En noviembre próximo, en efecto, dos de
los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación
llegarán al final del periodo de quince años para el que fueron electos.
Ser nominado para ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente de México y ser
electo por el Senado de la República puede, en estos tiempos, ser considerado
uno de dos actos:
1.-Sacarse la lotería.
2. Culminar la carrera
judicial llegando a la más alta encomienda en el ejercicio del derecho
procesal.
Si la sensación del
nombramiento es la primera, significa que el nuevo ministro no tiene carrera
judicial, nunca se ha sentado en la silla de juzgador ni ha servido como
magistrado en el orden federal o estatal alguno y va por los más de 400 000
pesos de sueldo mensual durante quince años, y una pensión garantizada. Pero si
el efecto de la confirmación es lo segundo, habrá llegado a la Corte de
Justicia de la Nación una persona con todos los méritos colegiados y de carrera
judicial necesarios para aportarle a ese órgano experiencia, imparcialidad y
sabiduría (y sí, con el mismo sueldazo).
La diferencia entre uno y otro
sentimiento —que no sólo sucede al electo, sino que penetra a la sociedad
enterada— afecta el futuro de uno de los tres poderes que integran el Estado
mexicano. Si se llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el único
mérito de ser amigo del presidente se corre el riesgo, como sucedió a la
llegada de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de que cambie la votación del
Colegiado y quede en libertad una señalada secuestradora como Florence Cassez.
En noviembre próximo, en
efecto, dos de los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de
la Nación llegarán al final del periodo de quince años para el que fueron
electos. Se trata de los dos ministros nominados por Ernesto Zedillo Ponce de
León cuando fue presidente de la república, en 1995: Olga Sánchez Cordero y
Juan Silva Meza.
Ambos colegiados han sido
presidentes del Poder Judicial y son abogados por la Universidad Nacional
Autónoma de México, además de contar con carrera judicial antes de su
confirmación como ministros. Sánchez Cordero trabajó en la Facultad de Derecho
de la UNAM, fue notaria y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, y Silva Meza fue secretario de un tribunal colegiado, juez de
distrito, magistrado de Tribunal Colegiado y magistrado de Tribunal Electoral.
Ninguno de los dos propuestos
por Zedillo, pues, entraba en la dinámica de sacarse la lotería, sino en el
camino de culminar una carrera en el Poder Judicial dentro de su máximo órgano,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
REFUGIO DE CUATES
Para el presidente Enrique
Peña Nieto, sin embargo, y por los dos ministros que llegaron por su
recomendación, la Suprema Corte se ha convertido en un refugio de cuates. En un
pago político a funcionarios que le acompañaron en el pasado. Aun cuando Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena no fue propuesto por Peña, sino por Felipe Calderón al
final del año 2012, es públicamente conocido que lo hizo a petición del
entonces presidente electo. Alfredo Gutiérrez no tiene experiencia ni en el
Poder Judicial de los estados ni en el federal. Abogado especializado en
fiscalización, se mantuvo como jefe del Servicio de Administración Tributaria y
ligado tanto a gobiernos del PAN como del PRI, hasta ser nominado a ministro y
aprobado por el Senado. En relación con Eduardo Medina Mora, en marzo de este
2015 fue nominado, ahora sí, directamente por Enrique Peña Nieto para ser
ministro. Igual abogado sin experiencia en el derecho procesal, el colegiado, y
sin haber tenido cargo alguno en juzgado, magistratura o corte alguna, pero con
experiencia en el servicio público donde fue funcionario, de igual manera tanto
en gobiernos del PAN como del PRI, había sido nombrado embajador de México en
Estados Unidos cuando Peña, sin un dejo de respeto por la Suprema Corte, no
sólo lo nominó, sino cabildeó con su equipo de entonces representantes en el
Poder Legislativo —Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera— para
que fuese electo contra todos los actores que consideraban que los otros dos
postulantes, Felipe Fuentes Barrera y Horacio Hernández Orozco, tenían la
experiencia necesaria para convertirse en ministros de la Corte dada su carrera
judicial, ambos jueces, ambos secretarios de Tribunal.
Es evidente que para el
presidente de la república la experiencia no es un factor de importancia en la
integración de su gabinete y tampoco en la nominación de candidatos a
ministros. Pero el daño que se le puede hacer a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación al conformarla con inexpertos pero sensibles al gobierno federal en
turno, es incalculable.
De los tres poderes del
Estado mexicano, el Judicial es el único que no es electo por el pueblo. Siendo
los electores quienes eligen a los representantes del Poder Legislativo y al
titular del Poder Ejecutivo. De ahí que sea necesario endurecer los requisitos
descritos en la Constitución Mexicana para elegir ministro. Por lo menos,
obligar al presidente en turno a considerar en ese Poder la experiencia que lo
lleve a ejercer su autonomía e independencia de manera cabal, y no que se
convierta como el Poder Legislativo en un apéndice del Poder Ejecutivo, donde
el presidente ordena y diputados y senadores acatan.
En los últimos días, dado que
el 30 de noviembre concluye la labor de los magistrados Sánchez Cordero y Silva
Meza, el debate nacional se ha centrado en la necesidad de cambiar los
requisitos, y la inquietud de solicitarle al presidente Enrique Peña Nieto que
pondere la experiencia en el derecho procesal y la carrera judicial, por encima
del favoritismo y el amiguismo al momento de nominar.
Representantes del PAN y del
PRD le han pedido públicamente no nominar a políticos o ex funcionarios del
Poder Ejecutivo o Legislativo, y además consideran cambiar las reglas —aun
cuando en un Poder Legislativo dominado por priistas y aliados se antoja
imposible— para asegurar que los nominados sean todos de carrera.
Actualmente los requisitos
que se inscriben en el Artículo 95 de la Constitución Mexicana anotan que para
ser electo ministro de la Corte se necesita:
“Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos 35 años
cumplidos el día de la designación; poseer el día de la designación, con
antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; gozar de
buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Haber residido en el país durante los dos años
anteriores al día de la designación; y no haber sido secretario de Estado,
procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador,
diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal,
durante el año previo al día de su nombramiento”.
De manera muy escueta se
asienta además: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia,
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio
de la actividad jurídica”.
Con los antecedentes en las
nominaciones del presidente Peña y la disponibilidad del Senado para aprobar
las recomendaciones del mandatario, en diciembre próximo cuando dos nuevos
ministros entren a la Suprema Corte, el Poder Judicial podría perder su
independencia y autonomía, o conservarla.
Todo está, de acuerdo con la
Legislación actual, en manos del presidente. Si decide, en un acto de respeto a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nominar a un abogado colegiado, de
carrera, para abonarle a la independencia del Poder Judicial, o si, como lo ha
hecho, nomina a uno de sus allegados, un ex funcionario, un senador, un
diputado o un ex servidor diplomático, o político del Estado de México que le
ayude en el futuro a influir también en las decisiones judiciales de este país.
Si la Corte es autónoma o
servicial, ahora sí que depende del respeto que el actual presidente de México
tenga por el Poder Judicial.
(SEMANARIO ZETA/REPORTAJEZ/ ADELA
NAVARRO BELLO / FOTOS. INTERNET/ 19 DE
OCTUBRE DEL 2015 A LAS 14:00:57)
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