Solo 31 menores infractores encarcelados en BCS
Gerardo Zúñiga Pacheco
Expedientes indican
que los menores involucrados en una riña con arma blanca en una escuela de La
Paz, no fueron castigados porque la Ley de Justicia para Adolescentes aplica
para jóvenes entre 14 y 18 años, tal y como expuso a ZETA el Juez de Primera
Instancia para Adolescentes, Luis Miguel Solís Valencia; falta de penalidad los
hace reincidentes
En la barandilla de
la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
La Paz, Juan apenas sonríe cuando los agentes de guardia preguntan de dónde
sacó la pistola y desde cuándo la llevaba a la escuela.
De escasos 13 años y
estudiante del primer grado de la Escuela Segundaria Técnica No. 1, Turno
Vespertino, el menor esperaba la llegada de sus padres y la consignación ante
el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de
la República (PGR) por el delito de portación de arma de fuego.
El 21 de marzo, el
adolescente llegó al colegio con una pistola tipo revolver marca Smith &
Wesson, en cuya recámara había cinco cartuchos útiles calibre 38. Sus
compañeros pusieron al tanto a uno de los profesores, quien reportó el
incidente cerca de las 6:20 de la tarde, hora en que se solicitó la presencia
de la Policía en el plantel educativo.
Los agentes de
seguridad se presentaron con el director de la escuela, Francisco Romero
Martínez, quien expuso que Juan traía una pistola fajada en la cintura, debajo
de la camisa. Fueron al salón de clases, lo detuvieron y lo trasladaron hasta
barandilla, donde estuvo más de una hora en espera de ser consignado.
El caso de Juan es
el segundo con armas registrado en marzo en Baja California Sur. El día 5 del
mes en curso, el menor Santiago también fue llevado a la barandilla de la
Policía Municipal, tras haber agredido a navajazos a un menor de nombre Jesús,
en un pleito en el patio de la Escuela Primaria “Jerónimo Ahumada”, en la
populosa colonia Guadalupe Victoria, de La Paz.
El pequeño de 12
años relató a su maestro que se enojó cuando el otro niño lo tomó de sorpresa
por la espalda, y con el antebrazo le apretó fuertemente el cuello, mientras
otro compañero le daba golpes y patadas.
El estudiante de
sexto año de primaria aceptó que fue tanto su coraje, que no pensó en nada más
que en desquitarse, por lo que sacó de entre su ropa una navaja que comúnmente
llevaba a clases y correteó a sus victimarios; Jesús cayó al piso, por lo que
aprovechó para darle un navajazo en el antebrazo izquierdo y, enseguida, una
puñalada en el pecho.
Cobrada la afrenta,
el infante corrió a esconderse a su salón de clases, hasta donde llegó uno de
los maestros por él, y lo presentó en la dirección del plantel educativo. El
infante herido fue revisado por dos paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron
en la ambulancia 074 al Hospital General “Juan María de Salvatierra”.
Para fortuna de los
dos niños involucrados en la gresca, el arma blanca no alcanzó a perforar un
órgano vital, por lo que la herida fue catalogada médicamente como no grave.
Jesús fue dado de alta un par de horas después y entregado a su abuela,
Margarita Hernández.
Según Lorena
Peñaloza, directora de la primaria, el niño fue consignado ante el Agente del
Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) por el delito de lesiones y lo que resulte. Dicho sea de paso,
datos compartidos con el Semanario indican que el 10 por ciento de los casos
pertenecen al Fuero Federal, y el 90%
restante son del Fuero Común.
La directiva de la
escuela “Jerónimo Ahumada” anticipó a ZETA que Santiago sería separado de
manera definitiva del plantel educativo, porque “los navajazos solamente eran
el cierre de una serie de conductas difíciles que el niño había estado
presentando últimamente, a pesar de que ya se le estaba dando atención, y
desafortunadamente, sobrevino lo peor”.
No obstante, aclaró
que el pequeño seguiría tomando clases fuera del plantel “en cuanto se
resolviera su situación jurídica”, para que termine el grado de sexto año de
primaria en junio próximo, porque como “cualquier niño, tiene derecho a la
educación”.
Sin embargo, los
expedientes indican que los menores involucrados en la riña no pudieron ser
castigados porque la Ley de Justicia para Adolescentes solo aplica para jóvenes
entre 14 y 18 años; tal como lo expuso el Juez de Primera Instancia para
Adolescentes, Luis Miguel Solís Valencia. Esto significa que antes de cumplir
los 14 años de edad, los niños no pueden ser castigados judicialmente, y menos
aún, internados en el Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes
(CITA), porque la Ley los protege y los excluye de todo comportamiento
delictivo.
