Casi 5 toneladas incautadas en el punto de revisión de
San Ignacio
ZETA Investigaciones
Detenido explica que
la ruta que siguió el enervante partió de Navolato, pasó por Culiacán, Guasave,
Guamúchil y Los Mochis en Sinaloa, de ahí se internó en Sonora circulando por
Navojoa, Ciudad Obregón, Empalme y Guaymas. Después se utilizó el barco de
carga que cubre la ruta de Guaymas hasta Santa Rosalía y de ahí pasó por la
población de San Ignacio hasta llegar al retén carretero donde fue detectado
Las primeras
indagatorias sobre el decomiso de casi 5 toneladas de droga registrado el 22 de
marzo en el punto de revisión de la comunidad de San Ignacio expusieron que el
cargamento era del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El narcótico venía
procedente de Sinaloa e iba en dirección a Tijuana, luego de pasar como si nada
por retenes instalados en cuatro ciudades en Sinaloa y cuatro ciudades en
Sonora, así como dos ciudades más en Baja California Sur, hasta que finalmente
fue detectado por oficiales del Ejército Mexicano de la 40 Zona Militar de la
Segunda Región, con sede en Guerrero Negro, pero con cobertura territorial
hasta la población de Loreto.
El decomiso se
convirtió automáticamente en el segundo mayor golpe en la historia a la
organización criminal sinaloense en el estado, donde paradójicamente, solo fue
detenida una persona.
Los primeros
reportes indican que la droga venía escondida dentro de una pipa de gas con el
número económico PG2544-A, sin razón social y engomados de “peligro, transporta
material peligroso”, en cuyo interior encontraron el siguiente cargamento.
1.- 481 paquetes
grandes y 50 paquetes chicos de mariguana con un peso bruto de 4 toneladas 763
kilogramos.
2.- 10 contenedores
de plástico con un peso aproximado de 5 kilos 700 gramos, y el cual estaba
distribuido en 9 recipientes con 600 gramos cada uno y 1 con 300 gramos de la
sustancia.
Los estupefacientes
tienen un valor aproximado –según el cálculo de oficiales del ejército– de casi 77 millones de pesos distribuidos de
la siguiente manera: 71 millones 445 mil de la marihuana y 5 millones 700 mil
pesos del cristal, a razón de un costo de 15 y 100 mil pesos en el mercado negro,
respectivamente.
El detenido explicó
que la ruta que siguió la droga salió de Navolato y pasó por Culiacán, Guasave,
Guamúchil y Los Mochis en Sinaloa;
posteriormente, se internó en Sonora circulando por Navojoa, Ciudad
Obregón, Empalme y Guaymas. Después se utilizó el barco de carga que cubre la
ruta de Guaymas hasta Santa Rosalía y de ahí pasó por la población de San
Ignacio hasta llegar al retén carretero, donde finalmente el enervante fue
detectado.
En todo el trayecto
que siguió la droga nadie lo ubicó. La Policía Municipal, Estatal, Ministerial
y Federal, incluso los oficiales de la Secretaría de Marina –en el desembarque
del puerto de Santa Rosalía— no descubrieron la droga, lo que le había dado
seguridad al detenido “para llegar sin problema a Tijuana”.
El día del decomiso,
los soldados de la 40 Zona Militar de la Segunda Región Militar, detuvieron
vehículos en el punto de revisión de la comunidad de San Ignacio y solicitaron
a los tripulantes bajar y permitir una exploración rutinaria en nombre de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los oficiales del
ejército refirieron a ZETA que era un día de tráfico pesado, porque aunque por
la carretera Transpeninsular circulaban relativamente pocos vehículos, en el
retén carretero estaban en fila entre 8 y 10 unidades automotrices en espera de
ser examinados.
Las unidades eran
revisadas de 2 maneras: los vehículos particulares sobre el tramo carretero, y
en otro punto, los camiones de carga y de pasaje eran apartados del camino y
verificados meticulosamente.
