Reforma
México, DF.- La opacidad con la que se operan las evaluaciones
de control de confianza, en la que los examinados no tienen acceso
directo a sus resultados ni pueden solicitar la revisión de sus pruebas,
puede generar actos de corrupción al interior de las corporaciones de
policía, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Como los resultados de las evaluaciones son entregados a los mandos de los policías, indicó la líder ciudadana, esto se puede prestar a que soliciten dinero u otro tipo de favores a cambio de dejarlos permanecer supuestamente en el cargo.
“Te mandan al Control de Confianza y a ti no te dan los resultados, se los dan a tu jefe, entonces tu jefe te puede extorsionar diciéndote que reprobaste cuando en realidad no reprobaste”, indicó.
Morera, cuya organización le ha dado seguimiento al proceso de depuración policiaca a nivel nacional, señaló que otra forma que tienen los mandos de presionar a sus elementos es amenazándolos con enviarlos a los exámenes, ya sea para obtener ventajas u hostigar a quienes no les caen bien.
“Están usando el control de confianza como verdugo de los policías, entonces muchos no quieren ir, muchos jefes amenazan a sus elementos con que los van a mandar al control de confianza como un método para extorsionarlos”, dijo.
Deben transparentar resultados
Para evitar este tipo de prácticas, sugirió, los mecanismos de aplicación y los resultados deberían de transparentarse, empezando por los de los altos mandos y funcionarios de primer nivel, cuyo aprobación o no aprobación debería de hacerse del conocimiento de la sociedad.
“Los exámenes de los mandos deberían de ser públicos. Debemos saber que pasaron el examen, para no tener el riesgo de desconocer a quienes están al frente de las corporaciones; me parece que ésta es la parte más importante. Y una vez que los mandos son confiables, que los policías puedan saber su mando es confiable y su compañero también es confiable”, dijo.
Evalúan a policías técnicos inexpertos
Los exámenes de control de confianza con que se intenta depurar a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y prisiones, tienen fallas desde el diseño de las pruebas hasta la aplicación que hacen técnicos sin conocimientos suficientes en áreas policiales ni tampoco de procuración de justicia.
Estas dos deficiencias provocan que mientras en unos estados aprueban prácticamente todos los policías y funcionarios evaluados, en otras reprueba la mitad, advirtieron especialistas.
El mecanismo de evaluación, consideró Bernardo Gómez del Campo, autor del libro “En búsqueda de un perfil policial mexicano”, carece de los perfiles tipo que deberían tener los servidores públicos congruentes con las funciones que desempeñan. Al carecer de una lista de la habilidades específicas que requiere cada puesto de trabajo, con una misma batería de pruebas se evalúan las aptitudes de personas que desempeñan funciones distintas.
Esto ocasiona que califique como no aptas a personas que, con guía adecuada, podrían ser elementos eficientes, indicó María Elena Morera.
“Al principio no estaba bien calibrado el examen y te ponían no apto cuando estabas gordo, aunque eso no era relevante para el perfil de tu puesto. A personas que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de aprobarlos con restricciones y enviarlos a una terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto; yo creo que ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena”, indicó.
Los contrastes
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.
Gómez del Campo indicó que estos contrastes son ilógicos. Además de la falta de los perfiles-tipo que sirvan de referentes para cada función, en los resultados influye la percepción de los aplicadores de las pruebas: en aquellas entidades con mayores problemas de violencia son más estrictos y en los estados que les parecen más seguros relajan la evaluación.
“Muchos poligrafistas estigmatizan al elemento por la zona. ¿Qué sucede? Van a levantarle el polígrafo a una persona en Tamaulipas y llegan con la idea de encontrarse con alguien que pertenece a la delincuencia organizada.
“El poligrafista nos diría que esto no es cierto, que él no califica, que lo hace el polígrafo, que es el que va a medir las respuestas y que él sólo va a formular las preguntas; ahí está el asunto: en la forma y en el tipo de preguntas va a buscar lo que pretenden encontrar”, explicó.
