermo Padrés Elías es que su
equipo de comunicación social no supo nunca comunicar claramente la obra de su
gobierno, la otra que he expresado públicamente es que como administradores los
panistas en el gobierno resultaron un desastre, una especie de Rey Midas a la
inversa, que todo lo que tocaban lo convertían en basura. Pues bien, creo que
la política conducida por Jorge Morales Borbón en la entonces Secretaría de
Comunicación Social fue precisamente eso, la máxima expresión de la ineficacia
en el actuar del gobierno, combinada con la enorme ineficiencia, ausencia de
transparencia y de disciplina en el manejo de los recursos públicos. Una
dependencia que se dedicó durante seis años a vender entre los periodistas la
lógica de “si no estás conmigo estás contra mí”, pero en la que jamás honró los
compromisos asumidos, nunca tuvo disciplina presupuestaria, nunca pagó
correctamente los servicios que contrató, pero que sí se dedicó a repartir
dinero a manos llenas entre unos cuantos “agraciados” y medios consentidos del
padrecismo.
También creo que se
distinguieron por el desdén de parte de un grupo de ex trabajadores del
periódico El Imparcial, hacia los trabajadores y representantes de otros
medios, pues al pertenecer o haber pertenecido a ese medio en particular, les
dio por sentirse dueños de la verdad absoluta, lo que además está muy alejado
de la realidad.
Fue en pocas palabras una política
suicida de comunicación social, que se dedicó literalmente a sembrar discordia
y terminó consiguiendo lo que siempre criticó de las administraciones priistas,
el rechazo de parte del gremio periodístico. Una política de comunicación
alejada de la realidad, que aisló al gobernador de la opinión pública y se
empeñó en hacerle creer que era sólo la opinión publicada lo que valía. Nunca
hubo una idea clara de lo que se quería comunicar, siempre hubo una disputa
entre la secretaría de Morales Borbón y la dirección de imagen encabezada por
Javier Alcaraz, precisamente por el control del manejo de los medios y la
imagen del gobernador, lo que terminó por convertirse en un desastre.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de:
Investigaciones especiales / Última Palabra/ 2015-11-04)
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