La fuga de El Chapo
Guzmán el 19 de enero de 2001 tuvo muchos anuncios previos. Siguiendo con la
historia que le contábamos ayer, hay que recordar (ver el libro de este autor
La Batalla por México, Taurus 2012), que desde noviembre de 1997, la Comisión
de Derechos Humanos del estado de Jalisco, que encabezaba Guadalupe Morfín,
había sido informada, tangencialmente, de los hechos de corrupción que se daban
en el penal de Puente Grande, originalmente por una dirigente del grupo armado
Procup allí detenida, Ana María Vera Smith.
Guadalupe solicitó
autorización para visitar ese penal y le fue negado, argumentando que se
trataba de una instancia federal y que por lo tanto no tenía jurisdicción. Dos
años más tarde, llegó a las oficinas de la comisión estatal un custodio para
denunciar las irregularidades que se cometían en el penal y cómo estaba siendo
coercionados por sus propios compañeros para que se incorporara a una amplio
esquema de corrupción que, desde aquellas fechas, controlaba el penal.
Guadalupe envió un informe pormenorizado a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que tardó meses en contestar a pesar de que las denuncias se sucedían y
ya no era un custodio sino tres quienes las presentaban. Finalmente el tercer
visitador de la CNDH, Arturo Peña Oropeza, mediante el oficio 012965, del 4 de
mayo de 2000, contestó que el caso no era de la incumbencia de la CNDH, ya que
se trataba de un problema “laboral”.
El 24 de agosto de
2000 se enviaron a la CNDH y a otras instancias gubernamentales nuevos
testimonios: en ellos se hablaba del ingreso de mujeres al penal y del
movimiento de mercancías e instrumentos para los presos. Ya se habla de “los
jefes”: de El Chapo Guzmán, El Güero Palma y El Texas. Unos días después llegan
más detalles: el 26 de agosto entraron al área de “los jefes” dos damas
escoltadas por elementos de vigilancia, mientras que por la aduana del penal
ingresaron varios vehículos con contenidos muy voluminosos. Así se había
festejado el cumpleaños de un detenido. La CNDH respondió que las autoridades
habían adoptado medidas, que se había cambiado a un comandante y que ya no
habría problemas.
El nuevo comandante
duró en su puesto 15 días y fue reemplazado por quien sería uno de los
principales organizadores del esquema de protección de “los jefes”: el propio
jefe de seguridad del penal, Luis Francisco Fernández Ruiz. Los custodios eran
ya cinco y pedían una protección que nunca les llegó. A las presiones dentro
del propio penal se sumaban las agresiones a tubazos y una fecha que no podía
sobrepasarse: el 20 de noviembre, previo a la llegada del nuevo gobierno, para
que “no encuentren problema y todo pueda seguir igual”.
El 9 de noviembre de
2000 los custodios presentaron otra denuncia: informaron de los nombres de
algunos de los comandantes que estaban participando en el esquema de protección
de El Chapo. En el documento se especifica que, además de los nombrados
anteriormente mencionados (Fernández Ruiz, Fernández Mora, Pulido Rubira y
Pérez Díaz), participan también Jacinto Bello Cobarrubias, Miguel Ángel Godínez
Cárdenas, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, Edgar Jiménez Pineda,
Francisco Javier Tadeo Herrera, Manuel Minjarez, Raúl Sarmiento Carrizosa,
Jaime Efraín Rizo Estrada y Arturo Sánchez Ramos.
El 13 de noviembre,
Guadalupe Morfín enviaría otro informe a la CNDH, con detalles sobre estos
hechos y demandando que se adoptaran medidas para preservar la integridad
física de los denunciantes. La respuesta está fechada el 4 de diciembre: el
tercer visitador de la CNDH decía que no tenía medios para preservar la
integridad física de los denunciantes y tampoco solicitó esa protección a las
instancias que podrían proporcionarla, básicamente porque seguía considerando
el conflicto como “laboral” y le informa al informante original que su queja ya
ha sido “tramitada y archivada”.
El 17 de enero
(faltaban apenas dos días para que se conociera de la fuga de El Chapo) dos de
los custodios llegaron a la oficina de Guadalupe Morfín. Acababan de recibir,
con un mes de retraso, la comunicación de la CNDH, donde les decían que su caso
quedaba archivado y que no podían protegerlos. Sin embargo, según la propia
CNDH, apenas el 12 de enero había informado a la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, de la que depende el control de los penales federales del
país, del expediente completo del caso de Puente Grande. El día 15 llegaron
personas que se presentaron como visitadores de la CNDH y funcionarios de SSP,
se alojaron en el hotel Lafayette de Guadalajara y comenzaron a citar a los
denunciantes: empezaron por uno y le pidieron que los llevara a las casas de
los otros.
Paradójicamente, la
exigencia era que se desistieran de las quejas presentadas porque “no tenían
manera de probar sus dichos”. La fuga aparentemente, ya estaba en marcha.
El lunes concluiremos esta historia.
(EXCELSIOR/ Columna
de Jorge Fernández Menéndez /14/03/2014 01:43)
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