GOBIERNO DE VEGA DA OBRA A POCAS EMPRESAS

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid se ha caracterizado en adjudicar las obras más relevantes y de mayor monto a una docena de empresas, las cuales concentran al menos el 70 por ciento del presupuesto, en tanto que el porcentaje restante se dispersa en decenas de compañías, lo que le ha generado señalamientos públicos y la propuesta de un observatorio ciudadano que dé seguimiento a los proyectos, desde su concepción, hasta su culminación en tiempo y forma

Sea por licitación, invitación simplificada o adjudicación directa, una docena de constructores acaparan los principales contratos asignados por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y al menos el 50 por ciento de los recursos destinados a obra pública.

Algunos con razón social distinta, pero bajo el mismo apoderado, han logrado firmar en menos de dos años más de media docena de contratos millonarios con el gobierno de Baja California.

Las acciones asignadas a estas empresas no siempre se han concluido de acuerdo al tiempo establecido, no obstante el gobierno de Kiko Vega continúa contratando las mismas firmas, principalmente bajo el procedimiento de invitación simplificada.

De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, la invitación simplificada tendría que hacerse por montos menores a 500 mil pesos, pero una modificación efectuada en 2014 facultó a Oficialía Mayor a restringir la participación de los participantes mediante este esquema, aun cuando se trate de montos superiores a los 8 millones de pesos.

Ante esta situación, constructores de Baja California demandan mayor transparencia en la adjudicación de obra pública.

EMPRESAS CONSENTIDAS

  

Durante el primer año de gobierno de Vega no solo estuvo limitado el presupuesto de obra, también restringió el desarrollo de los proyectos a unas cuantas empresas.

El 30 por ciento de las obras desarrolladas por SIDUE en 2014 y cerca del 70 por ciento de un presupuesto tasado en 580.7 millones de pesos, fue acaparado por las siguientes empresas:

* Urbanizadora Roma, S.A. de C.V., propiedad de Rolando Peña Castro y Martín Valdez Martínez.

* Jay Construcciones S.A. de C.V., bajo el poder de José Jesús Alatorre Yeomans.

* Infraestructura Pública y Obra Civil, representada por Elizabeth F. Gómez Carrillo.

* Arca del Pacífico, S. de R.L. de C.V. y Aranda Sistemas y Equipos Hidráulicos S. de R.L. de C.V., ambas firmas bajo la representación de Eduardo y Mario Armando Aranda Miranda.

* El Río Alamar Construcciones, S. de R. L. de C.V., representada por Jesús López.

* Constructora Edificate, S.A. de C.V., de Raúl Melo Cabañas.

* Constructora Cadena S.A. de C.V., propiedad de Efrén, Salvador y Javier Cadena Payán.

* Velsac, S. de R.L. de C.V. cuyos dueños son César Fernando y Daniel Santos Velázquez Medina.

* Copav, S.a. de C.V., propiedad de Carlos Eligio Valenzuela Vallejo.

* Constructora Valko S de R.L. de C.V. representada por Luis Felipe Chaidez León.

De la partida de 2014, 242.4 millones se asignaron a estas firmas mediante licitación pública, mientras que poco más de 90 millones de pesos les fue adjudicado a los mismos consorcios a través de invitación simplificada.

CONSTRUCTORES DENUNCIAN FAVORITISMO

Aunque  en forma anónima, miembros de la industria de la construcción de Baja California han demandado públicamente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación –ASF– para que se investiguen los procesos de licitación llevados a cabo por el gobierno de Baja California.

Señalan la adjudicación recurrente de obra a unas cuantas firmas, las cuales no ocuparon los primeros lugares en los concursos en los que participaron para obtener el proyecto, algo que negó el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales; “Las licitaciones las han ganado las empresas que presentan los proyectos más sustentables técnica y económicamente”, sostuvo.

El funcionario aseguró que hasta la fecha, el gobierno del estado no ha recibido ningún tipo de notificación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a alguna denuncia o investigación que se siga en torno a este tema.

“Si hay alguna inconformidad por irregularidad que lo denuncien ante las instancias que corresponde”, conminó Guevara Morales.

OBRAS INEXISTENTES O INCONCLUSAS

Para la pavimentación de calles en la colonia Divina Providencia, en Tijuana, SIDUE signó un contrato de 7.3 millones de pesos con la empresa COPAV, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de “invitación a cuando menos tres personas”.

El inicio de los trabajos se estableció del 3 de julio de 2015 para ser concluidos “a más tardar el día 15 de septiembre de 2015, de conformidad con el programa de ejecución de la obra aprobada”, se lee en el convenio.

A la fecha, en el citado asentamiento el gobierno del estado solo ha realizado una obra de pavimentación en un tramo de acaso un kilómetro de la calle Manuel Ávila Camacho, acción por la que obligará a los vecinos a aportar el 30 por ciento del supuesto valor.

A decir de los colonos, la obra les fue impuesta, ya que al ser enterados de que tendrían que pagar por ella, se opusieron a su realización; aun así se llevó a cabo hace tres semanas.

