Álvaro Cepeda Neri |
Ésta y el cese de la violencia homicida, así como el regreso de los
militares a sus cuarteles y funciones de auxilio ante desastres, es lo que los
gobernantes deben de resolver, ya que esos problemas no pueden continuar como
hechos cotidianos. Por todo el territorio los mexicanos no hallan cómo seguir
con sus actividades diarias en el contexto de la crisis económica y las
pavorosas necesidades sociales, porque no saben en qué momento los atraparán los
encuentros entre militares-policías y matones.
La nación sobrevive angustiada, desesperada y huyendo de sus lugares de
origen y domicilio: expatriados en su propia patria. Nos han impuesto un nuevo
despotismo “con las fuerzas (de la violencia física, derramamiento de sangre)
explotadoras vueltas hacia dentro contra una población sometida. Se mantiene a
las masas en estado permanente de subdesarrollo (y una “guerra”, para favorecer
esto y aquello)”: Harvey Wheeler, La democracia en una era
revolucionaria, editorial Monte Ávila.
En ese estado de cosas, los periodistas también padecen esa violencia
mezclada con amenazas, atentados, agresiones, levantones y homicidios.
Una vez más el semanario Zeta, editado en la frontera bajacaliforniana,
es víctima de esas amenazas cumplidas de funcionarios y delincuentes, las dos
caras de la violencia. Los medios de comunicación que no se han plegado a la
censura informativa, que demuestra el servilismo de algunos contados diarios,
han informado sobre las “amenazas telefónicas provenientes de sujetos que se
identificaron como parte de un grupo criminal”.
El texto completo apareció en varios periódicos, en solidaridad con el
semanario y el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (propone
criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia
que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la
población y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la
identidad de las víctimas de esta violencia).
“El equipo del semanario Zeta ha sido objeto de diversos ataques y
amenazas a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, que han llegado
incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el
atentado sufrido por su fundador. Estos hechos lamentables han estado marcados y
promovidos por la impunidad: el Estado debe poner fin a este perverso ciclo”
(Reforma, 6 de marzo de 2012).
En los últimos casi 12 años que los militantes del Partido Acción Nacional
como funcionarios federales (en los municipios y su configuración como estados)
tienen la obligación de hacer prevalecer la legalidad, para no privar de la vida
y libertad a todos los mexicanos. Sesenta y siete trabajadores de la información
han sido víctimas de homicidios y otros más secuestrados, para que no ejerzan
sus derechos a manifestar en el periodismo impreso, la radio y audiovisualmente,
información a la opinión pública.
El presidencialismo fallido de Felipe Calderón ha descuidado la máxima
seguridad para los mexicanos y, al dirigir torpemente la “estrategia” militar y
policiaca para enfrentar a la delincuencia, ha contribuido al aumento de la
criminalidad. Lo que aprovechan funcionarios y delincuentes para atacar a la
prensa, como el caso de Zeta, cuyos reporteros, columnistas, editores y
directora han amenazado y, en cualquier momento cumplirán. La respuesta del
semario es que “ante la impunidad nos queda la publicación, el ejercicio de
nuestra libertad de expresión y el derecho a estar (y dar) información, que es
lo que nos sostiene”.
El periodismo crítico, veraz y contrastado de Zeta no ha perdido esa
brújula desde Jesús Blancornelas, director y fundador, víctima de varias
agresiones políticas, inquisiciones administrativas, judiciales y atentados.
Tres más de sus reporteros han caído por homicidios y sus autores intelectuales
gozan de impunidad. Así que las advertencias telefónicas por parte de quienes se
identificaron como “un grupo criminal” (lo sean o aparenten serlo), pone en
grave riesgo a los periodistas del semanario que sí están informando sobre los
hechos de la violencia generalizada por todo el país, sobre la pavorosa
corrupción que priva en todas las instituciones administrativas y judiciales y
la impunidad.
*Periodista
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