La
reciente liberación de Israel Arzate –a quien trataron de implicar en
la matanza de Villas de Salvárcar– saca a la luz un problema de la
justicia de Chihuahua: la tortura parece ser la única “técnica de
investigación” aplicada por las policías locales y las federales
desplegadas para colaborar en la guerra contra el narco. Organizaciones
defensoras de los derechos humanos revelan que muchas personas han sido
juzgadas y sentenciadas sin que la fiscalía estatal haya acreditado sin
lugar a dudas su culpabilidad, basándose en confesiones arrancadas con
agresiones físicas y amenazas. Así, las cárceles de Chihuahua podrían
estar llenas de inocentes.
CHIHUAHUA, CHIH.
(Proceso).- La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
de liberar a Israel Arzate Meléndez –implicado en la matanza de Villas
de Salvárcar, Ciudad Juárez, en 2010– prendió las alarmas en el sistema
judicial de Chihuahua: podrían venir otras liberaciones de presuntos
delincuentes si se acredita que en sus casos se incurrió en
irregularidades procesales.
Uno de los problemas recurrentes en el
estado tiene que ver con la tortura como principal violación al debido
proceso. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), según su
presidente, José Luis Armendáriz González, recibió 128 quejas al
respecto contra efectivos del Ejército entre 2008 y 2012. Y sólo durante
2013 en el mismo sentido se han recibido 19 más contra militares y seis
contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal y
la Procuraduría General de la República.
En los primeros años de
la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua el Ejército y la Policía
Federal fueron las instituciones con más quejas por tortura ante la
CEDH, organismo que turnó esos casos a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Además, la contrarreforma aprobada por el
Congreso estatal en 2011 significó un golpe para el sistema penal
acusatorio, coinciden en señalar organizaciones no gubernamentales.
Con
esa contrarreforma, explican a Proceso las abogadas del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), las garantías del imputado se
remiten al ámbito del Ministerio Público, puesto que la flagrancia, de
acuerdo con el actual Código de Procedimientos Penales del estado, es
“el lapso comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el
de la detención, el que podrá realizarse en minutos, horas o incluso
días, según las circunstancias del caso, siempre y cuando no se hayan
suspendido las actividades de investigación policial tendentes a la
localización y detención del probable interviniente”.
También se
induce a la tortura –ahora tipificada sólo como “lesiones”–, pues el
Ministerio Público puede introducir al juicio la declaración del
imputado rendida ante esa instancia, con el requisito de que ésta se
videograbe en presencia del defensor, indican las abogadas.
“Esta
reforma restauró la tortura y tratos degradantes como una forma
sistemática y socialmente aceptada de realizar investigaciones y llevar a
juicio a los presuntos responsable de la comisión de delitos. Es
obligatorio para los jueces de garantía recibir la prueba de confesión
del imputado ante el Ministerio Público”, advierte el Cedehm.
Por
lo demás, ahora se puede detener a alguien sin orden de aprehensión
mediante la figura de “caso urgente”, cuando haya sospecha fundada de
que la persona señalada participó en un delito grave.
Hay otro
fenómeno que viola las garantías de los presuntos delincuentes. El
ómbudsman chihuahuense explica a este semanario que las autoridades
suelen presentar a los detenidos ante los medios antes que ante el juez,
con el afán de mostrar resultados inmediatos.
Aunque el principio
de presunción de inocencia está vigente y es parte importante del
sistema penal acusatorio, la presentación de imputados ante los medios
atribuyéndoles responsabilidad plena antes de llegar a juicio es una
práctica continua.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el
gobernador han hecho común exhibir a detenidos sin que hayan sido
presentados ante un juez. Todos los días emiten comunicados en ese
sentido, aunque en varios casos las personas exhibidas han sido
absueltas después.
El coche-bomba
La noche
del 11 de agosto de 2011, cinco jóvenes platicaban en una calle de
Ciudad Juárez cuando fueron detenidos por policías federales. Un mes
antes un coche-bomba había estallado en esa localidad fronteriza y
varios agentes federales murieron.
En el mismo vuelo en el que
enviaron a la Ciudad de México el cadáver de uno de los policías iban
los cinco jóvenes detenidos, a quienes trasladaron a la entonces
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada.