Cada entidad federativa evalúa a su personal a través de los diferentes Centros de Evaluación y Control de Confianza, que fueron desarrollados a través de un modelo elaborado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Todos los procedimientos están estandarizados.
Los centros estatales operan desde 2009, en fechas distintas, y sin personal especializado para aplicar las pruebas -toxicológica, psicológica, de situación patrimonial y poligráfica-, lo que provocó la formación “fast-track” de examinadores.
Gómez del Campo indicó que la mayoría de poligrafistas son técnicos que carecen de conocimientos de las áreas policiales y de procuración de justicia, lo que limita su trabajo y genera distorsiones en sus diferentes evaluaciones.
“Un poligrafista que vaya a examinar a un policía tiene que conocer de policía, para que sus preguntas vayan direccionadas a interpretar, independientemente de la medida tecnológica que es el polígrafo, lo que dice la persona evaluada, qué piensa y por qué lo piensa”, señaló.
Morera dijo que la prórroga de 10 meses que el Senado autorizó para que los estados puedan cumplir con la meta de certificar a la totalidad de su personal, debe de aprovecharse para revisar el modelo de evaluación y corregir todas las fallas que tiene.
“Lo que se tiene que hacer es una evaluación y un estudio de los exámenes de control de confianza y de la forma como están estructurados y operando los Centros de Evaluación”, indicó.
Una sola falla en la carrera
Después de 25 años de carrera con un expediente limpio, en que figuran tres notas meritorias, por el que fue invitado a participar en una homologación salarial, un inspector de la Policía Federal fue informado hace tres semanas que reprobó el examen de control de confianza.
El mando, quien pidió no revelar su nombre para no afectar más su situación, aseguró que desconoce en cuál prueba falló, pues no le informan detalles de sus resultados.
El policía, quien pertenece a la División de Seguridad Regional, ingresó a los 18 años a la entonces Policía Federal de Caminos (PFC) y ha aprobado exámenes completamente idénticos al que ahora lo descalifica.
“No importa la trayectoria que tengas. Mi expediente está limpio, sólo tengo un par de faltas menores, un retardo y no haber contestado a tiempo el radio hace muchos años; pero ahora dicen que no soy confiable para la institución a
la que le he servido toda la vida”.
Como los resultados de las evaluaciones son entregados a los mandos de los policías, indicó la líder ciudadana, esto se puede prestar a que soliciten dinero u otro tipo de favores a cambio de dejarlos permanecer supuestamente en el cargo.
“Te mandan al Control de Confianza y a ti no te dan los resultados, se los dan a tu jefe, entonces tu jefe te puede extorsionar diciéndote que reprobaste cuando en realidad no reprobaste”, indicó.
Morera, cuya organización le ha dado seguimiento al proceso de depuración policiaca a nivel nacional, señaló que otra forma que tienen los mandos de presionar a sus elementos es amenazándolos con enviarlos a los exámenes, ya sea para obtener ventajas u hostigar a quienes no les caen bien.
“Están usando el control de confianza como verdugo de los policías, entonces muchos no quieren ir, muchos jefes amenazan a sus elementos con que los van a mandar al control de confianza como un método para extorsionarlos”, dijo.
Deben transparentar resultados
Para evitar este tipo de prácticas, sugirió, los mecanismos de aplicación y los resultados deberían de transparentarse, empezando por los de los altos mandos y funcionarios de primer nivel, cuyo aprobación o no aprobación debería de hacerse del conocimiento de la sociedad.
“Los exámenes de los mandos deberían de ser públicos. Debemos saber que pasaron el examen, para no tener el riesgo de desconocer a quienes están al frente de las corporaciones; me parece que ésta es la parte más importante. Y una vez que los mandos son confiables, que los policías puedan saber su mando es confiable y su compañero también es confiable”, dijo.
Evalúan a policías técnicos inexpertos
Los exámenes de control de confianza con que se intenta depurar a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y prisiones, tienen fallas desde el diseño de las pruebas hasta la aplicación que hacen técnicos sin conocimientos suficientes en áreas policiales ni tampoco de procuración de justicia.
