Agentes de la PEP privaron de su libertad a un ladrón de autos
El incidente tuvo lugar el 22 de noviembre cuando un comandante y tres agentes de la Policía Estatal “acreditable” retuvieron a un delincuente por un presunto gane de droga. El caso ahora es investigado bajo la averiguación previa número LPZ/711/AMP8/2012
El último episodio fue el que protagonizaron la noche
del 22 de noviembre cuando un comandante y tres agentes de la Policía
Estatal “acreditable” en la casa marcada con el número 153 de la calle
Laja de la colonia El Progreso de La Paz, privaron de la libertad a un
ladrón de autos.
Los agentes que forman parte del cuerpo de élite de la
Policía Estatal Preventiva, quienes iniciaron operaciones a partir del 1
de agosto acabaron con la noción de que eran “incorruptibles”, y de
paso, evidenciaron lo siguiente:
1.- El escaso aprendizaje que lograron y el sentido de
responsabilidad social que tienen, cuando se prepararon durante casi un
año en los mejores campos de entrenamiento policiaco y militar, porque a
la primera borrachera, perdieron la cabeza y no supieron controlar sus
emociones.
2.- No existe control en el manejo del armamento, porque
cuando fueron detenidos por sus propios compañeros, tenían en su poder
armas cortas y largas que se supone deberían de estar almacenadas en el
banco de armas, ya que se encontraban fuera del horario de trabajo.
3.- Tampoco existe control en el manejo de las unidades
oficiales, ya que cuando fueron sometidos tenían en su poder una
patrulla de color blanco y sin insignias que está asignada al Grupo de
Operativos Especiales de Seguridad (GOES).
Lo más grave de todo es que el problema comenzó por una
supuesta dosis de droga, cuando el comandante de Operaciones Especiales,
de nombre Juan Carlos Casanova Posadas, y los agentes Édgar Jason
Rodríguez Gómez, Francisco Fabián Jaime Meza y Armando Macorro González,
solicitaron a un presunto narcomenudista vender “una madre”, y como se
negó, porque “lo estaban confundiendo”, entonces fue retenido en contra
de su voluntad en la vivienda de uno de los policías implicados, según
quedó asentado en la averiguación previa número LPZ/711/AMP8/2012.
En la denuncia penal la víctima, de nombre Dwinger
Misair Rosales Manríquez, relató que ese día llegó a la casa de su amigo
Isaac Avisaís Lazcano Victoria, acompañado de su novia, y se estacionó
atrás de la patrulla, cuando repentinamente salió una persona vestida de
policía y le pidió que se bajara del carro y se colocara frente a la
patrulla.
“En eso salieron otros dos agentes armados, y entre los
tres me metieron a la casa, y me piden que me siente en un sillón, y
cuando levantó la cabeza veo que tenían una caja de balas en la mesa y
unas pistolas y varios cartones de cerveza y noté que estaban tomando,
porque tenían varios botes abiertos”, explicó.
El joven de 21 años afirmó que un policía le dijo:
“Véndenos una madre de droga, y yo le conteste que yo no vendía droga, y
entonces me ordenó que me tomara una cerveza, y yo le dijo que no, y
entonces, me puso una pistola en la cabeza, y me dijo textualmente
tómatela, y me la tomé”.
La novia de la víctima se había quedado afuera esperando
a que saliera de la casa, y como no salía, reportó la privación ilegal
de la libertad de su pareja al Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, conocido como “C-4”.
Según el expediente, en parte posterior de la casa, uno
de los cuatro policías vigilaba la vivienda con un arma larga, y
repentinamente, se metía, tomaba un trago a la cerveza y se volvía a
salir.
El joven relató que así lo tuvieron sentado como media
hora, hasta que le sacaron el teléfono de su amigo de 29 años que vive,
justo a un lado de uno de los policías que resultó ser su vecino en la
calle Laja y Progreso, y le marcaron y le dijeron que fuera y tenía
media hora para llegar y entregarles 15 mil pesos que “tenían
pendientes”. De lo contrario, consignarían a su amigo por narcomenudeo.
Empero, en eso estaban, cuando llegó una patrulla de la
Policía Estatal Preventiva y avisó que la novia había pedido auxilio y
“venía la clica en camino”, por lo que lo sacaron del lugar y lo
amenazaron de que si hablaba “vendrían por él”.
Fue entonces cuando a la vivienda llegaron varias
patrullas de la Policía Ministerial del Estado, y solicitaron la
liberación del joven privado de su libertad.
Los policías “acreditables” respondieron que dentro no
había nadie, y comenzaron hacerse de palabras. Entre unos y otros, se
agredieron verbalmente, y los policías estatales, se negaban a
entregarse.
Según el parte informativo de los hechos, los policías
ministeriales se colocaron en la puerta de la casa y pidieron que
salieran y se entregaran, por lo que los policías estatales en total
estado de ebriedad, retaban que entraran por ellos y apuntaban sus
pistolas y armas largas a los del otro cuerpo policiaco.