Mientras sus familiares los buscaban en Ciudad Juárez,
Noé Fuentes Amaya (de 29 años), Rogelio Amaya Martínez (de 27), Gustavo
Martínez Rentería (de 24), Víctor Manuel Martínez Rentería (de 19) y
Ricardo Fernández Lomelí (de 28) estaban siendo torturados para
declararse culpables de haber hecho estallar el coche-bomba el 15 de
julio de ese año. Así lo acreditó la CNDH en su recomendación 75/2012.
También los obligaron a aceptar cargos de delincuencia organizada y tráfico de drogas y de armas.
Las
lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención médica;
estuvieron internados un día, según documentó la asociación civil Centro
de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del
caso.
Sin haber recibido sentencia –el Ministerio Público Federal
se empeña en alargar el proceso– los cinco jóvenes fueron trasladados a
diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el país
pese a que los detuvieron en Ciudad Juárez y su caso está radicado en el
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara.
Según
señalan la recomendación de la CNDH y Paso del Norte, los familiares y
defensores de los cinco jóvenes han sido amenazados. La madre de Víctor y
Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su
domicilio y hostigada por teléfono en septiembre de 2011.
En su
recomendación la CNDH señaló que los agentes de Seguridad Pública
Federal violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y
seguridad personal de los detenidos por la retención ilegal y la
tortura, comprobada con dictámenes médicos y una valoración
psiquiátrica.
Paso del Norte logró que el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, se comprometiera a aplicar una
evaluación psicológica a dos de los detenidos elegidos al azar. De los
resultados dependerá si la PGR se desiste o no de los cargos que les
imputan a los cinco jóvenes.
Falso operativo
La
tarde del 18 de febrero de 2012 la Policía Municipal irrumpió en la casa
de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez,
en Ciudad Juárez. Los detuvieron pese a que no había orden de
aprehensión en su contra. Fueron torturados y acusados de extorsión.
Permanecieron incomunicados 48 horas mientras sus familiares los
buscaban en distintas dependencias policiacas, donde les negaron
información.
Cuando finalmente los localizaron, los tres hermanos
estaban visiblemente golpeados y ya se habían inculpado. Dijeron que los
amenazaron con asesinar a su madre si no se declaraban culpables.
Pese
a ser menor de edad (tenía 14 años) Luis Adrián estuvo retenido 48
horas en la fiscalía. Luego lo enviaron a la Escuela de Mejoramiento
Social para Menores Infractores de Ciudad Juárez. El Ministerio Público
omitió presentar ante el juez los testimonios de los padres y tíos de
los menores, quienes fueron testigos de los hechos.
Luis Adrián
quedó libre el 30 de agosto de 2013. El magistrado Miguel Medina Perea
acreditó que no había pruebas en su contra, pues la víctima María Teresa
Murillo Hernández nunca identificó al adolescente como una de las
personas que le cobraba una extorsión semanal de 500 pesos.
Cuando
Murillo interpuso la denuncia, los agentes municipales le dijeron que
aplicarían un operativo para hacer “caer” a los extorsionadores, pero el
Ministerio Público nunca acreditó los hechos que presentó.
La
versión de la parte acusadora es que la policía encubierta advirtió
cuando llegaron tres jóvenes al local comercial de Murillo Hernández, el
cual tiene grandes ventanales que permiten ver lo que ocurre adentro.
Los
policías afirman que vieron a un joven dirigirse al local mientras
otros dos montaron guardia frente al establecimiento. Cuando el primero
salió después de haber cobrado la cuota, aprehendieron a los tres.
Los
familiares de los jóvenes afirman que en realidad detuvieron a los
hermanos en la calle, cerca de su casa, y en el camino aprehendieron a
otro joven y a una mujer para implicarlos en el ilícito.
Pero
Murillo Hernández, quien estaba en su establecimiento, nunca vio el
supuesto operativo de la Policía Municipal. Sus empleados tampoco.
El
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa de Luis
Adrián y luego de 20 meses logró que un magistrado lo declarara
inocente, aunque el fallo no se basó en un presunto acto de tortura sino
en las imprecisiones de la parte acusadora.
Salvárcar
La
FGE está empeñada en que Israel Arzate Meléndez es culpable de la
matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cometida el 31 de enero
de 2010, pero la SCJN ordenó su liberación el pasado 5 de noviembre
–además el 27 del mismo mes borró de su expediente todos los cargos–
porque se acreditó que fue torturado para obligarlo a declararse
culpable.
Tras la liberación de Arzate, la FGE ha filtrado a los
medios que hay una nueva orden de aprehensión contra él, pero hasta
ahora ningún juez ha ordenado su recaptura.