En 2005, el Artículo
18 de la Constitución fue reformado para que obligadamente, el Estado y la
Federación abrieran paso a la figura del Nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes, donde se pudiera castigar a personas entre los 12 y 18 años, que
infrinjan las leyes penales. Sin embargo, la Fracción IV del citado artículo
constitucional, refiere que los menores -en el rango de edad de entre los 12 y
antes de los 14 cumplidos- solo podrán ser sujetos a asistencia, tratamiento y
orientación psicológica, pero no a alguna sanción de tipo penal.
LAS INCONGRUENCIAS
Por si eso fuera
poco, después de la reforma del Artículo 18, la mayoría de los estados,
particularmente el de Baja California Sur, cambiaron su Sistema de Justicia
para Adolescentes, desapareciendo la figura del Consejo Tutelar para Menores
(CONTUMEN) para abrir paso al Centro de Internamiento y Tratamiento para
Adolescentes (CITA).
Asimismo, el
Tribunal Superior de Justicia del Estado creó el Juzgado de Primera Instancia
para Adolescentes, y, de acuerdo a la reforma, el Poder Judicial de la
Federación, debió haber creado un Juzgado para atender los delitos de menores
que fueran detenidos por asuntos del orden federal.
Sin embargo, el
gobierno de México prácticamente se lavó las manos, y hasta la fecha no abre el
Juzgado que obligadamente estaba previsto en la reforma constitucional, según
confirmó el Juez de Primera Instancia para Adolescentes, Luis Miguel Solís
Valencia.
Solís indicó que por
el contrario, en 2008 la Corte emitió una jurisprudencia llamada “Sistema de
Justicia para Adolescentes Transitorio”, que obliga a los estados a conocer de
los asuntos federales en los Juzgados locales, en tanto no tengan su propio
sistema de justicia federal.
Hasta el momento,
han pasado cinco años y la carga de trabajo de asuntos federales sigue
desahogándose en el único Juzgado local de Adolescentes, pese a que
“aberrantemente”, como lo definió el propio juzgador, “los casos federales se
están dictaminando en base al Código Penal y al Código de Procedimientos
Penales del estado de Baja California Sur, los cuales fueron elaborados para
aplicarlos de manera explícita en asuntos del fuero común.
“No tenemos manera
de conectar un asunto del fuero federal con uno del fuero común, pero la Corte
emitió una jurisprudencia incongruente y fuera de todo orden jurídico, en vez
de cumplir con el sistema de justicia para Adolescentes que debieron haber
formalizado desde 2005 y, muy fácil, se sacaron de la manga esa
jurisprudencia”, señaló el responsable de impartir justicia para adolescentes
en el estado.
Durante una
entrevista con ZETA, el juez dijo que desgraciadamente la jurisprudencia es
obligatoria, “y si no cumplimos, todavía incurrimos en responsabilidades
administrativas y legales que pueden derivar hasta en la suspensión”.
El Juzgado para
Adolescentes prácticamente arrancó operaciones el 1 de noviembre de 2007. Desde
esa fecha ha cerrado un promedio de 120 casos al año. Ni el propio juez supo
dar estadísticas pormenorizadas de los asuntos del orden federal y del fuero
común que se ventilan en su Juzgado, porque “cada semana entregamos un reporte
obligatorio, y es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el que maneja
esa cifra”.
El presidente del
Poder Judicial del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, no respondió a la petición
de información solicitada por este Semanario sobre las estadísticas, porque “ya
estaba de vacaciones”.
Las estadísticas del
Centro de Salud Mental, Centro de Integración Juvenil e Instituto del Deporte,
indican que 4 de cada 10 infantes reinciden porque no son canalizados a un
centro especializado, ya que no existe alguno en su tipo en Baja California
Sur. Además, en los sitios donde se les brinda atención, por el momento solo
reciben pláticas, pero no un tratamiento específico de parte de un profesional
de salud mental, argumenta Carlos de Jesús Jiménez Pérez, director del CITA.
Por otro lado, de
acuerdo a Luis Miguel Solís Valencia, la justicia para Adolescentes evolucionó
en gran medida con la desaparición del CONTUMEN y la creación del Juzgado,
porque “nos colocó en otro panorama y otras circunstancias”.
En un autoanálisis,
consideró que a la vuelta de 13 años “es impredecible establecer una mesa de
análisis y revisar la Ley de Justicia para Adolescentes, porque el sistema
establece castigos para menores de los 12 a los 18 años, e incongruentemente,
la propia Constitución no establece
medidas de internamiento para los niños de los 12, hasta antes de cumplir los
14, sino solo asistencia, tratamiento o atención psicología.
