Tras
anunciarlo en varias ocasiones, por fin el XXI Ayuntamiento inicia el
procedimiento para revocar a la empresa Makro la concesión de la operación a 30
años del estacionamiento subterráneo en Palacio Municipal, acción que
funcionarios de la administración de Jorge Ramos -la que concesionó el
estacionamiento y acabó con la plaza- advierten de inútil y con el riesgo de
indemnizar a la empresa la inversión de 151.9 millones de pesos, utilizados en
la edificación de la obra, algo de lo que el gobierno de Astiazarán se dice
consciente
Un
contrato a modo y una serie de agregados, éstos últimos distintos a lo avalado
por el Cabildo de Tijuana, son la base en la que el gobierno de Jorge
Astiazarán sustenta el procedimiento para revocar la concesión del
estacionamiento subterráneo concedido a 30 años a la empresa Makro.
La
acción legal la inicia en forma paralela a la clausura total y por tiempo
indefinido que el 18 de septiembre realizó del inmueble ubicado a un costado de
Palacio Municipal, y que también -a causa de la mala edificación- dio al traste
al uso peatonal masivo de la plaza donde solían celebrarse las conmemoraciones
del “Grito” de Independencia.
A
seis años de firmado el convenio y a cuatro de que el inmueble fuera recibido
por el Municipio, la nulidad del contrato es la única opción para resarcir lo
que considera un desventajoso acuerdo, que además, volvió inoperable la Plaza
Cívica.
Ante
el tiempo transcurrido, la posibilidad de fincar responsabilidad penal y civil
a los funcionarios omisos -tanto a los del XIX Ayuntamiento que cedieron la
licencia, como a los del XX Ayuntamiento que la recibieron a pesar de las
fallas estructurales- es nula, admite Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico
municipal.
Y
establecer responsabilidad administrativa a los ex funcionarios involucrados
-algunos actualmente en funciones como el caso de Manuel Guevara, secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)-, es una opción que apenas
analiza la administración municipal en turno.
En
tanto, el propio Guevara subraya que la acción que pretende efectuar el
gobierno de Astiazarán carece de posibilidades de prosperar legalmente, y si
retira la concesión, solo se arriesga a una contrademanda que lo obligue a
tener que “indemnizar” a la empresa concesionada.
CAUSALES DE NULIDAD
De
acuerdo con el análisis del contrato de concesión cedido a la empresa
Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V., mejor conocida Makro, se
realizaron modificaciones sustanciales al convenio que fue aprobado por el
Cabildo en marzo de 2009.
Estos
cambios de origen, “son causales de revocación”, subrayó Gerardo Herrera,
consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana. Y enumeró:
1. El Cabildo aprobó que durante los 30 años que durara la concesión, el Ayuntamiento recibiría una contraprestación por cada vehículo que ingresara al estacionamiento, pero en las bases de licitación se indicó el uso “gratuito y pacífico”, contraviniendo el acta colegiada, así como el Reglamento de Bienes y Servicios para el Municipio de Tijuana, que establece que para el otorgamiento de una concesión, deberá atenderse “el beneficio social y económico” para el Municipio.
2.
El Comité Técnico se sustituyó por la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
la cual termina adjudicando el contrato a
favor de Administración de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.
3.
El número de cajones no coincide con los términos de la convocatoria publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ni con la cláusula primera del
Contrato Administrativo de Concesión de Bienes del Dominio Público para la
construcción y operación de un estacionamiento público; en ambos casos se
establece una capacidad de 750 cajones. Sin embargo, de conformidad con el
anexo ocho, se determinó un total de 875 cajones de estacionamiento.
4.
En el acuerdo de Cabildo y las bases de licitación publicadas, se estableció un
plazo máximo de 30 años para explotar la operación del estacionamiento
subterráneo, pero a la firma del convenio se determinó que la concesión “será a
30 años contados a partir del acta de inicio de operaciones -la cual no ha sido
presentada por el concesionario-, pudiendo prorrogarse el mismo por un periodo
similar”.
5.
Para la firma del contrato se aprobó una serie de adendas para poder agregar
aclaraciones y conceptos no considerados, mismas que se utilizaron para hacer
modificaciones a las reglas contenidas en las bases de licitación y contrato de concesión, violando el acuerdo
de Cabildo. Los cambios se hacen a interés de la concesionaria, sin previo
acuerdo de la contraparte.