El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual lleva la defensa de
Arzate, señaló que las autoridades de Chihuahua lucran con el dolor de
las víctimas porque su estrategia es mediática.
Consideran que las
autoridades persisten en el encubrimiento de su incapacidad al
pretender litigar mediáticamente el caso, lo cual expone a las víctimas a
una revictimización innecesaria y manifestaron su voluntad de reunirse
con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos
sólidos de prueba que sustentan la inocencia de Arzate.
La
principal prueba de la FGE contra él es que una testigo lo reconoció
durante un juicio oral realizado a otros cuatro imputados, quienes ya
fueron sentenciados.
Pero esa testigo tiene lesiones neurológicas
permanentes derivadas de disparos que recibió en la cabeza durante la
matanza y que le provocan pérdida de memoria, según diagnosticó el
médico José Francisco Lucio Mendoza en un dictamen emitido el 4 de
septiembre de 2010. El juicio se efectuó el 6 de junio de 2011.
“Tenemos
la voluntad de acercarnos a las familias de las víctimas para
mostrarles las razones por las cuales vemos que es inocente; si quieren
informarse, estamos en plena disposición”, dice Simón Hernández, uno de
los defensores.
La exigencia del Prodh, agrega, siempre será la
justicia, y explica que cuando toman un caso lo analizan bien, pues no
se trata de defender a toda persona que se acerque, aunque tampoco
tienen como fin investigar y suplir las carencias de la fiscalía.
“No
somos una organización que busque casos. Más bien respondemos a
solicitudes expresas de intervención. Es importante señalar que al
documentar y analizar las peticiones de intervención somos muy
cuidadosos y meticulosos. Por lo mismo estamos convencidos de la
inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del estado de Chihuahua
a respetar la exigencia de las víctimas y cesar en la difusión de
información falsa que busca lucrar con su dolor”, señala Andrés Díaz
Fernández, coordinador de abogados del Prodh.
Por apellido y parentesco
Martín
Sáenz Martínez, estudiante de 21 años de la Universidad Regional del
Norte, en Ciudad Juárez, fue vinculado con la banda de secuestradores
Sáenz de la Cruz por apellidarse Sáenz y ser sobrino de integrantes del
grupo criminal.
Pese a resultar absuelto en un juicio oral, el
Ministerio Público tiene la consigna de no dejarlo salir de la cárcel,
toda vez que su captura fue exhibida ante los medios como un gran golpe
de las autoridades.
La FGE apeló la absolución y Martín aún está preso.
La
madre del joven, Aurora Isela Martínez Rodríguez, perdió casa y trabajo
por dedicarse a defender a su hijo. “Tengo que viajar cada ocho días
para verlo”, explica. Martín está preso en el Centro de Reinserción
Social de la Ciudad de Chihuahua, a más de 400 kilómetros de Ciudad
Juárez.
Martín vivía en Ciudad Juárez con su madre y tres
hermanos. El 5 de julio de 2009 agentes municipales catearon su casa, de
donde sustrajeron una cámara de video, dinero y joyas. Más tarde se
comunicaron con el joven para que fuera a recuperar la cámara. Ese fue
el gancho para detenerlo.
Una hermana de Martín estudiaba en la
academia de la Policía Estatal. Tres días después de la captura del
joven ella fue llevada a la ciudad de Delicias para identificarlo. Sólo
entonces supieron dónde se encontraba. Ella fue dada de baja de la
corporación.
Lo que siguió fue la presentación ante los medios. Lo
mostraron como parte de una peligrosa banda y fue procesado por
secuestro agravado.
El detonante de este operativo fue el
secuestro de un empresario de Delicias que se amparó para evitar
comparecer y huyó de la ciudad. Por lo tanto, nadie ha identificado a
Martín.
El joven permanece en el área de alta seguridad del penal
desde el 3 de junio de 2009 y hasta la fecha, pese a que fue absuelto el
28 de diciembre de 2012. No obstante el agente del Ministerio Público
Noel Orlando Jiménez Holguín apeló la absolución ante un tribunal de
Casación, el cual ordenó reponer la sentencia y el juicio.
La
madre del joven admite que dos tíos de Martín (hermanos de su papá y
ambos ya en prisión) están relacionados con la banda Sáenz de la Cruz,
pero aclara que sus hijos nunca han tenido relación con su familia
paterna.
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