La revisión era a
cuentagotas porque, como suele ocurrir –bajo el protocolo de los retenes
militares–, los tripulantes tuvieron que bajar de los vehículos, explicar el
lugar de origen y destino y responder a las interrogantes de un oficial del
Ejército Mexicano sobre nombre y ocupación. Todos estos datos fueron anotados
en una libreta junto con el número de placas o permiso, color, tipo y marca de
la unidad.
Sin embargo, cuando
tocó revisión a la pipa de gas, inmediatamente detectaron algo raro. Según uno
de los oficiales del ejército que participaba en el retén había muchas
inconsistencias en la unidad de transporte que diferían de las establecidas por
la Secretaría de Energía. Son las siguientes:
1.- La unidad no
traía la capacidad en litros.
2.- La unidad
carecía del engomado “Servicio para la Distribución de Gas L.P”.
3.- La unidad no
tenía el número 1075 en el rumbo de color rojo, que es un símbolo internacional
reglamentario que es considerado como “el cartel de identificación del gas
L.P”.
Lo anterior –explicó
a ZETA— fueron pistas clave para saber que se tratada de una “pipa
camuflajeada”, entonces fue sometida a una meticulosa revisión hasta dar con
los paquetes de droga.
El chofer fue
detenido y la droga y la unidad de transporte fueron incautados y puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Otro golpe
significativo asestado al Cártel de Sinaloa
se dio el 19 de noviembre del 2012 cuando oficiales de la Secretaría de
Marina incautaron 8 toneladas de mariguana que eran transportadas en alta mar a
bordo del buque camaronero “Alejandro TJ”.
En el operativo
fueron detenidas 7 personas de entre 24 y 55 años al ser detectadas a 2.7
kilómetros de la base del sector naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita.
El barco traía 2 mil
292 paquetes de mariguana con un peso bruto de 8 mil 127 kilos 80 gramos, y
quienes fueron puestos a disposición junto con los detenidos en la Agencia del
Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República
(PGR) en Ciudad Constitución.
LA NUEVA RUTA
El único detenido en
el decomiso del punto de revisión de San Ignacio –cuyo nombre fue reservado para
ampliar la investigación, dado a que no es la primera vez que es detenido en
esta situación— dijo trabajar para la organización del Cártel de Sinaloa. El
cargamento sería entregado en la ciudad de Tijuana, en un punto que “todavía no
le definían”, y posteriormente, enviada hacia California, Estados Unidos. El
delincuente se mostró renuente a cooperar más en tanto “no tener a su abogado”.
Sobre el histórico
decomiso, y según versión de un integrante del Grupo de Coordinación, el
narcotráfico actualmente está buscando cambiar su ruta de trasiego de drogas,
derivado de que entró en operaciones el Módulo de Revisión Secundaria en la
terminal marítima de Pichilingue en La Paz, considerado el principal punto de
entrada al estado de Baja California Sur.
La unidad inaugurada
el 9 de junio del 2012 fue equipada con rayos X, arco detector de armas y el
sistema Plataforma México y donde participan coordinadamente personal de la
Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Marina.
Desde esa fecha, y hasta
enero del 2013, casi 20 delincuentes fueron detenidos cuando venían huyendo con
orden de aprehensión de estados como Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Estado
de México, Durango, Sonora, Querétaro y Distrito Federal.
El punto de revisión
es tan funcional que la Embajada de Estados Unidos en México propuso
recientemente incluir a Baja California Sur en el programa de Iniciativa
Mérida, y destinar recursos para equipar los puntos de revisión en los
aeropuertos de Los Cabos, La Paz y Guerrero Negro, porque, de acuerdo a un
análisis del gobierno americano, “son puntos estratégicos en asuntos de
seguridad fronteriza y puestos de inspección en México”, como expuso el 3 de
diciembre del 2012, Annie Pforzheimer, directora de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México.