6. Uno de ellos es el relativo a la garantía de operación, la cual la concesionara
debería entregar al Municipio por un
valor equivalente al 10 por ciento del importe del pago anual en pesos de la
Tarifa Unitaria anual, durante el periodo de concesión y vigente a partir de
que el parqueadero iniciara operaciones. El contrato final deja como base una
Tarifa Fija de Inversión, y “a partir de la fecha del acta de inicio de
operación”, la cual el concesionario no ha entregado.
7.
En el contrato el concesionario se compromete a prestar el servicio
concesionado en términos de la normatividad que rige en el Municipio, pero en
una de las adendas se estableció: “El concesionario no requerirá permiso o
autorización para el funcionamiento del estacionamiento durante el periodo de
operación”.
8.
La cláusula primera obliga a la empresa a responder de los defectos o vicios
ocultos que resulten de la obra, lo cual no ha cumplido.
9.
El tema de los seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en general, en
la cláusula vigésima se establece como una obligatoriedad, así como un seguro
de responsabilidad civil por una suma no menor a 10 millones de pesos.
Pero
en la adenda, el seguro por responsabilidad civil solo se hace válido durante
el periodo de construcción, mientras que por equipo instalado es válido durante
el periodo de operación, aunque por una cobertura por evento no mayor a 300 mil
pesos.
10.
Mientras el contrato determina un uso de la superficie concesionada
“exclusivamente para que cumpla con el objeto de concesión -proporcionar el
servicio de estacionamiento-, la cláusula primera de la adenda define el
derecho de la firma de “utilizar y explotar los espacios y áreas que destine
para usos generales y comerciales”.
FUNCIONARIOS OMISOS
A
decir por el representante jurídico de la actual administración municipal,
Gerardo Herrera, sí hay “pecados de omisión” por parte de funcionarios que en
forma ilegal realizaron los cambios para, al final, establecer un convenio “que
dejó desprotegido al Ayuntamiento de Tijuana”.
Y
aunque ya espiraron los tiempos para fincar acción legal y administrativa en
contra de los funcionarios, aún cabe la posibilidad de establecer una
responsabilidad administrativa, aunque esto tendría que ser analizado por
Sindicatura Municipal.
De
la fiscalía municipal, a cargo de Arturo Ledesma, se indicó a ZETA que se está
a la espera del inicio del procedimiento legal por parte del gobierno de Jorge
Astiazarán, para establecer la acción administrativa a que haya lugar en este
caso, la cual “está aún por definirse”.
Como
responsables de los cambios en el contrato de concesión, ajenos a los aprobado
por el Cabildo del XIX Ayuntamiento, se establece al entonces presidente
municipal Jorge Ramos -actual diputado federal-; Enrique Méndez, secretario
general de Gobierno; Manuel Guevara como administrador del Municipio; José
Ricardo Vallín Malanche, secretario de Administración y Finanzas; y Héctor
Magaña Mosqueda, como síndico procurador.
En
tanto, las adendas las firmaron: Jorge Ramos, Enrique Méndez Juárez y Mario
Alberto Martínez Castillo como oficial mayor del XIX Ayuntamiento.
De
parte de la concesionaria firmó Marco Antonio Santacruz Cuevas, administrador
de Obras y Concesiones.
El
gobierno de Carlos Bustamante también tiene responsabilidad en este caso, al
haber recibido el inmueble en 2011, sin analizar las fallas estructurales de
origen.
Ante
la ausencia de expedientes de la obra, se podría responsabilizar al XX
Ayuntamiento, porque al recibir el parqueadero la empresa debió presentarlos.
La
falta de los archivos es algo que Consejería Jurídica dice también investigar.
MAKRO NO REACCIONA… HASTA EL MOMENTO
El
6 de octubre de 2014, la Dirección de Protección Civil Municipal procedió a la
clausura parcial del estacionamiento público subterráneo.