Cuando el caso estaba candente, llegó un convoy de la
Policía Estatal Preventiva encabezado por el Comisario Víctor Hugo
Mendoza Mora, y solicitó hablar con el comandante y los tres policías
implicados, quienes entregaron sus armas y fueron arrestados por sus
propios compañeros.
La investigación
Sobre este caso, el secretario estatal de seguridad
pública, Álvaro de la Peña Angulo, expuso que “de ninguna manera vamos a
tolerar esta situación” y anunció que la Comisión de Honor y Justicia
de la Policía Estatal Preventiva, estaba iniciando un proceso
administrativo en contra del comandante y los tres policías involucrados
por haber incurrido en esta grave falta.
Datos recabados por ZETA indicaron que
el agente Armando Macorro González, solicitó al día siguiente de los
hechos su renuncia con carácter de irrevocable, por lo que de esta
manera evitará un procedimiento interno.
No obstante, y al igual que el resto de los
involucrados, tendrá que responder por el delito de privación ilegal de
la libertad en contra del joven, quien dicho sea de paso, resultó ser un
ladrón de autos.
Según un parte informativo de la Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, el 13 de
octubre, Dwinger Misair Rosales Manríquez y su amigo Isaac Avisaís
Lazcano Victoria fueron detenidos por la patrulla SP-97, cuando
circulaban a bordo de un vehículo sin placas sobre la calle Gravilla y
Laja de la Colonia El Progreso en La Paz.
La unidad cuatro puertas, color beige, tipo sedán, línea
Corolla, marca Toyota y número de serie JT2AE92E1J0081975, contaba con
un reporte de robo levantado el 4 de octubre por su legítima propietaria
de nombre Rosa Isela Morales Cadena de 43 años, quien aseguró que “el
vehículo había sido robado del estacionamiento del negocio denominado
City Club de Plaza La Paz”.
Los dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), y extrañamente y de manera
sospechosa fueron liberados, a pesar de haber sido detenidos en
flagrancia del vehículo robado.
Hoy por hoy, los investigadores de la PGJE, creen que el
ladrón de autos y su compañero, tenían negocios ilícitos con el
comandante y los tres policías “acreditables”, y quienes reclamaban un
pago de 15 mil pesos por algo que todavía no queda claro. “Puede ser una
cuota o el resultado de algún negocio sucio”, dijo uno de los
investigadores a ZETA.
Aun así, el 26 de noviembre el titular de la Secretaría
Estatal de Seguridad Pública (SESP), citó a primera hora a una reunión
urgente a todos los agentes de la Policía Estatal Preventiva, incluidos
los “Acreditables” y los de “Operaciones Especiales”, y les advirtió que
“no vamos a tapar y a solapar nada que afecta directamente a la
ciudadanía, y mucho menos cuando están empañando la imagen de la
institución”.
Hasta entonces no se sabía de los antecedentes de la
supuesta víctima de privación ilegal de la libertad y lo que podría
estar detrás de todo este caso, cuyos datos estaban surgiendo conforme
avanzaba la investigación de la PGJE.
La línea de investigación estaba arrojando un vínculo
criminal entre “Policías Acreditables” y delincuentes especializados en
el robo de vehículos, como quedó asentado en las boletas de arresto
número 15231 y 15232 de la Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, cuando Dwinger Misair Rosales
Manríquez y su amigo Isaac Avisaís Lazcano Victoria fueron detenidos, y
posteriormente, liberados.
Las reacciones
Pero más allá del trasfondo de este caso, el Presidente
de la Comisión de Seguridad Pública del congreso local, Omar Zavala
Agúndez, hizo un llamado a los titulares de los cuerpos de seguridad y
de justicia a evitar confrontaciones y evidenciarse a sí mismos ante la
sociedad.
El legislador lamentó que no se estén extremando
precauciones en la vigilancia del resguardo, manejo, uso y existencia
del armamento con que cuentan los cuerpos de seguridad.
Desde su punto de vista, la seguridad pública se ha
convertido en una preocupación central, sobre todo por el incremento en
el porcentaje de delitos cometidos con violencia, la proliferación de
armas de fuego, la baja eficiencia en el sistema de prevención y sanción
de delitos, entre otras cosas.
El diputado dijo que no son bien vistos por la sociedad
los “dimes y diretes” entre dos corporaciones distintas, como sucedió en
el caso de la colonia “El Progreso” y donde estuvo a punto de salirse
de control de no haber sido porque llegaron los jefes policiacos.
Para el titular de la SESP, Álvaro de la Peña Angulo,
todo derivó de una supuesta broma entre policías y el ladrón de autos,
porque –de acuerdo a la versión de sus propios elementos— “conocían al
joven y le estaba jugando un chiste”.
El funcionario pretendió justificar de esta manera el
comportamiento de sus agentes, pero dijo que de todas maneras los dichos
de los policías iban a ser verificados y se abriría una investigación
interna para deslindar responsabilidades.