En el 2012, la
terminal de Pichilingue fue escenario de algunos golpes importantes, uno de
ellos ocurrido el 7 de enero, cuando decomisaron un cargamento de 16 kilogramos
de heroína con un valor calculado de 5 millones de pesos y detuvieron al
presunto narcotraficante Manuel Rodríguez García.
En ese caso la droga
era de Ismael “El Mayo” Zambada, la cual pretendía ser entregada al agente de
la Policía Ministerial del Estado, Miguel Alberto Ayala Peña, quien a su
vez, debía entregar la droga a la
organización delictiva de “Los Zamudio”. El decomiso quedó documentado en la
Averiguación Previa PGR/BCS/LP-COE-1/005/2012, misma que no rindió frutos
cuando cayó en manos del entonces coordinador del Centro de Operaciones
Estratégicas (COE), Adonaí Carreón Estrada.
En ese mismo año, en
el punto de revisión secundaria –el Ejército Mexicano del 49 Batallón de
Infantería incautó casi 650 kilos de mariguana envueltos en 212 paquetes en un
doble fondo de un camión de pasajeros supuestamente “turístico”.
En esa ocasión, 2
personas fueron detenidas, quienes confesaron haber sido contratadas para
llevar el camión de Mazatlán hasta el poblado del Vizcaíno, y cuya droga sería
entregada al depuesto jefe de la plaza, Juan Beltrán Beltrán “El Indio”.
Por esta situación,
la organización criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán trazó una nueva ruta de
trasiego de droga –aparte de las que mantiene por mar y aire– entre Guaymas,
Sonora y Santa Rosalía, la cual –según desde la perspectiva de un integrante
del Grupo de Coordinación– concede ciertas ventajas. De acuerdo a su análisis,
son las siguientes;
1.- El punto de
desembarque marítimo prácticamente acorta la distancia de Baja California Sur
hacia la frontera con Estados Unidos, porque de La Paz a Santa Rosalía son 563
kilómetros o 7 horas de camino por la carretera Transpeninsular.
2.- A diferencia de
la terminal marítima de Pichilingue, la de Santa Rosalía carece de tecnología
de punta y personal calificado, y por lo tanto, es más fácil burlar la
vigilancia en ese punto de revisión.
3.- La terminal de
Santa Rosalía tiene poco personal principalmente de la Secretaría de la Marina
destacamentado en la zona y escasamente vigilado y supervisado por los
superiores por lo apartado del lugar, lo que es un punto vulnerable, ya que,
dicho sea de paso, no participan otras corporaciones de seguridad y fuerzas
armadas, lo que evidencia la descoordinación en la zona.
4.- La ruta es mayormente atractiva, porque
llegando a Santa Rosalía los grupos criminales evitan el retén de Pichilingue y
de Loreto, por lo tanto, solo tienen que librar el de San Ignacio y el del
Paralelo 28 y los de Baja California.
Durante una
entrevista con este Semanario, el integrante del Grupo de Coordinación subrayó
que la tecnología y capacitación de personal calificado en la terminal marítima
de Santa Rosalía “podría tardar otro año”, es decir, hasta el 2014 porque, en
base a las pláticas con la Embajada de Estados Unidos, “el programa de
Iniciativa Mérida no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con todas
las necesidades del estado de Baja California Sur, por lo que el apoyo
únicamente en el 2013, se centraría en los aeropuertos de Los Cabos, La Paz y
Guerrero Negro”.
El integrante
adelantó que actualmente existe la posibilidad de obtener otros apoyos por
medio de dependencias del gobierno federal como el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría
de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque “ya se
llevó a cabo la primera reunión de inspección física de los puntos propuestos”,
con la finalidad de hacer un análisis y determinar las áreas de apoyo por parte
del programa de Seguridad Fronteriza de Iniciativa Mérida.
LOS NÚMEROS DE DENUNCIA ANÓNIMA
Números telefónicos
Correo electrónico
01 (615) 157 0610
denuncia_anonima40zona@hotmail.com
01 800 830 9531
Fuente: 40 Zona
Militar Segunda Región BCS
(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/ abril 1, 2013)
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