El
primero y segundo nivel del parqueadero quedó inhabilitado, debido a las fallas
estructurales expuestas a simple vista, en tanto el gobierno de Jorge
Astiazarán solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, realizar un
análisis estructural del inmueble. Peritos de Sindicatura Municipal avalaron
las anomalías de la obra, las cuales constataban en fisuras, corrosión,
hundimientos y filtración de agua, entre otras irregularidades.
El
dictamen del organismo se entregó en febrero de 2015, lo que llevó al Municipio
a requerir a Makro para que atendiera las fallas que los profesionales
asentaban, además de solicitarle los planos, fichas técnicas y documentación de
la obra, la cual no se encuentra en los archivos del Municipio. La empresa no
atendió el llamado.
El
18 de septiembre de 2015, Protección Civil y peritos de la Dirección de
Administración Urbana procedieron a inhabilitar en forma total y por tiempo
indefinido el inmueble, luego de que en el techo del mismo y que constituye la
explanada pública, se formara una laguna tras la lluvia registrada en Tijuana
el 15 de septiembre.
No
obstante a todas estas acciones en contra de la concesionaria, hasta la fecha
la firma no ha reaccionado.
Ni
en la Dirección Consultiva, ni en los departamentos de Amparo y de lo
Contencioso Administrativo, existen antecedentes de litigios, recursos legales
o amparos interpuestos por Makro, asegura la representación legal del Municipio
de Tijuana.
No
obstante, se prevé que durante el proceso de revocación, el cual podría llevar
tres meses una vez iniciado luego de la aprobación de Cabildo, la empresa dé
batalla legal, situación que podría alargar los tiempos para un resultado
final.
También
cabe la posibilidad de que, en su derecho de audiencia, Makro opte por reparar
el daño de la obra, lo cual representaría la solución más viable, pero “no
hemos visto interés de la empresa de resolver objetivamente ese problema”,
subrayó Gerardo Herrera, consejero jurídico.
NADA POR HACER CONTRA MAKRO
Para
Manuel Guevara, quien fuera administrador de la ciudad en el gobierno de Jorge
Ramos, con el tiempo transcurrido después de asignada la concesión y recibido
el estacionamiento subterráneo, “no hay nada que hacer contra la empresa”.
Y
anotó: “Si el Cabildo hoy decide cancelar la concesión, por pura lógica mental,
la compañía va a demandar, y capaz que nos gana una demanda”.
Destacó
que ni el gobierno de Carlos Bustamante, ni el de Jorge Astiazarán, le han dado
a Makro su derecho de audiencia, “formalmente no los han citado”, agregó.
A
su juicio, en el XIX Ayuntamiento, “creo que hicimos lo correcto, claro que si
hay errores, hay que exigir que los corrijan, pero citándolos a la mesa”.
Para
el actual titular de SIDUE, la revocación del contrato no es el camino, porque
el Municipio tendría más que perder, ya que la empresa exigiría una
indemnización porque solicitó un financiamiento para construir, lo cual se le
tendría que pagar, “con todo e intereses”.
ES CASO CERRADO: RAMOS
“Como
diputado federal es caso cerrado”, asentó Jorge Ramos Hernández al ser
requerida su opinión sobre el tema del estacionamiento subterráneo que
concesionó siendo alcalde de Tijuana.
Sostuvo
que su administración entregó a la de Carlos Bustamante, su sucesor, todos los
expedientes completos del convenio con planos, fichas técnicas y proyecto
ejecutivo, incluidas las adendas, “las que sí fueron aprobadas por Cabildo”.
“Si
hubiera existido alguna irregularidad en el proyecto o en la concesión, mi
administración hubiera sido sancionada durante el gobierno de Carlos
Bustamante”, justificó el actual legislador panista.
Y
remató: “Si faltan archivos, se debe al desorden del proceso de
entrega-recepción hecho por Carlos Bustamante a Astiazarán”.
EL COSTO DE RECUPERAR EL BIEN PÚBLICO
En
opinión del consejero jurídico del XXI Ayuntamiento, de autorizar, sí cabe la
posibilidad de una indemnización, “cuando los bienes invertidos por el
concesionario no se encuentren totalmente amortizados”. No obstante, la
revocación será planteada a Cabildo en la próxima sesión.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez / Fotos. Cortesía/ 01 de Octubre del 2015 a las 21:21:43)
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