Estas dos deficiencias provocan que mientras en unos estados aprueban prácticamente todos los policías y funcionarios evaluados, en otras reprueba la mitad, advirtieron especialistas.
El mecanismo de evaluación, consideró Bernardo Gómez del Campo, autor del libro “En búsqueda de un perfil policial mexicano”, carece de los perfiles tipo que deberían tener los servidores públicos congruentes con las funciones que desempeñan. Al carecer de una lista de la habilidades específicas que requiere cada puesto de trabajo, con una misma batería de pruebas se evalúan las aptitudes de personas que desempeñan funciones distintas.
Esto ocasiona que califique como no aptas a personas que, con guía adecuada, podrían ser elementos eficientes, indicó María Elena Morera.
“Al principio no estaba bien calibrado el examen y te ponían no apto cuando estabas gordo, aunque eso no era relevante para el perfil de tu puesto. A personas que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de aprobarlos con restricciones y enviarlos a una terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto; yo creo que ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena”, indicó.
Los contrastes
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.
Gómez del Campo indicó que estos contrastes son ilógicos. Además de la falta de los perfiles-tipo que sirvan de referentes para cada función, en los resultados influye la percepción de los aplicadores de las pruebas: en aquellas entidades con mayores problemas de violencia son más estrictos y en los estados que les parecen más seguros relajan la evaluación.
“Muchos poligrafistas estigmatizan al elemento por la zona. ¿Qué sucede? Van a levantarle el polígrafo a una persona en Tamaulipas y llegan con la idea de encontrarse con alguien que pertenece a la delincuencia organizada.
“El poligrafista nos diría que esto no es cierto, que él no califica, que lo hace el polígrafo, que es el que va a medir las respuestas y que él sólo va a formular las preguntas; ahí está el asunto: en la forma y en el tipo de preguntas va a buscar lo que pretenden encontrar”, explicó.
Cada entidad federativa evalúa a su personal a través de los diferentes Centros de Evaluación y Control de Confianza, que fueron desarrollados a través de un modelo elaborado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Todos los procedimientos están estandarizados.
Los centros estatales operan desde 2009, en fechas distintas, y sin personal especializado para aplicar las pruebas -toxicológica, psicológica, de situación patrimonial y poligráfica-, lo que provocó la formación “fast-track” de examinadores.
Gómez del Campo indicó que la mayoría de poligrafistas son técnicos que carecen de conocimientos de las áreas policiales y de procuración de justicia, lo que limita su trabajo y genera distorsiones en sus diferentes evaluaciones.
“Un poligrafista que vaya a examinar a un policía tiene que conocer de policía, para que sus preguntas vayan direccionadas a interpretar, independientemente de la medida tecnológica que es el polígrafo, lo que dice la persona evaluada, qué piensa y por qué lo piensa”, señaló.
Morera dijo que la prórroga de 10 meses que el Senado autorizó para que los estados puedan cumplir con la meta de certificar a la totalidad de su personal, debe de aprovecharse para revisar el modelo de evaluación y corregir todas las fallas que tiene.
“Lo que se tiene que hacer es una evaluación y un estudio de los exámenes de control de confianza y de la forma como están estructurados y operando los Centros de Evaluación”, indicó.
Una sola falla en la carrera
Después de 25 años de carrera con un expediente limpio, en que figuran tres notas meritorias, por el que fue invitado a participar en una homologación salarial, un inspector de la Policía Federal fue informado hace tres semanas que reprobó el examen de control de confianza.
El mando, quien pidió no revelar su nombre para no afectar más su situación, aseguró que desconoce en cuál prueba falló, pues no le informan detalles de sus resultados.
El policía, quien pertenece a la División de Seguridad Regional, ingresó a los 18 años a la entonces Policía Federal de Caminos (PFC) y ha aprobado exámenes completamente idénticos al que ahora lo descalifica.
“No importa la trayectoria que tengas. Mi expediente está limpio, sólo tengo un par de faltas menores, un retardo y no haber contestado a tiempo el radio hace muchos años; pero ahora dicen que no soy confiable para la institución a
la que le he servido toda la vida”.
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