Las viviendas se asientan en terrenos cuya medida promedio es de 8 por 20 metros y la recaudación por cada uno oscilará en los 6 mil pesos, pago que les será cobrado durante un año a través del recibo de agua potable, de acuerdo a la información oficial que les fue proporcionada.

Ninguna otra obra desarrolla el gobierno de Francisco Vega en la Divina Providencia, y en pavimentación de calles es el municipio de Tijuana el que actualmente ejecuta una acción de 242 mil 770 pesos, con recursos del Ramo 33, sin costo para los vecinos de la calle Venustiano Carranza.

Las obras de las que sí se puede dar constancia, desarrolladas por las firmas asiduamente contratadas por el gobierno del estado, la mayoría no se han concluido de acuerdo a los tiempos establecidos en los convenios; aún, a esas empresas se les sigue adjudicando obra pública, ya sea por licitación pública, invitación simplificada o, de plano, adjudicación directa.

Por ejemplo, a Velsac se le adjudicó por invitación directa la construcción del primer cuerpo de acceso al Centro Interactivo ÁMBAR, de Tijuana, para el que se etiquetó un presupuesto de 2.6 millones de pesos, obra que, de acuerdo a lo programado, se desarrollaría del 16 de julio de 2014 al 7 de enero de 2015, pero fue concluida 7 meses después.

No obstante la demora, el 15 de junio de 2015 el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid le entregó, por invitación simplificada, una nueva obra; la pavimentación de las calles en la colonia Altiplano de Tijuana, acción que desarrolla con un presupuesto de 5.3 millones de pesos.

Otro caso, Jay Construcciones, empresa que hasta el martes 29 de septiembre de 2015 edificaba la Plaza 11 de julio, fecha en la que la obra se clausuró por no presentar los permisos y licencias correspondientes para su desarrollo, obtuvo por licitación pública ser la ejecutora de tal acción, obra en el que se determinó un plazo del 25 de noviembre de 2013 al 11 de mayo de 2015.

Hasta el día en que fue suspendida, la edificación de la plaza no había sido concluida. Aun así, Jay Construcciones obtuvo el 20 de abril de 2015 un nuevo contrato, por invitación simplificada, del orden de los 11.6 millones de pesos, para concluir la primera etapa del hospital materno infantil de Tijuana.

CESPTE AVALA PROPUESTAS CARAS

Son las obras desarrolladas por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate las más cuestionadas por recaer las adjudicaciones en empresas que generalmente presentan las propuestas más elevadas.

Tal es el caso de Urbanizadora Roma S.A. de C.V., propiedad de Rolando Peña Castro y Martín Valdez Martínez, empresa que en menos de dos años, lo mismo obtiene jugosos contratos para obras de pavimentación en varios puntos del Estado, por parte de SIDUE, como de las paraestatales de servicios públicos CESPT o CESPTE.

En Tecate ha logrado le sean adjudicadas las principales obras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, aquellas que son financiadas con recurso federal y, por ende, cuentan con un mayor presupuesto. La construcción de redes de alcantarillado sanitario en los fraccionamientos Las Torres, Tercera etapa y El Escorial, segunda etapa, son algunas de las obras que la empresa ha ganado en menos poco más de un año.

Constructora Valko S. de R. L. de C.V., empresa representada por Luis Felipe Chaidez León, es otra de las firmas a las que se les ha entregado obra pública, en la modalidad de invitación simplificada por montos arriba de los dos millones de pesos.

A decir las autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, lo repetitivo de las contratistas asignadas, se deriva de la poca participación de empresas en las licitaciones públicas que se realizan.

María Elena Mendiola García, titular del departamento de Licitación de Obra de CESPTE, explicó a ZETA que la poca suscripción a las licitaciones públicas se debe a dos factores:

Uno es el económico, ya que el presupuesto que maneja la Comisión de Servicios Públicos de Tecate –64 millones de pesos para 2015–. La segunda causa, expuso, tiene que ver con el terreno de Tecate, el cual es muy rocoso y por lo general se requiere de mayor inversión para construir.

Por ello, anotó, “hay empresas que hacen propuestas sumamente bajas que para la convocante genera dudas que con ese costo pueda sacar adelante la obra, por eso no siempre se elige a la oferta más económica”.

Al respecto, Pedro Camarena Rodríguez, jurídico de CESPTE, reconoció que se han registrado señalamientos públicos porque las empresas adjudicadas son generalmente las mismas, pero se debe a las razones expuestas, “quien esté inconforme tiene derecho a recurrir a la autoridad que corresponde a quejarse”, apuntó.

Aseguró que desde hace cinco años la paraestatal no ha sido objeto de reclamo oficial por parte de alguna empresa que se sienta desplazada.

SE INCONFORMAN QUIENES NO GANAN: QUINTERO

La oficial mayor del estado, Loreto Quintero Quintero, sostuvo que son quienes no han ganado los concursos de obra quienes hacen los señalamientos de favoritismo en obra pública.