“El problema es que
no tenemos infraestructura para atender a este tipo de menores y no tenemos
espacios donde atenderlos o tratarlos, porque la poca infraestructura que en
este caso tiene el Sistema DIF en el estado, es para atender únicamente a los
niños que padecen violencia intrafamiliar, abandono o alguna discapacidad; y no
pueden llevar a tratamiento a ese lugar a un niño que violó, robo, portaba
droga o incluso mató a alguien”.
Citó como ejemplo el
caso del niño Manuel Ricardo, de 13 años, quien tras haber asesinado y violado
a una niña de 6, de nombre Sarita, en Cabo San Lucas, tuvo que ser llevado a
una clínica de rehabilitación en Ensenada, Baja California.
El menor actualmente
recibe tratamiento psicológico por un problema de necrofilia, característica de
las personas que sienten atracción sexual por los cadáveres.
LO QUE VIENE
Por su parte, el
abogado Gerardo Vásquez Alatriste consideró que nada más por ser menor de edad,
se tiene el derecho “a ser asistido, tratado, y recibir atención psicológica y
protección, a fin de evitar que alguna mala conducta se potencialice”.
Desde su punto de
vista, los niños gozan de inmunidad, no así de impunidad, porque, aunque no se
les puede aplicar el Sistema de Justicia para Adolescentes o justicia juvenil,
como lo llaman algunos, una vez que se ven involucrados en algún problema
legal, reciben tratamiento, orientación y protección del Estado, como
consecuencia de sus actos.
La participación de
niños en algún delito es “un asunto delicado”, de ahí que tengan que recibir
atención especializada y evitar a futuro que “esos infantes puedan convertirse
en potenciales delincuentes”, como coincidentemente opina el director del CITA,
Carlos de Jesús Jiménez Pérez.
El responsable de la
cárcel de adolescentes expuso: “En los últimos meses han detectado que la
reincidencia de niños en la comisión de delitos menores, ha crecido
considerablemente”, según el resultado de las estadísticas del Centro de Salud
Mental, Centro de Integración Juvenil e Instituto del Deporte, hasta donde son
canalizados aquellos infantes que incurren en alguna infracción.
“La reincidencia es
un foco rojo que incluso ya está siendo revisado y analizado por el Congreso
local, porque tenemos casos de menores que cometen un delito, lo cumplen y
luego regresan, y reciben otro tratamiento y vuelven a salir y vuelven a
regresar, lo que se ha convertido en un círculo vicioso. Desgraciadamente, esos
menores no son internados, porque son liberados por el juez conforme establece
la Ley”, detalló Jiménez.
“Los legisladores ya
están evaluando eso, porque ciertamente es un círculo vicioso, y los propios
niños cometen y cometen delitos menores, porque saben que no van a ser
internados. Existen casos de infantes que han regresado hasta en cinco
ocasiones, y desgraciadamente, cuando se legisló, no se contempló esa parte”,
dijo el funcionario.
Desde su
perspectiva, el Estado “debería reconsiderar el regreso de la figura del
Consejo Tutelar para Menores, como una instancia gubernamental especializada y
responsable de asistir, tratar, dar atención psicológica, y rehabilitar a
menores entre los 12 y 14 años que se vean inmiscuidos en delitos”.
— ¿Qué sucede
entonces, cuando se dictamina que un niño entre ese rango de edad, entre los 12
y los 14, es responsable?
“Bueno, ése es el
problema que si el juez lo encuentra responsable, no puede ordenar su
internamiento porque está impedido por la propia Ley, y no lo puede enviar a un
centro de tratamiento, atención y orientación, porque simplemente no existe…”.
— ¿Y entonces?
“Bueno, pues si
acaso lo envía a algún centro externo, porque en el Sistema DIF, son otro tipo
de niños los que están en tratamiento, y como hemos podido detectar, muchas
veces a donde los mandan, pues son centros externos donde no se cumple el
propósito de reinsertarlos a los sociedad, porque los resultados están en la
reincidencia”.
Según datos
recabados por ZETA, cuatro de cada diez niños vuelven a delinquir, lo que se ha
convertido en un foco rojo, ya que incluso “lo verdaderamente notable, es la
participación de niños de menor edad en la comisión de delitos”.
Por último, el juez
Solís afirmó que anteriormente “era de 18, 17 y 16; ahora es de 15, 14, 13 y
12, lo que denota que cada vez es más frecuente ver a niños cometiendo actos
delictivos, y eso sí es un foco rojo y algo preocupante, porque estamos viendo
que chamaquitos más chiquitos, se están aventando a cometer actos que
constituyen un delito, y entonces si los están haciendo ahorita, no quiero
pensar qué puedan ser capaces de hacer a los 17 o 18. Y ése es el principal
punto del Sistema de Justicia para Adolescentes”.
(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ abril 1,
2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario