INVESTIGACIONES ZETA
Es oficial. Los comandantes de la Policía Ministerial del Estado que fueron
exhibidos el 28 de enero en un narcovideo, donde se muestra cómo están
vinculados con células del crimen organizado en Los Cabos, son investigados y
sujetos a un proceso penal.
Sin embargo, los jefes policiacos todavía están laborando, y hasta el cierre
de esta edición, no habían sido separados de sus cargos por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Baja California Sur.
Durante una entrevista con ZETA, y en la víspera de tomar
posesión, el gobernador del PAN, Marcos Covarrubias Villaseñor, dijo que
limpiaría y pondría orden en la PGJE, cuando asumiera el poder estatal, porque
era “evidente que el narcotráfico se había infiltrado en algunos cuerpos
policiacos”.
Hoy, a punto de cumplir su primer año de gobierno –en marzo próximo— comenzó
a actuar y con pruebas y elementos para rescatar del bochorno a la Procuraduría
y tratar de eliminar el lastre que dejó el gobierno el PRD.
En el más reciente capítulo, la videograbación que circula en Youtube probó
que jefes policiacos protegen a delincuentes, al ser exhibidos como una célula
más del crimen organizado.
Desafortunadamente, para el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor con
esto se comprueba la corrupción sistemática y la participación criminal de
policías vinculados al narcotráfico.
Los policías no se conformaron con servir de informantes o brindar protección
al crimen organizado. De la incapacidad y colusión llegaron a la impunidad y el
cinismo “de cobrar por trabajar, y atacar a su vez, a la sociedad que deberían
estar obligados a cuidar y proteger de los delincuentes”.
En la PGJE no quieren hablar sobre el tema y en la Policía Ministerial dicen
que si sale su nombre abriendo la boca, su trabajo estará en riesgo;
extraoficialmente hay hasta personal amenazado.
Los policías ministeriales se muestran inconformes porque dicen que su
integridad está bajo amenaza, mientras los comandantes vinculados con el
narcotráfico sigan laborando y yendo a las oficinas de la Policía Ministerial
del Estado.
“No todos estamos en el ajo, y tenemos miedo porque podemos pagar justos por
pecadores y más, porque se han estado registrado amenazas en contra de nosotros,
y los delincuentes, no se fijan si es mengano o perengano, es la Policía
Ministerial y punto”, dice uno de los agentes.
Teniendo como escenario Los Cabos, los comandantes Enrique Willard Ramírez y
Fernando Rojas Pérez fueron evidenciados al vender la plaza del narcomenudeo de
Cabo San Lucas y San José del Cabo a dos cárteles de la droga al mismo tiempo:
el de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el de Héctor Beltrán Leyva alias “El H”.
Todo a través de sus células criminales representadas, por un lado, por
Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía alias “El Javier” o
“El Javi”, y por otro, por Héctor Antonio Salazar Monzón, alias “El Oaxaco”.
Todo esto desembocó en la apertura de la Averiguación Previa
LPZ/011/SPB/2012, la cual ya está caminando en la Agencia del Ministerio Público
del Fuero Común Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la
PGJE.
La limpia
La investigación que se está iniciando está sentando un precedente histórico
en el estado, por tratarse del primer caso oficial, y porque la limpia de la
PGJE no podía quedar sólo en promesas del gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor ni en “las buenas intenciones” del Procurador.
Y es que el caso de los jefes policiacos exhibe una parte de la lista de los
malos elementos que se han detectado –y que según las propias palabras del
gobernante panista– “desgraciadamente pusieron contra la pared a la
ciudadanía”.
— ¿Qué va a suceder con todos estos malos elementos y con sus
jefes?, se le preguntó hace casi un año al gobernador del PAN.
“Vamos a poner el mejor de nuestros esfuerzos. Me queda claro que si de algo
podíamos presumir en Baja California Sur, era el tema de la seguridad. Si bien
es cierto, no ha alcanzado los niveles de otros estados, también es cierto que
no es para nada igual a lo que podíamos gozar todavía hace algunos años atrás”,
respondió.
Hoy, y después de haber sido exhibido el narcovideo, la limpieza está
comenzando a efectuarse y para bien de la ciudadanía.
Siempre se había sospechado que al menos en el caso del comandante Enrique
Willard Ramírez, el agente tenía vínculos con el crimen organizado y había
participado en dos casos más relacionados a actividades ilícitas.
Sin embargo, nunca se habían exhibido pruebas, más que testimonios donde sale
“negociado” con mañosos, y menos que se hayan hecho públicas.
Los vínculos
De septiembre del 2011 a la fecha, ZETA documentó dos casos
más de corrupción, donde aparece el nombre del Comandante Willard, el cual
protegió a matones y hasta fue vinculado con el robo de un cargamento de
droga.
El 5 de septiembre del 2011, el nombre de jefe policiaco salió a flote,
cuando un grupo de agentes de la Policía Ministerial lo acusó y lo señaló de
haber participado en la liberación de un sicario en la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Los agentes policiacos expusieron que el comandante se encargó de negociar el
pago de un soborno de 2.5 millones de pesos que se repartió de la siguiente
manera: un millón de pesos fue entregado al ex titular de la PGJE, Francisco
Karim Martínez Lizárraga; 500 mil pesos al ex titular de la SIE, Rafael Homero
Arvizu Alvarado; 500 mil pesos entre dos Agentes del Ministerio Público del
Fuero Común de la PGJE, uno de ellos, Ricardo Escopinichi Fernández y Fidencio
Solano Reséndez; 500 mil pesos se le dieron al coordinador de la SIE y se
repartieron entre el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Enrique
Willard Ramírez y ocho agentes de la SIE.
En la investigación de la SIEDO se describe que la tarde del 5 de septiembre,
Rodrigo Ramírez Muñoz y su sobrino Oliverio Ramírez Hernández se encontraban
disfrutando de la playa a la altura del Puente de El Tule, en Cabo San
Lucas.
Casi al caer la noche, los dos familiares se dispusieron a retirarse, por lo
que abordaron una unidad automotriz de color gris, cuatro puertas, marca Honda y
placas de circulación 984-NNY, pero al tratar de encenderla, no prendió.
Los dos se bajaron del carro y abrieron el cofre. Hasta el lugar llegó una
persona vestida de negro con aliento alcohólico y barba crecida, quien se
ofreció a revisar el vehículo y así lograron echarlo a andar.
Una vez encendido el automóvil, Rodrigo Ramírez Muñoz se dispuso a subir del
lado del copiloto, y su sobrino, Oliverio Ramírez Hernández, ocupó el asiento
del chofer.
El desconocido se quedó parado frente a la unidad, enseguida
solicitó “un raite” y se lo dieron.
Justo cuando llegaba a la carretera Transpeninsular, el extraño sacó de entre
sus ropas una pistola 9 mm y comenzó a disparar a quemarropa contra Rodrigo
Ramírez Muñoz, y luego contra su sobrino Oliverio, quien herido condujo el carro
hasta las puertas de la Cruz Roja.
El joven logró salvar la vida pero cuando los paramédicos fueron a brindarle
atención a Ramírez Muñoz, éste ya había muerto, una anemia aguda, había
complicado la herida de bala que atravesó un pulmón y su corazón.
El homicida material de nombre Leny Daniel Sánchez Becerra, quien fue
detenido y encarcelado, dijo haber seguido órdenes de Enedino Marcos Cruceiño y
Cinthia Marcela Ávalos, los cuales posteriormente fueron capturados y después,
liberados sin explicación alguna.
Ninguno fue procesado, a pesar de que en su declaración ministerial –que no
fue transcrita al expediente del caso– el presunto asesino dijo haber sido
contratado en Tijuana por los dos liberados y que recibió 20 mil pesos por la
ejecución de Rodrigo Ramírez Muñoz.
El pistolero incluso refirió que logísticamente estuvo todo el tiempo
respaldado por Enedino y Marcela Ávalos, quienes lo llevaron hasta el lugar
donde debía matar al supuesto enemigo de los michoacanos.
Una vez cometido el crimen, lo recogieron y lo dejaron en el Hotel Oasis de
Cabo San Lucas donde el matón fue capturado por agentes de la Policía
Ministerial del Estado, y trasladado hasta separos de la PGJE.
Ya confeso, el homicida Leny Daniel Sánchez Becerra llevó hasta manos de la
PGJE a los autores intelectuales del crimen, quienes fueron capturados en las
afueras del “Hotel Oasis” en medio de un intenso operativo y llevados a los
separos policiacos, según explicaron los testigos.
Después de estar unas horas detenidos en la PGJE, Enedino Marcos Cruceiño y
Cinthia Marcela Ávalos Enciso, recuperaron su libertad “tras entregar un soborno
de 2 millones 500 mil pesos a sus captores”.
La PGJE nunca dio vista de manera oficial a la PGR ni a la SEDENA.
Otro hecho delictivo más, donde figuró el nombre del “Comandante Willard” fue
en la desaparición de tres centenares de dosis de droga y una piedra de crystal
en un cateo, registrado el 12 de octubre, donde se detuvo a los presuntos
cómplices de la ejecución del narcomenudista Manuel Isaac Hernández Payén, alias
“El Terry” o “El Ojos”, en Ciudad Constitución, Baja California Sur.
Lo anterior derivó de la declaración de los tres detenidos de nombre Martín
Ponciano Álvarez Espinoza alias “El Güero”, Manuel Alexis Verdugo Peralta alias
“El Alexis” y Luis José Ochoa Casares alias “El Chana”, quienes en uno de sus
testimonios revelaron que el día en que fueron detenidos “les incautaron un
cargamento de 300 dosis de droga y una piedra de crystal de aproximadamente
medio kilo”.
Sin embargo, en el parte informativo de la captura de los presuntos
responsables, presentado por el entonces comandante de la partida de Ciudad
Constitución, Enrique Willard Ramírez, no apareció ningún dato al respecto, por
lo que de inmediato, se abrió una línea de investigación, la cual por cierto,
dicho sea de paso, no llegó a nada.
Las indagatorias arrojaron que el cargamento fue ofrecido en venta a algunos
delincuentes de Ciudad Constitución en la cantidad de 150 mil pesos, sin embargo
nadie quiso comprarlo, hasta que el comandante de la partida de Ciudad
Insurgentes, Juan María Flores Álvarez, logró hacer contacto con un grupo de
traficantes de Los Cabos. Fue entonces cuando se cerró el trato.
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