Recordó que es una mesa técnica conformada por varias dependencias de gobierno como la Secretaría de Finanzas, SIDUE, Contraloría y la propia Oficialía Mayor, las que deciden las obras, proceso que se realiza “sin favoritismo para nadie”.

Entre los principales puntos que se toman en cuenta para adjudicar un proyecto, enumeró, el capital de la empresa, el precio, que la empresa esté dentro del techo financiero que se está solicitando y, sobre todo, la calidad”.

De la concentración de los principales contratos de obra en una docena de empresas respondió, “del procedimiento, a nosotros nos pasan un cuadro y dentro de ese cuadro nosotros analizamos precio, sobre todo que sea una empresa solvente y que cumplan con el compromiso, pero sobre todo el precio”.

Muestra de que los procesos son los de mayor solvencia técnica, ponderó que en lo que va del actual gobierno no ha sido necesario hacer valer garantías por vicios ocultos.

Respecto a las demandas de mayor transparencia en la adjudicación de obra, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales, mencionó que todas las acciones son auditadas en forma aleatoria, tanto por la contraloría estatal como federal, lo que le da claridad a los procedimientos de asignación.

Aseguró que no ha recibido queja o documento alguno de parte de “Empresas de la Industria de la Construcción de Baja California”, no obstante, indicó tener las puertas abiertas para cualquier inconformidad en cuanto al mecanismo de asignación o algún fallo en particular.

DEMANDAN LICITACIÓN ABIERTA EN OBRAS

Durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en tres ocasiones se han hecho acusaciones públicas sobre el manejo de las licitaciones públicas relativas a las obras ejecutadas por las diferentes dependencias del gobierno de Baja California.

Quienes firman estos señalamientos se autodenominan empresas de la industria de la construcción de Baja California.

Pero tanto el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria d la Construcción (CMIC) de Mexicali, Eduardo Pallares Chávez, como el representante de la delegación Tijuana, César Romero Saucedo, dicen desconocer tales denuncias.

No obstante, ambos coincidieron en pronunciarse porque la obra pública se adjudique “en su mayoría por licitaciones abiertas, de esta forma podemos garantizar una mejor competitividad, de que la mejor propuesta será la empresa ganadora y que las licitaciones sean más abiertas para una mayor participación”, compartió Pallares Chávez.

PROPONEN CREAR OBSERVATORIO DE OBRA PÚBLICA

Para César Romero Saucedo, presidente de CMIC Tijuana, “la transparencia es el único antídoto que podríamos tener para que todo mundo, dentro de lo posible, quede de acuerdo con las asignaciones que se dan”.

Consideró que el solo hecho de que se piense que la concesión de obra pública se puede prestar a favoritismo hace que “ya no sea correcto la forma de cómo se asigna”, entonces propuso, “vamos poniéndole el ingrediente de la transparencia a todo ese proceso”.

Como cámara, expuso, sí se está pidiendo mayor transparencia se pide que sea más transparente en la contratación de las acciones a desarrollar por cualquier dependencia, en los tres niveles de gobierno.

Se propuso ante el Congreso del Estado la conformación de un comité de obra pública, en la que las cámaras, colegios y organismos civiles puedan revisar los proyectos, las bases de licitación, las licitaciones mismas y las asignaciones.

“Inclusive, estamos pensando en crear un observatorio de la industria de la construcción para revisar que las obras se terminen con la calidad, el tiempo y monto como fueron contratadas”, abundó.

PRESUPUESTO LIMITADO

En el ejercicio fiscal de 2014, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), desarrolló acciones por el orden de los 580 millones 794 mil pesos, uno de los  montos más bajos en cuanto a obra pública de los últimos años e inferior en mil millones de pesos a lo presupuestado por el gobierno de bajacaliforniano en 2013.

Esta limitación presupuestal del recurso dispuesto por el Estado a obra pública llevó al Congreso del Estado a implementar medidas que impusieran candados en la determinación del presupuesto de egresos de ejercicios fiscales subsecuentes, de tal modo que el recurso se incrementará en cuando menos 500 millones de pesos cada año.

Si bien es cierto el monto en el desarrollo de proyectos de obra fue mayor a los 500 millones de pesos, se debió a la participación del gobierno federal, pero en cuanto a presupuesto del estado, “éste fue muy bajo, lo que nos llevó a tomar medidas que obligaran al gobierno del estado a incrementar su aportación propia en obra pública en un mínimo de 500 millones de pesos”, informó el diputado René Mendívil.

Así, en 2015, el rubro de obra pública por parte del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, se elevó a mil 500 millones de pesos que, sumados al presupuesto canalizado por el gobierno federal, elevó el monto a alrededor de 3 mil millones de pesos.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ ISABEL MERCADO JUAREZ / FOTOS. RAMON BLANCO / MARIO PELAYO / JORGE DUEÑES/   18 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 22:11:31)